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El noticiero económico “hirvió” en las últimas semanas con noticias económicas de Venezuela. Algunos analistas dicen que el país caribeño camina hacia el default y otros dicen que ya está en proceso de default o “default selectivo”.

Por: Cesar Neto

El default económico, desde el punto de vista de los banqueros, se da cuando hay incumplimiento de cláusula de contrato de préstamo, en especial cuando el deudor deja de pagar su deuda. El default puede darse por una medida política, como la suspensión del pago, o por incapacidad, por falta de medios para hacerlo.               

Causa mucho espanto saber que un país exportador de petróleo y algunos derivados haya entrado en estado de insolvencia frente a sus deudas. Más aún si consideramos que el país tiene un importante volumen de extracción minera e industrializa una buena parte de su explotación minera, como es el caso del hierro, el aluminio y el cemento, entre otros.

Si se observa el período de dieciocho años de gobiernos chavistas, veremos que en diez de ellos el país vivió un auge de los precios del petróleo.

Evolución de los precios petroleros (dólares) – 2007-2017

AÑO

PETRÓLEO VENEZOLANO

PETRÓLEO OPEP

2007

65,13

68,88

2008

89,08

94,45

2009

56,93

60,72

2010

71,73

77,42

2011

101,00

107,45

2012

103,44

109,55

2013

99,79

105,88

2014

88,54

96,38

2015

44,65

49,53

2016

35,15

40,59

2017

45,40

51,19

Fuente: Ministerio del Poder Popular del Petróleo – consultado día 22.11.2017

Al analizar atentamente el precio histórico del petróleo crudo, desde 1861 hasta 2009, con los valores de la época, o actualizado a la primera década de este milenio, veremos que el chavismo tuvo una oportunidad única de gobernar con precios de petróleo a niveles nunca antes vistos en la historia de la explotación petrolera a lo largo de los últimos cien años. Además, la industria petrolera venezolana tuvo la ventaja de producir sin grandes sobresaltos y, aún más, con Irak destruido por la invasión estadounidense.

Este largo período de alza de los precios del petróleo permitió que Venezuela tuviera un importante volumen de reservas internacionales. Estas reservas “son recursos financieros en divisas, con las cuales cuenta el país para garantizar el pago de los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para estabilizar la moneda”. Las reservas internacionales de Venezuela, administradas por el Banco Central, “se originan fundamentalmente en las exportaciones petroleras realizada por PDVSA. Cuando PDVSA comercializa petróleo recibe divisas, las cuales son vendidas al BC que las cambia por bolívares. Después de eso, PDVSA paga sus impuestos, dividendos, gastos corrientes y transfiere estos dólares al Gobierno Nacional. Es de esta forma que el BCV crea los bolívares que circulan en la economía y cuya garantía son las reservas internacionales”.

En el cuadro siguiente se observan las reservas internacionales de Venezuela en su desarrollo desde 2007.

RESERVAS INTERNACIONALES DE VENEZUELA
(cifras en millones de US$)

AÑO

RESERVAS INTERNACIONALES

% PIB

2007

34.286

8,8

2008

43.127

5,3

2009

35.830

-3,2

2010

30.332

-1,5

2011

29.892

4,2

2012

29.890

5,6

2013

21.481

1,3

2014

22.080

-3,9

2015

16.370

-5,7

2016

10.995

No informado

2017*

10.035

En curso

*Datos primer semestre de 2017
Fuente: Banco Central de Venezuela – 22.11.2017

Para tener una noción del poder de las reservas internacionales venezolanas, podemos compararlas con el producto interno bruto (PIB) de algunos países. Si analizamos los datos contenidos en el World Development Indicators database, hecho por el Banco Mundial, publicado el 17 de abril de 2017, de los 196 países analizados, solo 94 tienen un PIB mayor de 30.000 millones. Es decir, en más de 100 países, toda su producción es inferior que las reservas a disposición del gobierno chavista.

Con el petróleo en alza, con un extraordinario nivel de reservas internacionales y con estabilidad política, en la medida en que los trabajadores habían sido disciplinados por el chavismo después del Caracazo, nos queda la pregunta: ¿cuál es el origen de esta enorme crisis? Intentaremos contribuir al debate presentando nuestros análisis.

