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En los últimos días han crecido las denuncias de subnotificación de casos de Covid-19. Hasta la tarde del martes 31/3, el Brasil contaba con más de 5.700 casos y 201 muertes, sin embargo, ese número puede ser infinitamente mayor. La falta de kits para testes y la demora en la divulgación de los resultados ha llevado a una enorme distorsión en relación con los números reales.

Por: Érika Andreassy

Estadísticas de la OMS apuntan que solo 20% de las personas contaminadas por el virus presentan síntomas. Por eso, hace semanas viene recomendando el test en masa para intentar identificar a los infectados y reforzar las medidas de aislamiento social para contener la pandemia. Pero en el Brasil esa orientación no está siendo seguida, ni siquiera los que buscan atendimiento con síntomas moderados están consiguiendo realizar el test, solamente los pacientes hospitalizados en estado grave están siendo testados, algunos incluso después de la muerte.

La limitación en la realización de los testes dificulta una evaluación más precisa de la evolución de la enfermedad. El Ministerio de Salud afirma que de cada 100 pacientes infectados solo 14 son identificados. Estimación confirmada por el levantamiento realizado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine que se basó en las tasas de letalidad para estimar subnotificación, que en el Brasil estaría entre 82 y 92% en relación con los casos reales.

La insuficiente cantidad de testes disponibles es uno de los principales problemas. El gobierno ha anunciado que está buscando ampliar la oferta por medio de la adquisición de más kits y testes rápidos, pero informaciones desencontradas entre lo que dice el Ministerio de Salud y la capacidad real de producción de la Fiocruz, y la validación de testes rápidos producidos aquí o importados, contestan esa afirmación.

Además, el propio ministro de Salud, Henrique Mandetta, ya repitió varias veces en las conferencias de prensa diarias, que la prioridad para los testes rápidos será para los profesionales de la salud.

Pero ese no es el único problema. Con el aumento de la demanda aumentó también el tiempo entre la colecta y el resultado de los exámenes. En San Pablo, por ejemplo, el Instituto Adolpho Lutz que tiene capacidad para analizar 400 testes por día, ha recibido una media diaria de 1.200 pedidos en los últimos días; el volumen acumulado por la red pública estadual llega a 12.000 y el tiempo medio para confirmar el diagnóstico ha sido de 7 a 10 días. Eso significa que las confirmaciones diarias informadas por la Secretaría Estadual de Salud de San Pablo, Estado que concentra el mayor número de casos, se refieren a colectas realizadas hace por lo menos una semana atrás.

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Fallas en el protocolo de notificación elaborado por el Ministerio de Salud perjudicaron desde el inicio la contabilización de los casos e incluso pueden haber retardado la identificación de la transmisión comunitaria para el conjunto de los Estados. Toda vez que las opciones “estuvo fuera del país” y “Tuvo contacto con alguien con síntomas” eran las únicas disponibles en el formulario, incluso si la persona tuviese síntomas de Covid-19, si la respuesta era negativa para ambas preguntas, no se consideraba el caso como sospechoso.

Incluso luego de la emisión de alerta sobre transmisión comunitaria en San Pablo el 13 de marzo, aún llevó cerca de una semana para que el Ministerio de Salud actualizara el protocolo de notificaciones de la enfermedad. Eso es lo que explica, por ejemplo, por qué el primer paciente que murió por Covid-19 en el país, el 16 de marzo, no constaba en el balance de los casos sospechosos. La confirmación llegó solo después del óbito.

Desde el 19 de marzo, todo caso sospechoso, incluso aquellos que presentan síntomas leves, diagnosticados clínicamente, deben ser notificados en hasta 24 horas, eso vale para la red pública o privada. Con todo, el propio Ministerio de Salud paró de divulgar los datos sospechosos. Pero sin número de casos sospechosos y sin testeo en masa una evaluación más apurada de la situación es prácticamente imposible. Solo para citar un ejemplo, el Estado de Minas Gerais tenía hasta el 28 de marzo (fecha del último boletín epidemiológico disponible), 205 casos confirmados y ninguna muerte, sobre un total de 512 testes analizados. Sin embargo, el número de notificaciones total del Estado era de 23.486, o sea, aún aguardaban confirmación 22.974 testes, o 97,8% del total de notificaciones.

