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Cuando recibimos algún tipo de crítica o ataque de alguien que debería estar de nuestro lado, acostumbramos decir: “con amigos así, no precisamos de enemigos”. Si consideramos la relación de Lula con la llamada izquierda socialista (PSOL y la inmensa mayoría de sus corrientes, principalmente), en lo que respecta a la polémica sobre su posible condena y el consecuente comprometimiento jurídico de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018, tenemos una situación inversa. El ex presidente bien podría decir, alineándose con esa “alternativa de izquierda al PT”, algo como: “con enemigos como ustedes, no preciso de amigos”.

Por: Pablo Biondi

En el momento de mayor fragilidad política del PT, que se reveló un aparato político fundamental a la dominación burguesa en el Brasil de las últimas décadas, las organizaciones de izquierda ligadas al PSOL o que se aproximan a él, con raras excepciones, se empeñan en salvar a Lula y su partido de las manos del Poder Judicial y de la Policía Federal frente a las denuncias de corrupción. Afirman esas organizaciones dichas socialistas que el destino del PT y de su máximo exponente no puede ser entregado al Estado y a la clase capitalista que se beneficia de él, levantando una serie de argumentos. Cabe analizar la argumentación presentada por esos sectores para poder, de manera inequívoca, advertir los errores, las falacias y todo el oportunismo en que incurren en este debate.

Argumento n.° 1: “Defender la posibilidad de la candidatura de Lula no es lo mismo que defender su programa”

Ese es tal vez el primero de los gritos de guerra de las corrientes psolistas y afines (reiteramos aquí la existencia de excepciones) en el debate sobre el caso Lula. Es notorio que estas corrientes lanzan esa afirmación con mucha pompa, considerándose, enseguida, inmunes al riesgo de capitulación al petismo y al lulismo. Pero hay un problema anterior: si es verdad que la defensa de la posibilidad de la candidatura de Lula no se confunde inmediatamente con la aprobación de su programa, eso por sí solo no dice por cuál motivo la clase trabajadora debería tomar para sí la causa del ex presidente. Sería preciso identificar un marco en el cual las libertades democráticas de las masas estuviesen bajo ataque. Si estuviésemos frente a una restricción general a los derechos políticos, representando un cierre del régimen en dirección a un golpe de Estado, sería pertinente denunciar no solo la situación del PT sino de todos los demás partidos perjudicados por medidas autoritarias. No es ese el caso.

Algunos podrían decir que hay afrenta a las libertades de las masas al impedirse la candidatura del precandidato que lidera las encuestas. Ese tipo de argumento revela un sello formal del sufragio: si fuese otro el candidato líder (Bolsonaro [de la extrema derecha], por ejemplo), conforme esa lógica habría la necesidad de defender la posibilidad de su candidatura a cualquier costo, con el pretexto de respetar la voluntad popular. Ocurre que la voluntad popular es siempre distorsionada por el sufragio, y por una simple razón: las masas votan en los candidatos que están disponibles, siendo que esa disponibilidad es dada no por los deseos o anhelos del pueblo sino sí por los arreglos interpartidarios y, sobre todo, por el financiamiento capitalista de las candidaturas. No es la voluntad del pueblo que define el escenario electoral. No considerar esa distorsión fundamental es recaer en el liberalismo, o peor que eso, ya que hasta incluso un Rousseau en el siglo XVIII se mostraba escéptico sobre la legitimidad plena del modelo representativo.

Sea como fuere, el elemento principal a tomar en cuenta es el de que no hay un movimiento del régimen en el sentido de criminalizar al PT o hacer inviable su participación política en las elecciones; quien así piensa ve solo el Poder Judicial y se olvida del órgano principal de la democracia liberal: el parlamento. Si consideráramos lo que ocurre en la esfera parlamentaria, veríamos nítidamente lo que pasa: no [hay] una conspiración contra un único partido y sí un movimiento conjunto de defensa del sistema político, un esfuerzo de autopreservación de las fuerzas del orden tras el fortísimo desgaste del último período. El partido de Lula, incluso, es parte de este esfuerzo, vista su participación en la reforma electoral, que ya trajo un paquete de cambios que beneficia a los grandes partidos (PT, PMDB y PSDB) y perjudica a los pequeños. Volveremos a esto más adelante.

