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28 marzo, 2024

Ley antiterror en Brasil: proyecto quiere criminalizar manifestaciones contra el gobierno

El proyecto que el Senador Magno Malta quiere aprobar tipifica como “terrorismo” no solo los movimientos sociales, sino cualquier acto o manifestación contra el gobierno.

Por PSTU-Brasil

Siguiendo la línea de lo que viene defendiendo el presidente electo Jair Bolsonaro, su aliado en el Senado, Magno Malta (PR-ES), quiere votar un proyecto que clasifica como “terrorismo” a los movimientos y cualquier acción que vaya contra el gobierno de turno. Malta, candidato derrotado al Senado, pero aliado y aspirante al futuro gobierno, es relator de un proyecto que amplía la definición de terrorismo existente en la Ley 13.260, conocida como Ley antiterrorismo, propuesta y aprobada por Dilma en 2016.

El proyecto actual es de autoría del senador Lasier Martins (PSD-RS) y caracteriza como terrorismo “incendiar, depredar, saquear, destruir o explotar medios de transporte o cualquier bien público o privado”. Crímenes que ya están incluídos en el Código Penal. Pero la definición para “terrorismo” pasa a incluir, a partir del entendimiento del proyecto de Lasier y de Magno Malta, acciones para “coaccionar al gobierno”, así como “hacer o dejar de hacer alguna cosa, por motivación política, ideológica o social”.
Bolsonaro ya viene defendiendo públicamente la criminalización de movimientos sociales como el MST y el MTST. “Voy a hacer una limpieza, la limpieza será contra los que no respetan la ley, como la gente del MST”, afirmó en la TV. El Proyecto de Ley que Malta quiere aprobar en el Senado coloca en la mirilla de la Ley Antiterror no solo los movimientos sociales, sino cualquier manifestación o acción que vaya contra los intereses del gobierno de turno. De esta forma, no solo los movimientos de lucha por la tierra podrán encuadrarse como “terroristas”, sino también una huelga o incluso una manifestación contraria al gobierno. Cualquier trabajador, estudiante, sin techo, sin tierra, palenquero o cualquier otra persona, que simplemente ose manifestarse contra el gobierno, podrá ser tipificada como “terrorista”, con pena que va de 12 a 30 años de prisión.

A pesar de que Magno Malta haya intentado votar el proyecto este miércoles, 31/10, el Senado postergó la votación del proyecto a partir del requerimiento de la oposición, que pidió la realización de una audiencia pública sobre el tema. Sin embargo, el proyecto sigue en la pauta de la Comisión, así como la intención de Bolsonaro y sus aliados de criminalizar el derecho de manifestación.

La responsabilidad del gobierno Dilma

La ley antiterror fue propuesta y aprobada por el gobierno Dilma, a partir de la presión del G20 (grupo que reúne a las 20 mayores economías del mundo), más específicamente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Comité Olímpico Internacional (COI), para garantizar la “seguridad” de los Juegos en Rio de Janeiro. Entre sus defensores estaban el entonces ministro de Hacienda, Joaquim Levy y el ministro de Justicia de Dilma y su futuro defensor en el proceso de impeachment, José Eduardo Cardozo.

La presión de movimientos sociales y de la opinión pública forzaron al gobierno a colocar una salvaguardia en la ley, retirando de la definición de terrorismo a los sindicatos y movimientos sociales. Pero esa medida formal sirve de poco ya que, en última instancia, quien define lo que entra o no en esa ley es la Justicia. Más que eso, abre el camino para la criminalización de los movimientos sociales, de las protestas y de la libertad de organización y manifestación, como estamos viendo ahora.

Traducción: Davis

 

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