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Sacando provecho de los últimos atentados para avanzar en sus proyectos de reformas de las medidas de seguridad pública, la N-VA, en la persona de la Sra. Valerie Van Peel, presentó en setiembre de 2016 una propuesta de ley para modificar las condiciones respecto del secreto profesional para los trabajadores sociales – CPAS, mutuales, sindicatos. La propuesta, ampliamente sostenida por la mayoría del CdH, y reclamada por el ministro de la justicia Koen Geens, será sometida al voto en la Cámara el 27 de abril, mientras que los profesionales del sector van a manifestar por el retiro del texto.

Por: LCT – Bélgica

Este texto debería, sin sorpresa, ser adoptado por los parlamentarios,[1] visto el apoyo del que goza en el mundo político, a excepción de los dos partidos socialistas y los ecologistas. Por otro lado, ya ha sido validado en la Comisión de terrorismo de la Cámara en febrero, y aprobado por el Consejo de Estado.

Aparte, el clima favorable creado por la casi histeria que rodea hoy las cuestiones de seguridad pública, toda la argumentación dada para justificar esta ley se apoya exclusivamente en un caso preciso, en el cual un CPAS [Centro Público de Acción Social] de Bruselas se habría negado a entregar informaciones, en el marco de una instrucción ligada al terrorismo[2]. Para este caso preciso, los profesionales del sector juzgan globalmente que el marco legal existente es suficiente[3]. En efecto, la posibilidad de romper el secreto profesional, normalmente protegido penalmente, ya existe para los casos donde personas estarían en peligro.

Este proyecto de ley se inscribe en una dinámica internacional, llevada aquí por la N-VA [un partido nacionalista flamenco de derecha] [4], que pretende aumentar los poderes de las fuerzas de seguridad (modificaciones de las condiciones de pesquisas, detención provisoria, voluntad de legislar sobre el estado de emergencia, etc.) quitando a los más pobres los medios de defenderse (cacería y expulsiones de los militantes sin papeles, debates sobre la nacionalidad, criminalización de sindicalistas).

En línea recta con esta lógica, los beneficiarios de los servicios sociales son apuntados con el dedo como tantos terroristas potenciales, mientras a los trabajadores sociales ¡quieren pasarles una parte de la responsabilidad en la situación explosiva en Bélgica! Hay ciertamente una gran parte de cinismo en esta idea, y es seguro que con esta propuesta de inscribir en la ley las respuestas al terrorismo, se insinúa una voluntad de perpetuar las condiciones de su existencia: la explotación, la guerra y la miseria.

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Solo una oposición masiva y frontal del sector podría forzar al mundo político a retroceder. Por otra parte, el CPAS, las asociaciones, los estudiantes no tardaron en movilizarse para dar cuenta de su inquietud frente a la propuesta de la diputada. Aunque Charles Michel rechaza que potencialmente sea una medida totalitaria, son muchos los que temen que esta abolición del secreto profesional para los trabajadores sociales, lo sea también en segundo lugar para otros oficios contemplados por el secreto (periodistas, abogados, médicos, entre otros). Los problemas para la coherencia y la eficacia del trabajo social de todos modos son reales, y los efectos que hay que esperar de la ley son muy posiblemente los opuestos de lo que pretendería cumplir.

En el marco de diferentes actos de protesta de estudiantes y de trabajadores sociales, en febrero y en marzo, en Bruselas, Louvain-la-Neuve y Charleroi, hemos encontrado un colectivo de futuros asistentes sociales de las altas escuelas de Charleroi. Estos organizaron el 20 de marzo una concentración frente a las sedes del MR [un partido liberal] y del CdH [un partido de la democracia cristiana], mientras que una acción similar se efectuaba en Bruselas. Reproducimos abajo el texto del llamado publicado para esta ocasión, llamado que sostenemos totalmente y que, partiendo de su experiencia en el terreno, demuestra lo absurdo de la propuesta de ley.

