El próximo miércoles 8 de mayo se votará en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado la PEC [Propuesta de Enmienda Constitucional] 29/2015, que pretende prohibir totalmente el aborto en el Brasil. De autoría del ex senador Magno Malta (PR-ES) y archivada hacia finales del año pasado, el proyecto fue rescatado por el senador Eduardo Girão (PODE-CE) y quiere incluir en el texto de la Constitución Federal la garantía “de la inviolabilidad de la vida, desde la concepción”. Si fuera aprobado, significará un enorme retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres.
Por: Erika Andreassy, de la Secretaría de Mujeres del PSTU-Brasil
El informe es de la senadora jueza Selma (PSL-MT) –que, además, tuvo el mandado anulado por supuesto uso de Caja 2 y aguarda recurso–, y aun cuando su parecer admita el aborto en caso de riesgo de muerte para la gestante y de embarazo resultante de violación, la medida dificultaría, por ejemplo, el acceso al procedimiento en caso de anencefalia, autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2012.
Abre incluso la posibilidad de nuevas flexibilizaciones en la legislación, como la descriminalización del aborto hasta la 12° semana (bajo análisis en el STF, pero sin previsión de juicio) y la autorización para que embarazadas infectadas con Zika Virus puedan recurrir al aborto, si así lo desearen, cuyo pedido está en la pauta del plenario del 22 de mayo. Además, la CCJ puede votar el texto original, que es aún más restrictivo. De todos modos, lo que se busca es imponer más barreras a la legalización del aborto.
Los defensores de la PEC 29/2015 alegan que el proyecto pretende proteger el derecho a la vida del feto y también la salud de las mujeres, toda vez que el aborto dejaría “secuelas físicas, psíquicas y emocionales gravísimas en las mujeres” –afirmación que hasta el momento carece de evidencias científicas–, pero olvidan decir que millares de mujeres mueren todos los años en el país debido a la criminalización del aborto.
Aborto ilegal es la quinta causa de muerte materna en el Brasil, siendo que son las mujeres trabajadoras y pobres las principales víctimas de secuelas y muertes, o sea, si el objetivo fuese el de proteger la vida y la salud de las mujeres, lo que se debería estar discutiendo serían formas de ampliar el acceso de las mujeres a la salud integral, incluyendo el aborto legal y seguro, y no restringir aún más ese derecho.
El propio argumento de defensa de la vida del feto es cuestionable. Datos del SUS [Sistema Único de Salud] apuntan que un tercio de las gestantes brasileñas no tienen acceso al prenatal adecuado, eso equivale a cerca de un millón de partos realizados sin el debido acompañamiento. Según el Ministerio de Salud, la asistencia prenatal adecuada, con la detección y la intervención precoz de riesgos, un sistema hospitalario ágil, además de una asistencia al parto calificada, es determinante para disminuir las principales causas de mortalidad materna y neonatal.
Problemas como sífilis congénita, muerte neonatal y prematuridad son fuertemente asociados a la falta o al acompañamiento inadecuado de la gestante. Por lo tanto, si la preocupación fuese de hecho cómo actuar para reducir la mortalidad neonatal y materna, la discusión debería ser cómo ampliar la inversión en salud y mejorar la cobertura del SUS, garantizando que todas las mujeres que deseen ser madres tengan acceso al acompañamiento adecuado, antes, durante y después del parto.
El proyecto está siendo discutido en el Congreso Nacional, pero cuenta con el aval del gobierno Bolsonaro y su ministra de la Mujer, Damares Alves. Bolsonaro no tiene ningún compromiso con la vida y la salud de las mujeres trabajadoras, su proyecto es sacar de los pobres para seguir manteniendo las ganancias de banqueros y empresarios, y para eso no duda en atacar derechos y cortar presupuestos de las áreas sociales, precarizando aún más los servicios públicos. Mal inició su mandato y ya congeló R$ 600 millones de la salud, dinero que podría muy bien utilizarse para mejorar el atendimiento a la salud de la mujer, por ejemplo.
En cuanto a Damares, es lamentable que la ministra cuya obligación es elaborar políticas de promoción de la igualdad y autonomía de las mujeres defienda que mujeres sean sumisas a los hombres (como afirmó recientemente en audiencia en la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Cámara) y tenga como uno de sus principales focos un proyecto de ley que restringe todavía más los derechos de las mujeres. Eso solo evidencia que no basta ser mujer, tiene que defender los derechos y los intereses de las mujeres trabajadoras.
El PSTU se posiciona vehementemente contra la PEC 29/2015 y contra cualquier proyecto o medida que quite derechos de las mujeres. Entendemos que defender la vida y la salud de las mujeres es garantizarles la libertad de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, incluyendo la libertad de decidir sobre querer ser madre o no, y cuál es el mejor momento para eso. La maternidad debe ser un derecho y no una imposición; cabe al Estado garantizar todas las condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido por la mujer de la mejor forma posible, pero obligarla a llevar adelante una gestación no deseada es criminal.
¡Por la vida de las mujeres! ¡No a la PEC 29/2015! ¡Educación sexual y anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir!
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
