2016 llegó a su fin y es hora de encarar los desafíos que están planteados para el próximo año, en medio de la grave crisis económica y política que vive el Brasil. Es necesario saber de dónde venimos, para mejor vislumbrar hacia dónde tenemos que encaminarnos si queremos construir una salida para la situación que vive el país, impidiendo que los costos de la crisis sean, una vez más, cargados sobre las espaldas de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo pobre del Brasil.

Por: Zé María, metalúrgico y presidente nacional del PSTU – Brasil

La crisis económica que asola al país, de profundidad inédita en nuestra historia reciente, lleva al gran empresariado y a los gobiernos (federal, estaduales y municipales) a intensificar los ataques a los derechos y al nivel de vida de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Los capitalistas –banqueros y grandes empresarios– hacen eso porque de esa forma crean condiciones para ver crecer, nuevamente, su margen de ganancia (para ellos, eso es salir de la crisis). Y los gobiernos lo hacen porque actúan cada vez más abiertamente como felpudos de los bancos y de las grandes empresas (que financian sus campañas y a sus partidos) contra los intereses de la mayoría de la población.

Por otro lado, fueron las consecuencias de este cuadro –el desempleo que ataca hoy a más de 20 millones de brasileños y brasileñas, los ataques al seguro de desempleo, al pago del PIS (Programa de Integración Social), los recortes de inversiones en salud, educación, vivienda, los ataques a la jubilación y a los derechos laborales– las que llevan a la revuelta que viene creciendo a ojos vista en el interior de las fábricas y en los barrios pobres de los grandes centros urbanos. Es lo que llevó a la ruptura de la amplia mayoría de la clase trabajadora con el gobierno de la presidente Dilma luego de su reelección, constituyéndose –ese hecho– en el elemento fundamental de la crisis política que se abrió en el país desde aquel momento.

La presidente Dilma, sin apoyo popular (que perdió porque le dio la espalda a los trabajadores que votaron por ella y atacó sus derechos para defender los intereses del gran empresariado) y acosada por denuncias de corrupción, que alcanzaron de lleno al PT en aquel momento, perdió el control de su base parlamentaria en el Congreso y su gobierno acabó derrocado por un impeachment votado por el Senado Federal. Asumió, en su lugar, su vicepresidente Michel Temer.

En aquel momento, sacar al gobierno del PT era un deseo de la mayoría absoluta de la clase trabajadora, que estaba furiosa con la traición llevada a cabo por el gobierno de Dilma. Pero, como era de esperarse, solo cambiar a Dilma por su vice, Michel Temer, no trajo ninguna solución a los problemas que afligen a trabajadores y trabajadoras en todo el país. Temer le dio continuidad y en cierto sentido profundizó (acompañando la profundización de la crisis en la economía) los ataques a los derechos de los trabajadores, que venía haciendo el gobierno anterior.

Esta es una constatación importante: no estamos ante una ruptura con el programa económico que se aplicaba en el país por los gobiernos petistas. Se trata de una continuidad de los mismos, y las diferencias que vemos responden apenas a los cambios en el escenario económico, mundial y nacional. Eso está demostrado no solo por las medidas adoptadas por Dilma después de su reelección (como el ataque al seguro de desempleo y al pago del PIS).

Recordemos que la presidente inició los recortes drásticos a las inversiones en políticas públicas para hacer el “ajuste fiscal”. Fue por la propuesta del PEC [Proyecto de Enmienda Constitucional] enviado al Congreso aumentando la DRU (Desvinculación de Recetas de la Unión – [Presupuesto]) de 20% a 30% (para quien no sabe, la DRU fue creada por FHC [Fernando Henrique Cardoso, ex presidente del Brasil] y permite al gobierno desviar dinero de salud y educación para pagar intereses a los banqueros), llegando, incluso, a anunciar que haría la reforma de la Previsión Social que ahora Temer quiere transformar en realidad. Una invitación para quien está asustado con la virulencia de la reforma laboral anunciada por Temer: lean el proyecto de reforma sindical presentado al Congreso Nacional por Lula en 2005 (el célebre PEC 369/2005). Verán que ahí está la llamada “prevalencia de lo negociado sobre lo legislado”, y otras “perlas” para atender a los empresarios. Fue la movilización de una parte del movimiento sindical (la dirección de la CUT y la dirección de Fuerza Sindical apoyaron el proyecto del gobierno) que impidió la aprobación de ese PEC, en aquel momento.

