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“En política soy una vaca de uniforme”, decía ya el viejo general Olympio Mourão, uno de los líderes del golpe de 1964. Fue él quien escribió, en la época en que era un simple coronel y un fanático integralista, el famoso Plan Cohen, sobre una supuesta conspiración comunista que sirvió de pretexto para que Getúlio Vargas diera el golpe del Estado Nuevo, en 1937.

Por: Jeferson Choma

Lamentablemente, Olympio no fue la única “vaca de uniforme” de nuestra historia. Se puede decir que hubo rebaños de ellas, especialmente en la dictadura militar. El gobierno Bolsonaro está lleno. Manadas enteras, comenzando por el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que preside el Consejo Nacional de la Amazonía, formado por otros 19 militares más. Claro, sin Ibama [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales] y sin Funai [Fundación Nacional del Indio], dígase. Solo entra quien va a rumiar.

Mourão asumió la función supuestamente para combatir la devastación de la Amazonía. Pero solo viene trabando a aquellos que realmente combaten a los destructores de la selva. Funcionarios del Ibama dijeron, en un reportaje del diario Folha de S. Paulo del 20 de mayo, que el ejército solo sabotea sus acciones. Movilizó agentes, helicópteros y decenas de patrulleros en Mato Grosso para una operación que terminó sin multas, prisiones o detenciones. Los agentes del Ibama habían sugerido otro blanco en la región. Ellos tienen acceso a evidencias de ilegalidad, son entrenados para eso. Pero fueron ignorados. Mourão va a la Amazonía a hacer circo, llamar a la prensa para sacar fotos, pero, en la práctica, deja las quemas correr sueltas mientras los que deforestan continúan impunes.

Eso no es todo. En seis meses, dos San Pablos fueron deforestadas en la Amazonía. Es eso lo que dice el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe). Según el Instituto, fueron deforestados en junio más de 1.300 kilómetros cuadrados. Sumado a la deforestación de todo el semestre, llegamos a 3.069,576 km2 devastados en la Amazonía, un aumento de 25% en comparación con el primer semestre de 2019. Esa área es el doble del tamaño de la ciudad de San Pablo.

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Estos datos sirven de indicativo para los equipos de fiscalización sobre dónde puede haber crimen ambiental. Pero son justamente estos datos los ignorados por el ejército. Y lo peor puede ocurrir, pues en el gobierno Bolsonaro quien hace bien su trabajo es despedido. Fiscales que combatían la deforestación en tierras indígenas fueron exonerados luego de la exhibición de un reportaje en el Fantástico [programa de TV] hace meses atrás. Una semana después de la divulgación de los datos por la prensa, también fue exonerada la coordinadora general de Observación de la Tierra del Inpe, Lubia Vinhas. Fue exonerada por el ministro astronauta, otra vaca de uniforme que vendía almohadas antes de ocupar un Ministerio en el Planalto [Casa de Gobierno].

Fue el equipo de Lubia el que divulgó los datos arriba y sobre el crecimiento de 64% de los alertas de deforestación de los últimos once meses. Fueron más de 7.500 km2 de selva con señales de deforestación. En el período anterior, habían sido 4.500 km2. Todo indica que este año la deforestación será mucho mayor, considerando que los matones no hacen cuarentena y que está estimulada, si no dando carcajadas del ejército. Al final, ¡ellos van para un lado, y los generales mandan a la tropa para el otro!

Recientemente, ejecutivos de 38 grandes empresas brasileñas y extranjeras enviaron una carta al gobierno exigiendo acciones concretas de combate a la deforestación, conforme informó el periódico Valor Econômico. Sobre la política ambiental brasileña, los empresarios dicen que la “percepción negativa tiene un enorme potencial de perjuicio para el Brasil, no solo desde el punto de vista de la reputación, sino de forma efectiva para el desarrollo de negocios y proyectos fundamentales para el país”.

Entre bastidores se dice que hay una presión por el despido de Ricardo Salles del Ministerio del Medio Ambiente. Él, que ya fue condenado por la justicia por fraudar mapas de la cuenca del rio Tietê cuando era secretario de Medio Ambiente, ahora está en la mira del Ministerio Público de San Pablo (MP-SP). Su sigilo bancario fue quebrado. Y fueron descubiertas transferencias millonarias en sus cuentas. Salles habría acumulado R$ 7,4 millones en cinco años, cuando ocupó cargos públicos en el gobierno paulista.

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Mourão fue obligado a hacer una videoconferencia con los capitalistas. El temor es que el aumento de la deforestación provoque sanciones económicas, principalmente al agronegocio brasileño. Bolsonaro hasta admitió que la imagen del Brasil en el exterior está negativa por causa de la cuestión ambiental. Pero dijo que eso es una “visión distorsionada” del gobierno y que va a invertir en publicidad.

El gobierno no pretende reactivar los organismos para el monitoreo y la fiscalización ambiental. Lo que realmente quiere es “pasar por encima” de la legislación, como confesó el criminal Ricardo Salles en la famosa reunión ministerial del 22 de abril. Quieren incluso intervenir el Inpe, desmontar la estructura histórica creada para el monitoreo de la Amazonía e impedir la divulgación de datos que puedan causar perjuicios al agronegocio.

El Ibama arriesga perder hasta 20% de su presupuesto el año que viene, según aviso de la dirección de la autarquía a empleados del organismo. Es así, deforestando, exonerando a empleados, y censurando datos que el gobierno pretende mostrar a los grandes capitalistas que esa historia de deforestación de la Amazonía simplemente no existe.

Ejército “derrama” cloroquina en indígenas

El 1 de julio, una comisión interministerial de emergencia de combate a la pandemia fue a Roraima para ver que ocurría con las poblaciones indígenas del Estado. La comisión contó con la presencia del ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, y de representantes del Ministerio de Salud. Una de las barbaridades de la dicha misión fue llevar 66.000 comprimidos de cloroquina para el tratamiento de indígenas de nueve etnias de las tierras indígenas Yanomami y Raposa Serra do Sol. La droga, que fue producida por millares por el ejército, no tiene eficacia comprobada en el combate al Covid-19 y, por el contrario, puede resultar en graves problemas cardiovasculares.

Azevedo todavía soltó una perla durante la visita: “No es un caso de una pandemia que está alcanzando a los indios”. La negación farsante del ministro hizo que las entidades de los pueblos indígenas de Roraima repudiasen públicamente lo dicho por el militar.

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Lo peor es que un nuevo viaje está siendo planeado por los ministerios de Defensa y de Salud para una tierra indígena en plena pandemia y preocupa a los habitantes del Parque del Tumucumaque, en Pará. Los indígenas temen la distribución indiscriminada de la hidroxicloroquina.

En el pasado, la dictadura militar exterminó civilizaciones enteras en la Amazonía para construir rutas y abrir la región para la minería y la pecuaria al capital extranjero y nacional. Según la Comisión Nacional de la Verdad, más de 8.000 indígenas fueron exterminados en la época. Ahora, los militares se deshacen de su stock de cloroquina con los indígenas. En el futuro, el papel de los militares sobre este nuevo genocidio indígena será cobrado con intereses y corrección. La vaca va para el pantano. Ya es tiempo de limpiar los corrales de nuestra historia.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.