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Hace cuarenta años, una larga batalla llevada adelante por el movimiento de lucha de las mujeres y apoyada por una parte importante del movimiento obrero, llevó a la aprobación de la ley 194/78 (Normas para la protección social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo), considerada todavía hoy por laos legisladores burgueses una de las leyes más avanzadas sobre el tema a nivel europeo.

Por: Laura Sguazzabia – Italia

El 22 de mayo de 1978, en Italia no solo se legaliza el aborto sino que se logra un considerable avance en la autodeterminación sexual femenina mediante la creación de consultorios públicos y el establecimiento de servicios para la promoción de la procreación responsable, de la educación sexual y de la prevención del aborto.

No obstante esta importante victoria, el derecho de las mujeres a la autodeterminación sexual fue de inmediato severamente atacado: incluso hoy, aunque transversalmente nadie sostiene querer cambiar o abolir la 194, es evidente la tentativa de volverla ineficaz sobre todo desde el punto de vista de su aplicación.

Los obstáculos de la aplicación de la 194

Ya pocos días después de la aprobación de la ley, algunos temían que un número elevado de adhesiones a la objeción de conciencia, es decir, al derecho del personal médico y sanitario de no practicar la interrupción del embarazo sobre la base de convicciones ideológicas o religiosas (art. 9), se pudiera transformar en un “verdadero y real boicot de la ley” viendo las razones en la absoluta falta de consecuencias para el objetor. Desafortunadamente, la previsión se reveló correcta. Hoy, en diversas partes del país, donde la objeción de conciencia de los médicos alcanza 100%, es imposible aplicar la 194. El aspecto más alarmante es que además de estratificarse en la jerarquía hospitalaria con una cobertura que va desde la parte superior de los médicos y los anestesistas, pasando por el personal de enfermería, hasta la base del personal auxiliar, la objeción de conciencia se está extendiendo también en el campo de la aplicación: la elección alcanza no solo la práctica de la Ivg [interrupción voluntaria del embarazo] como también la prescripción de medicamentos anticonceptivos o de técnicas abortivas alternativas.

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Esta situación contribuye a alimentar el mercado de los abortos ilegales. Muchas mujeres escogen ir al extranjero o recurrir a las llamadas “cucharas de oro”, ginecólogos que en forma privada efectúan la Ivg: según los últimos datos disponibles del Instituto Superior de la Sanidad han sido cerca de 15.000 los abortos clandestinos. Pero esta cifra puede estar subestimada porque no toma en cuenta los abortos de las mujeres inmigrantes que no se acercan a la salud pública, sobre todo si son clandestinas. Las mujeres que abortan clandestinamente toman drogas inapropiadas, compradas bajo cuerda o vía internet, con el consecuente peligro mortal, o se aferran al tratamiento del neo-‘mammane’ [parteras], tan peligrosa como los medicamentos inapropiados.

El ataque a la autodeterminación de las mujeres tiene lugar en el vacío total de los servicios, un vacío obtenido a través del desmantelamiento progresivo de los consultorios públicos, hasta la propuesta de reforma de estas, destinadas a eliminar la función para la cual fue creada, y la injerencia por ley de asociaciones antiabortistas en la estructura sanitaria pública (auspiciada transversalmente por los sectores católicos de centroderecha y de centroizquierda).

La criminalización del aborto es otra forma de violencia contra la mujer

La sociedad capitalista condena y criminaliza a las mujeres que practican el aborto, sometiéndolas a la enésima forma de violencia. Esta misma sociedad que las condena, ha degradado la sexualidad femenina en el ámbito público y en el privado, ha prostituido a la mujer y la utiliza como objeto sexual y, al mismo tiempo, la censura cuando ejerce libremente su sexualidad. Se pide a las mujeres que sean subyugadas a través falsas ideologías de la clase dominante y de los sectores más conservadores de la sociedad; de manera consciente se les niega el conocimiento y el control de su propio cuerpo, de la sexualidad y de la reproducción, no solo para mantener el machismo como mecanismo de opresión, sino también para perpetuar la explotación de la mano de obra femenina que es más económica que la masculina. Las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores más pobres de la sociedad son condenadas a embarazarse sin desearlo y no pueden garantizar las mínimas condiciones materiales y emocionales para un desarrollo armónico de esos hijos.

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El Partido de Alternativa Comunista, por reconocer la necesidad de extender y garantizar el derecho al aborto más allá del límite de la 194, lucha por garantizar su aplicación en todos los hospitales mediante la abolición de la objeción de conciencia y la introducción de mejoras técnicas para la protección de la salud de las mujeres; por la exclusión del Movimiento por la Vida y de otras asociaciones antiabortistas de los consultorios y de los departamentos de ginecología; por el mejoramiento de los servicios públicos para apoyo a las mujeres, aboliendo cualquier financiamiento para los servicios privados y particulares; por el control de los trabajadores, de los jóvenes y de los inmigrantes en la prestación y la gestión de tales servicios.

Traducción: Natalia Estrada.