La salida no está en volver al pasado

Una parte de la izquierda brasileña ha defendido que la salida para la situación en la que el país se encuentra es el regreso de los gobiernos del PT, sea con la derrota del supuesto “golpe”, sea con la elección de Lula en 2018. Y no solo el PT, la CUT o el MST sustentan esa posición hoy en día, sino, también, sectores que antes se decían oposición de izquierda a los gobiernos petistas, como el PSOL, y movimientos como el MTST. Repiten hasta el agotamiento la denuncia (por otra parte, justa) de la gravedad de los ataques realizados por el actual gobierno. Pero lo hacen intentando al mismo tiempo convencer a los trabajadores de que antes, con los gobiernos del PT, no era así, silenciando vergonzosamente cuánto a los ataques de los gobiernos petistas ya venían haciendo contra nuestra clase. Intentan apoyarse en la “memoria corta” que las personas acostumbran tener en política, para vender gato por liebre.

Aquí abro un paréntesis para decir que sería lo mismo que esperar que la dirección del PT o de la CUT hiciesen eso. Están tratando de librar su propia imagen del desastre que causaron, hacia nuestra clase y hacia el país. Ahora, que sectores de la llamada izquierda socialista hagan lo mismo y luchen para que los trabajadores defiendan al gobierno petista, justamente cuando ellos (¡después de 30 años!) comienzan a liberarse del control ideológico de Lula, del PT y de su proyecto de conciliación de clases… es para dar vergüenza ajena.

La naturaleza de estos gobiernos (del PT y del PMDB) es exactamente la misma: gobiernan para los ricos y poderosos, atacan los derechos de los trabajadores para defender los intereses de los bancos y de las grandes empresas (recuerden la frase de Lula cuando terminó su segundo mandato diciendo que los banqueros y empresarios nunca podrían reclamar de su gobierno, porque nunca antes en la historia de este país habían ganado tanto dinero). ¿Alguien conoce alguna otra forma de empresarios y banqueros para ganar dinero, que no sea explotando a los trabajadores y apropiándose de los recursos del país? Pues sí, el engaño aquí es que estos tipos reclaman, sí… porque siempre quieren más…

La solución, entonces, no es regresar al pasado, a los gobiernos del PT. Es levantar ¡Fuera Todos Ellos! Dilma ya fue, y Cunha, también. Ahora es necesario sacar, además, a Temer, a Renan y toda esa pandilla de corruptos del Congreso Nacional.

Brasil necesita de un Gobierno Socialista de los Trabajadores, sin patrones, donde quien gobierne sean los trabajadores y el pueblo pobre, a través de sus organizaciones, a través de consejos populares organizados en cada lugar de trabajo, de estudio, en cada barrio, cada ciudad, cada Estado, y en nivel nacional. Nosotros, los trabajadores, somos la mayoría de la población; somos nosotros, especialmente la clase obrera, los que producimos toda la riqueza del país, somos nosotros los que hacemos que el país funcione… ¿por qué no podemos ser gobierno? La clase obrera, los trabajadores y el pueblo pobre sabrán gobernar el país mucho mejor que este bando de corruptos que hoy ocupan el Palacio del Planalto [Casa de Gobierno] y el Congreso Nacional, representantes de las contratistas, los banqueros y los grandes empresarios.

Este país no va a cambiar con las elecciones ni con este sistema que tenemos y que no nos representa. Por eso defendemos que los trabajadores gobiernen y decidan sobre todo a través de Consejos Populares, electos y controlados por la base (en los barrios, escuelas, ciudades, etc.). Y, en todas partes, en las luchas y las movilizaciones, debemos estimular la organización de esos Comités o Consejos.

Ahora, mientras no tengamos las condiciones para un gobierno de nuestra clase, no podemos aceptar que siga gobernando un presidente que no fue electo y un Congreso de mayoría de corruptos que le mintió al pueblo en las elecciones y ahora hace lo opuesto de lo que prometió en la campaña electoral: solo hacen ataques a nuestros derechos. No podemos aceptar que continúe el gobierno de Temer ni este Congreso ni otro gobierno electo en este Congreso: vamos a exigir que se convoque a nuevas elecciones generales ya, pero no solo para presidente, y ni con las actuales reglas viciadas y antidemocráticas. Nuevas elecciones para diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República.

