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La prisión de Lula no acaba con la impunidad ni con la injusticia. Mientras cerrábamos esta edición [de nuestro periódico], la Justicia había decretado la prisión de Lula. El ex presidente llega a esa situación por las propias elecciones que hizo. El PT gobernó para banqueros, hacendados, contratistas y grandes empresarios. Hizo eso apoyado en las mismas alianzas y esquemas de corrupción que siempre marcaron la política tradicional en nuestro país, con Sarney, Renan Calheiros, Temer, Maluf, Collor, etc.

Por: PSTU – Brasil

La derecha tradicional, los medios, la Justicia de los ricos, Bolsonaro y sus simpatizantes dicen que la condena de Lula acaba con la corrupción y la impunidad. El PT y sus aliados del PSOL, por su parte, afirman que la condena de Lula sería la profundización de un golpe, un ataque a la democracia burguesa y al Estado de Derecho. No estamos de acuerdo con una cosa ni con la otra.

En primer lugar, para los trabajadores y el pueblo pobre, todos los corruptos y corruptores deberían estar presos, tener sus bienes confiscados y sus casas expropiadas. Esa es también la opinión del PSTU. No se puede aceptar el argumento del PT, que defiende la impunidad de Lula acusando a la Justicia de selectiva. La Justicia es selectiva, sí, pero la salida es exigir la prisión de los demás corruptos y no la impunidad general.

En ese sentido, es preciso exigir juicio, condena y prisión de Temer, Aécio, Alckmin, Bolsonaro y toda esa cuadrilla asentada en el Estado brasileño. Y, además, de los empresarios corruptos, pues también son ladrones de los recursos públicos del Brasil. Es preciso confiscar los bienes de todos ellos.

Continúa la impunidad

La condena y la prisión de Lula no acaban con la impunidad y la corrupción. El senador Aécio Neves (PSDB), flagrado pidiendo R$ 2 millones a Joesley Batista (entre otras innumerables denuncias de corrupción), no solo está suelto sino que continúa en el Senado. Temer, entonces, ni hablar. Son pruebas y más pruebas de que él es un notorio corrupto: desde la grabación diciendo que “tiene que mantener eso ahí”, refiriéndose al dinero para mantener a Eduardo Cunha callado en la prisión, hasta la valija con R$ 500.000 de su funcionario. Bolsonaro, que se vanagloria de no ser corrupto, multiplicó su patrimonio en los 30 años que estuvo en el Congreso y ni siquiera es investigado.

Prácticamente todos los grandes empresarios y contratistas presos por la Operación Lava Jato, como Joesley Batista y Marcelo Odebrecht, estuvieron poco tiempo en la prisión y están en sus mansiones aprovechando el dinero que robaron.

La prisión de Lula no acaba con la corrupción y la impunidad. Todos esos bandidos que continúan en el Planalto [Casa de Gobierno] y en el Congreso Nacional deberían ser presos también y tener sus bienes confiscados y, las empresas involucradas, estatizadas y puestas bajo control de los trabajadores.

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El PT y sus aliados afirman que la condena y la prisión de Lula son grandes injusticias o ataques al Estado Democrático de Derecho. Algunos llegan a comparar la negación del Supremo Tribunal Federal (STF) del hábeas corpus a Lula con el decreto del AI-5 en la dictadura, cuando se acabó con toda libertad de expresión, manifestación, reunión. No había ninguna presunción de inocencia y cualquiera podía ser preso, torturado, muerto o “desparecido”, sin prueba ni juicio.

Sin embargo, no es eso lo que está en discusión. Se puede tener una tesis jurídica u otra. Tampoco está en cuestión acabar con la figura del hábeas corpus ni acabar con la presunción de inocencia, aunque, para los pobres eso no exista en el Brasil. Si estuviesen en cuestión las libertades democráticas, ahí sí todo el mundo debería levantarse contra eso en un frente único. Así como debemos insurreccionarnos contra las ejecuciones de Marielle y Anderson.

La ejecución de la concejal del PSOL y de su chofer representa, de hecho, un ataque a las libertades democráticas. La condena de Lula, no. Por más selectiva que pueda ser la Justicia, la condena de Lula es por corrupción, dentro de las reglas de la democracia burguesa, y no un ataque a las libertades democráticas como fue la ejecución de Marielle.

La verdadera impunidad

Ya pasó más de un mes sin que el asesinato haya sido resuelto. Todas las señales apuntan la participación de la policía o parapoliciales. Además de no haber sido solucionado ese crimen, aparecen cada vez más señales de que las autoridades actúan para no resolverlo.