Argumento n.° 2: “No hay pruebas de que Lula cometió crímenes”

Como ya se comentó una vez en las redes sociales, y de manera muy espirituosa, Lula es el mayor beneficiario de la abogacía voluntaria de toda la historia. Innumerables activistas progresistas de la internet (¡digital influencers de izquierda!) dejan salir el jurista que traen dentro de sí (justicia sea hecha a los que ya son juristas) y se enredan en discusiones interminables de técnica jurídico-procesual. Verdaderos centinelas de la legalidad, esos agentes están en la primera línea de defensa procesual de Lula, y si les fuese posible, prestarían gratuitamente los servicios que son dados a título oneroso por los representantes oficiales del ex presidente. Y lo más curioso: muchos de esos agentes surgen de las filas de la “izquierda socialista”.

Es algo realmente curioso, pues los militantes políticos enaltecen ciertas sutilezas jurídicas y abren mano de debatir el contenido político real de la situación de Lula. Lo que está planteado, objetivamente, es la participación orgánica del precandidato del PT con la burguesía, y ese es el punto clave de su situación. Desde el punto de vista político, no hace diferencia saber si esas relaciones se restringen a aquello que jurídicamente es admitido (donaciones de campaña admitidas por la justicia electoral) o si ellas van más allá (donaciones consideradas ilícitas). Políticamente hablando, Lula es un agente de la Odebrecht y se encuentra en la condición de reo precisamente porque se involucró demás en las zonas grises de operación del capital. Y esas zonas son grises porque el capital establece un intercambio permanente con el aparato estatal, siendo que una parte de ese intercambio es legal y la otra ilegal –lo que es inevitable, pues la política y la ganancia del capital van mucho más allá de las fronteras trazadas por la ley–. Jurídicamente, hace toda la diferencia saber si Lula cruzó la frontera legal, pero es irrelevante en lo que respecta al contenido político, o sea, en lo que respecta a lo que realmente importa en el debate de la izquierda socialista. El hecho de que exista una promiscuidad lícita y una promiscuidad ilícita entre capital y Estado es parte de la hipocresía objetiva del capitalismo y del derecho electoral, pero si miramos para el contenido de lo que está planteado, la promiscuidad es la misma, ella no cambia el carácter por ser legal o ilegal. De ahí el preciosismo de los debates jurídicos sobre el caso. Lula se encuentra en la situación actual por mantener relaciones objetivas con el capital, por participar activamente de sus negocios oscuros.

Siendo así, desde el punto de vista político, el contenido de la cuestión es la sólida atadura entre Lula, su partido y los empresarios. El reconocimiento como lícito o no de esa atadura es un tema secundario para los marxistas, pues los servicios prestados por el PT a la burguesía no cambian el carácter sea su relación con ella considerada lícita, sea tasada como “crimen de corrupción”. Lo que importa aquí es el profundo intercambio entre el capital y su representación política petista. Quien ignora esa objetividad no hace más que rendirse a una especie de estima por el “hijo pródigo”. Para los reformistas, n efecto, el PT cometió muchos errores, se alejó de la “verdadera izquierda”, pero aún pertenece al mismo campo de origen. Veremos más adelante que también ese argumento es infundado.

Distinto es el tema del derecho de Lula a la defensa procesual. Incluso involucrado profundamente en la actividad del empresariado, el dirigente petista merece el respeto a las garantías procesuales que el régimen democrático-liberal supuestamente asegura a todos los ciudadanos. Así como dijimos que él no es un ser por encima de la ley, también entendemos que él no está por debajo de ella. Y en este tema, él cuenta con recursos financieros y políticos muy superiores a los de la inmensa mayoría de los trabajadores brasileños para hacer valer la norma constitucional. Es decir: sus condiciones de providenciarse una defensa procesual adecuada son infinitamente mejores que aquellas en que se encuentran los trabajadores comunes y los activistas del movimiento de masas verdaderamente perseguidos por la represión.

Argumento n.° 3: “Lula y el PT solo pueden ser juzgados políticamente por el proletariado”

De todas las justificativas para la defensa de la viabilidad de la candidatura de Lula, esta es la más esdrújula. Ella llega a ser reaccionaria en el sentido riguroso del término, invocando una especie de privilegio político preliberal bajo una máscara clasista. Veamos: los reformistas dicen que el petismo debe ser vencido no en los tribunales y sí en las urnas.

