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Como muchos ya están acompañando, hay una verdadera rebelión popular en curso en Chile. El país que era el ejemplo sudamericano de estabilidad y modernidad explotó.

Por: David Espinoza

Quiero contar un poco sobre cómo están las cosas por aquí, desde el inicio de la rebelión.

La semana pasada, el gobierno anunció un aumento del pasaje de ómnibus y subterráneos (metros) de Santiago. El aumento anunciado fue de 30 pesos, más o menos 4 centavos de dólar. Un valor irrisorio, si no fuese solo la punta del iceberg. No obstante, el pozo está más abajo, como decimos en Brasil.

Chile es una de las cunas o laboratorios de lo que se conoce como neoliberalismo. Aquí, desde la dictadura de Pinochet, todo el plan económico de los neoliberales de la Escuela de Chicago fue implementado desde finales de la década de 1970. La mayoría de los servicios públicos fue privatizada. Las universidades públicas son todas pagas. En el Brasil tenemos la idea de que algo público es gratuito, pero eso no es así en varios países. En Chile, una mensualidad en una universidad pública puede costar más que en una universidad privada.

Como los salarios de las familias son muy bajos (más de 50% de la población vive con menos de un salario mínimo), las familias no tienen dinero para pagar las mensualidades. Eso generó, hace años, un enorme problema de endeudamiento de los estudiantes y de sus familias. Aquí un estudiante que termina su curso universitario puede pasar 10 o 15 años pagando los préstamos que tomó.

La salud pública también es paga. No existe un Sistema Único de Salud (SUS). Los hospitales públicos son caóticos, todos los años mueren millares de personas en las filas de espera. Quien tiene dinero para pagar un plan de salud privado acaba comprometiendo gran parte de su renta en eso, ya que los planes no cubren todos los gastos de atención hospitalaria, internaciones, cirugías, etc. Si una persona se enferma y se salva, seguramente saldrá con una enorme deuda que tendrá que pagar por los próximos años.

Los derechos laborales fueron destruidos por la dictadura. La jornada de trabajo es de 45 horas (semanales), las vacaciones son de 15 días, los trabajadores tienen media hora de almuerzo. La mayoría de los sindicatos no tiene ningún poder de negociación, ya que dentro de una misma empresa está permitida la existencia de muchos sindicatos del mismo sector (dentro de una mina, por ejemplo, pueden existir 20 o 30 sindicatos). El resultado de eso es que los patrones hacen lo que quieren. La posibilidad de reacción de los trabajadores es pequeña. Y cuando hay sindicatos fuertes, están en manos de burócratas que defienden más a los patrones que a los trabajadores.

Una de las herencias más nefastas de la dictadura es el sistema de pensiones (jubilaciones). Todo el sistema es privado. La jubilación de los trabajadores es administrada por las AFPs, Administradoras de los Fondos de Pensión. Son empresas privadas que utilizan la enorme cantidad de recursos que es descontado todos los meses de los salarios de los trabajadores para lucrar. El dinero de las pensiones (jubilaciones) es utilizado para financiar los negocios de los propios empresarios, comprar acciones de empresas, etc. Los propios dueños de las AFPs, que también son dueños de muchas otras empresas, bancos, aseguradoras, etc., utilizan ese dinero para financiar, con bajísimas tasas de interés, sus otros negocios. Es una mina de oro. Ese es el modelo de capitalización individual que Bolsonaro y Guedes quisieran implementar ya con esa Reforma de la Previsión en el Brasil.

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Todavía no lo consiguieron, pero el proyecto vendrá enseguida. Se trata de destruir el sistema público (INSS) para que las empresas privadas administren el dinero acumulado por los trabajadores. La lógica de las AFPs es nefasta. Esa enorme suma de recursos es invertida en el mercado. Si hay ganancias, eso queda para los accionistas de las AFPs, si hay pérdidas, ese dinero es quitado de las jubilaciones de los trabajadores. Y lo peor, la mayoría de los trabajadores se jubila con menos de 30% de lo que recibía antes. Eso explica en gran parte el enorme aumento del número de suicidios de ancianos en la última década.

