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La declaración del presidente Bolsonaro de comunicar su intención de conceder indulto a los policías que participaron de las masacres de Carandiru, en San Pablo, de Eldorado do Carajás, en Pará, además de los policías militares (PMs) envueltos en el caso del ómnibus 174 en Rio de Janeiro, causó nueva indignación de aquellos que luchan en defensa de los derechos y por la investigación y el castigo rigurosos de los crímenes cometidos por los militares y la policía.

Por: José Eduardo Braunschweiger

Bolsonaro ya no sorprende más a nadie con sus exabruptos y contradicciones. Así, si el año pasado declaró estar contra el indulto a condenados, como proponía el entonces presidente Temer, ahora manifiesta disposición de indultar a criminales, incluso sin previsión legal que autorice la concesión de tal beneficio a condenados por crímenes hediondos o sin tránsito en juzgado como en las hipótesis arriba planteadas.

Independientemente del resultado final de esta cuestión, la declaración del Presidente demuestra de forma explícita la utilización por el Estado brasileño, a través de los sucesivos gobiernos, de medidas para garantizar la impunidad de los militares y los policías por los crímenes cometidos durante la dictadura militar instalada a partir del golpe de 1964, y los gobiernos electos después de la redemocratización del país.

Recientemente, el diario Folha de S. Paulo informó que Nelson Jobin, ex ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y ex ministro de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Lula y Dilma, detalló, en video, la actuación para impedir la revisión de la Ley de Amnistía. La Ley n.° 6683/79 fue promulgada hace 40 años por el último gobierno militar, de João Figueiredo. Desde entonces provoca polémica por la impunidad de los militares que participaron de la represión, tortura y muerte de trabajadores, estudiantes y militantes de oposición al régimen militar.

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El rechazo por el STF de la Argüición de Descumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF/153) [control concentrado de Constitucionalidad], interpuesto por la Orden de Abogados del Brasil (OAB) en el cual cuestionaba la concesión de amnistía a los militares que durante el régimen militar practicaron actos de tortura, reafirmó el carácter autoritario y calmante del Estado brasileño. El voto del relator ministro Eros Grau es taxativo al afirmar que: “Nosotros sabíamos que sería inevitable aceptar limitaciones y admitir que criminales participantes del gobierno o protegidos por él escapasen de la punición que merecían por justicia, pero considerábamos conveniente aceptar esa distorsión, por el beneficio que resultaría a los perseguidos y a sus familias (…)” (DALLARI, 2006). (g.n.).

Ahora, esa fue una decisión corrupta y abusiva del Instituto de la Amnistía por el Estado, así como lo fue querer utilizar el Indulto presidencial para beneficiar a criminales de cuello blanco, como intentó hacer Temer el año pasado, y, ahora, se especula la concesión para policías asesinos.

Los Institutos del Derecho de Defensa, de la Prescripción, de la Amnistía y del Indulto son conquistas democráticas establecidas históricamente en la lucha contra regímenes y gobiernos absolutistas, totalitarios. Las revoluciones del siglo XVIII, especialmente la Revolución Francesa, son un marco en la limitación del poder punitivo estatal, cuando entonces la pena de muerte comenzó a ser proscripta.

Amnistía, que deriva del griego y significa “olvido”, es la forma más antigua de extinción de la punibilidad. En este caso, el Estado renuncia del poder punitivo. El indulto, por su parte, fue creado para que el poder Ejecutivo pudiese tener en las manos una especie de válvula para controlar la población carcelaria si el Estado-Juez exagerase.

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Eso no tiene nada que ver con la utilización que viene siendo dada en el país desde la dictadura hasta ahora y que solo refuerza una lógica, una cultura de impunidad de militares y policías cuyas mayores víctimas son pobres, negros, jóvenes y mujeres, debido a la explotación y al racismo estructural en que se fundó el Estado capitalista brasileño.

La impunidad de militares y policías representa una ofensa a la propia Constitución y sus preceptos fundamentales, tales como el principio de la “Dignidad de la Persona Humana” y el inciso XLIII del artículo 5° de la Constitución de la República, que considera el crimen de tortura como delito sin fianza y no susceptible de amnistía o perdón (indulto).

En realidad, hacer justicia y honrar a los perseguidos y sus familiares, al contrario de lo afirmado por el STF, pasa por no amnistiar, no olvidar los crímenes cometidos por los militares, recordar siempre para que no se repita jamás. En el mismo sentido, el indulto que debe ser concedido por el Presidente debe ser para los pobres, negros y jóvenes encarcelados en masa, sobre todo en los últimos años, con la política de “guerra a las drogas” que elevó enormemente la población carcelaria del Brasil.

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.