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Hoy existe una tasa de sindicalización cercana a 14,2% y gran parte de los sindicatos (50%) tiene 37 o menos socios; a lo anterior se agrega, que las huelgas están absolutamente reglamentadas con plazos y contenidos determinados, y las negociaciones limitadas a la empresa y sin acceso a su contabilidad; todo arreglado según el Código Laboral impuesto en Dictadura.

Por: Redacción – Izquierda Comunista

Este encamisado (de fuerza), impuesto por militares y patrones; no permite que las luchas sindicales [que deberían mejorar la distribución de la riqueza del país], logren negociaciones satisfactorias para los trabajadores. De hecho, hoy la realidad nos muestra, que 53,6% de los trabajadores tienen salarios entre $100.000 y $300.000, y que 79% de los trabajadores y trabajadoras obtienen un sueldo por debajo de los $500.000. Peor aún, el sueldo mínimo es tan solo de $241.000.

Por su parte los millonarios, que en Chile significan 1% de la población, se apropian de 30% de la riqueza del país. Riqueza creada por el trabajo diario que realiza la clase trabajadora. esta realidad, se encuentra legalizada en la Constitución de los ’80 (aún vigente) creada bajo la Dictadura Militar, y que tiene como expresión más elocuente el Código Laboral creado a imagen y semejanza de lo que los empresarios y patrones deseaban para seguir explotando en «paz» y «democracia».

Hoy la nueva Reforma Laboral pretende legitimar “democráticamente” este Código de la Dictadura y más aún plantea un nuevo ataque que debilite más todavía la acción sindical. Con la Reforma se pretende:

1) judicializar la acción de los dirigentes,

2) criminalizar las huelgas con sanciones civiles y penales,

3) debilitar la huelga al exigir “servicios mínimos” y permitir a los tribunales reanudar la producción,

4) debilitar la negociación colectiva al permitir negociar bajo el piso sindical,

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5)  flexibilizar la jornada laboral empeorando la calidad de vida de los trabajadores.

La dirección de la CUT (en manos de la Nueva Mayoría) llama a aprobar esta Reforma y a que confiemos en los parlamentarios. Nosotros somos claros en decir que: “…este parlamento que tiene una mayoría de corruptos que han sido ‘coimeados’ por patrones y empresarios, no nos representa.”

PENTA, Caval, SOQUIMICH, la Ley de Pesca, el fraude de La Polar, la colusión de las Farmacias[1], entre otros, son una muestra de que los parlamentarios de la Derecha y la Nueva Mayoría están vinculados con los negocios de los grandes grupos económicos. Estos se enriquecen gracias a la súper explotación que le permiten estas leyes antisindicales y aquellos –los políticos– reciben sobornos por votar leyes en favor de los empresarios.

Por esto es que la CUT, no puede convencernos de confiar en los corruptos, muy por el contrario desde estas páginas llamamos a la CUT a que rompa con el Gobierno y sus políticas antisindicales y se coloque en la trinchera de los trabajadores, que es la que le corresponde.

Los y las trabajador@s debemos oponernos a esta reforma que solo pretende: destruir la sindicalización combativa, aumentar la explotación y generar más división entre nosotros. No podemos permitir que haya más flexibilización laboral y que se encarcele a nuestros dirigentes; debemos organizarnos y luchar por nuestros legítimos derechos.

En esta tarea, la dirección de la CUT ha estado ausente, y permanentemente apoya más al Gobierno que a quien dice representar: los trabajadores. Es la CUT la que debe convocar y organizar junto a los sindicatos que se reclaman clasistas una Jornada de Movilización Nacional; pues ella concentra a un alto número de trabajadores sindicalizados. Pero además porque la crisis económica no puede caer en las espaldas de los trabajadores, la crisis la deben pagar aquellos que la han creado: los patrones y empresarios, de este sistema capitalista.

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Nota:

[1] PENTA es un holding empresarial chileno con inversiones en previsión, seguro, salud, inmobiliaria y educación, al que se le abrió un caso judicial penal por un supuesto fraude al fisco, que incluye el financiamiento a campañas electorales de distintos políticos.

Caval, empresa inmobiliaria involucrada en un escándalo político y judicial por tráfico de influencias. Cabe considerar que 50% de la empresa pertenece a la nuera de la presidente Bachelet, Natalia Compagnon, y en la que el hijo de la Presidente, Sebastián Dávalos habría ayudado a obtener un crédito por más de U$S 10 millones con el Banco de Chile, que fue aprobado días antes de que su madre ganara la elección presidencial.

SOQUIMICH o SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) es una empresa minera privada que se dedica al procesamiento y comercialización de salitre, yodo, potasio y litio, y a la que se le investiga por financiamiento de campañas políticas y fraude al fisco entre los años 2009 a 2014.

La Ley de Pesca o Ley Longueira mantiene el mar privatizado, conforme el artículo 26 que dice que se licita a perpetuidad el recurso pesquero solo a siete familias poderosas, con el argumento de la sobreexplotación pesquera. Se considera que esta Ley afecta la pesca artesanal y a sus trabajadores y arrasa con el ecosistema marino, sin contar con que se ha abierto una investigación judicial sobre financiamiento ilegal de la política, que cuestiona su legitimidad como Ley ya que se cree que grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en la sanción de la misma a favor de sus intereses.

La Polar, empresa de cadena de tiendas cuyas acciones cotizaban en la Bolsa de Comercio de Chile y que en 2011 fue acusada de realizar recaptaciones masivas unilaterales a afectos de abultar su cartera, luego de haber sido indicada entre las empresas con alto riesgo crediticio.

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En 2008, estalló un escándalo por la denuncia ante la Subsecretaría de Salud Pública de colusión de precios de tres grandes cadenas de farmacias (Ahumada – FASA, Cruz Verde y Salcobrand), particularmente en 222 medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas como Parkinson, diabetes, asma, reumatismo, epilepsia, además de anticonceptivos y antibióticos, y que suponían un sobreprecio de hasta 3.000% sobre los precios de la Central Nacional de Abastecimiento, del Servicio de Salud Pública – Ministerio de Salud (Cenabast) [N. de E.].