El 8 de julio de 2018 fue un domingo atípico para el Poder Judicial brasileño y para la política nacional, marcado por un quid pro quo judicial involucrando a Lula. Ocurrió que los diputados Paulo Teixeira, Wadih Damous y Paulo Pimenta, todos del PT, pidieron un hábeas corpus a favor del ex presidente el viernes 6, obteniendo una decisión favorable que fue anulada el mismo día.

Por: Pablo Biondi

Ingresar con la acción fue una medida esencialmente política por parte del PT, al punto incluso de haberse dado contrariamente a la opinión de los abogados del partido. Para ellos, ese no era el momento jurídico más oportuno para requerir nuevamente la liberación de Lula. Para los parlamentarios petistas, lo que estaba en juego era la posibilidad de crear un hecho político, armando un escenario que presionase al Poder Judicial y expusiese algunas de sus tendencias dominantes en el momento.

El PT vio una ventana de oportunidad en el turno del juez Rogério Favreto, componente del Tribunal Regional Federal de la 4.° Región. Favreto, que fue afiliado al partido de Lula desde 1991 a 2010, es uno de los muchos contactos institucionales de esa organización. Frente a la temporaria decisión de su correligionario, los representantes petistas trataron de requerir judicialmente la libertad del precandidato de la sigla [PT], incluso sabiendo que la concesión de soltarlo podría ser revocada en poco tiempo.

Una vez consciente de la maniobra promovida por el PT, el juez Sérgio Moro respondió con otra maniobra que lo expuso aún más como un activista con toga. Interrumpió sus vacaciones y, por medio de un telefonema desde Portugal determinó que la Policía Federal no acatase la orden judicial de Favreto, sirviéndose del pretexto de que el juez de turno sería incompetente para apreciar el caso. En respuesta, el juez del TRF-4 reiteró la orden que expidió, siendo contrariado, enseguida, por el magistrado relator de la Operación Lava Jato en el tribunal, João Pedro Gebran Neto. En su fundamentación, el relator alegó que tendría competencia para decidir sobre el caso en cualquier momento, manteniendo la determinación de prisión contra Lula.

Sin dejarse intimidar, el juez Favreto expidió una tercera orden para soltar a Lula, contestando expresamente la decisión del relator de la Lava Jato, y anunció su intención de pedir punición disciplinaria contra Moro en el Consejo Nacional de Justicia. Aún así, su esfuerzo fue en vano, ya que el presidente del TRF-4, Carlos Thompson Flores, endosó la posición de Gebran Neto y puso fin a esa caída de brazos interjudicial. Después de tantas vueltas, al final del día, el líder máximo del PT se quedó en la cárcel.

Este enfrentamiento expuso las brechas del Poder Judicial brasileño, que también fue alcanzado por la crisis institucional más general que vive el país. De un lado, Sérgio Moro muestra una participación procesual que hiere la imagen de imparcialidad que el sistema judicial se arroga. De otro lado, el cálculo del PT y el involucramiento de un juez aliado, dispuesto a llevar adelante un enfrentamiento en el interior de su tribunal para liberar a Lula, revela la inconveniente verdad de que mucho de la producción de decisiones judiciales pasa por relaciones políticas entre los jugadores y las partes involucradas.

La dificultad es tan grande que la ministro Carmen Lúcia, máxima representante del Poder Judicial en el Brasil, fue absolutamente evasiva en su posicionamiento sobre el incidente. Defendió la impersonalidad de la Justicia respecto de la jerarquía institucional, sin citar nombres. En la práctica, dijo que los dos lados se equivocaron, sin atreverse a tomar partido por uno de los dos jueces contendientes, como era de esperarse de una autoridad estatal.

Frente a este particular hecho, las organizaciones que sostienen la narrativa petista de “golpe de 2016” (el impeachment de Dilma Rousseff) luego cantaron a los cuatro vientos que ese sería un capítulo más del “Estado de excepción” en el país, y que Lula sería, definitivamente, un preso político. Nada sorprendente, si consideramos la superficialidad habitual del reformismo y su desprecio insistente por la comprensión marxista del Estado y de la democracia burguesa en su funcionamiento institucional.

La prolongada crisis política de la burguesía brasileña

A pesar de haber obtenido victorias económicas importantes, como la reforma laboral, el hecho es que la burguesía brasileña aún no consiguió recomponer su sistema político representativo. Desde las jornadas de junio de 2013, detestadas visceralmente por el petismo, se verificó no solo la ruina del proyecto de gobierno de frente popular sino también la erosión del sistema político como un todo.

