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El gobierno sudafricano acaba de adoptar dos líneas de ayuda. Para que la burguesía no vaya a la quiebra, liberó hasta $ 16,2 mil millones de dólares. Para los trabajadores liberó apenas 6 cuotas de $ 18 dólares. 

Por Yves Mwana Mayas / Cesar Neto

En la revolución del arco iris se salva a la burguesía y los pobres que nos la arreglemos.  

Sudáfrica, junto con Nigeria, son las economías más grandes del África subsahariana. En América Latina podemos compararlas con las economías de Argentina y Colombia. El producto interno bruto (PIB) de Sudáfrica en 2018 fue de $ 368.3 mil millones. Mientras tanto, Colombia y Argentina tuvieron un PIB de 331.0 y 519.9 mil millones de dólares, respectivamente. El PIB per cápita fue de $ 6.374,03 para Sudáfrica; 6.667, 79 para Colombia y 11.683,95 para Argentina.

Por lo tanto, Sudáfrica, al igual que Nigeria, no se corresponden con las imágenes de hambre que vemos en África. Sin embargo, aun así, la pobreza es gigantesca. Sudáfrica siempre ha sido el país más industrializado del África subsahariana y esto ha causado, y sigue causando, fuertes corrientes migratorias de sectores empobrecidos en África. Con el proceso de desindustrialización y reducción de la minería en las últimas décadas, Sudáfrica vio que la tasa de desempleo, antes de la crisis del coronavirus, alcanzó la astronómica cifra del 35%.

Al mismo tiempo, la concentración de la riqueza es escandalosa. Sólo el 10% de la población posee aproximadamente el 86% de la riqueza total del país, es decir, el 10% posee el 85,6% y el 90% restante posee apenas el 14,4%. Entre ese 10%, las 3.500 personas más ricas (0.01% de la población adulta), tienen más riqueza que los 32 millones más pobres.

¿Combatir la pobreza o combatir la riqueza? 

En las últimas dos décadas vimos surgir diversos gobiernos populistas de izquierda en África y especialmente en América Latina. Todos hablaron de combatir la pobreza y nunca hablaron de combatir la riqueza. Por lo tanto, las migajas del banquete burgués se distribuyeron entre los pobres y el banquete propiamente dicho siguió siendo controlado por la burguesía.

Estos gobiernos se autobautizaron con diferentes nombres: Revolución Bonita, Gobierno Democrático y Popular, Revolución del Arco Iris, de esa manera Chávez, Lula o Mandela nunca hablaron de una revolución anticapitalista.

En este ciclo actual de recesión económica mundial, combinado con la crisis del coronavirus, la situación de la clase trabajadora en estos países es dramática. En Venezuela, el hambre se arrastra desde hace más de 3 años, en las grandes ciudades brasileñas la muerte toca a la puerta de las casas de los trabajadores y en Sudáfrica[1] observamos las filas kilométricas para obtener comida.

Ante la recesión económica, el gobierno del CNA hace generosas concesiones a la burguesía. 

Ante la recesión económica mundial, los empresarios se movilizan en dos sentidos. Por un lado, quieren dinero del estado para salvar sus empresas y, por otro, exigen el fin del lockdown para que sus trabajadores y semi-esclavos puedan producir la riqueza que ellos necesitan.

El gobierno de Ramaphosa acaba de liberar hasta R300 mil millones o $ 16,2 mil millones para «ayudar a las empresas». Este beneficio, «canasta burguesía», puede ser reclamado por compañías que ganaron hasta R300 millones o US $ 16.2 millones. En este sentido, incluso empresas conocidas por su fortaleza económica recibieron esta ayuda, “grandes compañías de diversos sectores han solicitado rescate comercial, incluido el operador de carreras de caballos Phumelela Gaming and Leisure, la compañía de aviación del sector privado Comair  y la detallista Edcon, mientras que más de cuatro de cada 10 compañías formales temen no poder sobrevivir a la crisis, según una reciente investigación de Stats AS «[2]

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Según el sitio web de inversiones Market Screener, «Edcon enfrenta deudas desde hace varios años, luego de que los problemas en el negocio crediticio en 2014 coincidieran con una desaceleración económica. Bain Capital, que tomó el control de Edcon en una adquisición llevada a cabo en 2007, cedió en 2016, el control del patrimonio a los acreedores«[3]. El caso del grupo Edcon es uno entre tantos casos de compañías que ya estaban en dificultades económicas y usan el coronavirus y la cuarentena para obtener ventajas, recuperar y aumentar su propia riqueza. Edcon posee dos cadenas de tiendas de ropa, Edgars y Jet, que emplean a 14.000 trabajadores directos y 25.000 tercerizados.

