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La crisis del coronavirus ha provocado la agonía en la Sanidad Pública. Una Sanidad Pública que ya venía teniendo serios problemas para enfrentar la epidemia de gripe cada invierno.

Por Antonio R.

Es ahora, en casos extremos como los que la población está sufriendo, cuando la política de recortes y de privatizaciones de los sucesivos gobiernos se hacen más visibles, y donde la falta de medios y de personal se ha hecho evidente. El impacto que el coronavirus está teniendo sobre el sistema sanitario descansa sobre factores estructurales. Especialmente, el estancamiento que se ha producido en la última década en la evolución de gasto sanitario.

Desde la época de Thatcher y Reagan, la ideología neoliberal parte de la base de que es necesario adelgazar el Estado y que sean las personas las que individualmente asuman todos los riesgos de su vida, también de su salud. Consecuentemente con esa ideología, se propugnó el desmantelamiento de los sistemas de bienestar y la puesta en funcionamiento de un modelo de sociedad donde el mercado es el que asume la totalidad de la provisión de bienes y servicios y, lógicamente, el acceso a los mismos está mediatizado por la capacidad económica de cada persona. La privatización es hoy un fenómeno extendido a nivel mundial, y que prácticamente afecta a todos los países en mayor o menor grado.

Una de las características más notables de las políticas privatizadoras es que se lleva a cabo mediante la expresa negación de la misma, utilizando todo tipo de eufemismos, de los que el más utilizado es el de la “externalización”. Según el diccionario de la RAE, privatización se define como acción y efecto de privatizar, y privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado, por lo que no cabe duda de que dejar la asistencia sanitaria en manos privadas es una privatización, aunque se mantenga la financiación pública.

El actual modelo sanitario en España proviene de la Ley General de Sanidad (LGS) aprobada en 1986. Ésta diseñaba un modelo sanitario basado en lo que se conoce como “servicio nacional de salud”, es decir, la universalización del derecho a la atención sanitaria, un modelo basado en la prevención y la promoción, que integra los servicios sanitarios y que tiene una provisión mayoritaria y hegemónicamente pública.

En el Estado Español, aunque pronto comenzaron a producirse modificaciones en este modelo, el salto cualitativo se produjo con la aprobación de la Ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad” (con los votos de PSOE, PP, PNV, CiU y CC), que abría el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Por lo tanto, es muy importante recordar que la Sanidad Pública en el Estado español se empezó a desmantelar hace mucho mucho tiempo, y que estas nefastas políticas fueron aplicadas por partidos políticos que hoy se rasgan las vestiduras tratando de ocultar sus responsabilidades. Durante la crisis de 2008-2010, cuando sobre los servicios públicos se cargó la factura del rescate bancario, tanto los gobiernos centrales como los de sus diferentes autonomías, aprobaron una serie de recortes sanitarios que debilitaron el sistema y lo dejaron desnudo. Esos recortes son la principal razón de la enorme dificultad que hoy encuentra el personal sanitario a la hora de afrontar, entre otras cosas, esta grave crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.

¿Dónde hicieron una mayor mella los recortes en la Sanidad Pública?

Los recortes en la Sanidad Pública se centraron principalmente en financiación y presupuestos, personal, tasas y copagos, prestaciones y privatizaciones.

Aunque no fue homogénea, la disminución en los presupuestos fue la tónica general en todas las CCAA. Esta decisión indica de manera clara la voluntad política de las administraciones y contradicen globalmente las promesas de mantener la garantía de un servicio sanitario público de calidad.

En relación al personal, en todas las CCAA se lleva produciendo desde hace años una tendencia a disminuir las plantillas, recortándolas y restringiendo las suplencias y la cobertura de vacantes que se producen por motivos naturales (traslados, jubilaciones, incapacidades, fallecimientos).

La introducción de tasas y/o copagos supone otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de aquella población considerada más vulnerable y con menos ingresos.

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También se han ido produciendo en todo este tiempo cierres de centros, plantas, quirófanos, disminución de guardias, especialmente en Cataluña, donde las medidas de recortes han sido generalizadas. En otras CCAA se han reducido los quirófanos de tarde (Galicia, Canarias, Valencia) y guardias (Galicia).

Ha habido una disminución de la atención radiológica en Galicia mediante la puesta en funcionamiento de un anillo radiológico, que supone la supresión del radiólogo de presencia física en las urgencias de los hospitales comarcales. También en Galicia se ha producido una disminución del servicio de ambulancia. En Madrid, los nuevos hospitales también carecen de servicio de radiología, que se ha concentrado en un único centro.

La crisis fue aprovechada para fomentar la privatización de los servicios sanitarios públicos. En algunas CCAA se han incrementado los conciertos y las externalizaciones al sector privado. Un caso notorio es Canarias donde el 40% de las camas son privadas y atienden al 37,5% de los procesos agudos financiados públicamente.

Se propiciaron iniciativas de financiación privada para la construcción de centros sanitarios, ya no sólo de hospitales sino también de centros de salud.

El aumento de las privatizaciones, siguió un patrón irregular tanto en las fórmulas adoptadas como en la intensidad del proceso, dependiendo de las CCAA. Castilla La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos preocupantes en las demás CCAA. Resulta incomprensible desde el punto de vista argumental que se incrementen las privatizaciones, que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público. Sin embargo, la explicación es muy sencilla ya que convirtieron la Sanidad Pública en una gran fuente de negocio y corruptelas.

