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A comienzos del mes de febrero, la vicesecretaria general y portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, anunciaba que el gobierno estaba trabajando en la reforma del Código Penal y que la misma “incorporará como delito la exaltación del franquismo”«Exhumaremos a las víctimas que aún yacen en las fosas comunes, retiraremos la simbología franquista que aún queda en lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito», afirmó Adriana Lastra.

Por Corriente Roja

La medida es presentada como si de un gesto “progresista” se tratara. Contra el peligro de iniciativas como ésta se han levantado ya voces de varios/as juristas y diputados como Iñigo Errejón, que tildan la medida de “arma de doble filo”, de “boomerang”. Contestando a este último, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendía esta iniciativa en la que trabaja el gobierno, afirmando que “no cree que en Alemania se haya eliminado la libertad de expresión por el hecho de que hacer apología del nazismo sea delito”. ”En una sociedad democrática, lo normal es que la apología de una dictadura genocida esté penada por la ley”.

Lo que no dicen ni Lastra ni Echenique

En Alemania, en nombre de acabar con el “nazismo” se ilegalizó en octubre de 1945 al El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP en alemán) coloquialmente conocido como Partido Nazi. Lo que ni Echenique ni Lastra dicen es que aquella legislación permitía ilegalizar a los partidos que persiguieran perjudicar o eliminar “el orden liberal democrático” y/o “amenacen la existencia de la República Federal de Alemania”. Por eso al amparo de la misma ley que ilegalizó al Partido Nazi, apenas unos años después fue ilegalizado el Partido Comunista Alemán.

Al amparo de aquella ley en cuestión fueron promulgadas nuevas normativas como el llamado “Decreto de los radicales” bajo el gobierno de Willy Brandt. En el mismo se recogía que se debía garantizar la fidelidad al orden constitucional de todo aquel que ejerza una ocupación públicacon el fin de garantizar un buen desarrollo de la vida alemana”Miles de personas eran así rechazadas para trabajar como funcionarios o empleados públicos si los servicios secretos alemanes los caracterizaban como “peligrosas” por pertenecer a una organización comunista.

La prensa se hacía eco a finales del 2016 de noticias como ésta: Una ley prohíbe a comunistas ejercer profesiones públicas en Alemania”. La Ley sigue vigente y existen varios casos en los que la justicia ha dado la razón a varios afectados”. Es el caso de la maestra Dorothea Voigt, suspendida de su trabajo como docente por pertenecer a una organización comunista. En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en su favor, declarando que “Alemania había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales garantizan la libertad de opinión y reunión”.

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Los precedentes en el Estado español

El 21 de febrero de 1992, entraba en vigor la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la “Ley Corcuera” en honor de José Luis Corcuera ministro de Interior entre 1988 y 1993 durante el Gobierno de Felipe González.  La “Ley Corcuera”, fue popularmente conocida como ‘la patada en la puerta’. En un momento donde las drogas seguían haciendo estragos en las barriadas obreras y en nombre de luchar contra el tráfico de drogas, el Gobierno socialista, con el apoyo de Convergencia i Unió (CiU) y PNV, estableció la citada ley que permitía que la policía entrara en una casa sin la autorización de un juez.

En nombre de la “lucha antiterrorista”, del “derecho al trabajo” o la “libertad individual” bajo un gobierno del PSOE, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, de reforma del Código Penal, convertía su Art. 315.3 en un arma contra las huelgas y los piquetes obreros (Valenciana de Aluminios Baux de Segorbe-Castellón, los ocho de Airbús de la factoría de Getafe, más de 300 sindicalistas procesados, etc…)

El 27 de junio del 2002 era aprobada, con los votos de PP, PSOE y CiU, la Ley de Partidos. La citada Ley se justificó en nombre de la lucha antiterrorista para impedir «que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas…« En nombre de «la lucha «antiterrorista» se pasó así a perseguir delitos de opinión. Lizquierda abertzale fue ilegalizada y cualquier opinión condenatoria de esta política represiva del Estado situaba a la organización que la emitiera en «el entorno del terrorismo».

Una prueba de ello fueron las Elecciones Europeas del 2009, donde la candidatura de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SPde la que participamos e impulsamos entre otros Corriente Roja fue ilegalizada. Solo la tenacidad y el escándalo internacional y mediático forzó a que el Tribunal Constitucional anulara la decisión del Supremo y la candidatura fuera reconocida el mismo día en que se iniciaban las elecciones, para indignación del entonces ministro de Interior, el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, que tanto empeño puso en ilegalizarnos.

