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El apretón de manos el pasado 23 de marzo entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las FARC, Ricardo Londoño, alias Timochenko, expresa el punto más alto del avance logrado en las negociaciones: un punto irreversible.

Por: Arturo Guevara G.

Ese apretón de manos, jalonado política y físicamente por el presidente cubano, Raúl Castro, a nombre de todos los gobiernos que auspician la negociación, incluido el imperialismo norteamericano y el Papa, es el hecho simbólico del inicio de un nuevo periodo político en el país, más allá de cualquier detalle o incidente menor en el futuro.

Sean cuales sean los costos de seguir adelante, pactando un cese bilateral de fuego, ajustando los acuerdos y puntos pendientes, procediendo a la concentración de fuerzas de las FARC, para cada una de las partes sería más oneroso retroceder y están obligados a avanzar hacia el acuerdo final y entrega (dejación) de armas; a lo cual se fijó fechas límite (23 de marzo de 2016 para el acuerdo final y máximo dos meses después para la dejación de armas).

Arrastrado o empujado por ese proceso, que será cual borrasca invernal, el ELN tendrá que acelerar el paso; pues ni política ni militarmente tiene opción diferente que adherir a una parte de los acuerdos, buscar identidad y protagonismo –negociando algunos puntos específicos– y, como réplica de segunda, llegar a un apretón de manos similar. 

El nudo gordiano

Además de los anuncios anteriores, aderezos muy importantes, el plato fuerte que ameritó el retorno súbito de los negociadores del gobierno a la capital cubana y el encuentro Santos-Timochenko fue que el nudo gordiano que había frenado más de un año el avance de las negociaciones había sido cortado o desatado; lo que para el caso, como reza la leyenda, da igual.

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El trabajo previo de una comisión jurídica bipartita logró un acuerdo sobre cómo se tramitará la parte más compleja y espinosa de todo el proceso: la justicia, juicios y condenas, a los responsables de décadas de violencia y toda clase de actos atroces. En ese punto están de por medio las expectativas y exigencias de millones de víctimas del conflicto armado colombiano y la propia estabilidad futura de los acuerdos.

Según los datos del Centro de Memoria Histórica se trata de 220.000 víctimas mortales, de las cuales la inmensa mayoría (177.307) son civiles y el resto combatientes. Desde 1984 se estiman 6.414.700 desplazados, 55.000 personas afectadas por algún acto terrorista, 11.000 que han padecido las consecuencias de las minas antipersona, 130.000 que han sufrido amenazas durante el conflicto, cerca de 75.000 que han perdido algún bien y más de 21.000 que han sido secuestradas. En diferentes registros se habla de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual.

Justicia negociada, impunidad pactada

Desde una posición revolucionaria hemos repetido una y mil veces que de lejos, durante todas las décadas anteriores, el principal criminal contra el pueblo colombiano, el responsable directo del asesinato de miles de dirigentes sindicales, el responsable de los decenas de millares de desaparecidos y amenazados y el responsable del funcionamiento criminal del paramilitarismo, ha sido el Estado colombiano y el régimen político reaccionario a través del cual han ejercido el poder las clases dominantes.

Responsable directo de esa matanza de décadas, que hizo que por los ríos del país corriesen sangre y cadáveres en lugar de agua o que acertadamente el territorio nacional fuese designado como una inmensa fosa común, es también el imperialismo norteamericano que dirigió, orientó, entrenó y financió a este Estado y a los vasallos políticos que lo dirigían y dirigen. Una verdadera justicia que haga honor a las víctimas debería sentar en la silla de los acusados a ese régimen y a sus agentes políticos, militares y económicos como primeros y principales autores y responsables.

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Luego de lo anterior, también desde una posición revolucionaria, hemos señalado reiteradamente que el conjunto de la guerrilla colombiana, por su estrategia y métodos errados, por la degeneración que ha sufrido desde sus épocas iniciales –en las cuales expresó con claridad un alzamiento revolucionario y defensivo contra ese reaccionario régimen– terminó convirtiéndose en victimaria de franjas de población.

En esa medida las FARC, si hubiesen tenido una actitud revolucionaria durante esta negociación, deberían desde el principio haber reconocido abiertamente los errores cometidos durante su alzamiento contra el régimen, haber pedido perdón a las víctimas y a la totalidad del pueblo colombiano, expresando su disposición a someterse al juicio y castigo que democráticamente decidiese el propio pueblo. Pero optaron por el camino contrario: negociar sus culpas con los principales victimarios.

Las FARC se autocondenan y limpian al régimen

El texto del acuerdo suscrito señala que “La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”. (Subrayado nuestro).

La verdad, monda y lironda, es que esta denominada “Jurisdicción Especial para la Paz” será el medio a través del cual el régimen lavará su fachada sangrienta (condenando de pronto a algunos chivos expiatorios) y, de paso, ejecutará la condena política reaccionaria a la guerrilla –no sólo por actos específicos condenables sino por la totalidad de su accionar.

Las FARC, a cambio de las ventajas que por este medio obtienen sus dirigentes (logrando reducción de penas, no tener que pagar cárcel, obtener indulto o amnistía), han hecho la más grande traición a la lucha democrática del país: impedir que, como debe ser, tarde o temprano el pueblo colombiano comprenda que la causa última de toda violencia y muerte que ha sufrido durante décadas (y que continuará sufriendo luego de firmados los acuerdos de las FARC y el gobierno de Santos) tiene un primer y fundamental responsable: el Estado y régimen capitalista del país, agentes directos del poder y dominación del imperialismo y sus multinacionales.

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La justicia negociada que han aceptado las FARC (para su propio beneficio) es un verdadero pacto de impunidad que suscriben con el régimen reaccionario. Esa es, en últimas, la más clara demostración de su fracaso.

Bogotá, 24 de septiembre de 2015