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A medida que pasan los días se revelan más indicios acerca de lo que Iván Duque cree que es la paz. También de lo que nos quiere hacer creer que ella es. Desde el día de su elección, habló públicamente con lenguaje puritano y embaucador: asume “con humildad” la carga de unir a los colombianos. Según él no hay vencidos, todos vamos en la faena de construir país. Al mismo tiempo, frente a lo que Juan Manuel Santos nos vende como la paz alcanzada, los acuerdos de la Habana, Duque declara que “no los hará trizas” pero que sí asegura la paz para todos con justicia. Ante esto no hay duda. Lo que la burguesía llama paz con seguridad es el entorno en el que se implantan las condiciones para la inversión capitalista y para garantizar la tasa de ganancia.

Por: PST – Colombia

Paz para la inversión

La situación económica de Colombia exige un trato cuidadoso para no llevarla a niveles críticos del desarrollo capitalista. Expertos han prevenido sobre factores de riesgo para la economía colombiana como por ejemplo, las debilidades en competitividad. Al respecto el Consejo Privado de la rama recomienda restringir los derechos y las conquistas sindicales, al tiempo que llama a la participación de constructores, concesionarios y grupos financieros extranjeros para no recargar la capacidad nacional de inversión. Pero está también el apartado de las pensiones, el de la política de endeudamiento e incluso en años recientes alguien llegó a afirmar que el ingreso de Colombia a la OCDE, anhelo de la burguesía, es un gran error mientras existan índices tan altos de informalidad que no generan desarrollo.

Lo cierto es que efectivamente, una de las aspiraciones de Duque es aumentar la inversión. Ya lo ha dicho. Pero este propósito requiere adecuar un marco legal que dé seguridad, cosa que no permiten según él los acuerdos Santos–Farc. Frente a estos hace curso la ofensiva del uribismo por realizar ajustes y uno de los que más incita al choque interburgués está en el marco del acuerdo cinco, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, en el tema de Justicia. Para eso se pactó la Jurisdicción Especial para la Paz.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Duque y el uribismo quieren convencernos de que el acuerdo en este punto genera impunidad, a diferencia de la modificación por ellos planteada que supuestamente no lo hace. Lo cierto es que ambos puntos de vista (Santos y Duque) generan impunidad. El título del quinto acuerdo resulta un eufemismo pues a Santos, a las Farc, al uribismo y a Duque lo que menos les preocupa son las víctimas. Durante la campaña electoral y después, Duque se ha obstinado en separar a los militares de la JEP para quedar de esa forma exentos de tal marco jurídico. En su lugar tendrían una sala especial de instrucción, e investigación.

El objetivo neurálgico del Centro Democrático es favorecer a los cuerpos armados del Estado, pues según una senadora uribista, se quiere acabar con la honra de los militares y ellos urgen de “un procedimiento distinto a aquel diseñado para las confesiones de los criminales”. De modo que los delitos cometidos por las fuerzas del Estado no los hace también criminales. Patente y patético cómo tratan de ganarse los diferentes sectores burgueses la simpatía de las Fuerzas Armadas.

El presidente entrante opina que es necesaria una Justicia Penal Militar que cuente con magistrados conocedores “de las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional”. En otras palabras, jueces que simpaticen con la vocación del aparato represor del Estado. Duque además hace expreso su afán de restringir el accionar político de la Farc endureciendo las penas para los antiguos combatientes, a la par que exige determinar el narcotráfico como delito no conexo con el delito político, lo que sería otra probable manera de reducir el activismo fariano en el Congreso. Es decir darle vía libre a la extradición de los dirigentes de la FARC a los Estados Unidos, en donde serán juzgados por un delito común.

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La paz en el marco geopolítico

El celo con que la burguesía colombiana cuida el libre accionar de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la consolidación del régimen político que no es propiamente un modelo de democracia. Más bien se trata de encajar unos fuertes rasgos autoritarios, represivos y disuasivos que permitan imponer todo tipo de medidas económicas y sociales contra el pueblo trabajador. Pero Colombia que es una semicolonia, no se corta sola en materia militar. Duque lo sabe y seguramente agradece a su antecesor la jugada que le dejó puesta en el tablero, el ingreso a la OTAN. La entrada de Colombia a este organismo es visto por un alto funcionario como el reconocimiento de que el país “forma parte de los guerreros del mundo que protegen el valor supremo de la democracia”.

Sea como sea, la paz de Colombia parece pensada por Duque en términos geopolíticos, como cabeza de playa en el continente y servil al Imperialismo. Ello es compatible con hechos como retirar el embajador en Venezuela, llamar a los países para que se desafilien de Mercosur y denunciar a Maduro en la Corte Interamericana. A eso se suma desde luego la amenaza al propio pueblo colombiano, cuando este vaya a hacer uso de la protesta social. Ya lo manifestó Botero, nuevo ministro de Defensa: el gobierno pondrá reglas a dicha protesta, para atacarla con la fuerza militar claro.

Mientras tanto, continúan los asesinatos de líderes sociales, fenómeno que amenaza con convertirse en genocidio. Este tipo de asesinatos tiene un doble objetivo, atacar al líder por sí mismo, como individuo, pero también advertir a la comunidad, al grupo, al partido, al sindicato, para que no piense en adelantar protestas sociales que tanto preocupan a Duque y a su ministro de defensa. La armonía de explotados y explotadores, la paz de Duque, solo será posible mediante la imposición de la fuerza estatal y para estatal contra las masas trabajadoras. La verdadera paz para estas solo podrá garantizarla su propia lucha.

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Artículo publicado en El Socialista n.° 718, agosto de 2018.-