Inmediatamente salta a la vista el cretinismo electoral de ese punto de vista, pero no es ese el aspecto que queremos enfatizar. Lo que nos llama la atención es el hecho de que, para ellos, el PT puede establecer todo tipo de relaciones orgánicas con el capital, puede reproducir todas las prácticas de los partidos burgueses tradicionales y, aún así, ser “digno” de ser juzgado apenas políticamente por la clase trabajadora.

El mensaje del reformismo a la burguesía y a las instituciones estatales es más o menos así: “¡No toquen a Lula! No nos gustan los caminos que él tomó, pero todavía es uno de nosotros, y somos nosotros que debemos juzgarlo, sobre todo en las elecciones”. Lula está, en esta visión, por encima de los tribunales estatales, por encima de la justicia burguesa, por más que él se haya metido en muchas actividades burguesas –aunque solamente en las actividades lícitas, según sus abogados–.

Ese extraño posicionamiento nos remite a un pasado distante. Como es sabido, el absolutismo tenía como uno de sus principios la supremacía del rey sobre la justicia temporal. El monarca respondía solamente a Dios, y no a los súbditos o a cualquier otra autoridad mundana, y por eso mismo sus conductas no podían ser responsabilizadas criminalmente. Frente a los hombres, el rey no se equivoca (“The King can do not wrong”; “Le roi ne peut mal faire”). Con Lula también es así, pero los reformistas cambiaron a Dios por el proletariado en su razonamiento –lo que es más una abominación política que un sacrilegio propiamente–. ¡Cualesquiera sean los crímenes de Lula, él debe estar fuera del alcance del Estado!

¿Estaríamos diciendo que la jurisdicción estatal debe tener poderes sobre Lula? Hasta que nos prueben algún designio divino en sentido contrario, no nos causa espanto o molestia que tales poderes puedan tocarlo. No obstante, parece más razonable invertir la pregunta: ¿por cuál motivo Lula merecería un juzgamiento puramente político, al tiempo que los demás políticos burgueses, diferentemente, serían merecedores de la jurisdicción del Estado? La respuesta de los reformistas está asociada a otra problemática que enfrentaremos más adelante. Sea como fuere, ya se percibe la búsqueda de un privilegio a favor del ex presidente, o peor, la construcción o al menos la insinuación de la tesis de que él estaría en situación peor que aquella a que están sometidos los trabajadores en el ámbito del Poder Judicial.

Argumento n.° 4: “Condenar a Lula mientras los ‘tucanos’ están sueltos es injusto”

Sería preferible, y hasta incluso más cómodo, que todos los partidos del sistema político burgués naufragasen al mismo tiempo en la Lava Jato, en una especie de desmoronamiento colectivo. Sería más cómodo todavía si el propio capitalismo cayese fulminado por una crisis terminal. Lamentablemente, la realidad no nos agasaja con comodidades de esa naturaleza.

Siendo la Operación Lava Jato un fenómeno de destrucción controlada del sistema político para fines de renovación, tal como se da en las propias crisis económicas con los capitales individuales que componen el capital social total, es de imaginarse que no todas las fuerzas políticas sufrirán igualmente el peso de ese proceso. Los partidos y dirigentes con más recursos políticos consiguen resistir con más tenacidad a ese gran (y bufonesco) proceso de “saneamiento” institucional. Así, los componentes del sistema político acaban siendo alcanzados desigualmente por esa tempestad, tanto como los capitales más sólidos sufren menos en los períodos de depresión económica.

Si el PSDB tuvo la habilidad política para “sufrir menos” en esta purga sistémica, contando con la lealtad de figuras como Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, solo para dar algunos ejemplos, eso en nada atesta la inocencia de Lula o caracteriza la existencia de una conspiración antipetista. Lo que se verifica solamente es que, en las disputas interburguesas, las cuales se intensifican en los momentos de crisis, el PT salió derrotado, siendo todavía muy temprano para definir quién venció –si tomamos el PSDB como contendiente victorioso, sería preciso ponderar, como mínimo, que el vencedor está bastante debilitado–.

En el mundo de los sueños del reformismo, todos los partidos del orden serían aniquilados al mismo tiempo. Si todos hubiesen caído con más sincronía y con la misma intensidad, sería justo, pero como algunos fueron más sacrificados que otros, o sea, como el pobre PT fue “discriminado” a favor del malvado PSDB, entonces el resultado es inaceptable. He aquí la lógica peculiar que nos es presentada. Si analizamos seriamente el sistema político, por otro lado, comprenderemos que la destrucción simétrica de los partidos es imposible, a no ser en un hipotético equilibrio absoluto entre las fuerzas políticas. Pero, ¿por qué tener en cuenta las relaciones de fuerza entre los partidos y los capitales rivales, así como la dinámica propia del sistema político, si podemos reducir todo a tramas palaciegas, conspiraciones, golpes y cosas por el estilo? Con ese tipo de reducción, se llega a un resultado asombroso: el PT de Lula, lacayo de la burguesía y verdugo del proletariado por tantos años, se torna ahora “víctima” de la clase capitalista y del Estado que administró por tanto tiempo.