Orígenes de la deuda bolivariana

Para hablar de la deuda pública venezolana es preciso partir de una constatación: en los años de la llamada “revolución bonita”, los banqueros no fueron hostilizados en ningún momento. Al contrario, fueron muy bien tratados. En 2006, el ex presidente de la SUDEBAN (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario), decía: “El sistema financiero es uno de los mejores negocios del país, porque sus ganancias superan 30%, mientras que en los países desarrollados no pasan de 10%”. (Últimas Noticias, 27.7.06).

En noviembre de 2005, a pesar de que las reservas internacionales estaban en alza (30.368 millones de dólares), el gobierno emitió papeles de deuda venezolana, con vencimientos entre 2016 y 2020, por valor de 1.500 millones de dólares. Los banqueros compraron estos títulos en bolívares al cambio de 2,150 bolívares por dólar y los revendieron inmediatamente al valor del cambio paralelo (2,500). Esto significaba una excelente ganancia en una única emisión de títulos. Hubieron muchas otras: contamos ese caso para comprender el mecanismo. Los recursos de la venta de esos papeles, “deben ser usados solamente para pagar la deuda”, decía Domingo Maza Zavala, ejecutivo del Banco Central, en una entrevista al diario El Nacional (6 de abril de 2005).

Otro mecanismo que llenaba los bolsillos de los banqueros (y colaboró para hundir el país en la actual crisis económica) fue el de los bonos comprados a otros países, como Brasil y, especialmente, Argentina. En una entrevista a El Nacional (11.1.06), el ministro de Finanzas, anunció que “Venezuela está dispuesta a comprar todos los títulos que [el gobierno de] Kirchner ofrezca”. ¿Esa compra de títulos argentinos era una lección de solidaridad en “sentido bolivariano”? No. Fue una concesión para calmar a los banqueros “escuálidos” y mantenerlos lejos de las intentonas golpistas.

El diario inglés Financial Times (1 de febrero de 2006), afirmaba que “el Tesoro venezolano vendió los títulos Boden12 a los bancos con tasa de cambio oficial de 2.150 bolívares. En una reventa de 100 millones de dólares en títulos, los bancos obtuvieron ganancias en bolívares equivalentes a 17 millones de dólares, según la tasa de cambio informal, o 21 millones de dólares, de acuerdo con la tasa oficial”. Sin embargo, los cálculos del Financial Times se referían solo al primer lote de 100 millones (parte de un paquete total de 2.400).

Otro mecanismo de transferencia de la renta petrolera a los banqueros, muy frecuente entre 2005 y 2007, fueron los CDBs (Certificados de Depósitos Bancarios) emitidos por el Banco Central. Los CDBs tenían un plazo de entre 14 y 28 días y pagaban una tasa media de 10%. El banquero captaba recursos a través de los depósitos remunerados de los clientes, a los que pagaba 1,69%, y enseguida aplicaba ese dinero en la compra de los CDBs que el gobierno chavista emitía y que le rendían 10%.

Con los ejemplos citados arriba, vimos cómo hubo transferencia de la renta petrolera para el capital financiero. En el mismo período, por parte el Estado hubo compras de activos de importantes empresas que eran controladas por el capital extranjero, entre ellas, la empresa de telefonía (CANTV), la de siderurgia (SIDOR), la de cemento (CEMEX) y la de electricidad, que fueron compradas al valor de mercado.

Al mismo tiempo, los grandes capitales locales también fueron beneficiados con la renta petrolera a través de préstamos tipo “padre a hijo” (o perdón de deudas). En junio de 2008, fue lanzado el proyecto “Reimpulso Productivo, la Inversión es Venezuela”. Fue montado un show, transmitido en vivo, con 500 invitados de la fina flor de la burguesía del país, como la Fedagro (Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios), la Fedeindustria (Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas), la Confagan (Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela), la Cavidea (Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos), la empresas Polar y el banco Banesco, entre otros. Esa misma noche fueron amnistiadas las deudas de los productores rurales (más de 100 millones de dólares), e incluso se destinaron más de 30 millones en subsidios. Como si fuese poco, se liberó un millón de dólares para el sector de alimentos, manufacturas y materias primas.

