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Los fondos de la UE no son ningún regalo ni ninguna tabla de salvación para la clase trabajadora y las clases populares. Son, por el contrario, una soga al cuello para ahogarlas. Los grandes beneficiarios van a ser, como hasta ahora, los bancos, las grandes empresas privatizadas, las grandes constructoras y las energéticas. Esta vez no serán necesarios los “hombres de negro” para aplicar las “recomendaciones” de la UE, para eso están ya los/as Ministros del Gobierno de coalición.

Por Corriente Roja

Estos días hemos vivido un auténtico bombardeo «informativo» glorificando el acuerdo del Consejo Europeo sobre el fondo de reconstrucción («Fondo Próxima Generación de la UE» en su jerga). Pedro Sánchez, recibido como un héroe por sus ministros, lo ha presentado como un «acuerdo histórico (…), una de las páginas más brillantes de la historia de la UE«. Dice que es «un enorme paso«, un verdadero «Plan Marshall» que va a permitir una recuperación rápida de la economía española. Sacando pecho, ha declarado: «No hemos conseguido el 100% pero sí el 95%«: 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 en transferencias a devolver. Un verdadero chollo.

El conjunto de partidos del arco parlamentario han apoyado el acuerdo, incluido Vox. La CEOE está encantada y ansiosa de que entreguen los fondos a las empresas. La burocracia sindical comparte la alegría patronal. Los gobiernos autonómicos reclaman su parte, sin que en esto haya distingos entre los gobiernos del PP o PSOE o la Generalitat catalana.

¿La Europa del capital se ha convertido en la Europa social?

Entre los valedores del acuerdo destaca Unidas Podemos (UP). No en vano, su misión es convencer a los sectores de izquierda escaldados del PSOE de las excelencias del acuerdo y, de paso, de lo bueno que es el Gobierno de coalición.

También en relación a la UE el discurso de Podemos es justo lo contrario de lo que predicaba en sus inicios. Para el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 la UE ya no es la Europa del capital. Por el contrario, ha hecho una «renuncia histórica» de sus viejas posiciones y ha «aprendido la lección«. Ahora «todos los demócratas europeos somos neokeynesianos» y «lo que hasta ahora solo defendía la izquierda es compartido por actores de familias ideológicas muy diferentes«. Según Iglesias, el acuerdo del Consejo Europeo tiene un «alcance histórico y sin precedentes» y va «en una dirección diametralmente opuesta» a la que dio la UE en la crisis de 2008/2010..

Dicho en plata, Merkel, la que condenó a Grecia a la miseria y la rebajó a condición de semicolonia e impuso los planes de ajuste en el Estado español, o Macron, el presidente de los ricos, de la reforma laboral y de pensiones y de la represión salvaje a los chalecos amarillos son ahora los campeones de la «cohesión social y la solidaridad europeas». Ver para creer.

El vicepresidente Iglesias y el ministro Garzón (IU-PCE) van aún más lejos y declaran que el acuerdo «no sólo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar las transformaciones«. Ahora ya «no habrá hombres de negro ni recortes presupuestarios» sino todo lo contrario: los fondos europeos estarán condicionados a «reformas que tienen que ver con la transición ecológica, la economía de cuidados, la lucha contra la pobreza y la inclusión social«. ¿Alguien podría dar más?.

Es una lástima que este discurso oficial sea un engaño descomunal, que empieza por esconder la profundidad de la crisis en la que hemos entrado y las penalidades y sufrimientos que va a acarrear al pueblo trabajador. Unos sufrimientos a los que los prometidos fondos europeos no van a poner remedio en absoluto.

