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El goteo continuo de muertes en las residencias al que durante semanas venimos asistiendo y del que muchos medios vienen informando de forma sensacionalista, es la crónica en varios actos de una tragedia largamente anunciada.

Por Corriente Roja

La de la precariedad laboral que vive el personal que trabaja en estos centros. Un personal muy feminizado (lo que es reflejo del machismo social imperante) y muy insuficiente, sobre todo en lo que se refiere al personal sanitario, que huye espantado en cuanto puede debido a las malas condiciones laborales en el sector.

La de la falta de medios materiales y técnicos con los que trabajan. La del incumplimiento de los ratios, una y mil veces denunciada ante unos gobiernos que en todas partes vienen haciendo oídos sordos desde hace años.

Ante la amenaza del Covid- 19, las Administraciones publicaron guías de actuación y protocolos que los trabajadores y trabajadoras de los centros no han podido cumplir por falta de recursos y condiciones materiales para llevar a cabo las instrucciones. El incumplimento de las normas en materia de higiene, además de la falta de personal y de equipos para realizar las tareas de limpieza, ha sido una queja constante en la mayoría de ellos.

La gran campaña mediática y gubernamental nos intenta tranquilizar con que el ejército está trabajando ahora a destajo para desinfectar esos centros. Era mejor que dejaran sus equipos de protección a las trabajadoras y se marcharan de nuevo para el cuartel. La desinfección no sirve de absolutamente nada si no se hacen tests a trabajadores/as y usuarios/as y no se cumplen los protocolos que exigen las autoridades sanitarias. Es un gasto inútil probablemente dirigido a lavarle la cara a una institución rechazada con motivos de sobra por la población.

La opacidad a la hora de obtener información es tal, que a día de hoy no sabemos con exactitud cuántas personas han muerto por coronavirus en las residenciaslo que afecta a todas las CCAA, porque no hay datos fiables.Sin haber hecho los  test de forma generalizada,es imposible saber el número exacto de víctimas mortales que la pandemia ha dejado en las residencias de ancianos. Pero según los datos proporcionados hasta la fecha, son ya más de la mitad del total de fallecidos notificados por el Ministerio de Sanidad.

El coronavirus y el negocio de las residencias de ancianos

España es uno de los países más envejecidos de Europa, con 9 millones de mayores de 65 años. Y en 2050, seremos el 2º país más envejecido del mundo, con más de 15 millones de personas mayores.

Este envejecimiento cada vez mayor de la población, no ha venido sin embargo acompañado de un aumento de la inversión pública necesaria. En lo que hace a las residencias de mayores, pese a ser un servicio social reconocido en la Ley de Dependencia, la oferta pública permanece estancada desde hace años y las listas de espera para obtener una plaza concertada se eternizan

Hablamos de un sector, donde el negocio de las residencias privadas mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de crecer y donde el precio de una plaza residencial es inasequible para la mayoría de personas mayores, con pensiones mileuristas

Esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto las deficiencias e ineficacia de una gestión privada (el 75% de las plazas de residencias lo son) que se concentra en cada vez menos manos, y que se ha convertido en un negocio muy jugoso a costa de la calidad del servicio. También, la de una gestión pública atada a un modelo de austeridad impuesto para pagar la deuda de una crisis que crearon los bancos, que igualmente escatima en recursos.

Ha revelado la ineficacia de un modelo puramente asistencial, en vez de la atención socio-sanitaria de calidad que esta población, en su mayoría mayor de 80 años y dependiente, necesita. Una atención sociosanitaria que no puede quedar reducida a convertir las residencias en meros «aparcamientos de ancianos», y que en momentos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo han puesto a prueba en toda su crudeza.

En este sistema capitalista, este sector dedicado a cuidados, con un perfil de usuario en su mayoría mujer sola con pensión baja y atendida por trabajadoras también mujeres: equivale a abandono y desprecio totales.

Si algo deja claro esta crisis es que necesitamos reforzar los servicios públicos para dotarlos de recursos, y que estos dejen de estar en manos privadas y sometidos a la lógica empresarial de la búsqueda de beneficios económicos. Ahora que la situación de muchas residencias se ha vuelto insostenible es el momento de plantear que deberían estar en manos públicas.