Paralelo a las concesiones a los banqueros, industriales, e incluso a la débil burguesía agraria, la economía retrocedió en la medida en que las dos principales empresas del país, la petrolera PDVSA y la siderúrgica SIDOR, fueron poco a poco disminuyendo la producción y reduciendo los impuestos pagados al Estado y la transferencia de divisas destinadas al Banco Central. El gráfico abajo expresa como en 2007 la producción de acero estaba en el orden de 4.250.000 toneladas y en 2016 estaba abajo de 500.000 toneladas, representando así más de 90% de reducción.

La situación más grave se da en PDVSA, en la medida en que el petróleo responde por aproximadamente 95% de la entrada de divisas del país. En un rápido estudio del Balance Financiero de 2016, el último publicado, observamos:  

  • Caída brutal en los ingresos: en 2015 fueron de US$ 72.000 millones y en 2016 cayeron a 48.000 millones. Se expresa así una caída de 24.000 millones (o 33% de los ingresos de 2015);
  • Caída de ganancias: la reducción de ingresos, entre otros aspectos, significó una reducción de 89% en las ganancias de la empresa, que pasaron de US$ 7.000 millones en 2015 a 825 millones en 2016;
  • Caída en la producción y en las ventas: la producción petrolera se redujo 11% (pasó de 2,85 millones de barriles diarios en 2015 a 2,5 millones en 2016). En el mismo sentido, también cayeron las ventas, que pasaron de 2,4 millones diarios a 2,1 millones;
  • La cotización internacional del petróleo en baja también colaboró con el deterioro de los resultados del balance de PDVSA: en 2015, el petróleo venezolano estaba cotizado en US$ 44,65 y cayó a US$ 35,15 en 2016 (una reducción de 21,27%);
  • Como consecuencia de estos datos, vemos que: a) cayeron los recursos destinados a programas sociales (US$ 9.000 millones en 2015, US$ 997 millones en 2016; es decir, una reducción de 89%); b) se redujo el valor de impuestos pagados al Estado (en 2015, fueron 6.200 millones y en 2016 cayeron a 4.200 millones, con una reducción de 26%).
  • La caída del volumen producido y comercializado, la caída de los precios internacionales del petróleo y la reducción de la tasa de ganancia formaron una verdadera catástrofe que destruyó la credibilidad de la empresa y su posibilidad de conseguir recursos adicionales. En ese marco, la petrolera rusa Rosneft ofreció un “abrazo de náufrago” con un crédito anticipado por compra de petróleo por el valor de US$ 1.485 millones. PDVSA entregó como garantía 49,9% del capital de la Citgo Holding.

Además de esta deuda de PDVSA con la Rosneft, también hay deudas contraídas por el Estado venezolano con el Estado ruso, por valor de 4.000 millones de dólares, contraídas en noviembre de 2011 y que acaban de ser renegociadas (la deuda total con Rusia es de 9.100 millones de dólares). La deuda total con China es de 28.100 millones [de la misma moneda].

Por todos los elementos ya mencionados podemos decir que Venezuela vive un tsunami económico que fue gestado hace más de diez años atrás y el resultado inmediato es una estruendosa deuda pública (interna e externa) calculada en US$ 150.000 millones[1]. Al dividir ese valor por 31,7 millones de venezolanos, veremos que cada persona debe US$ 4.720. Esto en un país en el cual los ingresos mensuales de un trabajador común no llegan a 20 dólares. En 1998, cada venezolano debía US$ 1.693. Por lo tanto, podemos decir que en menos de veinte años, casi todos de gobiernos chavistas, la deuda per cápita se triplicó.

Las consecuencias del tsunami económico

Las consecuencias de esa política económica de favorecimiento al gran capital nacional y extranjero, llevada a cabo por Chávez y Maduro en las dos últimas décadas, está provocando una catástrofe social.

Datos de la organización Caritas, indican que entre cinco y ocho niños mueren de hambre semanalmente, que 15% de los niños padecen de desnutrición infantil, y 33% presentan señales de retraso en el crecimiento[2]. Cuatro millones y medio de venezolanos (15% de la población) come solo una vez al día. Junto con eso, están las enfermedades relacionadas con el hambre, además de que las políticas sociales relacionadas con la salud están totalmente abandonadas y los profesionales de la salud relatan la vuelta de antiguas enfermedades que habían sido erradicadas. A todos estos factores se suma la falta de remedios elementales (como aquellos para presión alta, diabetes y gastritis) y esto lleva al sufrimiento y a muertes innecesarias en un país petrolero.

