El discurso de Lula en la 27ª edición de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP-27, que comenzó este miércoles (16 de noviembre), fue uno de los temas más comentados esta semana. Su discurso en la conferencia ambiental celebrada en Egipto, que tiene como anfitrión al dictador Al Sisi, retumbó con bombos y platillos en los principales vehículos y agencias de noticias. El diario «The New York Times» lo calificó de «electrizante» y el tradicional diario británico «The Guardian» calificó el discurso del presidente electo como «emocionante».
Por: Jeferson Choma
Pero, además del impacto por la diferencia de los vergonzosos discursos del genocida Bolsonaro, los deslumbres de la prensa internacional y de las promesas de combatir la deforestación y reconstruir los órganos de fiscalización ambiental, el presidente electo hizo un guiño al agronegocio, diciendo que el sector será un “aliado estratégico” de su futuro gobierno. “El agronegocio será un aliado estratégico en la búsqueda de una agricultura regenerativa y sostenible”, dijo Lula.
Además, el presidente electo afirmó que no es necesario deforestar ningún “metro de bosque” para garantizar la generación de riquezas y la seguridad alimentaria en el mundo, y también dijo que el Brasil ha vuelto al mundo, en referencia al multilateralismo global (léase: la forma tradicional estadounidense de mantener su hegemonía global). También participó en reuniones cerradas con el enviado especial para el clima del gobierno de EE.UU., John Kerry, y con el alto representante chino para el clima, Xie Zhen Hua.
Mientras tanto… la transición en manos del agronegocio
El compromiso del futuro gobierno por el agronegocio puede medirse por los nombres de peso del sector que presentó Alckmin, el día 16, para componer el Gabinete de Transición. Veamos algunos de ellos.
Carlos Favaro es productos agrario (ex presidente de la Asociación de Productores de Soja del Brasil) y senador por el Partido Social Democrático (PSD) de Mato Grosso. Evandro Gussi es un exdiputado federal por el Partido Verde (PV), de São Paulo, habiéndose destacado por su apoyo a la Reforma Laboral e incluso por ser uno de los que el PT llama “golpistas”, por haber votado por a favor de la destitución de Dilma. Además, es presidente de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía (Unica).
Kátia Abreu es una empresaria ganadera de Tocantins, que ya ejerció la presidencia de la Confederación de Agricultura y Ganadería del Brasil, período en el que se hizo conocida como la “Reina de la Motosierra”. Hoy es senadora por los Progresistas (PP), pero también fue ministra de Agricultura durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff, habiendo sido una de las principales impulsoras de la “nueva frontera agrícola, el Matopiba (en las regiones de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia), y una de los principales responsables de la devastación ambiental en el país.
Neri Geller es un empresario rural de Mato Grosso, que se destacó en 2006 cuando promovió una serie de cortes de ruta contra el gobierno de Lula. Aun así, posteriormente fue designado por Dilma como ministro de Agricultura (2014-2015). Desde 2019 es diputado federal, por el PP-MT, habiéndose destacado por proyectos en defensa de la liberación y el uso de plaguicidas [agrotóxicos], por la alteración de los Estados que conforman la “Amazonía Legal” y, también, por la llamada “flexibilización” del licenciamiento ambiental, que eliminó la necesidad de licencia para obras de saneamiento básico, mantenimiento de caminos y puertos o de distribución de energía eléctrica.
Además, el equipo también cuenta con otros dos miembros de gobiernos anteriores de Lula: el ingeniero agrónomo Luiz Carlos Guedes, quien fue ministro de Agricultura (2006-2007), y Silvio Crestana, expresidente de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (2005-2009).
Defender un agronegocio sostenible es insostenible
Hasta hace unos meses, uno de los pocos consensos de amplios sectores de la “izquierda” era que el agro es enemigo del medio ambiente. ¿Qué ha cambiado concretamente, además del deslumbramiento de algunos dirigentes del movimiento socioambiental que buscan algún cargo en el futuro gobierno?
Después de todo, ¿quién de la lista mencionada tiene un historial de defensa de los sistemas ecológicos, de los recursos hídricos y de la biodiversidad? ¿Kátia Abreu, quien posteriormente ganó el premio “Motosierra de Oro”? ¿Quién estaba a cargo de una subasta de ganado, cuyo objetivo era recaudar fondos para que los hacendados se armaran contra los Guaraní-Kaiowás en MS [Mato Grosso do Sul] (como se registra en la brillante película “Martírio” de Vicente Carelli)? ¿Evandro Gussi, presidente de la mayor asociación de propietarios de ingenios del país? ¿Carlos Favaro, productor de soja y relator del texto final del PL 510/2021 o Proyecto de Ley Grillaje [apropiación indebida de tierras por medio de documentos falsos, ndt.]?
