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La crisis económica que estalló en 2008 sacudió como un movimiento tectónico la antigua estabilidad social en el Estado Español.

Por: Juan Ramos, para Correo Internacional, noviembre de 2019

La burbuja especulativa inmobiliaria se pinchó, y la economía española que se apoyaba en ella (enormemente endeudada con los bancos europeos), entró en colapso, que se combinó con la recesión económica mundial. Más de dos millones de puestos de trabajo se destruyeron entre 2011 y 2013, la pobreza se disparó y las familias tuvieron que ajustar sus gastos fuertemente. Ha habido 400.000 desahucios desde aquella fecha.

La población trabajadora sentía el latigazo de la crisis, mientras quienes eran responsables se habían hecho de oro. Algunos casos han quedado grabados en la memoria colectiva: 86 directivos de Bankia se embolsaron 15,5 millones de euros de la entidad como un ingreso (opaco a Hacienda) añadido a sus ya abultados sueldos (la retribución “normal” de Miguel Blesa, el presidente de Bankia, había sido de 20 millones de euros en 8 años).

Mientras la población sufría, el Rey Juan Carlos se iba a África de safari para cazar elefantes, algo que se conoció casualmente porque el monarca se rompió la cadera. O, llegando al colmo del sinsentido, los gobiernos autonómicos y locales habían impulsado grandes infraestructuras absolutamente inútiles para beneficio de sus amigos de las grandes empresas constructoras; como el célebre aeropuerto sin aviones de Castellón.

Los gobiernos que se sucedieron, del PSOE con el “socialdemócrata” Zapatero y del PP con Rajoy aplicaron las mismas recetas neoliberales para “salir de la crisis”. 100.000 millones de euros se dedicaron a rescatar a los bancos que habían causado el “crack”, a la vez que recortaban 20.000 millones a sanidad y educación públicas. Tanto uno como otro realizaron reformas laborales que han llevado hoy a una precariedad laboral antes desconocida. Ambos atacaron las pensiones públicas. Y reformaron por “vía express” la Constitución, intocable desde 1978, para establecer la primacía absoluta del pago de la deuda a los acreedores (principalmente los grandes bancos españoles, franceses y alemanes) sobre cualquier derecho social. De nuevo, el capital financiero ganaba.

El impacto de la crisis económica en la confianza popular hacia las instituciones

Esta situación que describimos llevó a un profundo cuestionamiento de las instituciones políticas que nos gobernaban y con las cuales los ricos se habían hecho más ricos a costa de la clase trabajadora y del empobrecimiento de las clases medias. Especialmente fueron cuestionados los partidos políticos y el sistema electoral.

Por una parte, el sistema electoral establecido en 1978 había dejado todo “atado y bien atado” sin siquiera respetar el viejo principio democrático-burgués de “una persona un voto” [1]. Por el contrario, privilegia las circunscripciones rurales (más conservadoras), sobre las urbanas (de mayor concentración obrera). Y dentro de cada circunscripción se privilegia a los partidos grandes sobre los más pequeños. De esa manera, por ejemplo, en elecciones generales de 2015, a la candidatura de Unidad Popular–Izquierda Unida cada diputado le costó 461.553 votos, mientras que al PP 9Partido Popular) de Rajoy le costaron sólo 58.663 votos.

Sobre todo, el descrédito vino por la salida a la luz de numerosísimos casos de corrupción. Desde el año 2.000, ha habido más de 2.000 casos de corrupción a lo largo y ancho del Estado. El PP se ha visto especialmente involucrado, llegando a ser condenado judicialmente como tal partido por su financiación ilegal. Desde la época del ex ministro franquista Manuel Fraga hasta Rajoy, todos los tesoreros del partido han sido imputados. Cuatro presidentes/as de la Comunidad de Madrid también están envueltos en casos de corrupción.

Los casos de corrupción, por lo general, han estado relacionados con negocios inmobiliarios o bancarios… justo los sectores que más se beneficiaron económicamente y contribuyeron especialmente a la crisis.

Aparte de la corrupción ilegal, hay otra legal, que se da a la luz del día, que muestra la relación entre los gobiernos y los grandes capitalistas de la banca o el ladrillo. Son las llamadas “puertas giratorias”, por las que los políticos, como premio a sus buenos servicios, terminan sistemáticamente colocados en los consejos de administración de grandes empresas. Para no hacer una lista eterna, mencionaremos únicamente que el ex-Presidente Felipe González (PSOE) terminó como consejero de Gas Natural y el ex-Presidente Aznar (PP) en Endesa.