Por eso, es necesario decir que el desastre que ha sido la política económica de Chávez-Maduro mata, empobrece, enferma, desnutre y roba las esperanzas y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

El chavismo frente a la crisis: más concesiones

Frente a la crisis económica, en los últimos años, los gobiernos de Chávez y Maduro hicieron muchas más concesiones que los gobiernos adecos y copeianos[3]. A pesar de toda su retórica, hicieron numerosas concesiones. Detallamos algunas de las más importantes.

La primera demostración que queremos presentar es el gráfico siguiente con el endeudamiento de PDVSA entre los años 2006 y 2014. Así, se observa que la deuda financiera salta de 2.904 millones de dólares a 45.736 millones. Para los incrédulos, presentamos junto al gráfico la fuente consultada (“Estados financieros consolidados”, publicado por la propia empresa).

El endeudamiento a través de los chamados “bonos soberanos” y de los bonos de PDVSA destinados a los inversores privados y a los grandes bancos de inversiones estadounidenses e ingleses, lo que demuestra una vez más que la retórica chavista no resiste la verdad de los hechos. Vean en el cuadro siguiente quiénes son los cinco mayores propietarios de estos bonos.

LOS CINCO MAYORES POSEEDORES DE BONOS VENEZOLANOS Y DE LA PDVSA

Posición

Grupo

Valor (em mil millones) US$

País

Goldman Sachs Group Inc

$ 2.070

EEUU

Blackrock

$ 1.790

EEUU

Fidelity Management and Research

$ 1.180

EEUU

T. Rowe Price Group Inc

$   840

EEUU

Ashmore Group

$   730

Inglaterra

Fuente: Bloomber and News / Boungy

El diario New York Times (02.06.2017) afirma que: “A primera vista, la compra de bonos venezolanos podría parecer una opción no atractiva para los inversores globales. El país está hundido en una crisis económica y sometido a revueltas, y cuenta apenas con la liquidez necesaria para poder alimentar a su pueblo; mucho menos para pagar una deuda pública de miles de millones de dólares a inversores extranjeros. No obstante, los bonos emitidos por la empresa estatal PDVSA atrajeron a algunos de los grupos de inversores más sofisticados del mundo. Estos apuestan a que el gobierno de Nicolás Maduro destinará los cada vez más escasos dólares para pagar a los poseedores de bonos en lugar de importar alimentos y medicamentos para los venezolanos”.[4]

Petromonagas: la petrolera rusa Rosneft (en verdad una empresa vinculada a Exxon Mobil) compró por 500 millones de dólares el 23,7% de la empresa mixta Petromonagas (acciones que pertenecían a PDVSA). Así, Rosneft crece de 16% que ya tenía a 40% del control accionario. Petromonagas, localizada en el Complejo de José, tiene un alto padrón tecnológico y hace poco tiempo que fue reformada y modernizada. Produce 140.000 barriles diarios, de los cuales ahora 40% pertenecen a Rosneft. Hasta 2006, Petromonagas era la Asociación Estratégica Cerro Negro en la cual PDVSA tenía 42%, Exxon Mobil 42% y British Petroleun 16%. Cuando se creó Petromonagas, Exxon Mobil foi indemnizada y se retiró del negocio. Once años después, en medio de la crisis económica, Exxon Mobil (a través de Rosneft) vuelve a Petromonagas comprando acciones a precio de remate.

El Arco Minero do Orinoco fue creado por el Decreto 2248 (24.02.2016) con el pomposo nombre de Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Con una extensión territorial de 111.843,70 km² (un área superior al territorio de Panamá, Portugal, o Bulgaria) corresponde a 12,2% del territorio venezolano, y servirá para explotación minera. El Estado participará con 55% de las acciones y las transnacionales con el otro 45%. Los principales minerales que serán explotados por 40 años son bauxita, oro, cobre y diamantes, entre otros. Como es una Zona Estratégica, allí no se aplicarán las leyes laborales aplicadas en otras regiones, y serán restringidos los derechos de asociación de los habitantes.

