Compartir

¡Sin derecho a decidir no hay democracia!

Finalmente, Sánchez ha sido investido tras pactar con Unidas Podemos, el PNV y ERC. La investidura ha tenido lugar a menos de tres meses de la contundente respuesta popular catalana a la sentencia del Supremo, en pleno escándalo judicial por la negativa del Supremo a obedecer al TJUE y permitir que Junqueras tome posesión como europarlamentario y con la JEC desposeyendo al President Torra de su acta de diputado.

Por Corrent Roig

Sánchez, después de una campaña electoral donde compitió con el PP y Vox en agresividad y amenazas al soberanismo catalán, al final sólo ha podido optar a la investidura gracias al pacto con ERC.

El pacto PSOE-ERC reconoce que hay «un conflicto de naturaleza jurídica en relación con el futuro político de Cataluña» y crea una «Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos» para “desbloquear y canalizar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña por vías democráticas”. Acata el «ordenamiento jurídico democrático” y establece que los acuerdos de la Mesa se sometan a «una consulta a la ciudadanía de Cataluña».

ERC vende el pacto como una gran victoria porque ha logrado “que se pueda hablar de todo” y porque ha abierto el camino para resolver el conflicto político y encarar la situación de los presos. Avientan la misma idea los Comunes de Ada Colau, obsesionados por la «normalización política» y disciplinados a Pedro Sánchez.

Hay sectores en Cataluña que, ante el impasse que atenaza la vida política catalana, ven el pacto con algunas esperanza, mientras que un importante sector del independentismo lo percibe, con razones fundadas, como una gran operación para desarmar el movimiento independentista.

Un pacto para reconducir el movimiento independentista a los cauces del régimen

A pesar del vocerío de la derecha contra los “golpistas” catalanes, la realidad es que ERC se ha comprometido a acatar «los principios de lealtad institucional y bilateralidad», pactando así la renuncia expresa a la unilateralidad. Es decir, a que un Govern de la Generalitat convoque unilateralmente un referéndum de autodeterminación o haga aprobar leyes contrarias a la legislación española.

Decir que todas las propuestas que se presenten en la Mesa serán «legítimas» no oculta que la propuesta del referéndum de autodeterminación será solo un «saludo a la bandera». La consulta de la que habla el pacto se entiende en el marco del «ordenamiento jurídico democrático”. Es decir, en el marco de una Constitución que niega el derecho a la autodeterminación, establece la unión forzada y es sólo modificable mediante una reforma imposible porque requeriría el apoyo de la derecha neofranquista del Congreso.

Lea también  Estado español | La crisis del régimen y las manifestaciones de la extrema derecha

En realidad, el pacto habla de buscar un nuevo encaje en la Monarquía española. La autodeterminación y la República catalana desaparecen de la escena, aplazadas a las «calendas gregas». A cambio, ERC exigiría una salida al problema de los presos y un nuevo techo autonómico, que respetara la lengua, la cultura y la educación, mejorara la financiación autonómica, ampliara las competencias en infraestructuras y recuperara puntos del Estatuto de Pasqual Maragall que tumbó el TC.

Pero todo este plan se enfrenta a dos problemas graves: el primero es que, para avanzar en él, ERC necesita ganar las elecciones catalanas y formar Govern (a poder ser tripartito con los Comunes y el PSC). Pero en este camino se enfrenta a la rivalidad de Puigdemont y JxCat, que no quieren verse destronados y van a sabotear. Aunque, en realidad, no tienen objetivos diferentes, sólo que quisieran ser ellos y no ERC quienes protagonicen las negociaciones.

El segundo problema es mayor. Se trata de la reacción furibunda de la derecha combinada con el aparato judicial, que sólo admiten la rendición incondicional y la humillación del independentismo y no están dispuestos a abrir la mano ni en la represión ni en ninguna concesión autonómica digna de tal nombre.