Un acuerdo a la alemana para parar el golpe y comprar tiempo

El acuerdo de Bruselas ha venido forzado por la extrema gravedad de la crisis actual y por el impacto tan desigual que está teniendo entre los distintos países de la UE. El Gobierno alemán ha sido, de lejos, el gran campeón de las «ayudas de Estado», comprometiendo el 38% de su PIB para blindar sus grandes empresas y disminuir al máximo la caída de la economía. En contraste, el paquete de ayudas del Gobierno italiano y, más aún, el del español aparecen raquíticos. El retroceso económico italiano y español, por el contrario, es muy superior y el fuerte aumento de su endeudamiento público, que ya es enorme, amenaza con dejarlo fuera de control y llevar a una suspensión de pagos.

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Pero a diferencia de lo que ocurrió anteriormente con Grecia, si son Italia y el Estado español quienes se declararan en quiebra, el resultado inevitable será la desintegración de la UE y la voladura del euro. Merkel sabe que es esto lo que sucederá si actúan como en la anterior crisis. Pero para el capitalismo alemán preservar la UE y el euro es vital para mantener y aumentar su hegemonía en Europa e intentar no quedar aplastado en el choque entre EEUU y China.

Por eso, además de la actuación multimillonaria del BCE, el Consejo Europeo ha decidido que la UE se endeude y destine 390.000 millones a transferencias a los Gobiernos. Con ello consiguen parar el golpe inicial y, sobre todo, compran tiempo. Algunos, como Pablo Iglesias, han querido ver en el acuerdo de Bruselas un cambio en la naturaleza de la UE. Es pura e interesada fantasía. No estamos ante ningún «federalismo solidario», sino ante un nuevo dispositivo que servirá para acentuar la hegemonía y el control del imperialismo alemán sobre los demás.

Cuando Merkel y Macron presentaron el plan, el presidente francés declaró que hay que evitar los errores de la crisis de 2008, cuando países como Portugal o Grecia se vieron empujados a vender activos e infraestructuras estratégicas a China, como las terminales del puerto de El Pireo. En adelante -proclaman- hay que asegurar que dichos activos solo podrán ser comprados por las grandes multinacionales europeas, a poder ser alemanas y francesas, las mismas que ahora están siendo generosamente financiadas y recapitalizadas con dinero público.

Nos han vendido la reunión del Consejo Europeo como una pugna entre el Norte egoísta, encabezado por Holanda, y el Sur que reclamaba solidaridad, con Merkel en medio, apoyando al Sur. En realidad, todo ha girado sobre la propuesta de Merkel (con Macron de ayudante).Las concesiones logradas por los mal llamados «frugales» (mayoría cualificada para aprobar los planes de inversión, el «freno de emergencia» o el reajuste entre transferencias y créditos a devolver) encajan perfectamente con los intereses del gobierno alemán, que es, junto a los «frugales», el gran beneficiario de los cheques-retorno. El «respeto al Estado de derecho» esgrimido ante los Gobiernos bonapartistas de Hungría y Polonia como una condición para recibir fondos, también ha quedado convertido, como quería Merkel, en papel mojado.

El fondo de reconstrucción no va a impedir que el endeudamiento público se dispare

Si se trata de impedir que el endeudamiento público español se dispare hasta niveles incontrolables, el Fondo de Reconstrucción no va a servir en absoluto. Las transferencias van a llegar tan tarde y en tan escasa cuantía relativa que no van a evitar el desplome económico y, con él, un enorme déficit público que engordará una deuda ya inmensa.

Las previsiones de caída de la economía española para 2020 son entre el 11 y el 14% del PIB (entre 140.000 y 175.000 millones). Sin embargo, las ansiadas transferencias comenzarían a llegar en el segundo semestre de 2021 y sólo hasta un importe de unos 18.000 millones, dispersas en diferentes partidas. El resto de los fondos (hasta los 72.000 millones anunciados por Pedro Sánchez)se repartiría en cantidades y formas similares a lo largo de cuatro o más años.

