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Sánchez se empeña en repetir como un mantra en estos días que este virus «no entiende de clases sociales». ¡Pero es preciso decir la verdad! Esta pandemia es realmente una amenaza, principalmente para los trabajadores/as y el pueblo más pobre. Mientras las personas mayores, dependientes y enfermas más ricas estarán bien protegidas y cuidadas en hospitales y unidades de terapia intensiva privadas, cientos están muriendo cada día en la cama de un hospital público por falta de medios, en la más absoluta soledad.

Por Laura R.

En esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, hay muchas heroínas y héroes anónimos. Además de los profesionales de la salud, en primera línea de trinchera en esta emergencia sanitaria y de quienes a diario garantizan los suministros y servicios básicos, son muchas las trabajadoras y trabajadores que siguen en sus puestos para atender y cuidar de los colectivos más vulnerables, exponiendo cada día su vida y la de sus familias.

El servicio de ayuda a domicilio: ¿Quién cuida de las cuidadoras?

Entre esos colectivos profesionales que trabajan en estos días en alto riesgo, se encuentran las auxiliares de ayuda a domicilio, en su mayoría mujeres. Un servicio absolutamente privatizado pese a ser una de las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, donde en estos días, miles de trabajadoras en distintas CCAA denuncian que pese a los protocolos enviados por las Administraciones, que tienen la responsabilidad pública del servicio aunque su gestión esté privatizada, ellas siguen sin recibir, por parte de las empresas, ningún equipamiento de protección personal ante el virus. Y aunque en el mejor de los casos se les proporcionen mascarillas o guantes, que tampoco son los adecuados, acuden a los domicilios con el mismo uniforme.

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En algunos sitios, las familias, ante el riesgo de contagio, dieron de baja el servicio y las empresas lo único que proponían era la reducción de jornada, lo que pone en riesgo el trabajo y los salarios de estas profesionales. Gracias a la presión de las trabajadoras, conscientes además de que muchas de estas personas están solas y necesitan el apoyo que están recibiendo, se va consiguiendo que algunos municipios impongan servicios mínimos que compatibilicen el servicio, con la seguridad de las profesionales que trabajan en ellos y los usuarios que los reciben. Pero muchas viven con el miedo a un ERTE por parte de la empresa. A esto hay que sumar el cierre de los colegios, lo que ha supuesto que a muchas trabajadoras con menores a cargo, las empresas no les están facilitando la adaptación de su jornada laboral.

Los 600 millones aprobados por el gobierno para reforzar los servicios sociales, de los que la mitad quedarán a la voluntad de aquellos consistorios que tengan superávit económico, contrastan con los 100.000 millones de euros con que el Estado avalará los créditos empresariales que se soliciten a entidades financieras y que se suman a otras ayudas directas. ¿De qué escudo social nos hablan? ¿Cómo puede ser que haya recursos para desplegar el ejército por todo el territorio o para regalar miles de millones a las empresas del Ibex 35 y sean incapaces siquiera de proporcionar el material higiénico sanitario a trabajadoras que están en primera línea?

Esperemos que con esta alerta sanitaria el nuevo gobierno ponga en valor la labor imprescindible que llevan a cabo diariamente estas trabajadoras y atienda las peticiones de volver a manos públicas este servicio esencial, tal y como muchas de ellas, organizadas en distintas plataformas, vienen reclamando desde hace años, en varios lugares del Estado.

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Esta es la única forma de que la ayuda a domicilio no siga sometida a la lógica empresarial de maximizar beneficios y reducir costes a costa de empeorar la calidad del servicio y de mantener en la precariedad laboral a quienes lo llevan a cabo.

Pero mientras, exigimos la inversión necesaria para combatir la pandemia del COV-19, atender y proteger de forma efectiva a los profesionales y a los sectores más vulnerables:

¡Adquisición de todos los equipamientos de protección y sanitarios necesarios!

¡Contratación del personal necesario para reforzar las plantillas y cubrir las bajas laborales que se produzcan!

¡Implantación de servicios mínimos donde sea posible para prevenir los contagios SIN reducción del salario. ¡Prohibición de ERTEs y ni un sólo despido en todo el sector!

¡Inversión pública para la remunicipalización y vuelta a manos públicas de todos los servicios de atención socio-sanitaria que ahora están privatizados!