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Excluir la ilegalidad garantiza impunidad a las fuerzas de seguridad para que tiren a matar en protestas.

Por: Diego Cruz

El título puede parece exagerado, pero no lo es. El último día 21/11, Bolsonaro anunció un nuevo Proyecto de Ley estableciendo lo que llama de “exclusión de ilícito” a militares y agentes de seguridad, medida que exenta de punición o ablanda la pena al soldado o policía que actúe en legítima defensa o “repela injusta agresión”. En pocas palabras, eso significa que el agente va a poder tirar a matar con la certeza de la impunidad.

Rechazada dos veces en el Congreso Nacional, la nueva versión de la exclusión de ilegalidad de Bolsonaro sería utilizada en operaciones de GLO (Garantía de la Ley y el Orden). Intervenciones del GLO ocurren cuando son autorizadas por el presidente en situaciones de “agotamiento de las fuerzas tradicionales” o cuando hubiere, en el entendimiento del gobierno, “grave perturbación del orden”. Vaga definición que soporta cualquier cosa. Por el Proyecto de Ley de Bolsonaro, agentes de seguridad ni siquiera podrán ser presos en flagrante cuando estén en algunas de estas acciones.

Los agentes de seguridad ya están protegidos por la Constitución cuando actúan en “legítima defensa”, así como cualquier otro ciudadano. ¿Cuál es el sentido, entonces, de esta ley que Bolsonaro envió al Congreso? Bolsonaro confesó, por primera vez, el real motivo de la medida la noche del lunes: reprimir eventuales protestas.

“Si el gobernador pide para bajar el decreto, la persona para de cometer acto terrorista. Protesta es una cosa, acto terrorista es otra. Usted puede protestar a voluntad. Está en el artículo 5° de la Constitución. Protesta es una cosa, vandalismo, terrorismo, es otra completamente diferente”, afirmó el presidente a la prensa frente al Palacio de la Alvorada. Preguntado sobre si la medida era para evitar protestas como en Bolivia o Chile, él no respondió. Pero la intención es evidente. Sigue la amenaza realizada por el hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, cuando dijo que, si hubiera manifestaciones en el Brasil como las que están ocurriendo en Chile, podría haber “un nuevo AI-5”[1].

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Pocas horas después de que Bolsonaro confesara que la ley era para reprimir manifestaciones, su ministro de Economía, Paulo Guedes, reafirmó esa intención.

“No se asusten entonces si alguien pide el AI-5. ¿No ocurrió ya una vez? ¿O fue diferente?, afirmó refiriéndose a un probable escenario de protestas contra el gobierno.

Todas las hipótesis que el presidente y su ministro intentaron utilizar como justificaciones para la ley, ya son actualmente crímenes, como depredación, por ejemplo. Es evidente, entonces, que la exclusión de ilegalidad [o ilícito] de Bolsonaro es para que el soldado del Ejército o el policía militar que estuviere reprimiendo protestas pueda tener la libertad de tirar a matar, sin tener la más mínima preocupación con alguna eventual punición. Es carta blanca para matar.

Aparato de represión para impedir una protesta en Brasilia.

Medida preventiva

Esa ofensiva autoritaria e intimidatoria del gobierno tiene el evidente objetivo de precaverse de protestas a raíz de su política de quite de derechos sociales y laborales y de desmantelamiento de los servicios públicos, contenidos en el reciente paquete enviado al Congreso. Eso, sumado a la profunda degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la población pobre, aumenta el desgaste y la rabia por abajo, posibilitando que en el país se produzcan insurrecciones como vienen extendiéndose por América Latina. En ese escenario, Bolsonaro ya emite una señal de que las manifestaciones serán tratadas a bala, siguiendo lo que vienen haciendo gobiernos como Piñera en Chile, que ya mató a 23 manifestantes, o el gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia, también con 23 muertos en su cuenta.

Luego de la reforma de previsión, el gobierno lanza un conjunto de medidas cuyo sentido es el de quitar todo y cualquier derecho social o laboral que la Constitución de 1988 todavía garantiza, acabando con servicios públicos como Salud y Educación, privatizando todo, y colocando el pago de la falsa deuda pública a los banqueros como prioridad absoluta, tanto de la Unión como de los Estados y municipios. Una reforma constitucional tomando como ejemplo la Constitución del dictador Pinochet en Chile. Y, por lo que parece, el ejemplo chileno no se extiende solo a la Constitución.

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Día 5, todos a las calles

El miedo del gobierno no es en vano. Más que nadie, Bolsonaro y Paulo Guedes saben del impacto que representa el paquete enviado al Congreso Nacional frente a las condiciones de vida de la población más pobre. Es urgente luchar contra este conjunto de medidas que representan, en la práctica, una reforma de la Constitución a favor de los banqueros y los empresarios, y el fin de los derechos y los servicios públicos. Y, con eso, enterrar también este proyecto autoritario y de dictadura de este gobierno. Así, adquiere aún más importancia el llamado realizado por la CSP-Conlutas de un día nacional de luchas para el próximo 5 de diciembre, contra los ataques del gobierno, primer paso rumbo a una huelga general.

Parte del paquete del gobierno, como la Medida Provisoria 905 –mini reforma laboral que tasa el seguro de desempleo– ya está en vigencia y tiene tres meses de plazo para ser aprobada por el Congreso, o caducar. O sea, el tiempo es escaso, y es urgente una fuerte reacción contra eso. Las direcciones de las grandes centrales sindicales deben rever su posición y unirse a esta lucha, convocando para el día 5 y llamando a la unidad de todos contra este proyecto.

[1] AI-5: Acto Institucional n.° 5, el quinto de los diecisiete decretos de la dictadura militar en el Brasil (1964-1985), sancionado en 1968 y uno de los más duros, ya que eventualmente resultó en la institucionalización de la tortura usada como instrumento por el Estado, ndt.

Artículo publicado en www.pstu.org.br

Traducción: Natalia Estrada.