Conociendo todo esto no es de extrañar, que según las encuestas, “los políticos” fueran (también actualmente) la segunda mayor preocupación de la población, sólo por detrás del desempleo. En las numerosas movilizaciones, los cánticos más coreados eran sistemáticamente “no nos representan”, “PSOE, PP, la misma mierda es” o tratar a los gobernantes de “chorizos” (ladrones).

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Capítulo aparte necesitan otras dos grandes expresiones de la crisis institucional. La primera sería la Monarquía. Además de la célebre “cacería africana”, la familia real se vio envuelta en casos de corrupción, estando el yerno del Rey actualmente en prisión. El descrédito fue tan grande que de forma inédita, el Rey Juan Carlos se vio obligado a abdicar en su hijo para intentar lavar la imagen de la institución.

Pero la gran crisis institucional la encontramos alrededor de Cataluña. España, históricamente se ha construido alrededor de la nacionalidad castellana, pero jamás logró integrar a otros pueblos como Cataluña, Euskal Herria o Galicia. De una forma distinta, otros territorios también tienen consideración de “nacionalidades” como Andalucía o el País Valenciano.

El franquismo intentó solventar este “problema” negando a sangre y fuego la diversidad nacional. España era “una, grande y libre”. Además de las organizaciones obreras, los partidos y sindicatos nacionalistas fueron literalmente exterminados, cualquier expresión cultural propia de los territorios era perseguida duramente, incluido el uso de los idiomas propios. Hasta se obligó a españolizar los nombres…

La decadencia de la dictadura franquista vino marcada por un fuerte ascenso del movimiento obrero, pero también por la explosión social de las nacionalidades oprimidas. La transición intentó un nuevo encaje, permitiendo un cierto grado de autonomía en el marco legal de las “Comunidades Autónomas”, eso sí, diluyendo a las nacionalidades entre otros territorios sin ninguna realidad nacional propia.

Durante decenas de años, con mayor o menor tensión según el momento y el lugar, ese encaje se mantuvo. Pero la crisis voló la estabilidad en Cataluña. A lo largo de los años, especialmente desde 2012, la situación ha ido calentándose, movilizando de manera continuada a millones de catalanes. Como colofón del proceso soberanista, el 1 de octubre de 2017 se realizó un referéndum de autodeterminación, en el que a pesar de que miles de policías traídos de todo el Estado apalearon a los votantes, hubo más de dos millones de votos por la independencia, con mayor participación que en otras muchos referéndums legales.

A raíz de ello, y a pesar de que el gobierno catalán traicionó la voluntad popular proclamando la independencia para suspenderla exactamente 8 segundos después, el Estado encarceló al Govern {gobierno catalán] y de forma inédita desde la Transición intervino la autonomía catalana. La represión es desde entonces algo cotidiano, con episodios como el reciente encarcelamiento de varios activistas sociales bajo la acusación de “terrorismo”.

Auge y caída de Podemos

Del PSOE, ya hemos explicado que es una parte estructural central del régimen monárquico. En los primeros años de la crisis, a su izquierda encontrábamos a la coalición Izquierda Unida (basada en el viejo PCE), a su vez perfectamente integrada. El famoso grupo promotor de Podemos, al estudiar la incapacidad de Izquierda Unida de acoger la ola de indignación, se decidió a lanzar el nuevo partido morado. Para su lanzamiento se valieron de la vital asistencia de Izquierda Anticapitalista, el partido “mandelista” del Estado Español.

Podemos supo conectar con la ola de indignación social que recorría el país en aquellos momentos y que tenía como origen el 15M (el movimiento de los indignados) y las Mareas en defensa de los servicios públicos que le siguieron. Con un discurso que impugnaba eso que “llaman democracia y no lo es”, tachaba a todos los partidos burgueses de ser parte de la “casta” y levantaba una lista de propuestas radicales. Sin embargo, era una apuesta abiertamente electoralista limitada a lo institucional. La fiebre tardó en pasar lo que tardaron en llegar a los límites que les marcaba el Régimen.

Pasaron de denunciar a la “casta”, a marcar como su objetivo político principal entrar como ministros en un gobierno del PSOE. Iglesias pasó de hacer gala de “vivir como la gente” en barrios obreros, a mudarse a un exclusivo chalet de 600.000€. Pasaron de ser republicanos a pedir al Rey que interceda por ellos. Pasaron de defender un referéndum para Cataluña a llamar a acatar el encarcelamiento de los dirigentes independentistas.