Mientras, familiares de usuarios y usuarias de residencias se vienen organizando en estas semanas en distintas comunidades autónomas. Además de más transparencia y de una información diaria y fiable de lo que está ocurriendo en cada uno de los centros, las familias siguen demandando de forma urgente EPIs de protección, refuerzo de las plantillas e intervención inmediata de las mismas para medicalizarlas, proporcionar a los usuarios y usuarias la asistencia sanitaria inmediata que se precisa para frenar los contagios y a la que además tienen derecho para evitar más muertes, y dar una muerte digna a quienes ya no sea posible salvar

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Desde Corriente Roja les damos todo nuestro apoyo y animamos a todas aquellas personas que estén pasando por el mismo calvario a no resignarse, seguir su ejemplo y unirse para denunciar las negligencias que se están cometiendo. Igualmente llamamos a las organizaciones obreras y vecinales a hacer la presión que sea necesaria para que las anteriores medidas sean tomadas de inmediato. Deben suspenderse inmediatamente los conciertos con las residencias privadas para hacerlas públicas. Debe derogarse inmediatamente el artículo 135 de la Constitución, que nos obliga a pagar los intereses de la deuda de 2008, y destinar esos recursos a cuidar a nuestra gente mayor. Deben depurarse responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

Reproducimos a continuación el comunicado realizado hace unos días por los familiares de usuarios y usuarias de la Residencia Vitalia en Parla (Madrid).

«Las familias de los usuarios y usuarias Vitalia Parla estamos profundamente preocupadas por la situación en las que se encuentran nuestros familiares en la residencia; nuestra preocupación aumenta al chocar con el silencio de la empresa que la gestiona, y la opacidad de las diferentes administraciones, desde Servicios Sociales hasta Sanidad.

Por ello, y bajo las condiciones del Estado de Alarma, pedimos la intervención inmediata por parte de la Comunidad de Madrid. No llega con enviar un “funcionario”, es necesario que la intervención sea con medios de mecanización, Epis y sobre todo control sobre los casos más graves para que puedan ser trasladados a los centros hospitalarios donde estén atendidos y así poder evitar mas muertes.

No puede ser que sólo vayan a desinfectar y dejen allí en manos de las direcciones de los centros que se han demostrado incapaces de controlar los contagios a personas totalmente indefensas con muchas patologías que no se pueden denfender.

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Sus familiares estamos confinadas y no podemos hacer lo que podríamos hacer en otros casos, velar por su salud y salir en su defensa. Ahora esto nos está negado, por las circunstancias y las administraciones que deberían velar por la salud y la vida de estas personas no lo hacen, más bien todo lo contrario: miran para otro lado y no les importa cuantas muertes se producen, porque total “son personas mayores”.
Para nosotras son personas que dejaron toda su vida por este país y ahora cuando ellos necesitan del Estado, este les abandona.

La excusa para no intervenir o no llevar a estas personas a los hospitales no puede ser que no hay suficientes UCIs, porque sabemos que los hopitales privados no están saturados.
Queremos intervención ya, pero para parar estas muertes y amparar a las personas que no pueden defenderse por ellas mismas.»


Los mercaderes de la muerte

Ahora que la situación de muchas residencias se ha vuelto insostenible es el momento de plantear que deberían estar en manos públicas y no en poder de multinacionales y fondos de inversión siniestros.

Como datos, la primera empresa del sector en España es la francesa Domus VI, cuyo principal accionista es el fondo británico de capital riesgo ICG (que también participa en el grupo de call centers Konecta). Orpea es la segunda y también es francesa: sus propietarios son el fondo canadiense CPPIB y la familia Peugeot. Otras como Amavir pertenecen al grupo Mulliez, dueños de Alcampo, Decathlon (que han hecho una gran publicidad de su donación de unas cuantas mascarillas) o Leroy Merlin. Vitalia, otra de las intervenidas en Madrid, es propiedad de CVC, un fondo británico de capital riesgo. Todas ellas presentes por toda Europa y dejando el mismo rastro de muertos y desinformación en cada centro del que extraen beneficio. España también tiene a sus tiburones: Ballesol es propiedad el grupo Santalucía, un tercio del cual pertenece a la familia Álvarez Otero. Otra aseguradora, Caser, ni siquiera se ha molestado en inventarse otro nombre para su negocio, Caser Residencias. Clece es filial de ACS, la constructora de Florentino Pérez. Sacyr, Eulen, Sanitas, HM Hospitales (con su marca Valdeluz).

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La mayoría de estos nombres nos suenan demasiado y tampoco ahora para nada bueno.