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Sobre esos continuos recortes han cabalgado los gobiernos del PP hasta la actual y vigente Ley Mordaza, que pese al rechazo en su día de toda la oposición sigue vigente.

Las leyes que se vuelven contra los derechos democráticos más elementales

Toda la experiencia histórica atestigua que cualquier restricción a la democracia en una sociedad burguesa se acaba volviendo en última instancia contra los trabajadores/as, la juventud y los oprimidos/as. Si eso es así en general, con mucha más razón si se trata de un régimen monárquico, como éste, repleto de jueces franquistas, donde convocar un referéndum te puede costar la cárcel o el apaleamiento y donde los franquistas campan a sus anchas fuera y dentro de las instituciones del Estado.

Sin duda que hay que mantener una lucha incansable contra toda apología del franquismo pero no a base de otorgar esa tarea al puño represivo del estado monárquico, burgués y repleto de jueces franquistas. Esa tarea hay que librarla desde las propias organizaciones de los trabajadores/as, las mujeres, la juventud, las/os oprimidos.

Refiriéndose al intento de imponer una Ley contra “la prensa reaccionaria” en México, escribía Trotski en 1938: “Hoy, el estado puede aparecer como bondadosamente dispuesto hacia las organizaciones obreras; mañana el gobierno puede caer y caerá inevitablemente en manos de los elementos más reaccionarios de la burguesía. En ese caso, cualquier legislación restrictiva que exista será lanzada contra los obreros. Sólo aventureros que no piensan más que en las necesidades del momento serían incapaces de tener en cuenta este peligro”.

Y reiteraba con más ímpetu y pasión: “Sólo los ciegos o los débiles mentales podrían pensar que como resultado de la prohibición de la prensa reaccionaria los obreros y campesinos se librarán de la influencia de ideas reaccionarias. En realidad, sólo la mayor libertad de expresión, de prensa y de reunión pueden crear las condiciones favorables para el avance del movimiento revolucionario de la clase obrera. (…) Es esencial emprender una incansable lucha contra la prensa reaccionaria. Pero los obreros no pueden permitir que el puño represivo del estado burgués sustituya la lucha que ellos libran mediante sus propias organizaciones y su propia prensa… El modo más efectivo de combatir la prensa burguesa es extender la prensa de la clase obrera.”

Más derechos democráticos y menos mordazas

Es de entender que cuando alguien, con dos dedos de frente y un mínimo de dignidad, escucha a un canalla como el Secretario General de Vox, Javier Ortega-Smith, hablar de las 13 Rosas, no solo le asalte la indignación sino que se predisponga a apoyar toda medida que prometa que el citado indeseable no volverá a abrir la boca de forma impune. Pero de poco sirve una ley que lejos de ser un arma útil acabe siendo un instrumento con el que meterte un tiro en tu propio pie.

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El modo de combatir la apología del franquismo y a los franquistas mismo no es estableciendo más mordazas y prohibiciones como la que ahora se propone, sino extendiendo los derechos democráticos y garantizando medios materiales para combatir realmente al franquismo.

Por ejemplo, garantizando desde ya ¡dinero y apoyo material suficiente! para sacar de las cunetas a los miles de asesinados por el franquismo y restituir los derechos y bienes robados a su familiares. Acabar con las calles y simbología franquista que 80 años después sigue estando omnipresente en todo el “territorio patrio”. ¿Por qué en lugar de más mordazas no se dedican a depurar la judicatura de jueces franquistas? ¿Por qué un torturador como Antonio González Pacheco (Billy el Niño) sigue campando a sus anchas y gozando de sus condecoraciones remuneradas? ¿O por qué el asesino confeso de nuestra compañera Yolanda González, Emilio Hellín Moro, ha trabajado y trabaja para los Cuerpos de Seguridad del Estado al amparo de gobierno del PSOE y del PP? La mayor apología del franquismo es que el Estado siga cerrando los ojos ante casos como estos.

La enmienda Lastra-Echenique al Código Penal que el nuevo gobierno pretende aprobar es un intento de acallar la justa indignación que crece cada vez que los franquistas con VOX o sin ellos, abren la boca, pero será, de prosperar, un arma en manos de la reacción y el franquismo contra la clase obrera, y los/as oprimidos.