El pueblo tiene, por lo menos, el derecho de cambiar a todos los que quiera. Elecciones con nuevas reglas, donde esté prohibido el financiamiento de empresas, exista un techo bajo de gastos, donde todos los partidos tengan derechos iguales, con participación en los debates y tiempo igual en la TV, etc. Y que, aquellos que asuman mandato, de aquí en adelante ganen el mismo salario que un obrero o una profesora y puedan ser destituidos en cualquier momento (basta de elegir a sinvergüenzas que defienden una cosa en las elecciones y pasan cuatros años haciendo otra). ¡Basta de privilegios!

Huelga General contra las reformas de la Previsión y laboral

Los escándalos de corrupción que comenzaron alcanzando a gobernantes y dirigentes petistas alcanzan ahora de lleno a los principales nombres del gobierno de Temer (incluyéndolo a él), resbalando ya a parte de la cúpula del PSDB, para no citar aquí a políticos más secundarios. Eso empuja, aún más, a sectores de la clase media hacia la oposición al actual gobierno, lo que le saca parte importante del pequeño capital político con que asumió hace unos meses atrás. Por otro lado, el presidente que ya asumió en medio de una enorme desaprobación popular es obligado, por la profundidad de la crisis económica, a atacar aún más los derechos e intereses de la clase trabajadora y del pueblo pobre, lo que va a aumentar su desgaste.

Es importante el apoyo que el gobierno tiene aún del gran empresariado. Este apoyo, de la misma forma que con Dilma, va a durar en tanto él consiga mantener el control de su base parlamentaria para aprobar las medidas de ajuste fiscal y lo que fuera de interés de los bancos y grandes empresas. Pero, esto está lejos de dar al gobierno de Temer una situación de fuerza, de transformarlo en una fortaleza inexpugnable. Por el contrario, este gobierno puede ser derrotado. Un fuerte proceso de movilización de los trabajadores puede transformar en polvo su sustentación política, derrotar las reformas y los ataques en curso a los derechos de los trabajadores e inviabilizar la continuidad del gobierno. Los procesos nacionales de movilización realizados hasta ahora fueron importantes como inicio. Pero necesitamos avanzar más.

El camino para eso es la organización de una Huelga General, que puede ser convocada en torno a una plataforma unitaria, centrada en impedir los ataques del gobierno a los derechos de los trabajadores (contra las reformas de la Previsión y la laboral, contra el recorte de presupuestos de las políticas públicas, en defensa del empleo con la reducción de la jornada sin reducción salarial, por ejemplo). Una Huelga General puede sacarle al gobierno las condiciones políticas de seguir con estos ataques. Sin eso, el gobierno acaba. Este es el camino si queremos que los trabajadores sean tomados en cuenta en este país, si queremos cambiar el rumbo de las cosas. Sólo así abriremos camino para una alternativa de salida a la crisis que, efectivamente, tome en cuenta los intereses de la mayoría.

Disposición de lucha por parte de los trabajadores no falta. Estamos viendo eso no solo en las huelgas que han recorrido todo el país sino, también, en las ocupaciones de las escuelas por la juventud y en las ocupaciones y movilizaciones en las calles, realizadas por movimientos populares. Lo que falta, hasta ahora, es que las grandes organizaciones de la clase trabajadora hagan su parte. Pongan una fecha y organicen la Huelga General.

Y eso necesita cambiar. Se trata de una necesidad de nuestra clase, que se encuentra bajo violentos ataques a sus derechos y necesita reaccionar de forma organizada para defenderse. Se trata de la responsabilidad de las organizaciones y sus dirigentes.

Desde ya, creo que los sindicatos y movimientos sociales deben, en cada ciudad del país, tomar la iniciativa de organizar comités de luchas contra las reformas y contra el recorte de gastos en las políticas públicas, deben organizar, desde ya, la lucha en la base. Y deben exigir de las centrales sindicales, de las organizaciones nacionales, que hagan su parte y convoquen a la Huelga General.

Algunas palabras sobre el Poder Judicial

En el lastre de la crisis desencadenada por las denuncias de corrupción y las investigaciones de la Lava-Jato, muchas personas (especialmente en los sectores medios de la sociedad) acabaron desarrollando la idea de que del Poder Judicial (jueces y procuradores) podrían venir una alternativa para el país. El apoyo que sectores de la población expresan al juez Sergio Moro, es expresión de este fenómeno.

