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El 14 de mayo de este año fue publicado en el diario oficial La Gaceta el nuevo código penal, que entrará en vigencia el mes de noviembre de este año. Este código encarna la necesidad de una dictadura que se debilita por defenderse y garantizar pronta absolución de sus delitos, y al mismo tiempo limitar garantías democráticas como la libre expresión del pensamiento no sólo de los medios corporativos de información, sino también el espacio individual de difusión que otorgan las redes sociales.

Por PST-Honduras

El régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández es sustentado únicamente en tres columnas: el apoyo que le otorga el imperialismo norteamericano mediante la figura de Heide Fulton como agente del Comando Sur, las fuerzas armadas y el conjunto de fuerzas represoras y la oposición política dentro del congreso nacional quienes desde hace diez años vienen controlando la furia de la gente en las calles y llevándola al camino sin salida de las elecciones.

Pero en los últimos dos años, el margen de maniobra de esta oposición se ha resquebrajado sobre todo por el desentendimiento de las bases al llamado continuo a la pasividad y a la mesa de negociación que las dirigencias han hecho cada vez que hay un sector que se moviliza.

Es precisamente en este marco que el régimen acude a establecer una nueva normativa jurídica en el ámbito penal, que busca absolver rápidamente a los principales representantes de la dictadura, sus ministros, comandantes, administradores y demás funcionarios que se han visto involucrados en una amplia gama de delitos, desde la violación de derechos humanos, el asesinato de estudiantes y dirigentes populares, el mantenimiento de presos políticos, el cierre de medios de comunicación, y desde luego los sendos delitos de corrupción y el vínculo directo de la familia Hernández en las actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, México y otros países.

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La publicación de este nuevo código penal se da en el marco del segundo mes de fuertes movilizaciones de docentes, médicos, enfermeras y demás empleados de salud y educación, que posteriormente ha generado la salida en escena de otros sectores, dejando de relieve la debilidad en la que se encuentra el régimen, que nuevamente ha tenido que salir a responder con una feroz represión en la que ya hay mártires. A esta dinámica responde ese código penal, disminuir las penas para delitos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos, y crear nuevos delitos relacionados con la protesta social, y aumentar las penas para quienes protesten, ya que prácticamente cualquier toma de carretera se convierte en un delito de terrorismo. Debe ser tarea de todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas emprender una batalla para evitar que entre en vigencia este código penal hecho a la medida de la dictadura.