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5 meses después, la lucha continúa y demanda la solidaridad con el combativo SINTRACSA

Luego de haber ganado contra la demanda de cese colectivo tramitado por la patronal desde fines de octubre pasado, los obreros de Cogorno enfrentan esta vez un segundo pedido de cese que afecta a muchos más trabajadores.

Por PST-Perú

Pese a que la situación es difícil para cada uno de los despedidos por los cinco meses transcurridos privados de salarios, en especial para los dirigentes dedicados como Rony Mendoza, el SINTRACSA (nombre del sindicato que está en la pelea) realizó una asamblea donde reafirmó continuar su lucha en defensa del trabajo.

Con 90 años de trayectoria y habiendo construido un imperio económico que comprende una gama de productos con marcas conocidas y fabricadas en numerosas e inmensas plantas, el grupo familiar Cogorno paga mal a los que con dedicación y esfuerzo hicieron posible este éxito. Luego de fracasar en su primer intento de dejar en la calle a 71 trabajadores ahora hace otro con otros pretextos y comprendiendo a más trabajadores, pese a que en el camino cerca de un centenar fue forzado al retiro. Obtener más ganancia pisoteando derechos obreros es la “moral” de esta empresa: en realidad es la moral de todos los capitalistas.

Cuando hicieron su ingreso a la fábrica  con la expectativa de un futuro mejor, los obreros se hicieron de mujer, hijos y una serie de obligaciones. Pasados 20, 30 y hasta 40 años esas ilusiones no solo se desvanecieron, ahora pretende truncar su modesta vida arrojándolos a la calle.

El cese en Cogorno es un fraude

Cogorno presentó su solicitud de cese colectivo arguyendo “dificultades económicas”. Estaba tan seguro de su sustento que incluso dijo que se ceñiría escrupulosamente a la ley y que respetaría las decisiones de la autoridad de Trabajo. Sin embargo, la estabilidad de la empresa era -y es- tan evidente (meses antes había entregado utilidades y atendido la solución al pliego) que los asesores del sindicato se centraron en demandar pruebas, lo que por supuesto jamás obtuvieron. Lo que sí salió a luz fueron pruebas en su contra, como un burdo manejo financiero de la familia Cogorno: ésta le prestó 40 millones de dólares a su propia empresa para una millonaria inversión, a cambio se pagaba un interés de 3 millones de dólares por año, lo que originaba un “desbalance” financiero que era usado como pretexto para justificar ajustes como los despidos. Pretexto aún más absurdo, porque –como en casi todas las empresas– la planilla apenas representa el 2% de los costos de producción y los despidos no iban a resolver semejante “desbalance”.

Ante este descaro el MT tuvo que emitir una primera resolución en contra y a inicios de febrero ya era inminente una segunda y definitiva a favor del SINTRACSA. Es así que la empresa hace una maniobra burda: el 13 de febrero comunica a los afectados que se “desiste” del proceso y que mientras los reubicaba les otorgaba vacaciones adelantadas, con el fin de cortar el proceso que sabía perdido e iniciar otro, el que presentó el 28 de febrero. Una maniobra tan burda que ni siquiera se dignaron (hasta el cierre de esta edición) a devolverles los salarios que les adeudan.

Abuso sin límites permitido por la “ley”

Estamos pues ante lo siguiente: luego de cinco meses y habiendo ganado en el terreno planteado por la empresa, ahora los trabajadores son colocados ante esta nuevo despido. Se demuestra un abuso y se gana pero los trabajadores no son repuestos, ni menos resarcidos por el atropello como debería ser, y se los vuelve a despedir. Es un abuso sin límites. ¿Para qué ganaron si la resolución no se va a cumplir? ¿Para que existe proceso y resolución si no se va a acatar cuando desfavorece al patrón? Sin embargo la “ley” lo permite, permite incluso que la empresa pueda recurrir al mismo ardid varias veces, y en últimas judicializar el proceso solo para cansar a los afectados e imponer su despropósito. Esto digno de una novela de terror ocurre en Cogorno y en toda la clase obrera.

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En 2016 la poderosa Aceros Arequipa cerró su planta de Arequipa y concentró sus operaciones en Pisco. Un grupo obrero fue forzado a trasladarse a esta ciudad sin compensación ni apoyo, al mismo tiempo que la empresa presentaba una solicitud de” suspensión perfecta de labores” para dejarlos en la calle. El sindicato reclamó contra lo que hasta para un ciego era un fraude, y pasados 6 meses ganó su demanda. Pero la empresa ni los repuso ni les devolvió sus salarios. Para poder cobrar, los despedidos tuvieron que aceptar el chantaje de la empresa: pago del 75% de sus adeudos y desistimiento de toda demanda presente y futura contra la empresa.

