Cuando hablamos de expropiar, pareciera que un demonio saltara a la cara. Nacionalizar el cobre o el agua nos parece algo lejano, casi irreal.
Por Lorenzo Maderos
Pero la historia de Chile nos muestra un periodo en que esto fue posible, incluso bajo las leyes de la propia institucionalidad. Este periodo nos da lecciones ¿Hubo alguna diferencia para el pueblo después de estas estatizaciones? ¿Cuáles fueron los límites de ese proceso? ¿Es posible que si llegamos a conquistar leyes beneficiosas para el pueblo estas se podrán llevar a cabo?
Durante los años 1970 al 1973, el gobierno de la Unidad Popular implementó una serie de reformas que tenían como objetivo la Nacionalización de los recursos naturales, principalmente el cobre, la Reforma agraria y Estatización parcial de los grandes monopolios industriales y bancarios. Como vemos un programa que escandalizaría hasta el candidato más “progre” del PC o del Frente Amplio que hoy ni siquiera se plantean tocar la propiedad de los grandes capitalistas.
La UP creía en la institucionalidad y pensaba que esta podía utilizarse para avanzar hacia una distribución igualitaria de los recursos. Para Nacionalizar el Cobre, ocupó la legalidad vigente, llevando la ley al Congreso, por esta vez moros y cristianos apoyaron el paso de la industria minera al Estado, vía pago e indemnización de lo nacionalizado.
Y para iniciar la Estatización de los monopolios y las grandes empresas y así crear el Área de Propiedad Social utilizó diversas leyes existentes que le permitieron transferir temporalmente al Estado el control de las empresas y establecimientos que paralizaban su producción. La empresa seguía siendo de su propietario. Sólo el Congreso podía aprobar la expropiación definitiva y nunca lo hizo, por lo que muchas de las empresas intervenidas fueron devueltas a los privados.
El gobierno pronto se vio tensionado. Por un lado el empresariado y sus partidos presionaban para disminuir el Área de Propiedad Social (APS). El gobierno concedió y disminuyó a 90 las empresas a estatizar, de las 250 empresas consideradas en su proyecto original.
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras tensionaban al gobierno desde abajo. Realizando tomas de fábricas , presionando para que se incorporaran al APS y peleando por su control directo, desbordando la política del gobierno. Este proceso fue de menos a más, llegando a la máxima expresión de la actividad organizada de la clase trabajadora: los Cordones Industriales, proceso donde se produjo el Control Obrero de la producción y la administración de distintas empresas, coordinándose entre ellas.
La Nacionalización del Cobre, la Reforma Agraria y la estatización de la industria generó en el primer tiempo de la UP, beneficios directos para el pueblo: Aumento de salarios cercano al 50%, fuerte inversión en obras públicas y viviendas sociales, aumentando con ello el empleo y generando crecimiento industrial.
Estos beneficios, fueron posibles por las importantes pero limitadas reformas que la legalidad permitía. Aun así, muestran claramente los beneficios de tomar el control de las empresas monopólicas, nacionalizar los recursos naturales y repartir los beneficios en forma más igualitaria e invertir de acuerdo a las necesidades del pueblo y no de un puñado de empresarios. Eso fue posible, aún bajo las leyes de la propia burguesía.
Pero esta fue también, la gran limitación del proceso. Intentar los cambios dentro de la legalidad gastándose en una batalla jurídica que fue un lastre que no permitió avanzar.
Por otro lado, para el gobierno el concepto de “control obrero” se reducía solo a la intervención de los trabajadores en la producción. Imponiendo a la CUT como representante exclusivo de los trabajadores. Aunque la clase trabajadora superó en los hechos esta concepción, siempre fue a contrapelo del gobierno, llegando incluso a enfrentamientos y acusaciones a través de sus ministros.
En las empresas que continuaron en manos de administradores del Estado, no se logró el control obrero, reprodujeron la forma capitalista de producción y los trabajadores no recibieron una mejora sustancial de sus sueldos, manteniendo su condición de asalariados.
Esta tensión entre el gobierno de la UP y la clase trabajadora, no dejó que el control obrero pudiera organizarse a niveles regionales y luego nacionales que permitieran a los trabajadores la administración de la economía en su conjunto y la planificación en beneficio de todo el pueblo.
Este proceso se interrumpió dramáticamente cuando el imperialismo decidió poner fin al intento de aprovechar la vía legal para avanzar hacia el socialismo, imponiendo un cruento golpe de Estado.
Faltó tiempo y una dirección clara que impusiera el control obrero democrático desde la base contra el modelo legalista del gobierno.
Artículo publicado en La Voz de los Trabajadores, MIT-Chile, 15/4/2021