Las transferencias, además, no van a poder ser utilizadas para rebajar la deuda ni para atender los programas presupuestarios destinados a hacer frente a la crisis social o a reconstruir servicios públicos como la Sanidad. Por el contrario, bajo el rótulo de la «transición verde y digital», van a ser entregadas a los empresarios, en particular a los grandes, para sus negocios privados, y sus efectos en el empleo y el bienestar social van a ser miserables.

La deuda va a seguir aumentando, el FMI dice que hasta el 124% del PIB. Y con ella lo van a hacer los intereses a pagar, que sólo el año pasado subieron a 30.000 millones, mucho más que las transferencias esperadas. Es una deuda colosal que desangra la economía, la deja inerme ante la especulación financiera y a expensas de todas las «recomendaciones» de la Comisión Europea y del BCE. Una deuda que anuncia, en definitiva, una crisis de pagos futura que el BCE no podrá impedir.

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El pueblo trabajador no se va a beneficiar de los fondos

Por supuesto, los trabajadores y las clases populares no se van a ver favorecidos por este «maná» europeo. Los grandes beneficiarios van a ser, como hasta ahora, los bancos, las grandes empresas privatizadas, las grandes constructoras y las energéticas, todas ellas enchufadas al BOE y con consejos de administración trufados de exministros del PP y PSOE y, por supuesto, las multinacionales extranjeras instaladas.

Los proyectos de inversión favorecidos por el Fondo de Reconstrucción se van a ajustar a los planes diseñados por los grandes grupos capitalistas alemanes y franceses. La economía española va a seguir condenada al turismo, al ladrillo, a una industria menguante y dominada por las multinacionales y a una mano de obra precaria y mal pagada. Las empresas energéticas están preparando con el Gobierno planes de inversión que son un verdadero cambalache sin otro objetivo que aumentar sus beneficios, mientras dan la espalda a las necesidades imperiosas de la emergencia climática.

La pasividad cómplice del Gobierno PSOE-UP (y de la Xunta y la Generalitat) ante los cierres de Alcoa y Nissan, desnuda sus discursos y deja en evidencia la política real. En el caso de Nissan, cuya liquidación es fruto del reparto de mercados en el seno de la Alianza Renault-Nissan, el Gobierno consiente en un cierre que arrastra 23.000 despidos y desgarra el tejido industrial catalán. Y justo a la vez, lanza un plan de apoyo al automóvil directamente dictado por unas multinacionales que, como Renault o Volkswagen, se reservan las actividades tecnológicamente avanzadas y la fabricación del coche eléctrico para sus países de origen, mientras condenan a las plantas españolas a montar coches de combustión, con una producción y empleo menguante y un deterioro creciente de los salarios y las condiciones laborales.

Las transferencias van a estar sometidas a las «recomendaciones» de la UE

Los socios del Gobierno de coalición dicen que esta vez no va a haber «hombres de negro». Efectivamente, formalmente no los hay, al menos todavía. De momento, el sistema establecido para conceder las transferencias y el hecho que se las haga depender del cumplimiento de las «recomendaciones» de la Comisión Europea, convierte a los ministros de turno en un perfecto sustituto de los «hombres de negro». Nadia Calviño es un magnífico ejemplo.

Los socios de Gobierno niegan también que las transferencias estén condicionadas a aplicar recortes o reformas antisociales. Lástima que el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, los desmienta y recuerde que habrá «un fuerte vínculo entre inversiones y reformas«. Y, por supuesto, nadie puede llamarse a engaño sobre qué entiende esta gente por «reformas». En el informe de «Semestre Europeo» del pasado 27 de febrero, la Comisión Europea volvió a expresar sus «recomendaciones». Señaló su especial preocupación por la «sostenibilidad» de les pensiones españolas, repitió que son «demasiado elevadas«, que no se deben vincular a la inflación, que hay que reducirlas a través de un «factor de sostenibilidad» y que hay que abrir las compuertas a los sistemas privados de pensiones. Ene el mismo informe se pronunciaban, una vez más, contra un posible desmontaje de reforma laboral de Rajoy, que ha dado «frutos tan positivos» y cuya elaboración fue supervisada por ellos mismos.