Textil Hilandera, una empresa próspera y propiedad de un poderoso grupo empresarial, no se queda atrás: cerró sus operaciones de manera fraudulenta y echó a la calle a todos sus obreros, quienes resisten mientras esperan que el Poder Judicial resuelva su demanda.

Es la “ley” de los capitalistas. Por eso podemos entender que Vizcarra y las autoridades solo hablan contra la corrupción porque en los hechos permiten y protegen esta corrupción institucionalizada que afecta derechos humanos esenciales de los trabajadores.

La lucha continúa

El domingo 3 se celebró una asamblea que reconoció con aplausos la defensa realizada por los asesores, el apoyo legal de la CGTP y la solidaridad de numerosas bases, así como el esfuerzo de dirigentes y despedidos. Fue una lucha dura pero como vemos no suficiente.

En el nuevo proceso la empresa arguye como “razón” un proceso de “reestructuración” por los cambios de mercado y la reorientación del negocio. En realidad estamos ante más de lo mismo. Estos cambios no suponen la supresión de puestos de trabajo sino hasta pueden comprender la contratación de nuevos. Por eso su intento solo se explica porque lo que desean es borrar al Sindicato y a los trabajadores antiguos que preservan derechos y pueden luchar por otros, lo que para la empresa representa “costos”.

Ante esta situación los compañeros han reafirmado su disposición de continuar la lucha aun en las condiciones difíciles en la que se presenta, en defensa de sus puestos de trabajo.

Es evidente que para ello no será suficiente un nuevo esfuerzo del sindicato y de sus dirigentes. Ellos necesitan más que nunca del concurso de todos los trabajadores, con la CGTP a la cabeza, y de las bases que reconocen el ejemplo de lucha que representa el SINTRACSA que viene de cumplir 78 años de trayectoria clasista.

“Traemos de nuestra base es apoyo incondicional”: Ernesto Benito, secretario general del Sindicato Molitalia

“Soy dirigente pero también soy trabajador. Lo mismo que ustedes sienten, sentimos nosotros, como padres de familia, como jefes de hogar. Lo que les pasa a ustedes nos puede pasar mañana en Molitalia. Por eso lo primero que traemos de nuestra base es apoyo incondicional. Hemos estado en la movilización del 14 de noviembre contra los ceses colectivos y en apoyo a Cogorno. En la marcha del 15 de enero de la CGTP contra el DS 345, en las luchas de otros sindicatos. Lo que les pido es que no dejen solos a sus dirigentes, todos tienen que comprometerse en apoyarlos. Nosotros, como sindicato, haremos todo lo que esté en nuestro alcance para seguir con su lucha.”

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“Nuestros derechos son irrenunciables”: Rony Mendoza, secretario general del SINTRACSA

“Somos un sindicato de 78 años de formado. El sindicato Pieriplast tiene un año de formado y con una huelga ganó la solución de su pliego. Y nosotros, ¿vamos a permitir que nos derroten? Somos parte de una organización sindical. Pregunten: “Rony cuando es el plantón”. Hemos ganado el primer cese y el segundo tiene la misma probabilidad, pero no podemos seguir siendo 3 o 4 haciendo gestiones sino los 40 todo el tiempo en la calle; si quieren despedir que despidan a los 40, vamos a ver qué hace la empresa. Si tocan a uno tocan a todos compañeros, tu lucha es mi lucha. Compañeros, nuestros derechos son irrenunciables.”

“Enfrentamos una realidad como si quien gobernara el país fuera el mismo Cogorno”: Manuel Fernández, secretario de defensa del sindicato de Celima

“Les planteo con mucha honestidad que los trabajadores la tenemos difícil. La situación de Cogorno afecta directamente al futuro de todos nosotros. Estamos en un momento en que lo que se está discutiendo son recortes de derechos laborales y legalizar los ceses colectivos que hoy se está generalizando. En diciembre, con el DS 345, se aprobó lo que sería la política laboral de aquí a 20 años, donde se anula el derecho a reposición. Acostumbrados a ganar bastante ahora quieren que los trabajadores  paguemos la disminución de esas ganancias por el nuevo entorno económico que vivimos. Qué tal consciencia: nosotros, a quienes jamás nos regalaron nada y que más bien tuvimos que librar duras luchas para arrancar aunque sea centavos. Cuando se habla de anular el derecho a reposición se están refiriendo a los sindicalizados, y entre los sindicalizados a los dirigentes; es decir, hablan de los únicos que presentan pliegos y defienden los derechos.