Nada más ilusorio. El Poder Judicial (y eso incluye a Sergio Moro y al STF (Supremo Tribunal Federal), pasando por el Ministerio Público y por la Policía Federal) es parte importante de la estructura que mantiene toda la miseria moral y política que es esta sociedad en la que vivimos. Los ejemplos están ahí, por cientos, para comprobar esta tesis. Primero, la propia selectividad con que la justicia trata la corrupción. ¿Por qué Maluf sigue siendo diputado, y está em el Congreso Nacional y no en la cárcel? Es verdad que ahora lo acusaron y está procesando a dirigentes y gobernantes petistas comprometidos en corrupción. Esto es cierto. Pero, ¿y los otros? ¿Solo los del PT? El mismo dinero robado que las contratistas usaron para financiar al PT y sus campañas lo usaron también para financiar al PSDB, al PMDB, al PP, al PSD, y un largo etcétera (recuerden que solo en la famosa lista de Odebrecht constaban 24 partidos).

Es verdad que metieron preso a Cunha, pero, ¿y el papelón que el Supremo Tribunal Federal hizo en el caso de Renan? Las 1.700 familias del Pinheirinho (Sao José dos Campos) que no cumplieron una orden de esta misma justicia, no tuvieron el mismo tratamiento. Fueron masacradas por la PM de San Pablo. El propio STF, en este momento, está en campaña para permitir legalmente la generalización de la tercerización en las relaciones de trabajo y en acabar con la protección legal a los derechos que los trabajadores tienen, como la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo), para que prevalezca lo negociado sobre lo legislado.

Es verdad que apresaron a algunos contratistas. Pero, vean el premio que este mismo Poder Judicial dio a las empresas comprometidas con la corrupción: Odebrecht, para tener una idea, aumentó su facturación de 17 mil millones de reales/año (US$ 5.19 mil millones/año), cuando comenzaron los gobiernos del PT en 2003, a 127 mil millones de reales (US$ 38.79 mil millones) de facturación en 2015. Se salió de esa “confusión” con un pedido de disculpas y una multa de menos de 7 mil millones de reales (US$ 2.14 mil millones). Ahora, eso es premiar el crimen. Esta empresa (y todas las demás en la misma situación) deberían haber sido expropiadas, sin indemnización a sus dueños, y mantenida en funcionamiento como empresa de propiedad del Estado, para mantener el empleo de sus trabajadores y así también evitar que en su lugar sean las multinacionales las que controlen el mercado.

Ahora, nadie menos que la ex-corregidora del Consejo Nacional de Justicia, la ministro Eliana Calmon, le dice al público que “la delación de Odebrecht sin nombre de ningún juez, no es delación”. La ex-corregidora sabe de lo que está hablando. Hace tiempo es conocida en el país la práctica que el gran empresariado realiza, de comprar decisiones de jueces y ministros de tribunales de la misma forma que compran a los parlamentarios del Congreso Nacional.

El Poder Judicial, que ahí funciona, está de su lado. Está ahí para proteger los intereses de los bancos y las grandes empresas. De ahí no vendrá ninguna salida para el país, que pueda atender a nuestra clase.

Sobre el llamado a la lucha para “restablecer la democracia”

Esta idea es parte de la narrativa que el PT desarrolló para intentar redimirse frente a la clase trabajadora que este partido traicionó miserablemente. Dicen que el “golpe” fue un “ataque a la democracia”, al “Estado de Derecho”, como quien dice que para restaurar la democracia y el Estado de Derecho sería preciso llevar de vuelta al PT al gobierno. Dicen que la “persecución” que vienen sufriendo los dirigentes petistas es fruto de este “retroceso”. Que es este “retroceso” el que explicaría la represión policial violenta a la lucha de los trabajadores y jóvenes hoy en día.

