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Este miércoles 7 de noviembre, el Supremo Tribunal Federal (STF) cambió –una vez más– su entendimiento sobre la posibilidad de que sea decretada la prisión de condenado luego del juicio en segunda instancia del Poder Judicial. La decisión revió posición anterior, declarando que una prisión en esta circunstancia hiere el derecho constitucional del ciudadano, pues su culpa solo podría ser afirmada después del “tránsito en juzgado”, o sea, después de juicio en cuarta instancia (ya que el propio STF es una instancia por arriba del Superior Tribunal de Justicia [STJ]).

Por: Zé Maria, metalúrgico y presidente nacional del PSTU

En los grandes medios y en las redes sociales, las opiniones sobre el hecho se dividen en dos grandes vertientes. Una, que la decisión fortalece la impunidad, pues traería un perjuicio irreparable a la lucha contra la corrupción, que estaría representada, en esa visión, por la Operación Lava Jato del juez/ministro Sérgio Moro y del procurador Dallagnol. Otra, que el STF volvió a alinear la justicia brasileña al Estado de Derecho y que, de esta forma, restaura el derecho y las garantías democráticas fundamentales en nuestro país. Viva la Constitución, dicen.

En mi humilde opinión, no ocurrió ni una cosa ni la otra. Las denuncias que vienen siendo hechas a partir del sitio Intercept ya mostraron, exhaustivamente, el cinismo y la hipocresía con que la llamada Operación Lava Jato llevó adelante su pretendido combate a la corrupción. Sin pretensión, porque se vio claramente que la Lava Jato tiene sus corruptos de estimación, que no fueron investigados, mucho menos castigados. ¿Por qué Aécio Neves no fue condenado y preso? ¿Y Alckmin? ¿Y Temer? ¿Y la cúpula del MDB?¿El único corrupto en la cúpula del Congreso Nacional era Eduardo Cunha?

Sin hablar de las ilegalidades que cometió en sus procedimientos, por los menos en la conducción del proceso del ex presidente Lula, razón por la cual defendemos su derecho a un nuevo juicio. No su inocencia, porque creemos que su gobierno mantuvo, sí, la misma relación corrupta con el gran empresariado.

Pero él tiene derecho a ser juzgado conforme la ley, con plena garantía del derecho de defensa. Forma parte de las libertades democráticas, de los derechos individuales a que todos deben tener acceso. O sea, no es verdad que la Lava Jato sea la expresión del combate a la corrupción. Es solo una de las caras –siempre cínica e hipócrita– del Poder Judicial brasileño.

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De la misma forma que Bolsonaro y sus milicianos –que dicen apoyar la Lava Jato e hicieron de la “lucha contra la corrupción del PT” un eje importante de su campaña a la Presidencia de la República– nunca estuvieron de hecho preocupados en combatir la corrupción. Por el contrario, es un gobierno tan corrupto como los demás. Están ahí, para probarlo, el naranjal del PSL; las relaciones de este grupo político con cuadrillas de milicianos, de los cuales Queiroz (los dos, incluso, el de la “pequeña fisura” del gabinete del entonces diputado Flávio Bolsonaro y el otro, el del asesinato de Marielle y Anderson); las relaciones de Bolsonaro con el sector lumpen de la burguesía que financia su red de fake news; y un largo etcétera.

Pero la otra cara del poder judicial, la representada por la decisión del STF (que no se engañen, tiene el apoyo cómplice también de Bolsonaro), no es más bonita que esa. Ella solo pretende restaurar, en su plenitud, la impunidad de los ricos y poderosos en nuestro país. Quiere acabar con situaciones “anormales”, que siempre fueron inaceptables para el sistema, que es la de dueños de contratistas y políticos poderosos presos. Es eso lo que alaban los sectores de la izquierda ligados al PT y sus satélites, lamentablemente. Porque es eso lo que representa, en la democracia burguesa en que vivimos, el tal Estado Democrático de Derecho. Representa una conquista frente a la posibilidad de una dictadura como la que tuvimos aquí entre 1964 y 1984. Pero la democracia burguesa y su Estado de Derecho nunca representó democracia y libertad para todos. Lejos de eso.

Primero, porque de hecho, el llamado Estado de Derecho en este país solo existe (y siempre fue así) para los ricos. Y derecho, para ser democrático, tiene que ser para todos. Si existe solo para algunos (la minoría, es bueno que se diga) no es derecho, es privilegio. Segundo, porque es mentira que ahora el ciudadano solo va a ser preso después de juicio en última instancia. Eso solo va a valer para quien tiene dinero (y mucho) para pagar abogados a precio de oro para garantizar la postergación de la prisión. Es eso lo que restaura la decisión del STF.

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Si no, veamos ese mismo problema por otra óptica: la de los pobres de nuestro país. De acuerdo con el CNJ (Consejo Nacional de Justicia), el Brasil tiene hoy 812.000 personas presas en el sistema carcelario. De estas, 41,5% (¡más de 330.000 personas!) nunca fueron juzgadas. Repito, no es que hayan sido juzgadas solo en primera o segunda instancia del poder judicial. NUNCA FUERON JUZGADAS, ni por un juez individualmente. ¿Esas personas van a ser todas puestas en libertad mañana, por esa decisión del STF? No van, no. Para ellas no cambia nada. Porque son pobres y negras en su amplia mayoría. Además, es bueno que se diga que los cambios en la ley de combate a las drogas promovidas por el gobierno Lula en 2006, son responsables por un salto en el aumento de la cantidad de personas presas… siempre, claro, pobres y negras. Los que hoy festejan la posibilidad de que Lula se beneficie con esa decisión del STF deberían por lo menos recordar eso.

Podría gastar unas cuantas páginas más dando ejemplos para demostrar lo que digo arriba. Pero quiero agregar apenas algunas preguntas. ¿Dónde está Queiroz, el de la “pequeña fisura”? ¿Por qué todavía no está preso? ¿Recuerdan que fue el mismo STF, en la persona de su pomposo presidente, que suspendió la tramitación del proceso y las investigaciones contra él? ¿Y el que suspendió las investigaciones de las trampas del senador Flávio Bolsonaro?

No quiero entrar aquí en el papel criminal de este mismo tribunal, que vive dando guarida a los gobernantes y patrones para que ataquen y eliminen derechos de la clase trabajadora previstos en la Constitución, ayudando a imponer la tercerización, por ejemplo, o legalizando la violencia de la policía contra los trabajadores cuando estos luchan por sus derechos. Estamos solo frente al mismo cinismo e hipocresía de siempre, de un poder que no está ahí para asegurar justicia para el país y para el pueblo, está ahí para proteger a los poderosos y, para eso, no titubea en masacrar a los trabajadores y el pueblo pobre de nuestro país.

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Nosotros precisamos seguir exigiendo, de este y de todos los tribunales del país, que investiguen y pongan en la cárcel a todos los corruptos y corruptores, y que confisquen sus bienes. Tenemos que exigir que condenen y pongan en la cárcel a milicianos como Queiroz, o su jefe, el senador Flávio Bolsonaro, entre tantos otros. Pero los trabajadores y el pueblo pobre de este país no pueden ni deben esperar nada de esta justicia. Ella solo hará a nuestro favor aquello que la obliguemos a hacer con nuestra lucha. Si queremos justicia de verdad, los de abajo precisamos organizarnos. Para luchar por nuestros derechos, por libertad, y por condiciones dignas de vida. Y para defendernos de este sistema que es, por su naturaleza, corrupto, desigual e injusto.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.