Injusticia también es la que sufrió Rafael Braga, pobre, negro y morador de la calle, preso en 2013, también en Rio, porque cargaba una botella de desinfectante. Rafael no tuvo acceso siquiera a las libertades democráticas existentes, y presunción de inocencia, cero. De inicio, se encuadró en los “sin instancias”, víctimas de esta democracia de los ricos. Quedó preso hasta 2015 en régimen cerrado y, al salir para régimen abierto, fue preso nuevamente en un flagrante forjado por la Policía Militar. Además de ser un preso más en este país por ser negro y pobre, es también un preso político.

Ahora, cuando las libertades democráticas son realmente atacadas, como ocurre con la intervención en Rio (esa sí es una medida de excepción) y la ejecución de Marielle, el PT y el bloque burgués de colaboración de clases que ese partido comanda no estimulan una reacción de las masas en las calles. Por el contrario, instigan a confiar en las investigaciones y a transformar todo en actos electorales en pro de la defensa de los ex gobiernos del PT. Eso todo en un Frente Amplio no solo con la burguesía y con supuestos golpistas sino también con el PSOL y el PCdoB, como en el acto realizado en Rio de Janeiro.

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Centenas de miles de pobres y negros están presos sin juicio

Esa misma democracia de los ricos que el PT y sus aliados dicen está bajo ataque es la responsable por la prisión de centenas de miles de jóvenes negros y pobres, encerrados en cárceles superpobladas, sin por lo menos ser juzgados en primera instancia.

La verdadera injusticia

De los 711.000 presos del Brasil, 291.000 son detenidos provisorios que aguardan aún el juicio en la Justicia. Es un número mayor que los presos ya juzgados y sentenciados: 275.000. El resto son detenidos en régimen semiabierto o abierto. Del total de presos del Brasil, 72% son negros.

Un relevamiento del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de 2013 revela cómo funcionan las prisiones provisorias. En Rio de Janeiro, de cada cuatro acusados de participación con el tráfico de drogas, tres estaban presos provisoriamente. En el juicio, menos de la mitad de ellos fueron condenados a alguna pena. O sea, centenas de personas pasaron meses o años presas hasta ser juzgadas, y fueron consideradas inocentes.

Son jóvenes, pobres y negros, en su gran mayoría, que no tienen ninguna de tales garantías del Estado Democrático de Derecho, y tienen arrancada su libertad. Sin dinero para abogados, se pudren en la cárcel. Ellos componen gran parte de las 60.000 personas que son asesinadas anualmente en este país. Para esos, el Estado de Excepción existe en la práctica.

Ninguna confianza en la justicia de los ricos

Tenemos que exigir la prisión de los corruptos y corruptores, pero no podemos depositar ninguna confianza en la justicia de los ricos. Desde el STF a los jueces de primera instancia, todos defienden los intereses de los poderosos. Son tan corruptos como los políticos del gobierno y del Congreso y, además, un bando de privilegiados.

El juez Sergio Moro

Recientemente, causó escándalo la cuestión del auxilio por vivienda para los jueces, de más de R$ 4.000 por mes. Hasta quien tiene varios inmuebles lo recibe. Solo eso ya es doble de lo que ganan en media los trabajadores del país. Ese privilegio es la punta del iceberg. La mayoría de los jueces gana más que el llamado techo constitucional, el máximo que, por ley, podría ganar en el servicio público. El techo, hoy, es de R$ 33.000, pero la mayoría de los magistrados, 71%, gana más que eso. Un verdadero escarnio con la gran mayoría de la población, que sobrevive con un salario de hambre.

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El país necesita una rebelión

Los trabajadores y el pueblo pobre de este país viven, en su día a día, una guerra social promovida por los gobiernos y la burguesía. La juventud negra de las periferias es víctima de la masacre en masa llevada adelante por el Policía Militar (PM). Los trabajadores sufren con la violencia y el desempleo en masa, el quite de derechos y las crecientes medidas autoritarias. Vivimos un verdadero cautiverio social, como dice el samba-enredo de la Tuiuti [escuela de samba de Rio de Janeiro, que participa de los carnavales].

No vamos a cambiar esta situación con elecciones. Para cambiar este juego, precisamos hacer una Rebelión. Tenemos que organizar a los de abajo, que no son representados por los diferentes bloques de la burguesía, para derribar a los de arriba, sacar a Temer y el Congreso Nacional y construir un gobierno socialista de los trabajadores basado en consejos populares.

Contra la impunidad, la injusticia, y el cautiverio social

Solo así podremos acabar de una vez con esta guerra contra los pobres, con la masacre y el genocidio de la juventud negra de las periferias, garantizar empleo, salud, educación, y una vida digna para la clase trabajadora y para la mayoría de la población. Solo de esa forma podremos poner a los corruptos y los bandidos de cuello blanco tras las rejas, tomar sus bienes, frutos de robo, y sus empresas, y ponerlas bajo control de los trabajadores. Solo así podremos garantizar los derechos más básicos para nuestra clase, que hoy son irrespetados todos los días.

Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.