Los préstamos serán realizados por bancos privados y el garante será el Estado sudafricano. ¿Qué pasa si los grupos económicos no pueden pagar a los bancos privados? No hay problema, debido a que existe un compromiso del gobierno sudafricano para comprar estas deudas impagables. Por lo tanto, las empresas podrán incumplir y los bancos tendrán la garantía de que no perderán nada, al contrario, al ser intermediarios de los préstamos obtendrán su cuota de ganancia.

Los trabajadores y el pueblo pobre: ¿cuántos recibirán? 

La pobreza en Sudáfrica es endémica, a tal punto que más de 17 millones de personas en el país sobreviven con subsidios sociales[4]. El monto desembolsado no es para nada significativo, pero sirve para dar a la burguesía dominante una apariencia de buena conciencia y de haber «ayudado» a los más vulnerables.

En 2016, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció la meta de erradicar la pobreza extrema para quienes viven por debajo de la línea de pobreza, situada hoy en39%, llevándola a cero para 2030.

El Ministro de Hacienda, Tito Mboweni, anunció en febrero de 2019 que, en 2019/2020, los subsidios sociales aumentarían de la siguiente manera[5]:

– Ancianos (mayores de 75 años): aumento de R1715 a R1800

– Veteranos de guerra: de R1715 a R1800

– Personas con discapacidades físicas: de R1695 a R1780

– Ayuda social: de R960 a R1000

– Dependientes de asistencia: de R1695 a 1780

– Manutención infantil: de R405 a R425

¿Es quizás de esta manera y con esta velocidad que el CNA tiene la intención de alcanzar su objetivo en 2030[6]?

El Covid-19, sólo empeoró una situación que ya era insostenible. Aparentemente, el gobierno está dispuesto a ayudar a todas estas personas, tal como lo ha hecho con las empresas. Aparentemente decimos, porque si bien el crédito para «salvar empresas en peligro» será de R300 mil millones de rand, para ayudar a las miles de familias desempleadas, directamente afectadas por el control y las medidas de cuarentena, son sólo R 50 mil millones.

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Mientras el gobierno ofrece garantías para el préstamo que las empresas recibirán de los bancos privados, el mismo gobierno no ha tomado medidas financieras para garantizar el pago de la renta de la población. Muchas familias recortan sus gastos para poder pagar el alquiler. Otras, intentan ponerse de acuerdo con sus arrendadores para considerar el monto impago como una deuda que pagarán después del Covid-19 y evitar así los desalojos que crecen todos los días, a pesar de que está prohibido en estos tiempos de cuarentena. Como resultado, después de covid-19, muchas familias terminarán con 2, 3, 4 meses de renta impaga, y tendrán que negociar sin ayuda financiera del Estado. La página del Covid-19 pasará para el pueblo, mientras que el gobierno supervisará cuidadosamente su acuerdo con la burguesía financiera en su política de rescate de la gran burguesía. Este es el llamado «gobierno del pueblo».

Trato inhumano a los refugiados. 

Sudáfrica durante dos décadas ha sido el destino de muchos africanos que buscan refugio o asilo. Ya sea que se les llame refugiados políticos o económicos, todos estos expatriados africanos llegan convencidos del sueño de liberación que Mandela les vendió; aquel por el que lucharon todos los africanos. Este país, cuya libertad se recuperó después de los esfuerzos de tantos extranjeros anónimos, se convirtió rápidamente en una pesadilla, donde los negros reproducen en otros africanos negros la discriminación y la xenofobia que sufrieron en el pasado y que derrotaron gracias al apoyo y la solidaridad de otros africanos Hoy, en tiempos de crisis, a su vez, emigran en busca de solidaridad.

