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Desde el domingo pasado nos encontramos bajo Estado de Alarma, con el objetivo de romper la cadena de contagio del Covid-19 y no saturar los servicios sanitarios (eso sí, «olvidando» cuidadosamente siempre los recortes que durante años se han cebado con la sanidad pública).

Por Manuel Cid, de Corriente Roja

Para ello se ha suprimido la libre circulación, y los cuerpos policiales y el ejército patrullan las calles, el gobierno central ha asumido todos los poderes de Interior y se han establecido sanciones contra los infractores del Estado de Alarma, basados en la Ley Mordaza que este gobierno dijera que iba a derogar al tomar posesión. En líneas generales, la población ha asumido la emergencia sanitaria, a pesar de las situaciones dramáticas que muchos y muchas están soportando. No es lo mismo pasar la cuarentena en una exclusiva urbanización de lujo como los Aznar (donde se desplazaron sin importarles el riesgo de extender la epidemia), que en un pequeño piso cargados de preocupación e incertidumbre por el futuro.

¿Por qué el gobierno tardó tanto en tomar una medida como ésta? En primer lugar, la expansión de la enfermedad la ha facilitado las reticencias del gobierno, que a pesar de que contaba con precedentes claros en China o Italia, sólo se decidió cuando la situación era insostenible. La razón última de este retraso se explica por la resistencia de las grandes empresas a que se “perjudicara la economía”, es decir, que se pusiera en riesgo sus beneficios. La prensa ha filtrado cómo Nadia Calviño, bien conocida como la más fiel representante patronal en el gobierno, fue quien más resistencia puso a tomar medidas de confinamiento.

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El gobierno dice que después de retrasar la adopción de medidas por estas presiones, ahora “es una lucha de todos y todas”. Pero la burguesía ya ha puesto sus condiciones para aceptar el estado de alarma: “todos tras el gobierno”, la economía productiva debe continuar, la sanidad privada no se toca, las fábricas no se cierran salvo que no quede más remedio (como si los trabajadores no se contaminaran), la iglesia mantiene los centros de culto, como si el santo de turno evitara el contagio entre los feligreses.

Una vez que se ha establecido el Estado de Alarma, vemos con indignación cómo este sólo es aplicable a la población, pero no a las empresas. Mientras nosotros/as hacemos un gran esfuerzo, cumpliendo a rajatabla el encierro, muchas empresas para nada esenciales abren sus puertas con normalidad, como los bancos, la construcción o multitud de fábricas y centros de “contact centers”. Allí donde la actividad se para, es por la acción de los propios trabajadores.

En sectores esenciales, como las trabajadoras de ayuda a domicilio (que trabajan de casa en casa de personas mayores o enfermos/as), en muchos casos el servicio se está prestando sin las mínimas condiciones sanitarias. ¿Cómo puede ser que haya recursos para desplegar al ejército por todo el territorio, y sean incapaces de dar el material higiénico sanitario a trabajadoras en primera línea?

Con sus reticencias a perjudicar la “economía”, el gobierno y el IBEX 35 han demostrado que no podemos confiar en ellos para combatir esta epidemia. Que la voracidad insaciable de las grandes empresas ha acabado desde siempre con los derechos laborales y sociales es bien conocido. Pero esta vez, el capitalismo desbocado amenaza directamente la salud de toda la población. Que estemos en cuarentena, no significa que dejemos de luchar. Sólo la clase trabajadora, exigiendo las medidas sanitarias adecuadas en servicios indispensables y el cierre (sin despidos ni pérdidas salariales) en el resto de sectores, puede imponer las medidas que pararán a este virus.