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Defender a Lula de la Lava Jato no es responsabilidad de los trabajadores.

Por: Toninho Ferreira

La prisión de Lula por la operación Lava Jato es considerada por el PT y la mayoría de la izquierda una persecución política e, indebidamente, comparada a las prisiones ocurridas durante la dictadura militar que gobernó el Brasil tras el golpe de 1964 y que duró 21 años.

En texto publicado en el Facebook, el 29 de noviembre, Valério Arcary afirma que “Lula es un preso político”, y que “aquellos que lucharon contra la dictadura, incluso aquellos que lo hicieron con armas en las manos, eran presos políticos”. “Por eso, cuando son capturados, los defendemos incondicionalmente…”, afirma todavía, lo que da a entender una equivalencia entre los actos practicados por uno y otros; y, al final, concluye de forma simplista: “Pero defender la libertad de Lula es, lamentablemente, polémico. Lo que más allá de equivocado es muy triste. Porque vamos a precisar de unidad en la izquierda para defendernos…”.

Ahora, la comparación y la conclusión son infames, primero, con aquellos que lucharon contra la dictadura y, por eso, fueron presos, torturados y asesinados, pero también, con los que en este momento llaman a la unidad para luchar contra los ataques a los derechos de los trabajadores y a las libertades democráticas, que vendrán con el gobierno Bolsonaro, y que sin embargo no están de acuerdo con la narrativa política del PT, que no unifica y que divide a la clase trabajadora.

La prisión de Lula este año es distinta de las prisiones realizadas por los gobiernos militares, por ejemplo, la propia prisión de Lula ocurrida durante la huelga de los metalúrgicos del ABC paulista en 1980. En aquel año, Murilo Macedo, ministro de Trabajo del general João Batista Figueiredo, determinó la intervención de los sindicatos y la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva, José Maria de Almeida –Zé Maria (presidente del PSTU)–, y una decena más de sindicalistas, que fueron encuadrados en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y pasaron treinta y un días en el DOPS [Departamento de Orden Político y Social] de San Pablo.

Las prisiones provocaron una fuerte reacción, la huelga de los metalúrgicos continuó por casi treinta días, las mujeres hicieron marchas en San Bernardo do Campo, y se realizó el histórico Acto del 1 de Mayo con más de cien mil metalúrgicos en el estadio de Vila Euclides. El ascenso obrero y estudiantil iniciado a partir de las huelgas hacia finales de los años ’70 llevó, posteriormente, a la caída de la dictadura y a la redemocratización del país. La Convergencia Socialista, una de las corrientes fundadoras del PSTU, estuvo desde el inicio en la línea del frente de las huelgas y de la lucha por la liberación de los presos políticos.

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A diferencia de esas prisiones, la condena de Lula a partir de la operación Lava Jato, así como la de antiguos aliados como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, no fue por luchar en defensa de los intereses de los trabajadores como otrora en el ABC, sino por inmiscuirse en la corrupción a partir de las alianzas con las contratistas, los banqueros y notorios políticos corruptos como Temer, Sarney, Maluf, Sérgio Cabral, entre tantos otros. Parafraseando al ex presidente, “nunca antes en la historia de este país” banqueros, contratistas, multinacionales y políticos corruptos ganaron tanto con “bolsa banquero”, beneficios fiscales, financiamientos públicos, obras sobrefacturadas, desvío de dinero público, y coimas.

Mientras tanto, medidas sociales compensatorias, como la Bolsa Familia, no alteraron la enorme desigualdad social del país y solamente disfrazaban la aplicación del recetario neoliberal. En 2014, luego de la elección de Dilma, se realizó un verdadero estelionato electoral que llevó al país a la mayor crisis económica y social.

El documento preliminar elaborado para la reunión de la Dirección Nacional del PT, reunida el 30 de noviembre en Brasilia, y publicado por la Folha de S. Paulo, afirmaba que: “El guiño neoliberal dado en 2015 en la política económica, pesó más que nuestros grandes aciertos, contribuyendo para la caída del gobierno Dilma Rousseff en 2016”. Por motivos obvios, el documento fue sustituido.

Debido a los males de los gobiernos del PT, la clase trabajadora no salió a las calles en defensa del gobierno Dilma en el impeachment, ni contra la prisión de Lula este año –al contrario de 1980–, a pesar de la campaña hecha por el PT y la mayoría de la izquierda. La ruptura de las masas con el PT, que ya se había manifestado inicialmente en las jornadas de junio de 2013, se profundizó y se expresó también fuertemente en las urnas.

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Acreditar la victoria de Bolsonaro en las elecciones a la prisión de Lula como una “de las razones fundamentales”, dando casi como cierta la victoria de Lula, caso hubiese participado de ellas, es minimizar la enorme polarización política y social que vive el país, la responsabilidad del PT en el ascenso de Bolsonaro y, sobre todo, reducir la lucha a las elecciones; ata a la clase trabajadora a la defensa del PT y debilita la lucha contra los ataques a nuestros derechos, porque divide a los trabajadores.

Reconocer que la prisión de Lula no se dio “en función de las ideas e intereses que defienden”, al contrario de lo que Valério intenta hacer creer, no significa ningún falso moralismo o ilusión de imparcialidad o neutralidad de la Justicia. La Justicia, así como todas las demás instituciones que gobiernan el Brasil, es de clase, es de los ricos y poderosos y no merece ninguna confianza, además de que son un bando de privilegiados, como quedó demostrado una vez más con el aumento de los salarios de los ministros del STF [Supremo Tribunal Federal].

La condena y la prisión de Lula no acabaron con la impunidad y la corrupción en el país. Pero la solución no es la impunidad general como defiende el PT. Es preciso exigir la condena y prisión de Temer, Aécio, Serra, Alckmin, Ônix y otros tantos, así como la prisión de los empresarios corruptos y la expropiación y nacionalización de todas las empresas envueltas en los escándalos de corrupción. También es necesario hacer una investigación en el sistema financiero y en el propio Poder Judicial, pues no es creíble que el crimen organizado y el lavado de dinero, que corren sueltos en el país, no atraviesen los bancos y el Poder Judicial.

Las arbitrariedades y las ofensas al debido proceso legal y a las garantías constitucionales de la amplia defensa y de lo contradictorio hace mucho ocurren, y son los trabajadores pobres y negros sus mayores víctimas, incluso durante los gobiernos del PT. El encarcelamiento en masa elevó la población carcelaria de 361.000 en 2005 a 726.000 en 2016. El proceso judicial se transformó en instrumento de persecución a los activistas. Los 23 activistas de Rio de Janeiro, por citar un ejemplo, fueron condenados por participar de las protestas contra los desmanes y las sobrefacturaciones de las obras de la Copa de la FIFA 2014.

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El nuevo gobierno no va a alterar este escenario. Con el pretexto de combatir la corrupción, va a poner su prestigio y popularidad al servicio de un proyecto autoritario y ultraneoliberal de ataques a los derechos de los trabajadores para beneficiar a banqueros, latifundistas y multinacionales.

Por eso, la tarea es construir la más amplia unidad de los trabajadores, empleados públicos, desempleados, quilombolas, indígenas, estudiantes, para luchar en defensa de la jubilación, de los empleos, de la salud, de la educación, y preparar las condiciones de una huelga general.

La lucha capaz de garantizar la defensa de nuestros derechos exige la más amplia unidad y la total independencia política, so pena de quedar atada a la defensa de los intereses electorales de Lula/PT y dividir a los trabajadores.

¡Vamos a “golpear juntos y marchar separados”!

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.