Hace unas semanas, en algunos medios se difundió una publicación totalmente repudiable realizada por un cura de la provincia de San Luis. En la misma “celebró” la muerte de una viceintendenta que estaba a favor del aborto: “Estaba a favor del aborto y Dios le ha concedido esa gracia, le abortó la vida”. Este un ejemplo más de cómo las iglesias, sobre todo la Católica, no han dejado de opinar en distintos ámbitos extra religiosos, y no solo eso, sino que influyen sobre los actos de gobierno.
Por PSTU-Argentina
A lo largo de la historia, las iglesias han sumado infinidad de ejemplos de cómo ejercen su poder: los crímenes de la Inquisición; la complicidad con el genocidio y el robo de bebés durante la dictadura argentina; la intervención del Papa a favor de los piratas ingleses durante la guerra de Malvinas; el encubrimiento al cura Grassi y a cientos de pastores y curas abusadores, violadores y pedófilos en todo el mundo. Se opusieron al matrimonio civil, a la educación laica, al divorcio vincular, a la igualdad de hijos/as nacidos/as fuera del matrimonio, a la responsabilidad parental compartida y más recientemente a la salud reproductiva y anticoncepción, la educación sexual integral, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, la identidad de géneros y, por supuesto, al aborto legal, seguro y gratuito.
¿Son las iglesias “la voz de los pobres” frente a las injusticias?
Las iglesias, tanto la Católica con el Papa Francisco a la cabeza, como las diferentes variantes de Evangélicas, son parte de los poderosos del mundo, dueñas de cuantiosos bienes.
La Iglesia Católica es la “empresa más grande del mundo” por la cantidad de propiedades, los ingresos que recibe, las reservas que posee y por los privilegios que la benefician de parte de muchos países. En este último caso, se debe comenzar por el hecho de que es la única “empresa” que posee formalmente su propio Estado (el Vaticano), con todas las ventajas que ello implica.[1]
Por otro lado, las Iglesias Protestantes y/o Evangélicas agrupan casi 40% de los cristianos en el mundo, unos 800 millones de personas. Su “acumulación de capital” es muy agresiva, a través de diversos mecanismos (diezmos, ventas de productos y hasta la asociación con bancos locales para la emisión de tarjetas de créditos). Han acumulado así un cuantioso valor en propiedades y, especialmente, en medios de comunicación, representando también un factor de poder político y económico en el mundo.[2]
Las iglesias, que predican la igualdad de todos los seres humanos, son por tanto, una fuente de desigualdades y privilegios. Al condenar la legalización del aborto, las iglesias privilegian a las mujeres ricas y penalizan a las mujeres pobres.
La fe en cuarentena
Esta pandemia está atacando al mundo con una brutal polarización social. Las grandes empresas concentran la riqueza en la burguesía de una manera repugnante, mientras que la pobreza, las malas condiciones de vida, la falta de trabajo y ahora esta pandemia, castigan con toda la fuerza a les trabajadores y pobres de todo el mundo, y, sobre todo, profundizan la desigualdad y la violencia hacia las mujeres.
Esto se manifiesta, por un lado, en violencia de todo tipo, femicidios, abusos, violaciones, etc., y, por otro lado, en la falta de recursos por parte del Estado para tener acceso a un sistema de salud que garantice los derechos reproductivos y sexuales de mujeres y niñas.
Ante este panorama, ¿qué papel cumplen las iglesias?
Desde el catolicismo, “el Papa de los pobres”, a pesar de sus discursos contra la pobreza, sigue apelando al diálogo y la conciliación, generando en sus millones de seguidores la expectativa de que de la mano de los gobiernos (que representan a su vez a los empresarios) se puede combatir la exclusión.
Mientras tanto, las Iglesias Evangélicas son, por ejemplo, vanguardia de las tesis negacionistas sobre la gravedad de la pandemia del Covid 19.
Las iglesias sostienen política e ideológicamente al sistema en que vivimos, el capitalismo, quien en su afán de ganacia, no duda en ejercer violencia y descargar las crisis que él mismo genera sobre les trabajadores.
En este marco, podemos afirmar que la clandestinidad del aborto, militado explícitamente por las iglesias, es parte de esa violencia estructural.
¿A favor de la vida?
Recientemente adquirió estado público la situación de una niña de 10 años de Monte Caseros, provincia de Corrientes, que fue violada por la pareja de su mamá, quien además fue la que decidió que continúe el embarazo, tomando la opinión de la pediatra de confianza, una médica muy católica, quien le dijo que era sumamente riesgoso hacerle un aborto, más riesgoso que continuar con el embarazo.