La hipocresía de Unidas Podemos y Comunes

Los Comunes han ido variando su postura ante el conflicto nacional al ritmo que lo hacía Pablo Iglesias. De defender el derecho a decidir pasaron al referéndum pactado y de éste a negociar un arreglo para un nuevo Estatuto de Autonomía. Su posición ante la represión también ha sido la de Iglesias: reconocer la legitimidad de los Tribunales de régimen y de sus sentencias. Estas les pueden parecer mal, pero son legítimas y se han de asumir. Lo único que queda es quejarse, sin alzar mucho la voz, y proponer subterfugios legales para reducir su impacto.

Lea también  ¡Libertad Sebastián Romero! Únete a la campaña de solidaridad, luchar no es delito

Si el gran objetivo era entrar como fuera en el Gobierno Sánchez, todo lo que obstaculizara esto debía ser apartado. Ahora se trata de prepararse para un gobierno tripartito en Cataluña con ERC y PSC en aras de la «normalización». De ahí su apoyo a los presupuestos de Aragonès.

Jaume Asens, entrevistado en TV3 tras la investidura, asumió que quien les marcaba la batuta en el problema catalán era Sánchez y que ellos, Podemos-Comunes se disciplinaban. Excluyó toda expectativa de referéndum de autodeterminación y de amnistía de los presos («algo muy difícil, por no decir imposible») porque defender estas reivindicaciones «genera frustración».

La CUP debe mantenerse firme

La CUP, se presentó por primera vez a elecciones generales y sacó 244.754 votos y 2 escaños. Estos votos representaban a los sectores más radicales y anti-régimen del independentismo, en especial de la juventud.

En su intervención en el pleno de investidura, Mireia Vehí señalaba que el pacto PSOE-ERC tiene poco recorrido y marcaba distancias, pues “el diálogo no es viable sin cuestionar el régimen del 78”. A pesar de ello, deseó aciertos al nuevo gobierno frente a los “los malos augurios” de la derecha y la ultraderecha.

Pero el nuevo gobierno no va a contentar al pueblo catalán, porque ni puede hacerlo por las trabas del aparato judicial ni tampoco quiere, porque nunca traspasará el marco constitucional que consagra la unidad forzada española. Por eso, aunque se vista de seda no podemos bajar la guardia. Es hora de mantenerse firmes en la defensa de la autodeterminación, la amnistía y la lucha contra la represión, «gobierne quien gobierne» en Madrid y en Barcelona.

No dar el brazo a torcer: continuar la lucha por la amnistía, el derecho a decidir y contra la represión

Lo que pase en los próximos meses es una incógnita. Vivimos una situación profundamente inestable, con un gobierno de coalición con una mayoría extremadamente precaria y dependiente de pactos, la extrema derecha desenfrenada y el aparato judicial en pie de guerra. Tampoco sabemos con certeza cuánto durará el gobierno de la Generalitat y cuándo se convocarán las próximas elecciones, aunque no pueden tardar mucho tiempo dado su estado terminal.

Lea también  “Nueva normalidad”, pero viejas recetas contra la clase trabajadora. ¡Es hora de retomar la movilización!

Lo que sí sabemos es que la autodeterminación de Cataluña es parte de la batalla común contra el régimen monárquico y que será necesario quebrar éste para lograrla. Que esto sólo lo vamos a alcanzar en una lucha común con la clase trabajadora y el resto de los pueblos del Estado. Y que sobre esta base podremos levantar una unión libre de repúblicas.

No debemos dejarnos cegar por falsas ilusiones en un diálogo que nos lleva a un callejón sin salida, porque se da en el marco del régimen y porque no se hace en nombre de un pueblo alzado y organizado sino desmovilizándolo. Hoy la tarea sigue siendo la lucha por la amnistía, el retorno de los exiliados, el fin de la represión y la defensa de un referéndum de autodeterminación. Esta batalla exigirá la entrada en escena, otra vez, del pueblo y la juventud, apoyado en la autoorganización y la iniciativa colectiva.