El agronegocio, así como la extracción de minerales, es la causa de los problemas socioambientales más graves del país. Impone un modelo de producción agrícola que provoca agotamiento ambiental, consume recursos naturales como el agua, degrada el suelo, provoca desertificación, y promueve la barbarie contra campesinos, pueblos indígenas y quilombolas.
Este modelo de agricultura creció a raíz de la implementación del neoliberalismo en el Brasil, en la década de 1990, y fue fomentado por grandes “préstamos” públicos. “Préstamos”, entre comillas, porque, en realidad, se trata de un robo de dinero público.
Datos de la Fiscalía General del Tesoro Nacional muestran que 4.013 terratenientes deben casi R$ 1 billón, una deuda superior al Producto Interno Bruto (PIB) de 26 Estados. ¿Quién cobrará esta deuda? Y esta gente todavía dice que lleva el país a cuestas…
El agro es robo y saqueo
El agronegocio es expresión de la decadencia brasileña, de nuestra reprimarización económica (es decir, desindustrialización y reducción del país al papel de exportador de materias primas, minerales y agrícolas), que actualiza nuevos dispositivos coloniales.
El agro es el ejemplo de la amalgama de desarrollo desigual y combinado de un largo proceso histórico de expansión del capital en el Brasil que llevó a cabo un arreglo específico, combinando la mejor tecnología 5G con la vieja concentración agraria, empleando pocas personas e, incluso, valiéndose del trabajo esclavo moderno.
El agro se expande sobre la base de la “acumulación por espoliación”, en palabras del geógrafo David Harvey, quien actualiza el concepto de acumulación primitiva de Marx. Para que el agro “cargue el país sobre sus espaldas”, necesita expandirse permanentemente, en tierras más baratas, para reducir costos de producción y obtener mayor productividad. Y si estas tierras son gratis, ¡mejor que mejor! Pero, ¿cómo conseguir tierras gratis? ¡Pues robando las tierras públicas, que no son pocas! Muchas de ellas ni siquiera son conocidas.
Hay varios tipos de tierras públicas en el Brasil. Los terrenos baldíos son un tipo de terrenos públicos que no se identifican, no se sabe dónde están y, por lo tanto, ni siquiera se registran en un notario, como integradas al patrimonio público. Los baldíos federales y estaduales suman alrededor de 141,5 millones de hectáreas. Estos son los preferidos por los ladrones del agro, quienes los registran de manera fraudulenta en alguna oficina de registro [escribanía] corrupta en los confines del Brasil.
Otra modalidad son las tierras federales y estaduales, alrededor de 263 millones de hectáreas (alrededor de 30% del territorio nacional), que se dividen entre Tierras y Reservas Indígenas, Quilombolas, Unidades de Conservación de Uso sostenible o restricto, y territorios comunitarios en asentamientos indivisibles.
Estas modalidades fueron blanco de la invasión de madereros, mineros [buscadores de oro-garimpeiros], acaparadores de tierras [grileiros], cazadores, y toda una pandilla (aliada al crimen organizado) que fue atizada por el gobierno de Bolsonaro. Como resultado, se han multiplicado las invasiones a Tierras Indígenas y Unidades de Conservación. Por eso, también, estallaron los incendios y la deforestación en la Amazonía.
El crimen organizado es la vanguardia de la invasión. Pero, al fin y al cabo, todas van a parar a manos de los “productores” del agro, que esperan que un gobierno de turno regularice su robo, como ocurrió con la Ley 11.952 aprobada durante el gobierno de Lula en 2009, que autorizó la emisión de títulos de áreas públicas de hasta 1.500 hectáreas en la Amazonía, ocupadas y deforestadas ilegalmente hasta diciembre de 2004.
Lo mismo sucedió con la Medida Provisoria [MP] 759 en 2016, de Michel Temer, aumentando el área pasible de regularización para hasta 2.500 hectáreas, y regularizando el robo de tierras públicas invadidas para diciembre de 2011. Lo mismo ocurrió con Bolsonaro, que pasó por arriba de toda la legislación ambiental y trató de implementar el PL da Grilagem [Proyecto de Ley del Grillaje], de Carlos Favaro. ¿Quién va a impedir realmente el PL de Favaro?
“Ser propietario de tierras rurales parece ser un buen negocio. Si no quieres producir, puedes alquilarlas y sacar una buena ganancia sin preocuparte por las contrariedades climáticas”, aconseja el Canal Rural, portavoz de agro.
