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Defendemos el derecho al armamento y a la autodefensa de la clase trabajadora y del pueblo pobre. Pero el decreto de Bolsonaro no garantiza ese derecho a los pobres, por el contrario, arma todavía más a los ricos para matar a los pobres.

Por: PSTU – Brasil

Bolsonaro firmó este martes 16 de enero un decreto que flexibiliza la posesión de armas de fuego. En términos generales, él suaviza los requisitos para que alguien adquiera un arma y la guarde en su propiedad.

Este decreto no debe tener el apoyo de la clase trabajadora. Pero no por causa de los argumentos que utiliza el PT o los que defienden la prohibición de la posesión y el porte de arma por la población en general, como llegó a defender Haddad diciendo que “seguridad es de los primeros derechos asegurados por el Estado moderno” (o Estado burgués). Ahora, la revolución burguesa exigió el pueblo en armas. El monopolio de las armas bajo el Estado burgués fue una medida de los grandes capitalistas contra la mayoría, especialmente contra la clase trabajadora, pero también los campesinos pobres y la clase media baja.

El Estado burgués precisa del monopolio de las armas por una razón bien simple: los capitalistas son una ínfima minoría que explota a todas esas otras clases. Si ellas resolvieran rebelarse con armas, los capitalistas no durarían un día. Además, en el día a día, lo que vemos son las fuerzas militares del Estado, fuerzas paramilitares ligadas a negocios capitalistas como las “milicias”, bandos armados por el tráfico, y bandidos atacando a la población pobre y a los que luchan por mejores condiciones de vida. Ejemplo de eso es el brutal asesinato de Marielle. Los trabajadores deben tener el derecho a la autodefensa, colectiva incluso. Por el contrario, el decreto de Bolsonaro, sin embargo, no permite que las mayores víctimas de la violencia puedan defenderse.

Entienda lo que cambia

El decreto altera algunos requisitos para la posesión de armas. La posesión es la posibilidad de tener un arma de fuego en un lugar fijo: una residencia o lugar de trabajo, desde que la persona sea la responsable por el lugar. Es diferente del porte, que es el derecho de cargar el arma por la calle. Este derecho continúa restricto a la fuerzas de seguridad o para algunas categorías profesionales, como juez o promotor, por ejemplo.

Para tener la posesión de arma es obligatorio, además de ser mayor de 25 años, tener calificación, o sea, hacer un curso para manejar el arma; examen psicotécnico; no tener antecedentes criminales o responder investigación; comprobar residencia y “ocupación lícita”; y comprobar la “efectiva necesidad” de poseer un arma. Y es justamente esa “necesidad” uno de los principales puntos que cambia. Antes, quedaba a criterio subjetivo de la Policía Federal si había o no necesidad de que alguien tenga un arma. El texto firmado por Bolsonaro establece cuál sería esa “necesidad”, de forma bien amplia: Estados violentos con más de 10 muertes por cada 100.000 habitantes en 2016.

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El decreto, sin embargo, no permite a cualquier persona comprar un arma, visto que todo el costo para eso, entre tasas y el precio de la propia arma, fácilmente supera los diez salarios mínimos, en un país en que la enorme mayoría de la población gana hasta un salario mínimo, si no está totalmente desempleada. Es un “lujo” restricto a una franja mínima de la población. El trabajador de la periferia, que sufre una doble violencia, tanto de la PM como de los bandidos y de los paramilitares, va a continuar desarmado y vulnerable. La gran mayoría de los 65.000 asesinatos que ocurren todos los años en el Brasil son de jóvenes pobres y negros de las periferias.

El decreto y la defensa de esa liberación de armas por el gobierno Bolsonaro son una carta blanca para que los ricos maten a los pobres y oprimidos. Bolsonaro, cuando firmó el decreto dejó explícito a quién lo direcciona. “Con la posibilidad todavía, si tuviera que comprar más armas, teniendo en cuenta el número de propiedades rurales, por ejemplo, puede obtener una mayor cantidad de armas”, dijo. El texto fija un límite de cuatro armas por persona. El ejemplo no fue en vano. La política armamentista del gobierno Bolsonaro visa legitimar la violencia en el campo contra los sin tierras, que él considera “terroristas”, y contra indígenas y quilombolas. Legitimar porque hoy ella ya ocurre, y ya aumenta insuflada por el discurso reaccionario de Bolsonaro contra los pobres, los movimientos de lucha por la tierra, indígenas, quilombolas, ribereños, mujeres, etc.