En la exposición de motivos, el presidente Nicolás Maduro alega que el objetivo es superar el “modelo rentista” causado por la explotación petrolera. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad para que 150 multinacionales de 35 países exploten durante cuatro décadas los yacimientos minerales, con un amplio espectro de impunidad con las leyes ambientales, laborales y de uso del suelo.

La Plataforma Contra el Arco Minero Minero denuncia que es “una zona económica especial, que implica un seccionamiento de la soberanía, en la cual se restringen derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución, y que pone en riesgo poblaciones indígenas, la fuente hídrica más importante del país, el abastecimiento de 70% de la electricidad a nivel nacional, y toda la biodiversidad de la región de Guayana, debido a la amplia destrucción social, cultural y natural que imponen las dinámicas extractivistas”.

En este sentido, el profesor Pablo Hernández, de la Universidad de Yacambu afirma que “las fuentes de petróleo y el Arco Minero fueron privatizadas de forma gratuita al capital internacional y desde 2013 el Estado venezolano dejó de recibir la llamada renta petrolera al endeudarse masivamente, además de hipotecar más de 50% de la producción petrolera. El Arco Minero no es para superar el chamado rentismo; es que simplemente ya no existe renta”.

Perspectivas sombrías para la economía venezolana

Por todos los datos citados, vemos perspectivas sombrías para la situación económica y social da Venezuela. Esta constatación nos obliga a pensar en las salidas, a pensar si el gobierno de Maduro es capaz de enfrentar o no esta situación sin castigar aún más a los trabajadores y el pueblo pobre. Una parte importante de la izquierda latinoamericana desestima la crisis y acaba, directa o indirectamente, apoyando a Maduro y, criminalmente, no denuncian la catástrofe a que están sometidos los que viven de su trabajo o, peor aún, aquellos que ni siquiera consiguen trabajo.

Para sintetizar el actual ciclo de la crisis venezolana, además de nuestra exposición nos gustaría presentar el análisis económico de Manuel Sutherland, de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, profesor despedido de la Universidad Bolivariana de Venezuela por sus críticas económicas al gobierno Maduro:

“… por cuarto año consecutivo el país presentará la inflación más alta del mundo (aunque aún no fue publicada, en la mitad de 2017 estaba estimada en 400%; en 2015, fue de 181% y en 2016 se calculó en 274%). El déficit fiscal es de dos dígitos (por sexto año consecutivo), el riesgo pales elaborado por JP Morgan es el más alto del mundo (3.193 puntos), la cantidad de reservas internacionales es la más baja de los últimos veinte años, y asistimos a una tremenda escasez de todo tipo de bienes y servicios esenciales (alimentos y remedios). Los cálculos más moderados afirman que, entre 2008 y 2016, hubo una caída acumulada del PIB del orden de 15,4%. La caída, si se toma como referencia el lapso entre 2012 y 2016, es de 20,2%. Las estimaciones más conservadoras nos indican que el PIB per cápita para 2017 será tan bajo como el de 1961. Los números son tan negativos que el gobierno se niega a publicarlos desde el tercer trimestre de 2015. La economía de Venezuela jamás en su historia cayó por más de dos años consecutivos; seguramente tendremos para adelante cuatro años más de crecimiento negativo”.

Default económico o suspensión del pago de la deuda

Aparentemente, ambas propuestas, es decir, default o suspensión del pago de la deuda son la misma cosa, pero no lo son. Cualquier trabajador que vivió la experiencia de decir “no estoy consiguiendo pagar tal deuda” sabe que es diferente a decir “voy a parar de pagar esa deuda injusta o fraudulenta”.

El default significa reconocer la deuda, decir que en aquel momento no es posible pagar y volver a pagar lo más rápido posible. La suspensión del pago significa reconocer que hay una deuda ilegítima, fruto de sucesivos fraudes y concesiones al capital financiero nacional e internacional y que seguir pagando significa imponer una economía de guerra para la población y beneficios económicos para los banqueros, transnacionales y latifundistas.