Argumento n.° 5: “La prisión de Lula abre antecedentes peligrosos para la democracia”

No hay qué decir sobre esa “perla”, a no ser lo obvio: cualesquiera que sean las arbitrariedades e ilegalidades que puedan ocurrir en el proceso de Lula (y él posee medios extraordinarios para protegerse de ellas), no hay nada que el Poder Judicial y la Policía no hayan experimentado ya y utilizado contra la clase trabajadora desde mucho antes de Lula e, incluso, bajo su gobierno. Decir que la conducción del proceso contra el ex presidente es una amenaza para toda la clase trabajadora implica ignorar toda la opresión ejercida por la reluciente “democracia” de los liberales contra las masas en lo cotidiano.

Hay quienes afirman que no hay contradicción entre reivindicar derechos para Lula y reivindicar los mismos derechos para el pueblo pobre y explotado. Los que así piensan deben tener dificultades en diferenciar el acto de tomar partido por los esclavos y el acto de tomar partido por el capataz de la estancia [que los capturaba cuando intentaban huir; en portugués: capitão-do-mato]. Por último, basta verificar la diferencia objetiva de peso (en términos de pauta y movilización), por parte de la izquierda, en el tratamiento dado al caso de Lula y el dado al caso de Rafael Braga y de tantos otros que, al contrario del dirigente petista, son auténticos representantes de la situación social del proletariado.

Argumento n.° 6: “Un proceso electoral sin Lula sería un nuevo golpe contra los trabajadores”

De forma impresionante, el PSOL y afines denuncian la posible casación de la candidatura de Lula con mucha más indignación que la tienen en lo que respecta a las restricciones sobre participación de los partidos menos representativos electoralmente en el proceso. El propio PSOL sufrirá perjuicios en un certamen electoral que será todavía más oligárquico, todavía más favorables a las grandes siglas del capital (entre ellas, el PT), y lo que se le ocurre solamente es hacer alarde alrededor del caso Lula. El tema de la cláusula de barrera para fines de propaganda en los medios, fondo partidario, participación en los debates es mucho más grave que el juicio a un solo individuo, por más que se quiera elevarlo por encima de las personas comunes.

Nuevamente, Lula surge como un ente con poderes místicos. Estamos hablando de un ser que, de hecho, no deber ser de este mundo, pues su ausencia o presencia en las elecciones, según los reformistas, hace toda la diferencia en la legitimidad del pleito. No importa el poder desmedido del capital sobre las campañas electorales; no importa la ideología del sufragio; no importa el papel objetivo del Estado en la reproducción del capitalismo: ¡si el elector brasileño no tiene condiciones de votar a Lula, entonces estaremos frente a una farsa!

Después que el término “golpe” fue banalizado al extremo desde la campaña frentepopulista por la salvación del mandato de Dilma Rousseff, no llama la atención que las ilusiones en la democracia burguesa alcancen ese nivel. Y qué nivel: Lula es proyectado como la medida de la democracia, y la democracia burguesa, por su parte, es proyectada como la medida de la realización de los intereses del proletariado, como el aura de legitimidad de un sistema político que para los marxistas, debe ser demolido, y no regenerado.

Argumento n.° 7: “Lula es perseguido por ser obrero y nordestino”

Lula es, como mínimo, dueño de una empresa de conferencias y posee inversiones elevadas en por lo menos tres instituciones financieras. Como propietario del capital, o de activos que funcionan como capital, Lula es un capitalista. Al menos es así según la teoría del valor de Marx, en la cual los individuos personifican las relaciones de producción conforme su posición estructural en la sociedad. Con todo, como la figura máxima del PT, según los reformistas debe gravitar encima de la ley del Estado, es probable que, para ellos, esta también gravite por encima de la ley del valor. ¿Exageramos? De modo alguno, pues ellos nos aseguran que los procesos de la Lava Jato tienen como objetivo destruir al Lula obrero del pasado, y no al Lula del presente.