Los principales recortes vinieron en los ámbitos de salud pública y en atención primaria. Pero ha sido en los hospitales donde más se ha recortado en profesionales. En el caso de Madrid, el lugar donde la pandemia más se ha cebado, el número de hospitales públicos es de 33 y 50 privados. Una de las políticas más destacadas del PP en el gobierno de la región desde 2010 ha sido la privatización constante de sus centros hospitalarios, lo que han venido denominando como “libre elección” de los pacientes, y que no ha hecho más que engordar los bolsillos de las compañías que los gestionan. De esta forma, de los 33 hospitales públicos, de los cuales cinco tienen una gestión privada, sus tratamientos son hasta 6 veces más caros para las arcas públicas.

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ALGUNAS CIFRAS Y DATOS QUE DEMUESTRAN EL ESTADO ACTUAL DE LA SANIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO ESPAÑOL

GASTO SANITARIO:

* Francia y Alemania rozan el 12% del PIB destinado a políticas sanitarias mientras que España e Italia destinan un 8,8% de su Producto Interior Bruto a sanidad. Es decir, España destina a Sanidad el mismo porcentaje del Producto Interior Bruto que hace una década.

* El Estado Español tiene el triste honor de tener el gasto sanitario por habitante más bajo entre los países europeos con mayor número de casos. El sistema español destina 188 euros menos por año y por habitante que la sanidad italiana y 321 euros menos que la alemana.

CAMAS:

*Las diferencias más abrumadoras se plasman en el número de camas por habitante, es decir, en la capacidad de atender a todo tipo de pacientes en el sistema. Solo seis países están por debajo de España en este ránking, en el que España se sitúa con 297 camas por cada cien mil habitantes 244 plazas por debajo de la Unión Europea. Y lo que es peor, en las Unidades de Cuidados Intensivos para tratamiento de pacientes agudos, en los que hoy se trata la inmensa mayoría de casos de coronavirus, el Estado Español cuenta con 243 plazas de este tipo por cada cien mil habitantes. Menos, en términos absolutos, de las camas con las que contaba antes de los recortes económicos. Alemania, que a fecha de 26 de marzo tenía 16.000 casos menos de covid19 que España, cuenta con la capacidad de disponer de 602 camas de cuidados intensivos y pacientes agudos por cada cien mil habitantes.

PERSONAL:

* En cuanto a personal, las cifras publicadas por la OCDE muestran que España está cerca de los países de su entorno en cuanto a número de doctores y doctoras por cada mil habitantes, pero muy lejos en personal de enfermería. En Alemania hay 12,63 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que en España hay solo 5,74 trabajadores de enfermería.

España, además, está muy alejada de la ratio de personal de enfermería respecto al número de médicos y médicas: en la actualidad hay 1,5 enfermeros por doctor. La media de la OCDE es 2,7 y países como Alemania y Francia superan la proporción de tres enfermeras por cada doctora.


Conforme van transcurriendo los días empezamos a asistir a una serie de acusaciones y descalificaciones de los partidos de la oposición acerca de la gestión de esta pandemia por parte del actual gobierno de coaliciónSin embargo, hay que recordarles que tras lo sucedido en estos últimos años en algo tan sensible como es la salud pública, donde lo que prevaleció fue el negocio frente a las verdaderas necesidades, las responsabilidades se las deberían repartir fundamentalmente quienes durante varias legislaturas gobernaron el país y fueron parte de todo ese entramado. Tanto el PP como el PSOE, no solo de la administración central sino también los autonómicos, apostaron por una política de liberalización, en ocasiones encubierta bajo el argumento falso de que lo único que se estaba privatizando en los centros sanitarios españoles era su gestión, no la titularidad que, según nos decían, seguía perteneciendo al Estado. En realidad tras ese argumento se escondía el auténtico objetivo: trocear la sanidad pública, venderla por parcelas y hacer negocio con ella.

Con los años, la privatización no sólo ha alcanzado a la gestión de algunos servicios médicos mediante subcontratas con empresas privadas, sino a todas las parcelas y departamentos, hasta el punto de que España se ha desprendido de buena parte de su patrimonio sanitario, que ha terminado en manos de empresas particulares. Se ha demostrado tristemente que los recortes matan, tal y como en su día mucha gente denunciaba en las calles. Ya no valen promesas ni bonitas palabras, hacen falta hechos. Por eso, cuando acabe esta verdadera “pesadilla”, se torna más importante y acuciante que nunca seguir saliendo a la calle a defender un derecho universal como lo es la Sanidad Pública.

El coronavirus ha llenado aún más de razones las movilizaciones de l@s trabajador@s y usuarios de la sanidad de los últimos años, como la Marea Blanca. Unas luchas que es necesario reactivar para poder conquistar una Sanidad Pública Universal y de calidad, que recupere los hospitales y servicios médicos privatizados, acabe con las externalizaciones y subcontrataciones y ponga el sistema sanitario bajo la gestión de l@s trabajador@s y usuarios. En definitiva, hay que exigir que restituyan todo lo que se le robó a la Sanidad Pública estos años atrás para el lucro de otros. Hay que poner fin al negocio de los mercaderes de la salud, unificando toda la sanidad en un solo sistema 100% público y universal.