Entonces, comenzando por la persecución a los dirigentes petistas de parte del Ministerio Público, el juez Moro, y el STF… El PT gobernó el país por más de 13 años. ¿Qué cambios hizo o, incluso, qué propuestas hizo el partido sobre este funcionamiento “parcial y antidemocrático” del Poder Judicial y sobre la práctica violenta de la policía? ¡Nada! El PT no solo fue cómplice de este sistema (de los 11 ministros del STF, nada menos que 8 fueron señalados por los gobiernos petistas), como se aprovechó de ello para atacar a los trabajadores cuando estaba en el gobierno. ¿Recuerdan la represión de la PM y de la Fuerza Nacional contra las manifestaciones en la época de la Copa del Mundo? ¿En junio de 2013? ¿Del Ejército Brasileño reprimiendo la manifestación contra la privatización del Pre-Sal, en Río de Janeiro?

Hay mucho de cinismo cuando los dirigentes petistas hablan de que las acciones del Poder Judicial contra ellos “amenazan el Estado Democrático de Derecho”. En nuestro país, todo los años (y no fue diferente cuando el PT estuvo en el gobierno) más de cinco mil jóvenes son ejecutados por la policía en la periferia de los grandes centros urbanos. Vean, no es que fueron “acusados y condenados sin pruebas o por el debido proceso legal”. ¡Fueron asesinados, muchas veces a sangre fría, simplemente por ser negros y por ser pobres! ¿Aquí, el Estado de Derecho no estaba amenazado? Si estaba, ¿por qué los dirigentes petistas no hicieron absolutamente nada para acabar con esa situación cuando estaban en el gobierno? Además, para no decir que nada fue hecho, sí fueron aprobadas dos leyes por iniciativa de los dirigentes petistas: la Ley de las Organizaciones Criminales y la Ley Antiterrorismo. Las dos son para favorecer una mayor represión a las luchas y organizaciones de los trabajadores y de la juventud.

Nosotros defendemos sí, las libertades democráticas, el derecho de organización y manifestación de los trabajadores, el derecho de huelga, el fin de los abusos y de la violencia practicada por la policía contra los trabajadores y el pueblo pobre. Estamos en la primera línea de lucha en defensa de estos derechos, que es una lucha contra Temer y su gobierno, contra los gobiernos estaduales y la brutalidad de sus policías. Pero eso no se confunde con defender el gobierno del PT o a los dirigentes petistas que, cuando estaban en el gobierno, atacaron de la misma forma los derechos democráticos de la población y cometieron los mismos abusos que reclaman de las autoridades hoy. Y lo hicieron para defender los mismos intereses de los banqueros y de grandes empresarios que hoy defiende el gobierno de Temer.

Ya lo dije antes, y lo repito. Creo sí, que debemos condenar la parcialidad, los abusos y autoritarismos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la policía (militar o federal). Sean estos abusos cometidos contra dirigentes petistas (y los hubo) o contra quien quieran que sea. Eso es inaceptable y debemos condenarlo. Sin embargo, es tan inaceptable como intentar esconder detrás de eso el enorme esquema de corrupción montado por los dirigentes del PT coludidos con grandes empresas cuando este partido estaba en el gobierno.

Algunos hablan que apenas los trabajadores pueden juzgar a los dirigentes petistas, lo que, en la práctica, corresponde a la defensa de su más absoluta impunidad, lo que es inaceptable. El gobierno del PT no fue un gobierno para los trabajadores, fue un gobierno contra nuestra clase, que defendió los intereses de la burguesía y su Estado. ¿Por qué los trabajadores tendrían que defender a estos gobernantes, si ellos son gobernantes de la burguesía? El dinero desviado, sea para financiar a los partidos, para financiar campañas electorales, sea para enriquecimiento individual de dirigentes, fue sacado de la salud pública, de la educación pública, de inversiones necesarias a la población. No se puede hablar en defensa de la democracia defendiendo impunidad para corruptos. Y ojo, los trabajadores aún no llegaron al poder en este país. Y, cuando estén allá, van sí, a juzgar a aquellos que se aprovecharon de las funciones públicas para robar y no respetar al pueblo. No es por nada, pero creo que esta gente va a tener nostalgias del tratamiento que están teniendo hoy…

Nuestra opinión es que no se puede aceptar ningún tipo de discriminación. Es inaceptable que sean penalizados solo los dirigentes petistas. Pero, ni por eso se debe defender la impunidad de petistas o de quien quiera que sea. Tienen que penalizar a todos. Defendemos cárcel y confiscación de los bienes de todos los corruptos y corruptores.

Traducción: Laura Sánchez.