Por todas estas razones, defender el agronegocio sostenible, como hace Lula, es absolutamente insostenible.
Si depende del agro, ni frijol ni arroz
Pero, ¿cómo producir alimentos sin el agro que lleva el país a cuestas? ¿No se verá amenazada la seguridad alimentaria en el mundo? El espectro de una mentira colosal ronda el corazón y la mente de la llamada opinión pública nacional y contamina a una parte de la izquierda, que repite este verdadero mantra del agronegocio.
La verdad es que el agro no produce ningún alimento. Por el contrario, representa una amenaza para la seguridad alimentaria del país. Solo para quedarnos con los frijoles [feijões] y el arroz, veamos los datos del IBGE [Instituto Brasileño de Geografía y Estadística]. Desde 2006, la superficie sembrada de arroz en el país se ha reducido casi a la mitad (-44%); mientras que la del frijol se contrajo 32%. En el mismo período, la de soja casi se duplicó (+86%), mientras que el maíz subió 66%, dos de los commodities más importantes vendidas en el mercado internacional.
Es la agricultura campesina la que garantiza buena parte del arroz y los feijões para abastecer el mercado brasileño. Es responsable de producir 70% de los alimentos que se consumen en todo el país. Según el Censo Agropecuario de 2006, el sector produce en el Brasil 87% de yuca [mandioca], 70% de frijol [feijão], 46% de maíz, 38% de café, 34% de arroz y 21% de trigo. En ganadería, es responsable por 60% de la producción de leche, además de 59% del hato porcino, 50% de la avicultura y 30% del ganado vacuno del país. Esos son los datos, esa es la realidad.
Una política ambiental social-liberal
La lógica de acumulación del capital monopólico imposibilita una verdadera transición en la matriz energética y ni siquiera permite una reducción significativa de las emisiones de carbono. Por eso, todos los acuerdos climáticos de las últimas décadas han fracasado.
De hecho, las soluciones presentadas sirven a la propia autorreproducción del capital, y no para evitar la destrucción de la biosfera. La corriente ambientalista burguesa de la “economía verde” y de la “ecoeficiencia” cree en el “desarrollo sostenible” a partir del buen uso de los recursos naturales o, como ellos lo llaman, del “capital natural”. Para ellos, basta una cierta regulación, promovida por el Estado y, principalmente, por los propios capitalistas, individualmente o en asociación, para adecuar la producción a un “manejo sostenible” y al uso prudente de los recursos naturales.
Defienden propuestas de cuño neoliberal y de “autorregulación del mercado”, tales como la creación de fondos y la comercialización de derivativos financieros (como los créditos de carbono), que solo sirven para crear nuevos nichos de mercado, amplían el parasitismo del capital financiero y fomentan la ideología del “desarrollo sostenible” del capital. Muchas empresas incorporan la etiqueta “sostenible” a sus marcas (incluyendo mineras, petroleras, entre otros sectores de la industria) solo para realizar el llamado greenwashing (literalmente, “lavado verde”, término utilizado para quienes, falsamente, se presentan como amigables” al medio ambiente).
También apuestan en la concesión pública a la iniciativa privada de inmensas áreas de bosques públicos para implementar algún tipo de explotación forestal “sostenible”. Un ejemplo de ello fue la aprobación de la polémica Lei de Gestão de Florestas Públicas [Ley de Gestión de los Bosques Públicos], elaborada por Marina Silva cuando era ministro del Medio Ambiente, que autoriza su concesión para explotación por parte del sector privado, la comercialización de “servicios ambientales”, la venta de créditos de carbono, entre otras medidas de cuño neoliberal y financiero.
El presupuesto de la “economía verde” es que el bosque precisa tener un valor económico para ser preservado y deben crearse incentivos financieros para que las personas se abstengan de destruirlo. Se propone que las fuerzas de mercado (con sus “fallas” supuestamente corregidas) proporcionen un uso sostenible de los recursos naturales.
Al mismo tiempo, ofrecen políticas sociales compensatorias, como la Bolsa Verde, creada por Dilma en 2011 (que ofrece R$ 300, cada tres meses, para las familias que viven en áreas de conservación ambiental), sin ofrecer ninguna política que ofrezca mejoras estructurales, en aspectos como la salud, la educación y el bienestar, a estas poblaciones. De esta forma, no se salvará ni la Amazonía ni ningún otro bioma brasileño, como ya lo demostró la historia reciente. Es necesario romper con esta lógica, propia del sistema capitalista.
Artículo piublicado en www.pstu.org.br, 18/11/2022.-
Trducción: Natalia Estrada.
