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En medio del juicio farsa contra los dirigentes independentistas catalanes, Madrid acogió la manifestación del 16 de marzo bajo el lema “La autodeterminación no es delito” y “No hay democracia sin derecho a decidir”. Fue todo un éxito del soberanismo, con más de 50.000 asistentes, superando en participación a la concentración del trío ultra-derechista en Colón.

Por Corrent Roig

Pero el éxito de la manifestación fue ante todo por la masiva presencia catalana. Brillaron por su ausencia los principales partidos de la izquierda estatal, Podemos e Izquierda Unida, que se negaron a participar. Ante el temor a que les acusen de ser “socios del independentismo” y a perder votos, cedieron cobardemente a la presión españolista de la derecha y del PSOE. La posición de Podemos e IU muestra su integración en el régimen monárquico, del que se han convertido en el ala izquierda.

Junto a algunas organizaciones de Euskal Herria, Galicia o Andalucía, solo fuerzas estatales minoritarias como Corriente Roja apoyamos y participamos en la manifestación. Para nosotr@s, defender a los presos políticos catalanes es una obligación elemental de todos los que defendemos las libertades democráticas. Denunciar el juicio farsa es enfrentarse a la impunidad policial del 1-O, repudiar la arbitrariedad del aparato judicial franquista y unir fuerzas frente a la Monarquía del “A por ellos”. Teniendo claro, al mismo tiempo, que defender la libertad de los presos políticos catalanes no significa darles apoyo político o compartir su actuación. No en vano, fueron ellos quienes llamaron a la desmovilización popular tras el 1 de Octubre, cuando la victoria estaba al alcance de la mano. Del mismo modo que varios de ellos formaban parte del gobierno de la Generalitat cuando Artur Mas era el campeón de los recortes.

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El problema más grande es justamente la falta de una respuesta clara desde la izquierda y desde el movimiento obrero ante esta ofensiva del régimen monárquico para castigar a los más de dos millones de catalanes que fueron a votar el 1-O y para dejar claro que no están dispuestos a ceder bajo ningún concepto en el derecho a decidir que defiende el 80% de catalanes.

Lo que el juicio farsa está sacando a relucir

El juicio está mostrando dos cosas. La primera es que se trata de un montaje judicial descarado para dictar una sentencia ejemplar y vengativa ya decidida de antemano. La segunda es que el juicio está desvelando lo que ya era una evidencia desde días después del referéndum: que los dirigentes independentistas nunca quisieron ir más allá de la presión al Estado para una negociación, que nunca pretendieron proclamar la República Catalana y, menos aún, defenderla. Que, como reconoció la exconsellera Clara Ponsatí: “jugábamos al póker y lo hacíamos de farol”. Que al final, le tuvieron más miedo a una movilización popular descontrolada decidida a defender el resultado del referéndum, que a la represión del Estado.

Las declaraciones judiciales del mayor Trapero han sido demoledoras. No cabe duda que Puigdemont y Junqueras tenían muy clara la posición de los jefes de los Mossos. Tal como expresó Trapero: “Les dijimos que nosotros cumpliríamos las órdenes judiciales, que no se equivocaran; que el cuerpo no rompería nunca con la Constitución; que no acompañábamos el proyecto independentista y que estábamos molestos”. A lo que añadió que estaban listos para detener a Puigdemont y los consellers si así lo ordenaba el juez. ¿Alguien podía pensar en la independencia asumiendo estas condiciones?

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Los sectores más conscientes de la clase obrera han de asumir la tarea

En este panorama, es vital que los sectores más conscientes del movimiento obrero y de la juventud, a escala catalana y también estatal, tengamos claro que tenemos que ser los primeros en la lucha contra la represión. La clase obrera en vez de enfrentarnos entre nosotros, tenemos que luchar contra todo tipo de unión forzada y defender juntos el derecho a decidir, que es la base para una unión libre de pueblos libres, para una unión libre de repúblicas.