En medio de todo esto, se acumulan denuncias de hospitalizados e incluso muertos por enfermedades respiratorias que pueden estar relacionadas al Covid-19, sin el diagnóstico confirmado, lo que aumenta la percepción de que la situación es mucho más grave que lo que las autoridades afirman.

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En Minas Gerais, una denuncia de aumento del número de cuerpos en una funeraria llevó a la investigación de por lo menos 41 muertes que podrían estar relacionadas a la enfermedad. De esas, 21 ya fueron descartadas, pero la policía sigue investigando 20 cuerpos y piensa incluso pedir exhumación de los cadáveres. Si eso se confirma, el número de muertes en el Estado puede saltar del 1 actual a 21, o sea, un aumento de más de 2.000%.

En San Pablo, según el diario Estadão, funerarias relatan alza de hasta 20% en la demanda por sus servicios y afirman que hubo un aumento en el número de muertes por problemas respiratorios. También fue relatado un aumento en el número de alejamientos de profesionales de salud por sospecha de enfermedad. Los hospitales Sirio-Libanés y Albert Einstein ya suman 452 profesionales diagnosticados. Un levantamiento del Sindicato de los Empleados de San Pablo, con datos del Diario Oficial de la Ciudad, apunta 1.080 alejamientos en la red pública, entre los días 1 y 28 de marzo, por sospecha de contaminación.

En todo el país, las internaciones por problemas respiratorios explotaron. Solamente en la semana de 15 al 21 de marzo fueron 4.932 internaciones de pacientes con síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), un alza de 428% en relación con lo registrado en el mismo período en 2019.

Mientras no tenemos un cuadro más realista del avance de la pandemia en el país, el presidente Bolsonaro intensifica su campaña criminal por el fin de las medidas de distanciamiento social, apoyado por sectores de la burguesía. En algunos Estados y municipios, empresarios promueven caravanas para presionar a gobernadores y alcaldes, que comiencen a aflojar la cuarentena, liberando el comercio y retomando las clases.

Aunque buena parte de los gestores no hayan adherido al discurso del presidente, muchos han utilizado la subnotificación para no intensificar las medidas de distanciamiento social. El gobernador de San Pablo, João Doria, por ejemplo, se recusó sistemáticamente a decretar la suspensión de la producción industrial exponiendo a los trabajadores de ese ramo de actividad al riesgo de contaminación. Solo la industria de San Pablo emplea tres millones de personas, pero el riesgo no se limita a los obreros, se extiende también a sus familias. Estamos hablando de millares de personas expuestas que, en caso de que se contaminen y desarrollen síntomas graves de la enfermedad, irán a súper llenar los hospitales y ayudar a colapsar el ya deteriorado sistema de salud público.

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En ese sentido, precisamos levantar inmediatamente la exigencia de transparencia en relación con el avance de la pandemia en el país. Queremos saber realmente cuántas personas infectadas tenemos, cuántas están internadas por la enfermedad, y cuántos muertos ocasionó ya el Covid-19. Exigimos que los casos notificados hasta ahora sean revelados, y, de esos, cuántos fueron confirmados, cuántos descartados, y cuántos aún aguardan el resultado del examen. Sin eso, es imposible elaborar una estrategia coherente para frenar la pandemia. Mientras esos datos no estén disponibles, estaremos a merced de discursos criminales como el de Bolsonaro, que confunde a la población y pasa la sensación de que la situación no es tan grave, así como de la presión para aflojar la cuarentena, por parte de sectores burgueses irresponsables que no tienen el menor compromiso con la vida de los trabajadores e incluso de otros sectores burgueses y sus representantes, como el ministro de Salud Henrique Mandetta, y buena parte de los gobernadores y políticos, que a pesar de no defender la misma línea que Bolsonaro, se niegan a intensificar las medidas de distanciamiento social, bajo la alegación de que no es el momento todavía o de que no da para parar totalmente la producción.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.