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Las sucesivas violaciones a la libertad de expresión y reunión, así como los recurrentes actos de persecución a todos aquellos que se rebelan contra el carácter dictatorial del régimen de José Eduardo dos Santos, motivaron en las últimas semanas tomas de posición de varios sectores que tratan de romper con el manto de silencio que cubre a Angola.

Ejemplo de eso es la reciente difusión de un video, en el cual varios activistas y personalidades ligadas al medio cultural angoleño y portugués (Kalaf, José Eduardo Agualusa, Ondjaki, Paulo Flores, Capicua o Filipe Melo) salieron a exigir la liberación de 15 jóvenes detenidos en Luanda, en el mes de junio  pasado.

Eso mismo se puede decir de la concentración junto al consulado de Angola en Lisboa, el pasado 17, en la que se reivindicaban la libertad para los demócratas apresados en Luanda y Cabinda. Y hay más pedidos de manifestación para los próximos días en Luanda, Uige y Berlín. A lo largo de este texto, trataremos de enunciar algunos de los últimos episodios de una saga que cuenta con la colaboración de amplios sectores del mapa político portugués y mundial.

Los tribunales son la policía política de José Eduardo dos Santos

La reciente prisión de 15 jóvenes activistas angoleños es uno de los últimos capítulos de ese largo historial de persecuciones políticas. La detención sucedió el 20 de junio pasado cuando estos jóvenes realizaban una acción de formación política, propuesta por el periodista Domingos Cruz.

Los tribunales angoleños se apresuraron a sustentar la legalidad de la detencióny a declarar que las actividades de los apresados representaba “un peligro para el orden público y para la seguridad del Estado”. Algunos activistas angoleños vieron en esta posición una demostración de la falta de independencia de los tribunales angoleños ante el poder político. Mientras tanto, Amnistía Internacional ya llegó al terreno a denunciar el carácter profundamente antidemocrático de esas detenciones.

Otro caso se refiere a la condena del periodista angoleño Rafael Marques por parte de los tribunales angoleños, a propósito de la publicación del libro “Diamantes de sangre”. En esa obra, son denunciados los abusos perpetrados por las empresas diamantíferas sobre las poblaciones de Lundas y de Cuango, que incluyen torturas y asesinatos. Siete generales angoleños, señalados en el libro como “cómplices” de tales crímenes, acusaron a Rafael Marques de “denuncia calumniosa” en el desarrollo del juzgamiento. Hubo un acuerdo con el periodista que aceptó la no reedición de su libro en suelo angoleño. Así y todo, el Ministerio Público no retiró la acusación y Rafael Marques fue condenado a una pena de seis meses (en suspenso).

Hay aún que mencionar la detención del abogado Arão Tempo, presidente del Consejo Provincial de Cabinda de la Orden de los Abogados de Angola. Este jurista estuvo dos meses bajo competencia de las autoridades policiales con la acusación de “sedición”. Los tribunales se basan en un viaje a la frontera con la República del Congo (ex Brazaville) donde Aarão Tempo habría contactado periodistas que, supuestamente, deberían asistir a una manifestación de protesta contra el gobierno de Luanda.

Con la colaboración del «arcos del poder»… y no sólo eso

A lo largo de los últimos años, la posición de Angola en la comunidad internacional se ha reforzado. Contribuyó  a eso el lugar destacado que ocupa en la producción de materias primas muy codiciadas en el mercado internacional (con el petróleo y los diamantes a la cabeza), a lo que se suma el fin de la guerra civil y la adhesión al multipartidismo y a una arquitectura institucional que la equipara a los regímenes que prevalece en occidente.

Angola ha sido vista como una especie de El Dorado en tierras africanas para aquellos que buscan trabajo huyendo de la crisis en Europa. Angola es, incluso hoy, considerada como una tierra de infinidad de oportunidades de negocio para las grandes corporaciones internacionales. Muchos ignoran, o fingen ignorar, la extrema pobreza y las flagrantes desigualdades sociales que prevalecen en la sociedad angoleña. Muchos ignoran, o fingen ignorar, los obscenos niveles de corrupción que alcanzan a todos los escalones de la jerarquía del Estado. Muchos ignoran, o fingen ignorar, las manifestaciones públicas de desagrado que genera la situación política y social en Angola.

Además, la imagen de Angola como “país en crecimiento” cae cuando se sabe que el ingreso fiscal cayó 50% en el primer semestre del 2015, en comparación con el período homólogo del 2014, por fuerza de la caída abrupta de los ingresos petroleros. De toda África, Angola es el país que más importa productos, al sur del Sahara. En lo que toca a la salud,  Angola tiene la vergonzosa proporción de 16 médicos por 100.000 habitantes [en Portugal, supera los 400; en Brasil, son 330, NdE].

Ante un Estado angoleño autoritario y corrupto, y un sistema judicial que se presenta como una especie de “policía política” del régimen de José Eduardo dos Santos, urge exigir que las instancias internacionales, siempre tan sensibles a los crímenes contra los derechos humanos, no se avergüenzan ante tales atentados. Eso se debe exigir de los partidos con representación parlamentaria, el Partido Comunista Portugués incluido, visto que, si exceptuamos al Bloque de Izquierda,  el resto se vuelca a una escandalosa connivencia, en lo que llaman “respeto por Angola”.

El MAS se solidariza con todas las iniciativas que, en Angola, en Portugal y en el mundo, han denunciado la corrupcióny la persecución política, perpetradas por el régimen de José Eduardo dos Santos.

Traducción Laura Sánchez

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