En los últimos años, millones de chilenos salieron a las calles de forma pacífica contra las AFPs y defendiendo la vuelta de un sistema público de pensiones (como el INSS del Brasil). La respuesta de los gobiernos (de “izquierda” y de derecha) fue hacer promesas y no cambiar ni una coma. Ahora, peor, el gobierno de Piñera (actual presidente) mandó al Congreso una reforma que entrega todavía más dinero para las empresas.

En las principales empresas del país, la explotación es brutal. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Los mineros, con una larga historia de luchas, y sus familias, sufren diariamente las consecuencias más nefastas de la minería –las enfermedades pulmonares (como la silicosis), dolencias musculares, psicológicas, etc.–. Muchos mineros trabajan lejos de sus casas, en turnos de 10/10 (10 días de trabajo, 10 de descanso), lo que los lleva a tener una dinámica familiar muy difícil y penosa.

La situación del principal pueblo originario, los mapuches, es dramática. Hace siglos este pueblo viene resistiendo las ofensivas de los empresarios y del Estado para tomar sus tierras, que se concentran principalmente en región sur (la más fértil) del país. Hace siglos hay una verdadera guerra contra los mapuches.

Dicho todo esto, ahora podemos volver al aumento del pasaje.

La semana pasada, entonces, el gobierno decidió aumentar el precio del pasaje. Un trabajador o una trabajadora que toma dos subtes (metros) por días puede llegar a gastar en un mes 1/6 del salario mínimo.

El aumento, claro, no fue bien recibido. En los días siguientes al anuncio, muchos estudiantes secundarios comenzaron a convocar para saltar los molinetes de ingreso al metro. El movimiento se masificó. El gobierno respondió diciendo que no iba a disminuir el precio del pasaje y puso a la policía en las estaciones. De ahí para adelante, la cosa fue empeorando. Muchos videos muestran a la policía tirando bombas de gas lacrimógeno dentro de las estaciones, niños vomitando, madres llorando, policías empujando a estudiantes por las escaleras. Obviamente, el efecto de esas acciones fue el aumento de las manifestaciones.

El viernes 18/10 el gobierno militarizó completamente las estaciones, frente a las convocatorias masivas de los estudiantes. En el horario pico de salida de los trabajadores, 18 a 19 hs, el gobierno resolvió cerrar las estaciones para evitar que saltaran los molinetes [y no pagaran el pasaje]. Esa decisión hizo que millares de trabajadores no pudiesen volver a sus casas y tuviesen que caminar. Eso generó manifestaciones espontáneas en varias partes de la ciudad. El viernes por la noche, comenzaron los conflictos más violentos.

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En todos los barrios comenzaron las protestas y enfrentamientos con la policía. Por la noche, la cosa ya se había generalizado. En todos los barrios de la capital ya había protestas. Las familias se sumaron a la juventud. La policía reprimió y reprimió. La revuelta tomó un carácter más violento. Esa noche, 16 estaciones de metro y un enorme edificio de la empresa de energía Enel (localizado en la principal avenida de Santiago) fueron quemados, hubo saqueos en algunos supermercados y barricadas por toda la ciudad. La policía ya no conseguía más controlar las manifestaciones.

En la noche del viernes, frente a una enorme rebelión popular, el gobierno anuncia el Estado de Emergencia en la ciudad, restringiendo los derechos de manifestación y reuniones, y pasando el control de la ciudad a manos de un general. Las Fuerzas Armadas son autorizadas a ocupar la ciudad. Más de 300 personas son presas.

La intervención de las Fuerzas Armadas arrojó aún más leña al fuego. Aquí hay una enorme rabia de amplios sectores sociales contra las Fuerzas Armadas por el papel que tuvieron en la dictadura –los miles de torturados, asesinados y desaparecidos–. La mayoría de los militares envueltos en esos casos nunca fue castigado.

La noche del viernes fue de conflictos y barricadas. No sabíamos como amanecería el día siguiente. La presencia de las Fuerzas Armadas seguramente intimidaría a los manifestantes, pensaba el gobierno. Nada más equivocado.