Por el camino el partido se desgajó, aunque siempre hacia la derecha. El carácter altivo y arrogante de los intelectuales del núcleo de dirección ha convertido la historia de Podemos en una constante convulsión interna, un constante chorreo de dimisiones y peleas resueltas a golpe de decreto. Peleas internas rara vez marcadas por debates políticos de fondo, sino más bien lo que popularmente se conoce como “lucha de sillones”. Prácticamente ninguna tendencia progresiva salió del proceso, a no ser pequeños grupos.

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Los “Anticapitalistas”, el grupo mandelista que disolvió su partido para convertirse en una tendencia interna, a pesar del brutal viraje de Podemos, sigue plácidamente establecido en su seno, jugando su papel de “tapón por la izquierda” a las rupturas, a cambio de encajarse en el aparato del partido. Poco a poco, la formación morada ha ido perdiendo apoyos electorales, a la vez que los recuperaba el PSOE, a quien le han hecho campaña sistemática tratándolo como el “hermano mayor” necesario para conformar un “gobierno progresista”.

A su derecha, y como colofón de la crisis interna de Podemos, ha aparecido “Más País”, el partido de Íñigo Errejón, antiguo número dos de Pablo Iglesias. “Más País” aparece con el leitmotiv de aupar al PSOE al gobierno gratis, presentándose como la izquierda “responsable”, contrapuesta a la”intransigencia” de Iglesias. Es decir, barriendo las últimas objeciones que Podemos aún levanta frente al Partido Socialista. La apuesta de Errejón es un misil directo a Podemos, tratando de liquidarlo y reintegrarlo en el PSOE, y con ello, en la “respetabilidad completa” del Régimen.

Sea este o no su último capítulo, Podemos, que nació proclamándose heredero político del 15M, fue su sepulturero. Su balance fundamental ha sido ayudar en la canalización de la indignación social de vuelta a las instituciones. Esas instituciones que sufrían una grave crisis de legitimidad, y que Podemos logró reverdecer. Se pasó de la movilización a la papeleta de voto. De “rodear el Congreso” a aplaudirlo.

Como de manera perspicaz escribió su portavoz parlamentario entonces, extrañado por la visceral reacción de sectores de la derecha ante su entrada al Congreso de los Diputados: lo que hacía daño a la institución no era que ellos hubieran entrado, sino que “hubiera tanta gente desilusionada fuera”.

La “izquierda radical”

Lo que podríamos calificar como “izquierda radical” en el Estado Español ha estado compuesta desde la Transición por pequeños grupos. Podríamos pensar que tras 11 años de crisis económica e inestabilidad institucional, se habría dado un salto en su extensión. Pero la verdad es la contraria, en lo que se ha avanzado, por lo general, ha sido en la integración institucional.

Las izquierdas abertzale vasca y catalana, si bien no las podíamos calificar como extrema izquierda, al menos sí eran organizaciones anti-Régimen. Sin embargo, en los momentos de mayor dificultad, han respondido alineándose tras él. En el País Vasco (Euskal Herria), tras cerrarse definitivamente el conflicto armado que marcó la realidad durante 40 años, Bildu se ha convertido en un eficiente gestor de las instituciones locales o autonómicas y ha redefinido su estrategia alrededor de la búsqueda de la alianza con el Partido Nacionalista Vasco, el sumiso representante de la burguesía vasca.

En Cataluña, la CUP con distintas corrientes en su seno y, a diferencia de Bildu, sin responsabilidades de gobierno más allá de algunos ayuntamientos menores, ha sido incapaz de romper políticamente con la dirección independentista oficial, de la que aparece como su ala izquierda. No han denunciado que JxCAT y ERC, los partidos en el gobierno de la Generalitat, traicionaron el referéndum porque su objetivo no era otro que forzar una negociación con el régimen. Y nunca han dejado claro que será imposible la autodeterminación mientras la actual dirección independentista esté a la cabeza, ya que esta no quiere una insurrección popular ni nada que le aleje de los gobiernos de la UE.