Suspender inmediatamente el pago de la deuda para poder comer, esa es la salida inmediata para el país. Resta saber si Maduro y su gobierno están dispuestos a enfrentarse al capital financiero. Por lo ya expuesto, vemos que la trayectoria del chavismo ha sido otra.

En estos casi veinte años de modelo chavista observamos que fueron concesiones y más concesiones al capital financiero. La nacionalización del Banco de Venezuela puede ser citada como un buen ejemplo. El Grupo Santander, que reestructuraba sus negocios, vendió por 300 millones su banco en el país. Ese precio fue acordado públicamente y, de manera no pública, fueron garantizadas varias ventajas: dólares preferenciales, conversión de bolívares en dólares y remesa de lucros sin restricciones impositivas. Al final, se calcula que el precio saltó de los 300 millones a 1.500 millones de dólares. Emilio Botín, entonces presidente del Santander, fue a Venezuela a apretar la mano de Chávez y festejar sus buenos negocios.

Aquí cabe una pregunta: ¿Maduro va enfrentarse con el capital financiero o con las masas? Nosotros no tenemos dudas. Maduro se prepara para defender incondicionalmente a los capitalistas extranjeros y nacionales.

La expresión más clara de esta dinámica fue la aprobación, por la Asamblea Nacional Constituyente (el 8 de noviembre de 2017), de la llamada “Ley del odio”. Esta ley permite cerrar publicaciones, ilegalizar partidos políticos, y castigar con hasta 20 años de prisión. Según la ley, “… aquel que públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o un conjunto de personas… será condenado de 10 a 20 años de prisión”, según el artículo 20. Es decir, si la población desesperada por comida, remedios o empleo se manifestase, “estará promoviendo el odio”. Las organizaciones de los trabajadores que organicen huelgas, “estarán promoviendo el odio”. Las organizaciones populares que realicen manifestaciones, “estarán promoviendo el odio”.

Ni Maduro ni mucho menos la MUD. Total apoyo a las luchas. Construyamos una tercera vía

Los casi veinte años de gobiernos de Chávez y Maduro no solo no resolvieron los problemas estructurales del país sino que llevaron a una crisis aún mayor. La MUD, oposición burguesa, no puede ni va a resolver los problemas de la clase trabajadora. Es preciso construir una tercera vía, que levante un programa que, en primer lugar, tome en consideración los intereses de los trabajadores y del pueblo pobre y garantice el derecho humano más elemental: el derecho a comer.

La solución para el pueblo venezolano no vendrá de negociaciones entre Maduro, la MUD y el imperialismo para continuar aplicando uno de los planes de ajuste más terribles de la historia de este país. La única salida posible continuará siendo la lucha y la movilización unitaria por sacar este gobierno y su política dictatorial de hambre. Por eso, proponemos la organización de una huelga general para derribar a Maduro e imponer una alternativa obrera para o país.

En Venezuela, expresamos nuestro apoyo a toda movilización popular que apunte a ese cambio de fondo, que imponga un plan económico de emergencia obrero y popular, que expropie a las multinacionales y acabe con el pillaje del imperialismo, que nacionalice cien por ciento del petróleo para el pueblo venezolano, que deje de pagar la deuda externa y utilice todos estos recursos para dar alimento, salud, educación y trabajo al pueblo trabajador. En este sentido, apoyamos todas las iniciativas unitarias que contribuyan a la construcción de una alternativa política independiente, socialista, y de los trabajadores.

Por este motivo, hacemos nuestras las palabras del Manifiesto Internacional en apoyo al pueblo y a los trabajadores de Venezuela (que acabamos de citar), firmado por numerosos dirigentes sindicales y luchadores socialistas de América Latina y Europa.

[1] Datos da Prodavinci.com. (que se apoya en datos del Banco Central de Venezuela y de la consultoría Bloomber.Kapital) admiten que la deuda pública venezolana está en el orden de 184.000 millones de dólares. Pero vamos a trabajar con los datos más conservadores (150.000 millones).

[2] http://prodavinci.com/especiales/el-hambre-y-los-dias/entrevista-raffalli.html

[3] Adecos y copeianos se refiere a los partidos burgueses Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Politica Electoral Independiente (COPEI).

[4] https://www.nytimes.com/es/2017/06/02/venezuela-goldman-sachs-bonos/

Traducción: Marcelo Korman.