Aun después de hacer la denuncia, nadie les dio información médica adecuada ni contención psicológica. A la niña se le ha practicado una cesárea, y antes de ello una iglesia evangélica le organizó un baby shower, sacándole una foto y publicando la misma en redes, con un cartel que rezaba “bebé a bordo”. [3]
Otra situación se ha dado a conocer hace pocos días en Las Lajitas, provincia de Salta, en donde el sistema de salud está obligando a una niña de 12 años, víctima de violación, a gestar y parir, alegando que “tenía una relación sentimental con su abusador” y que “decidió tener al bebé”.
Como ocurre recurrentemente en nuestro país, se niegan derechos ya consagrados: nada se le informó a la niña y a su familia sobre su derecho a un aborto legal, establecido para estos casos en el Código Penal desde 1921. En cambio, desde el sistema estatal de salud, profesionales médicos se declararon “objetores de conciencia”, aunque la ILE (interrupción legal del embarazo) expresa claramente que no debe haber objeción institucional.[4]
Estas acciones revictimizantes son una muestra patente del sometimiento y objetivación que padecemos mujeres y niñas, a quienes los grupos antiderechos nos igualan a incubadoras/máquinas “portadoras” de “bebés”, interponiéndose sistemáticamente a la aplicación de la ILE.
En Argentina cada 3 horas está pariendo una niña de entre 10 y 14 años, es decir, unas 2400 niñas por año, un gran número luego de embarazos producto de violaciones. La Iglesia dice estar “a favor de la vida”. Nosotres les preguntamos: ¿qué vida? ¿cuáles son las vidas que dicen defender?
Un guiño de Fernández a la iglesia
Un párrafo aparte merece la relación de Alberto Fernández con las iglesias, particularmente la Católica. Él es plenamente consciente de que el proyecto de ley que implica la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo puede generar enojo en ese sector.
Por ello, para matizar las críticas, al anunciar la presentación, aun latente, del mismo en el Congreso, también presentó en sociedad un programa que ya funciona en San Juan, por iniciativa provincial, y que viene siendo empujado por su pareja, Fabiola Yáñez: el “Plan de los 1000 días”. El mismo consiste en brindar atención y cuidados a la mujer embarazada y sus hijes en los primeros 1000 días de vida, por medio de un subsidio insuficiente y otros paliativos, con la firme intención de convencer a las mujeres de que desistan de abortar (aunque luego de ese plazo, ella y sus hijes sigan padeciendo las penurias de la pobreza)
El Presidente le hace así un guiño a la iglesia, que bastante enojada va a estar en caso de que se legalice el aborto.[5]
¡Aborto legal ya!
El 28 de setiembre se conmemora el “Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe”.
Descriminalizar y legalizar el aborto es garantizar el derecho de las mujeres trabajadoras a la vida, por eso esa reivindicación debe ser tomada por el conjunto de les trabajadores. No podemos admitir ni una muerte más porque sectores conservadores y reaccionarios en el poder se niegan a conceder ese derecho a las mujeres, mucho menos que las iglesias y las religiones sigan determinando las leyes del Estado.
Más allá de las creencias personales, que respetamos profundamente aunque no las compartamos, el debate sobre el aborto legal debe hacerse sin la injerencia de la Iglesia Católica ni otras iglesias.
Una ley que garantice el derecho al aborto no obliga a practicarlo a quienes no quieran hacerlo. Sería un atropello antidemocrático. De igual modo es antidemocrático que los dogmas religiosos se impongan sobre cuestiones de decisión íntima de toda la población.
Nuestro derecho a elegir el momento de la maternidad es una urgencia. ¿ Por qué debe regirse por una institución que protege a violadores y abusadores?. Y que, además, al oponerse a la legalización, lejos de preocuparse por la vida, defiende en los hechos los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas y clínicas abortistas que lucran con la clandestinidad.
Les trabajadores debemos tomar partida en esto. Es necesario luchar por la separación de la Iglesia del Estado, por el cumplimiento irrestricto de la ILE, por una educación sexual integral laica, y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Organicémonos para imponer a nuestros dirigentes que asuman esta pelea.
Notas:
[1] https://litci.org/es/teoria/historia/la-iglesia-catolica-no-tiene-el-derecho-de-ser-la-voz-de-los-pobres/
[2] https://litci.org/es/debates/el-poder-de-las-iglesias-evangelicas/
[3] https://www.pagina12.com.ar/289683-una-nina-forzada-a-ser-madre
[4] https://www.pagina12.com.ar/290027-una-nina-embarazada-sin-acceso-a-la-ile-en-las-lajitas
[5] https://www.perfil.com/noticias/politica/plan-de-los-1000-dias-el-programa-que-promovio-fabiola-y-que-hoy-anuncio-alberto.phtml