Las repetidas oleadas de ataques xenófobos en los últimos años han obligado a la mayoría de los extranjeros africanos a vivir en barrios por encima de sus posibilidades financieras. Hasta el punto de que, cuando son sinceros, la mayoría reconoce que trabajan sólo para pagar el alquiler, siendo que esto les quita casi el 95% de sus salarios. En ocasión de la cuarentena, la medida de “ayuda” adoptada por el gobierno permite que los trabajadores sean pagados con su propio dinero que está vinculado a la UIF[7], y que es utilizado mensualmente por empleador para este propósito.

Curiosamente, para todos los extranjeros africanos que trabajan y tienen permisos de asilo, este derecho legal, reconocido a otros trabajadores, se les niega. Deben presentar un pasaporte con un permiso de trabajo para tener acceso a dicha ayuda. El escándalo radica en que el permiso de asilo es emitido por el gobierno y en el mismo está claramente escrito que el propietario «puede estudiar y trabajar». Es con este permiso que son contratados y mensualmente, como cualquier trabajador, contribuyen a la UIF. Por lo tanto, para recolectar la UIF, se requiere un documento un poco más simple, pero para recibir el beneficio, se requiere un documento completamente diferente, que no está siendo emitido por la agencia responsable, debido a la cuarentena pero que en general es extremadamente difícil de obtener.

Mientras tanto, el alquiler no se puede pagar y las familias se quedan sin comida. ¡Esta es la justicia burguesa, esta es la injusticia de clase!

¡El capitalismo mata! ¡Muerte al capitalismo! 

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Hoy más que nunca, además de la pandemia, el hambre y el desempleo, es el capitalismo el que debe ser combatido y suprimido. Este sistema que crea injusticia, confisca la riqueza producida por los trabajadores a través de «artificios normales» y concentra gran parte de la riqueza en manos de algunos especuladores. Y cuando lo consideran conveniente, crean la crisis financiera, la escasez de productos en el mercado, la inflación e incluso especulan y se benefician a costa de la salud y la muerte de millones de personas inocentes.

¿Cómo podemos aceptar este favorecimiento a la burguesía que se enriquece con la sobreexplotación de los trabajadores y el asalto al Estado, al mismo tiempo que las masas reciben migajas y solo cuentan con la solidaridad de sus hermanos de clase?

En este momento, las masas trabajadoras quieren y exigen un salario justo; la gente espera una redistribución justa del ingreso nacional, en lugar de las migajas de asistencia programada para mantenerlos presos del sistema.

Al concluir que la muerte de este capitalismo obsoleto es necesaria, es también una necesidad barrer a esos regímenes que sirven como amortiguadores para la lucha del pueblo organizado. Es necesario construir una organización política donde los trabajadores asuman su destino.

¡El capitalismo mata, muerte al capitalismo!

 

Traducción: Leonardo Arantes.

Notas:

[1] https://twitter.com/ABC/status/1262065356396470272?s=09

[2] [2] https://www.businesslive.co.za/bd/economy/2020-05-12-government-launches-r100bn-covid-19-loan-guarantee-scheme/

[3] https://www.marketscreener.com/PACKAGES-LIMITED-6492802/news/South-African-retailer-Edcon-to-file-for-bankruptcy-protection-30493705/

[4] https://www.vukuzenzele.gov.za/over-17-million-receive-social-grants

[5] https://www.sanews.gov.za/south-africa/increased-allocations-grants-education-and-health

[6] ¿Qué se puede comprar con esta ayuda social? Un kilo de carne cuesta más de 100 rand. Un paquete con 5 kg de arroz cuesta 180 y los boletos de transporte varían entre 10 y 20 rands por ruta o de 20 a 40 diarios, o 400 a 800 por mes. Además, la salud pública y estatal es casi nula y las universidades estatales son pagas.

[7] Es un valor que la empresa deduce mensualmente del salario de cada trabajador y es recaudado por el Estado. Normalmente, cuando se concluye un contrato, el trabajador tiene derecho a solicitar ese dinero y la cantidad máxima que se le puede devolver es equivalente a 8 meses de su salario. Sin embargo, durante esta cuarentena, el gobierno permite a las empresas reclamar parte de ese dinero y pagar a los trabajadores. Los solicitantes extranjeros no tienen este derecho, aunque el dinero se deduce de todos.