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Muchos plantean que será un triunfo para las mujeres chilenas la aprobación del proyecto de ley enviado por Bachelet, que despenaliza el aborto en tres causales: terapéutico, por inviabilidad fetal, y por violación. Esta última es la que ha causado mayor controversia dentro de la Nueva Mayoría, donde la DC se opone, mientras que la derecha se opone en su totalidad al proyecto.

Por: Natalia Torres*

Somos enfáticos en decir que esta reforma es absoluta­mente insuficiente, porque las dos primeras causales son aproximadamente 3.000 casos al año, es decir, sería solo sobre 3% de los 100.000 abortos (“ilegales”) que se producen en Chile, lo que demuestra que la mayoría de las mujeres quedaría fuera de esta categoría. Además, no contempla la edad gestacional del feto, es decir, que se pueda hacer en cualquier momento.

La causal por violación muestra una mayor burocracia, donde se exige la autorización del tutor/padre/madre para realizar el aborto, aparte del consentimiento de la niña; sin embargo, cerca de 70% de las violaciones son cometidas por un familiar directo y [el aborto] se puede realizar hasta las 18 semanas, mientras que para mujeres mayores de 14 años solo puede ser realizado hasta las 12 semanas.

Aquí es donde planteamos las siguientes dudas: ¿cómo nos aseguramos de que a las niñas menores de 14 años se les respete su decisión de abortar si su mismo padre es el violador? ¿Por qué esta discriminación con las mujeres violadas que tienen un tiempo impuesto, mientras que en los otros casos no? Aparte de lo anterior, se indica que solo un médico puede realizar el procedimiento, pero olvida que hay localidades que no tienen médicos, o, ¿qué pasa si todos los médicos de la localidad tienen objeción de conciencia (negación legal para no practicar el aborto)? ¿Cómo ayudará el Estado a las mujeres pobres que no puedan viajar? Esto último lo decimos porque el misoprostol es un método seguro que en otros países es entregado a las mismas mujeres para que se realicen el aborto en sus casas.

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Todos estos interrogantes demuestran que el Gobierno no está interesado en hacer un verdadero proyecto de ley al servicio de las mujeres trabajadoras. Aunque se apruebe este proyecto, las mujeres seguirán realizándo­se abortos ilegales, porque está demostrado que cuando una mujer ha decidido abortar lo va a hacer aunque las leyes se lo impidan, siendo las mujeres pobres las más afectadas, porque no tienen para viajar a un país donde el aborto sea legal o para pagar una clínica donde hagan pasar el procedimien­to por “apendicitis”; son ellas las que se someten a abortos en condiciones inseguras porque no pueden costear los casi $100.000 que vale el misoprostol en el mercado negro; las que deben ir al sistema público donde son torturadas tanto física como sicológicamente por el personal médico y por el sistema judicial; las mujeres pobres seguirán arriesgando sus vidas y con el temor de ser detenidas mientras se realizan el aborto ilegal.

Es por esto que desde Izquierda Comunista defendemos el derecho al aborto libre y gratuito, sin ninguna causal que imponga la ley, y sabemos que para lograr esto debemos acabar con este sistema capitalista opresor y explotador y luchar por una sociedad que garantice nuestros derechos sociales, una sociedad socialista.

* Militante Juventud IC

Artículo publicado en Alternativa Comunista n.° 30, setiembre de 2015.-

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