Vale considerar que los reformistas aún no se pusieron de acuerdo en esta polémica (si Lula es o no un obrero). Los que dicen que sí ya abandonaron a Marx por completo. Los que dicen que no, en el fondo proponen una relectura del materialismo histórico: la posición estructural del individuo en el pasado sería más determinante que la posición estructural del individuo en el presente. Sería como decir que, en el fondo, el ultracapitalista Silvio Santos aún sería un vendedor ambulante (un pequeñoburgués pobre) en función de su origen humilde. Bien se ve que se trata de un tipo de materialismo histórico que se agarra al origen histórico de las cosas con tanto empeño que simplemente se olvida de conferir todo lo que pasó después. ¿Sería un exceso infeliz de virtud? No importa. Lo que importa es que Lula, situado como reo en la Operación Lava Jato, es un gerente del Estado capitalista reverenciado internacionalmente por el imperialismo, y que, como tal, acumuló propiedades y se volvió un capitalista. Si él lo hizo por medios puramente admitidos por el derecho brasileño, francamente no hace diferencia en un análisis político de clase.

Más inoportuna aún es la tesis de que la prisión de Lula estaría motivada por su origen nordestino. Aquellos que sostienen esa posición son incapaces de caracterizar seriamente los movimientos políticos de las clases dominantes, como también están a un paso de inventar un “campismo regional”: están casi diciendo que hay una escisión política fundamental entre un campo progresivo, a favor de los pobres y nordestinos, y otro, reaccionario, a favor de los ricos, de la clase media y de los sureños. Tampoco cabe hay sorpresa alguna, dado que es propio del reformismo distanciarse cada vez más del prisma de las clases sociales, sustituyéndolo de modo subrepticio por análisis campistas.

Argumento n.° 8: “No se puede ser indiferente a la posible condenación de Lula”

Por último, los reformistas están convencidos de que es necesario estar en contra o a favor de la viabilidad de la candidatura de Lula, tanto como se debería tomar el lado de una de las partes en un enfrentamiento bélico. No hacerlo sería una postura abstencionista que auxiliaría a la burguesía. Ese es el último despropósito con el cual los psolistas suplican a los revolucionarios para que se junten a ellos en el séquito pro Lula, que se niegan a aceptar como tal.

Cabe explicar a los reformistas que el abstencionismo consiste en una fuga del debate, en una negación a tomar una posición. No es lo que ocurre si una organización política, frente a dos campos en disputa, opta por contraponerse a ambos. Tal conducta no se equipara a una abstención. Se trata, por el contrario, de un posicionamiento propio de un tercer campo, de la afirmación de la independencia de clase del proletariado en el plano político y programático. Oponerse tanto al entusiasmo burgués por la Lava Jato como a la narrativa que coloca a Lula como mártir consiste precisamente en la afirmación de esa independencia. Si Lula se pasó para el lado de la burguesía, que rinda cuentas de aquello que hizo y que implore para servirla nuevamente, como ya lo viene haciendo.

Todo eso es inadmisible para los reformistas. Para ellos el centro de la polarización del país es la disyuntiva “elecciones con Lula vs. elecciones sin Lula”. Eso se debe, sin duda, a la fe supersticiosa que nutren en relación con la democracia burguesa y el sufragio, así como al simbolismo que ven en el representante del PT. Nuestra izquierda equipara, sin ningún pudor, el destino personal de Lula con el destino del proletariado brasileño. “¡Después de Lula, el diluvio!” Se advierte que, realmente, lo que está en juego es mucho más que el voto o no al ex presidente. Lo que está en juego es el propio fetiche del lulismo (o de lo que resta de él), el último punto de apoyo y el primer punto de unidad del derrengado frente popular.

Conclusión

La absolución o la condena de Lula, uno de los mayores gerentes del capitalismo brasileño, no cambia las tareas planteadas para el proletariado en el presente momento. El activismo brasileño ya desperdició demasiado tiempo levantándose contra golpes inexistentes, proveyendo una sobrevida al fracasado proyecto de colaboración de clases, y atrasando la urgente construcción de un campo obrero y socialista. Dejemos que los reformistas y la alta cúpula del Estado se desequen en la disputa sin fin sobre la inocencia o la culpa de Lula. De nuestra parte, no tenemos duda: tenemos que luchar contra ellos, hacer la revolución proletaria contra todos ellos.

Traducción: Natalia Estrada.