Como ya hemos mencionado, Izquierda Anticapitalista, los miembros españoles del Secretariado Unificado-Cuarta Internacional;, herederos de la histórica LCR, son parte estructural de Podemos, en forma de tendencia interna llamada “Anticapitalistas”. Disolvieron su partido, y con ello, liquidaron definitivamente su proyecto revolucionario. Gobiernan la ciudad andaluza de Cádiz, donde en nada se les distingue de la gestión llevada a cabo por otros ayuntamientos ligados a Podemos. Algunos otros grupos menores se disolvieron en Anticapitalistas o la CUP, o se supeditaron estratégicamente a ellos.

Corriente Roja conseguimos superar con éxito el tsunami que representó el fenómeno Podemos, pero continuamos siendo una organización de tamaño muy modesto, aunque hayamos dado pasos adelante en nuestra inserción en la clase trabajadora. En las elecciones europeas de 2019 obtuvimos 9.812 votos. Hemos avanzado, pero a nuestra capacidad de influir políticamente en la clase trabajadora y la juventud sigue siendo todavía muy pequeña.

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El “sindicalismo alternativo”

Los años álgidos de movilización de este período fueron conocidos internacionalmente por la explosión del 15M, pero también hubo otra serie de movilizaciones de gran relevancia. Hablamos de las huelgas generales, donde la presión de la base y el sindicalismo alternativo jugaron un papel fundamental.

De la huelga minera y de la Marcha Negra, que recibió una intensa solidaridad mientras los mineros se defendían contundentemente de la violencia represiva de las unidades antidisturbios. De las Marchas de la Dignidad, que con un programa encabezado por el no pago de la deuda y la derogación de las reformas laborales reunieron a decenas de miles de personas en Madrid. Del “Rodea el Congreso”, que apuntaba al corazón del sistema parlamentario del Régimen. De las mareas blancas y verdes, en defensa de la sanidad o la educación.

Al calor de esas movilizaciones, y de las miles de luchas contra despidos, privatizaciones, etc… el papel de CCOO y UGT quedó al descubierto. Como parte del Régimen que son hoy sus aparatos, se vieron arrastrados por el descrédito, perdiendo miles de delegados sindicales. Así, hoy en día no tienen mayoría sindical ni en Galicia ni en Euskal Herria, zonas donde sindicatos de corte nacionalista los superan en implantación. Tampoco en sectores importantes como el transporte. El sindicato CGT, de ya remota matriz anarquista, también se vio beneficiado del descrédito de CCOO-UGT.

Tuvo lugar una amplia dispersión sindical compuesta por sindicatos territoriales, de sector o incluso de empresa. En general, esas rupturas fueron hacia la izquierda, buscando posiciones más comprometidas con la lucha. En ese contexto, a partir de una ruptura antiburocrática de CCOO, se desarrolló el sindicato de Comisiones de Base (Co.bas) que, a diferencia de los otros sindicatos menores, no se autoproclamó sino que levantó una orientación estratégica de reagrupamiento sindical hacia una Central Única de Trabajadores combativa y con democracia obrera.

En Corriente Roja nos implicamos activamente en el impulso de Co.bas, desde el respeto a su autonomía y pluralidad, justamente por el papel que puede jugar en la reorganización de la clase trabajadora y en su movilización. Co.bas es también un sindicato humilde que, a fuerza de una propuesta sindical combativa y democrática, ha logrado una implantación significativa en sectores laborales de Madrid, Cataluña, Canarias o Andalucía y ahora en Aragón, tras su reciente fusión con la Intersindical, un sindicato implantado en importantes empresas metalúrgicas de la región.

Sabemos que lo político y lo sindical están intercomunicados, pero no son – ni mucho menos- lo mismo. También sabemos que la movilización y la organización de la clase trabajadora es el ingrediente principal de la Revolución. En el Estado Español hay un rico proceso en marcha, todavía molecular, de reorganización de la clase obrera. Ayudar a reconstruir un sindicalismo combativo, democrático y unitario, en condiciones de plantar cara a la burocracia sindical puede jugar un papel decisivo. Máxime, en un contexto en el que nubarrones de una nueva recesión económica preanuncian nuevas convulsiones, con el Régimen zarandeado por el conflicto catalán y aumentando sus grietas, mientras Podemos, por su decadencia, no va a poder ya desempeñar el papel de freno que jugó en el inmediato pasado.

[1] “Atado y bien atado” fue la frase que usó el dictador Franco para describir cómo había dejado la situación tras aprobar su sucesión al Rey Juan Carlos.

Artículo publicado originalmente en Correo Internacional n.° 22, noviembre de 2019.