Esta acción fue pensada y creada bajo el impulso de los estudiantes para asistente social de la región de Charleroi. Este grupo reúne a estudiantes de la HELHA y de Condorcet [dos Escuelas Superiores]. No nos relacionamos con ningún partido político y ningún sindicato. Aunque buscamos el apoyo de estos y de todas las personas implicadas.

Somos un grupo de jóvenes, autónomo y heterogéneo, que tiene por objeto defender la ética de los asistentes sociales oponiéndose a la nueva ley que pretende limitar lo intocable, que es el secreto profesional.

Nuestro papel como asistentes sociales no es controlar a nuestro público sino ofrecerle un acompañamiento de calidad. Esto pasa por una relación privilegiada, en que la esencia es la confianza y el secreto profesional es la garantía. Nos parece peligroso que, como «confidente necesario», nuestro secreto profesional sea limitado. Dado que este nos permite ofrecer un espacio de libre palabra y de escucha. Sin esto, habrá una autocensura por parte de los usuarios lo que, a largo plazo, podría ser un freno a la calidad de nuestro trabajo y hasta, en ciertos casos, un peligro para la colectividad.

Nos movilizamos contra esta ley porque encontramos que esta medida es abusiva. De nuevo, no es nuestro papel. Somos muy conscientes de que esta medida abre la puerta a otras, cada vez más destructivas de la libertad.

Esta ley no tiene razón de ser, ya que nuestro código deontológico nos dicta que debemos romper el secreto profesional tan pronto como surja un peligro inminente para la persona u otras personas. Las cuestiones que se plantean son pues: «¿cuál es el interés de esta ley?» «¿Esto es comenzar a inmiscuirse de manera engañosa en la modificación del secreto profesional?» «¿Qué nos dice que esto no se extenderá a todos los oficios donde el secreto profesional está vigente?»

Esta noción vaga «de indicios serios» deja pues a la libre interpretación del asistente social lo que puede ser un indicio de radicalización. Pues, tememos la utilización abusiva de esta ley. Entonces, cómo podemos pretender:

«Ayudar a cada uno a que encuentre su sitio en la sociedad y allí promoverlo».

«Respetar las opiniones, filosóficas y políticas del otro» – lo que se impone al asistente social en el ejercicio de su profesión…

Esto crea una contradicción entre la ley y nuestro código deontológico. Porque, ¿cómo podemos pretender favorecer la integración de nuestro público, y al mismo tiempo estigmatizar a una parte de este?

Establecer medidas de seguridad pública cueste lo que cueste podría tener un efecto nocivo. En efecto, ¿qué pasará cuando un ciudadano se vea injustamente indagado porque un asistente social lo etiquetó como «radicalizado», sin referirse con eso a criterios objetivos y claramente definidos?

Que no se intente tranquilizarnos con relación a esta ley y todas las derivadas que engendrará. ¡Nosotros, los asistentes sociales, no nos dejaremos engañar! Lucharemos sin tregua hasta que la promoción de los derechos de cada uno sea efectiva y defenderemos cueste lo que cueste los valores que emanan del código deontológico del asistente social.

Esperamos que la voz del pueblo sea oída y escuchada, porque es el fundamento de la democracia. No queremos medias tintas, no queremos esta ley, ni el mundo que se nos intenta imponer.

Traducción: Natalia Estrada.

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[1] El artículo fue escrito antes del 27 de abril. Entretanto, el texto fue aprobado, el jueves 4 de mayo [N. d T.].

[2] https://francais.n-va.be/actualite/signaler-le-terrorisme-secret-professionnel-ou-non

[3] RTBF, de octubre de 2016, en: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-n-va-souhaite-lever-le-secret-professionnel-pour-lutter-contre-le-terrorisme?id=9366815

[4] http://francais.n-va.be/actualite/niveau-v-5-propositions-pour-plus-de-securite