El sábado, la ciudad amaneció con cacerolazos y conflictos en prácticamente todos los sectores populares y algunos barrios de clase media. Los conflictos ahora no eran solo con los policías, sino con las propias Fuerzas Armadas. Ayer (sábado), las protestas se expandieron a todo el país, de norte a sur, de Arica a Magallanes. El gobierno decretó estado de emergencia en Valparaíso (ciudad portuaria con larga trayectoria de luchas) y Concepción (una de las principales ciudades del sur). En Santiago, muchos supermercados de grandes empresas (Wallmart, por ejemplo) fueron saqueados o quemados. En uno de los incendios tres personas murieron quemadas. Muchas farmacias y grandes comercios fueron saqueados.

Sobre los saqueos, hay escenas muy interesantes. Muchos de ellos fueron protagonizados por familias y por la población en general. En un video que circula por internet, es posible ver a un joven lumpen que sale cargando una enorme televisión. Los trabajadores que organizaban la barricada, al ver al joven saliendo con la televisión, la quitan de sus manos y la tiran en la hoguera de la barricada. El televisor comienza a arder en llamas. Los alimentos saqueados, en varios lugares fueron repartidos por los trabajadores presentes en las barricadas.

El proceso es totalmente espontáneo y sin dirección. Los partidos tradicionales no consiguen controlarlo. El gobierno está perdido. Ayer, tuvo que retroceder y declaró la revocación del aumento del pasaje. Al mismo tiempo, el general encargado de Santiago anunció un toque de queda a partir de las 22 horas. Nada podía enfurecer más aún a la población, que salió masivamente a las calles luego del toque de queda y pasó la noche en las barricadas enfrentándose con la policía y el ejército. Las protestas ganaron mucho apoyo popular, a pesar de la campaña de los grandes medios de comunicación para criminalizar a los “vándalos” que estaban quemando los metros y saqueando los supermercados. Entre los trabajadores se armó también una gran debate sobre las tácticas que deben ser utilizadas en el movimiento, ya que la destrucción del transporte público y otros espacios públicos seguramente acabará significando una pérdida para la propia población. Pero la rabia fue incontrolable.

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Los videos de la brutalidad policial y del ejército circulan sin parar. Ayer, la ciudad de Valparaíso, una de las más combativas del país, fue completamente ocupada por tropas del ejército. Los conflictos se extendieron por toda la noche de ayer. Muchos cacerolazos se realizaron de norte a sur del país.

Hoy, el día amaneció relativamente tranquilo. Algunos ómnibus circulaban por Santiago. El aeropuerto, sin embargo, no funcionó. Muchos vuelos fueron cancelados, lo que está generando un colapso. Luego, en el inicio de la mañana, comenzaron las concentraciones en las plazas y otros lugares públicos. En la emblemática Plaza Italia, los conflictos con el ejército y la policía no pararon un minuto. Más incendios, más saqueos, muchas barricadas. El gobierno nuevamente anunció el toque de queda para las 19 horas (hace dos horas).

Un nuevo fenómeno comenzó a aparecer. Grupos armados de traficantes o relacionados con la propia policía comienzan a asustar a las poblaciones más combativas, atacar ferias y otros pequeños negocios. Hay noticias de corte de agua en varios lugares de Santiago. Los videos de la brutalidad de las Fuerzas Armadas no paran de circular. Si aún no hay ningún asesinado por las fuerzas militares o paramilitares, esa es una posibilidad grande en las próximas horas o días.

La furia popular es enorme y no parece que disminuirá tan pronto. El gobierno no tienen otra respuesta además de la represión. Ya son nueve mil militares distribuidos por las ciudades ocupadas.

Mientras escribo estas líneas, escucho gritos, tiros y bombas del lado de afuera del lugar donde estoy.

Bienvenidos a Chile, un oasis de modernidad y estabilidad en América Latina.

En los últimos minutos, el gobierno anunció que ya subió a siete el número de muertos, que va a aumentar la represión y a ampliar el estado de emergencia para más regiones.

Traducción: Natalia Estrada.