¿Alguien cree que el mantenimiento de la reforma laboral de Rajoy y una nueva acometida contra las pensiones públicas no van a ser condición para las transferencias? El Gobierno y la burocracia de CCOO-UGT, de hecho, ya han renunciado a la promesa de derogarla al haberla supeditado al acuerdo con la gran patronal en el mal llamado «diálogo social». En cuanto a las pensiones, el informe preceptivo que cada año envía el Gobierno a la Comisión Europea ya hablaba de «garantizar la sostenibilidad de las pensiones«, que es el estribillo de todos ellos para atacar el sistema público de pensiones. El informe mencionaba también, sin concretar demasiado, la necesidad de implantar la llamada «mochila austríaca», esa vieja aspiración de la patronal para acabar con las indemnizaciones por despido y minar las pensiones públicas. De otro lado, el Gobierno, a pesar de los postureos de Iglesias, también ha renunciado a llevar a cabo ninguna reforma fiscal digna de tal nombre, limitándose a retoques de escaparate. Lo cual es especialmente grave cuando las grandes empresas del Ibex pagan por sus beneficios la mitad de los impuestos que pagaban en 2007. Eso cuando no los eluden por completo, como el BBVA el año pasado.

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Con hombres de negro o sin ellos, van a volver los viejos tiempos de los recortes salvajes

Es totalmente insensato pensar que la «cláusula de escape», mediante la cual la Comisión Europea permite a los Gobiernos eludir temporalmente los límites de déficit (3% del PIB) y deuda pública (60%), va a continuar vigente mucho tiempo. El mencionado Dombrovskis ya lo ha dejado claro: los límites volverán tan pronto como la situación excepcional provocada por el coronavirus remita. El exministro griego Varoufakis lo dice más clarito: «en el momento en que el déficit alemán vaya acercándose a cero«.

Entonces volverán, con hombres de negro o sin ellos, los viejos tiempos de los recortes salvajes, las bajadas de salarios a los empleados públicos y la subida de los impuestos que pagamos todos como el IVA o los impuestos especiales (subidas que, por cierto, viene ya «recomendando» hace tiempo la Comisión Europea). La UE es experta en estas lides, como recoge un reciente estudio de Emma Clancy que registra las 300 ocasiones, entre 2011 y 2018, en que la Comisión Europea ha exigido a los Gobiernos recortar gastos sociales, elevar la edad de jubilación y reducir el gasto en pensiones, cuidado de ancianos, servicios sanitarios, seguridad laboral y prestaciones de desempleo, además de oponerse a aumentos salariales.

Mirar la realidad cara a cara: dentro de la Unión Europea y el euro no hay solución

Es necesario disipar la humareda creada en torno a los acuerdos del Consejo Europeo y mirar la realidad de cara. Los fondos de la UE no son ningún regalo ni ninguna tabla de salvación para la clase trabajadora y las clases populares. Son, por el contrario, una soga al cuello para ahogarlas.

Hay que explicar y denunciar la naturaleza antiobrera y antipopular del acuerdo. En lugar de estas transferencias y créditos envenenados, hay que dejar de pagar una deuda que el pueblo no ha generado pero le asfixia y le hunde en la miseria social. Hay que nacionalizar los bancos y los sectores y empresas estratégicas para ponerlos bajo control obrero y popular y reestructurar toda la economía al servicio de las necesidades de la población y de una reconversión ecológica general. Hay que reducir la jornada laboral y repartir el trabajo entre todos y todas sin recortar los ya limitados salarios. Por supuesto, todo esto es absolutamente incompatible con la permanencia dentro de la UE y del euro, por eso deberemos romper con ellos para, junto a la clase trabajadora y los otros pueblos del continente, levantar una Europa socialista de los trabajadores y los pueblos.