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Vizcarra renovó pacto con la Confiep
El día de la disolución del Congreso solo cuatro gatos se pronunciaron cuestionando la legalidad del gobierno, uno de ellos fue la Confiep. Sin embargo, pasaron cuatro días y la posición del gremio patronal cambió diametralmente. ¿Principios democráticos? No. Según el gremio patronal el gobierno le había dado las garantías de que continuará el plan económico que protege sus negocios y la implementación de la agenda de la Confiep, la cual recorta los derechos de los trabajadores y facilita los ceses colectivos a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad

Por: PST Perú

Con la disolución del Congreso el gobierno logró acomodarse dentro del sentimiento nacional de rechazo a la corrupción aprovechando que, a pesar de que en ella están envueltos todos los gobiernos –incluyendo al actual–, el fujiaprismo dio motivos más que suficientes para convertirse en el símbolo casi absoluto de esa corrupción y legitimar políticamente la disolución y de paso al gobierno.

No todos se fueron

De ese modo el gobierno también consiguió cambiar la demanda «que se vayan todos» por el «que se vayan los fujiapristas». Vizcarra se queda hasta el 2021, y tiene varios meses para gobernar sin Congreso, a punta de decretos, mientras se elige a los nuevos congresistas en enero próximo.
Este resultado, sin embargo, nada tiene que ver con el verdadero objetivo de la lucha contra la corrupción ni mucho menos.

Vizcarra no es ninguna garantía en la lucha contra la corrupción, él ha sido parte del gobierno PPK, y participó personalmente en la negociación del aeropuerto de Chinchero, su anterior gestión como gobernador regional es materia de investigación por la fiscalía; por otro lado, su primer jefe de gabinete recibió dinero de Odebrecht y uno de sus ministros tuvo que renunciar por sus vínculos con la mafia de la madera. No hay razón para pensar que el gobierno no utilizará su influencia para controlar el sistema judicial al servicio de su impunidad y la de sus aliados.

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El plan económico de los gobiernos corruptos

Por otro lado, en la misma línea de los anteriores gobiernos sumidos en la corrupción, el principal interés de Vizcarra es cuidar la continuidad del plan económico y los intereses empresariales, por encima y en contra de las demandas populares, lo cual está en la base de un descontento más profundo que explica la radicalidad de diversas luchas populares, cuya proyección se refleja en el espejo de la actual insurrección de las masas chilenas, pues tienen casi exactamente las mismas causas.

Ese plan es responsable de la persistente política de austeridad fiscal que explica los ruinosos servicios de salud y educación, la creciente inseguridad ciudadana y el envilecimiento de las remuneraciones de médicos, profesores y otros servidores públicos, así como los niveles denigrantes de las pensiones de jubilación; mientras por otro lado esas políticas crearon y ampliaron la precariedad laboral y la superexplotación en la minería, la industria textil y el agro, como el régimen laboral del agro, ampliado por el disuelto Congreso a pedido del gobierno por diez años más; y también la imposición de proyectos mineros pasando por encima de los derechos de las poblaciones afectadas.

Esa política también promovió proyectos mineros en condiciones entreguistas que generaron gigantescas sobreganancias de unas cuantas transnacionales, y un sistema privado de pensiones que ya se revela como una vil estafa que enriquece a los banqueros.

Vizcarra es autoritario con los trabajadores y el pueblo

Por eso no es de extrañar que sus primeras medidas como gobierno con poderes concentrados, hayan sido en contra de las masas populares y a favor de las empresas. Vizcarra decretó estado de emergencia en el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con participación de tropas militares para intimidar y reprimir a las poblaciones que protestan legítimamente contra el daño ambiental de Las Bambas. «Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión…», reza el decreto.

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Su propósito ya sabemos es convencer a los empresarios de que él defenderá sus negocios e implementará la agenda de la Confiep, so pretexto de combatir la desaceleración económica. Con lo cual permanecen las amenazas del plan de competitividad y productividad que busca suprimir derechos laborales y abaratar los ceses colectivos, y también crear nuevos medios de explotación con las poblaciones juveniles, el trabajo a tiempo parcial y los trabajos en línea.

Continuar la lucha contra la corrupción y el plan económico

Por lo mencionado, la lucha contra la corrupción, para que en verdad se vayan todos los corruptos, y contra los ataques a la economía popular, sigue más vigente que nunca. Para ello es indispensable romper con la política de subordinación y apoyo al gobierno que se alienta desde la dirección de la central y los partidos de la izquierda del disuelto Congreso, y la política netamente electoral que promueven esos mismos sectores, para impulsar la centralización de las luchas contra el gobierno, por la reposición de los despedidos y otras demandas obreras, junto con la defensa del derecho de los pueblos a defender su medio ambiente y las luchas juveniles contra la privatización de la educación y las nuevas versiones de ley pulpín que se vienen preparando.