Cortina de humo

Es evidente que ese decreto, así como sus posibles desdoblamientos –una flexibilización mayor en el Congreso Nacional–, no van a resolver el caos de la seguridad pública y la violencia que hoy alcanza sobre todo a los más pobres. Antes de todo, van a proveer de municiones a los ricos y hacendados contra los pobres, que son a quienes ellos realmente temen. Pero, en el primer momento, esa medida puede ser vista también como una acción de marketing en medio de las cabezadas y los escándalos de corrupción que alcanzan su gobierno, como es el caso del motorista-testaferro Queiroz.

El problema de la seguridad nacional hoy está ligado, en primer lugar, al aumento exponencial del desempleo, de la pobreza y de la miseria. Una brutal desigualdad social que con la crisis solo aumenta. Está ligado al hecho de que toda una juventud sin ninguna expectativa de futuro se transforma en un verdadero ejército de reserva para el crimen organizado. La misma juventud, en general negra y de las periferias o morros [cerros], que muere diariamente en manos de la policía o va a llenar los presidios por todo el país.

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En segundo lugar, por la política de criminalización de las drogas, llevada a cabo por este gobierno y por los gobiernos que lo antecedieron, a manos de los Estados Unidos. Una política que criminaliza la pobreza y mantiene intacto el negocio ilegal, capitalista, del tráfico, cuyos dueños multimillonarios no viven en las favelas ni viven de hacer “avioncitos” [venta de drogas en pequeñas dosis]. Y solo pueden llevar adelante sus negocios porque poseen ramificaciones en el Estado, en las policías, etc.

Esa política es una de las justificaciones para el genocidio y el encarcelamiento en masa de la juventud negra. Con eso, matan y llenan las prisiones de pobres y negros, mitad sin juicio y la mayoría sin antecedentes criminales. Represión y control social de un lado, ganancias exorbitantes para un puñado, del otro. La criminalización de las drogas y el consecuente tráfico perpetúan todavía una enorme y ramificada red de corrupción con capilaridad en absolutamente todas las esferas del Estado. Del parlamentario al juez, pasando por las milicias militares y la policía corrupta que cobra coima en las bocas de venta de drogas.

Para reducir de hecho la dramática violencia urbana, la primera cosa que debe hacerse es acabar con el desempleo, la miseria y la falta de condiciones mínimas de vida para la mayoría de nuestro pueblo y de la juventud, y junto con eso, descriminalizar las drogas, sacando la ganancia que alimenta a toda esa espiral de corrupción y muerte, forzando a ese negocio a mostrar la cara, pagar impuestos, y estar bajo control del Estado. Pero no es esa la real preocupación de Bolsonaro o de la “bancada de la bala”[1], que se promueven con el caos y la violencia mientras protegen las ganancias de quienes realmente ganan con eso.

Derechos a la autodefensa, incluso contra el propio Estado

Confiar en el Estado burgués y legitimar el monopolio del uso de la fuerza y de las armas por parte suya es legitimar la represión y la masacre perpetradas contra la clase trabajadora y los sectores oprimidos. El asesinato del líder seringueiro Chico Mendes[2], del que hizo 30 años en diciembre, es ejemplo de eso. Y la violencia policial cotidiana practicada por la policía en los barrios pobres y periferias refuerza de forma dramática esa realidad.

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La mayoría de la población no confía en este Estado y en sus instituciones para garantizar su seguridad, pues sabe que son ellos los principales responsables por atacarlas. El referendo sobre el desarme en 2005, en el que el PSTU llamó al pueblo a votar “NO”, mostró eso con más de 63% de las personas contrarias a la medida.

La clase trabajadora, los sectores populares, los sin tierra, los indígenas, los ribereños, los quilombolas, diariamente atacados, reprimidos y muertos por la policía y las fuerzas paramilitares en general ligadas a la policía y al propio Ejército, tienen, sí, el derecho a la autodefensa. No se enfrentan pistolas y ametralladoras con rosas. Tenemos que defender el derecho a la autodefensa organizada y colectiva de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos, incluso el derecho a la posesión y al porte de armas.

La población pobre de las periferias, que vive el cerco diario entre la violencia policial y la violencia del crimen organizado, debe tener el derecho de organizarse y autodefenderse con armas.

[1] “Bancada de la bala” es el nombre despectivo que se usa para designar al frente parlamentario que defiende el armamento civil, la flexibilización de leyes relacionadas con las armas, y es contrario al desarme, ndt.

[2] Chico Mendes era un sindicalista y activista recolector del látex de las seringueiras con el que se fabrica la goma; era, además, un ambientalista conocido internacionalmente, que defendía los “seringales” amenazados de desmonte, y que por estas razones fue asesinado en 1988, ndt.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 17/1/2019.

Traducción: Natalia Estrada.