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El fracaso del Paro Cívico del 25 de abril, que quedó reducido a una débil jornada de protesta, ha generado una arremetida de parte del establecimiento contra la protesta social. Una vez terminan las movilizaciones, los medios de comunicación hacen énfasis en las acciones violentas aisladas que se presentaron y desvirtúan las razones por las cuales se llamó al Paro Nacional.

Contra la criminalización de la protesta social y el Plan Nacional de Desarrollo

Por PST-Colombia

El gobierno uribista tiene como uno de sus objetivos mostrar que, como resultado del proceso de paz, las protestas no solo deben ser pacíficas, sino que además no deben alterar el desarrollo productivo, como vimos en la Minga Indígena, reprimida por cerrar la Vía Panamericana. Recordemos que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, llegó a esa cartera con la propuesta de ‘regular la protesta social’. Por ello, Iván Duque enfrenta el Paro Nacional con su juego de palabras, “Es más importante la propuesta que la protesta”, y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez manifiesta que “Colombia no puede mantenerse en modo protesta social”.

Pero no son solo declaraciones, los gremios han propuesto que sea obligatorio constituir pólizas para autorizar las movilizaciones; incluso el uribismo va más allá, está dispuesto a enfrentar la movilización social con guarimbas, al estilo de la oposición burguesa en Venezuela, como se vio en Popayán contra la sede de la organización indígena durante la Minga.

Por eso es muy grave el fracaso del Paro Nacional y es importante que se prepare un verdadero plan de la clase trabajadora para enfrentar el Plan Nacional de Desarrollo, el asesinato de líderes sociales y las propuestas de los gremios de hacer una reforma laboral que siga promoviendo el trabajo precario tercerizado y la reforma pensional que busca acabar con el régimen de prima media y dejar las pensiones exclusivamente en manos de los fondos privados.

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El gobierno de Iván Duque está a disposición del imperialismo mundial, en especial de Estados Unidos, para favorecer sus planes económicos, políticos, sociales y ambientales que se corresponden con los intereses de las grandes transnacionales minero-energéticas y el capital financiero mundial: sobrexplotación de los trabajadores, saqueo del presupuesto del Estado, deterioro y privatización de los servicios sociales, depredación de los recursos naturales y el medio ambiente, que se concretan en el Plan Nacional de Desarrollo.

Este papel servil lleva al gobierno de Colombia a liderar el apoyo del títere Juan Guaidó en Venezuela, contribuyendo al aislamiento del régimen dictatorial de Maduro, con el objetivo de apropiarse de los recursos petroleros, en su disputa con Rusia y China. La clase trabajadora tiene la obligación internacionalista de solidarizarse con el pueblo venezolano rechazando la intervención imperialista y exigiendo la salida de Guaidó, de Maduro, de los generales y de la boliburguesía del gobierno, y exigiendo el fin del bloqueo financiero del imperialismo. En Colombia, debemos exigir que se reconozca la ciudadanía inmediata a todos los venezolanos que se encuentran en nuestro país, para que no sean víctimas de la voracidad de los empresarios colombianos y tengan acceso al empleo y servicios a cargo del Estado en igualdad de condiciones con los trabajadores colombianos.

Por todas estas razones, el Partido Socialista de los Trabajadores hace un llamamiento a defender el derecho a la protesta social y al ejercicio de la oposición política, enfrentando la arremetida del gobierno con la movilización y con la preparación de un Paro Nacional para detener los planes de Duque y el Imperalismo.