Compañeros, enfrentamos una realidad como si quien gobernara el país fuera el mismo Cogorno. En la persona de Cogorno estamos enfrentando a la Sociedad de Industrias, a la CONFIEP, al MT, al MEF y al mismo Gobierno. Más que un traidor Vizcarra es enemigo de los trabajadores; desde que se sentó en Palacio se ha preocupado por los negocios empresariales y no por los trabajadores, protegiendo en los hechos los abusos. Es un gobierno patronal.

La banderola del SINTRACSA compañeros lo hemos visto en cuanta lucha se ha realizado en los últimos cinco meses. Ha recorrido todos los plantones, a las 5 a.m. o a las 5 de la tarde. Por este nombre que se han ganado ustedes en la lucha, no enfrentarán solos este nuevo cese colectivo, sino lo enfrentaremos juntos, con las bases obreras que peleamos. Ustedes tienen capacidad y moral para convocar a las demás bases y ellas concurrirán a su llamado siguiendo el ejemplo de Molitalia y Celima que estamos aquí dispuestos a darles nuestro apoyo. Esta es la respuesta que tenemos que hacer ante un patrón abusivo y que hace lo mismo que hacen otros. Tenemos que parar los ceses colectivos. El paro nacional, más que cívico y popular, tiene que ser combativo, y nosotros debemos garantizarlo preparando el paro en cada fábrica. Así como ganamos los pliegos de reclamos así tenemos que ganar esta lucha.”

La madre del cordero: el DS 013-2014-TR y el DL 728

El marco jurídico sobre las condiciones de trabajo fue establecido por el Decreto Supremo 003-97-TR (Texto Único Ordenado del DL  728, o Ley de Competitividad y Productividad Laboral). Dicho decreto  establece entre sus finalidades “Garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario respetando las disposiciones constitucionales…”. En ese marco fija las condiciones para la extinción de la relación laboral, entre ellas las motivadas por razones “económicas”. Dice en su Art. 46 Inc. b que la empresa podrá abrir un proceso de cese colectivo demostrando la gravedad de su situación o su inviabilidad económica.

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Desde 1997 en que se emitió dicha ley hasta el 2014, ninguna industria de la dimensión de Cogorno se acogió a este dispositivo  porque ninguna llegó a una situación semejante dada la estabilidad y el crecimiento la economía.

En noviembre del 2014, junto con promover la Ley Pulpín, el gobierno de Ollanta Humala promulgó el DS 013-2014-TR dando una interpretación antojadiza de dicho dispositivo relajando las “condiciones” para que las empresas puedan solicitar ceses colectivos. Dicho decreto dice que si una empresa registra “tres trimestres económicos negativos en su utilidad operativa, o prevé que presentará pérdidas a futuro si mantiene la continuidad el vínculo laboral de todos sus trabajadores”, podrá solicitar un cese colectivo. Se cambia la situación de “gravedad” a que se refiere la ley por “perdidas” presentes o previstas a futuro, lo que es fácilmente demostrable en los papeles.

En 2016 el primer cese colectivo se aplicó en Papelera Atlas, cuyos obreros quedaron definitivamente en la calle, y desde entonces se hizo extensivo a una y otra empresa conocidas como Universal Textil, Coldex y Cogorno, y como producto de ello centenares de trabajadores han venido siendo arrojados a la calle. En muchos estos casos las demandas de los trabajadores ganaron demostrando que ni siquiera había las pérdidas que condiciona la norma, pero por dilatada y hasta judicialización de la demanda la gran mayoría fue obligada a desistirse y cobrar, permitiendo a las empresas lograr su cometido.

Para parar los ceses colectivos, debemos exigir la derogatoria del DS 013-2014-TR que abrió las puertas para que se produzcan, y exigir cambios en la Ley 728 estableciendo en los siguientes puntos:

  1. No hay cese colectivo mientras no se demuestra primero las pérdidas económicas.
  2. Las resoluciones del MT se cumplen, aunque la empresa quiera judicializarla.
  3. Los trabajadores afectados por ceses o “suspensión perfecta de labores” que se demuestren improcedentes, serán indemnización por daños y perjuicios y los propietarios deben ir a la cárcel.
  4. La ley 728 dice que el trabajo debe ser protegido y nosotros consideramos al trabajo un derecho humano. Por ello, si la gravedad de la situación económica de la empresa “se demuestra”, la empresa debe pasar al Estado o pasar a la administración de sus trabajadores, porque es la única manera de proteger el empleo.