La Operación Lava Jato alcanzó solo la superficie de la corrupción en el país y, a pesar de ser utilizada por una fracción burguesa contra otra, ninguna de ellas está realmente interesada en llevarla hasta las raíces del problema. Pero la Lava Jato alcanzó a políticos y empresarios de forma inédita, aunque tímida frente a toda la podredumbre institucional existente. Si eso ocurrió fue por que el sistema político estaba derrengado lo suficiente para no ser capaz de oponer resistencia a las acciones de la Justicia y de los órganos policiales. De hecho, el punto límite de la injerencia judicial en el sistema político fue clavado por Renan Calheiros (PMDB), que se negó a dejar su cargo cuando fue intimidado por el Supremo Tribunal Federal (STF) y estancó la descomposición del poder parlamentario. Además, Calheiros debería ser considerado un héroe por aquellos que ven en el Poder Judicial una fuerza bonapartista en curso…

Con todas sus limitaciones, como el hecho de que el único representante del PSDB preso sea una figura secundaria de Minas Gerais, la Operación Lava Jato mostró que hay una íntima ligazón entre los grandes partidos, las listas que orbitan a su alrededor, los cargos en las empresas públicas, y las empresas privadas. PT, PMDB y PSDB fueron alcanzados de manera contundente, aunque desigual. E incluso cuando los “tucanos” [PSDB] hayan escapado de la persecución penal, el desgaste político fue suficiente para aniquilar a Aécio Neves, que casi venció a Dilma en las elecciones de 2014. El descrédito de las instituciones políticas es gigantesco, lo que se prueba en el hecho de que las elecciones de 2018 serán las más inciertas de la historia reciente del país.

A contramano de un modelo que se encaminaba hacia un “bipartidismo de hecho”, semejante al que se da en Estados Unidos, el sistema político brasileño experimentó un debilitamiento de sus dos mayores fuerzas (PT y PSDB), el fortalecimiento de una tercera fuerza (PMDB), y la caída relativa de ese nuevo jugador mediante la consolidación de un “centrón” que, hoy, también pasa por un proceso de desagregación. Nombres improbables como Ciro Gomes y Jair Bolsonaro ganan peso, al paso que figuras en principio más robustas, como Geraldo Alckmin, no consiguen levantar en las encuestas.

Frente a tanta incerteza, Lula entra en escena como un candidato cuya participación en las elecciones polariza tácticamente a la burguesía. Su entrada en la disputa electoral podría dirimir el actual estado de indeterminación y, más que eso, permitir el ascenso de un gobierno fiel a las exigencias del mercado. Pero esa victoria significaría igualmente una desmoralización para la Operación Lava Jato y para todo el esfuerzo burgués de apostar en la revitalización política de la institucionalidad. He aquí el dilema que asombra y divide a la clase capitalista brasileña, y que se expresa en la polarización de Poder Judicial en lo que respecta al líder del PT.

La cuestión se vuelve todavía más delicada para la burguesía cuando se toma en cuenta que Lula es el gran nombre del campo del frente popular, aunque este pueda aún, con algunas divisiones internas, migrar para Ciro Gomes como última opción. Candidaturas como la de Manuela D’Ávila (PCdoB) y Guilherme Boulos (PSOL), además de demostrar poco o ningún aliento electoral, mantienen una diferenciación puramente formal con el lulismo y no dejan de prestar tributo al petista en todas las oportunidades en que eso es posible. La alternativa frentepopulista más factible, entonces, es la del ex presidente detenido, y la clase burguesa nacional no está en condiciones –aunque no todos sus miembros sepan eso– de abrir mano a priori de una alternativa de este tipo, en vista del escenario actual de inestabilidad en el Brasil y en el mundo.

Igualmente aprensiva con las elecciones, la izquierda reformista cree que el resultado de las urnas en octubre será decisivo para la correlación de fuerzas entre las clases en el país –una correlación que ella entiende sea, hoy, ampliamente hostil a los trabajadores–. Más que eso, ella sugiere que el destino de Lula es inseparable del destino de la clase trabajadora del país, como si los reveces en la vida del dirigente petista implicasen daños directos y trágicos para las masas. Veamos cómo se da esa argumentación falaz.

Lula y las libertades democráticas: la construcción de una falacia

Los defensores de Lula, sobre todo aquellos que rechazan a falla de lulistas, dicen que la defensa de la libertad del petista y de su derecho a ser candidato son de interés de la clase trabajadora como un todo. Alegan que la prisión del ex presidente antes del juicio por la última instancia judicial, impone la condena de millones de personas indebidamente encarceladas en los presidios brasileños, personas que están detenidas sin haber sido debidamente juzgadas.

Formalmente hablando, sería aceptable admitir que un juicio a favor de Lula en lo que respecta a la condena en segunda instancia sentaría un precedente jurisprudencial benéfico para las causas de muchos de los detenidos que están presos sin una condena efectiva. No obstante, ese precedente no ayudaría a la población carcelaria de manera automática. Tal beneficio dependería de acciones colectivas de carácter nacional o regional que disputasen por la liberación de los individuos detenidos, o incluso de acciones individuales en nombre de cada detenido. Ora, la inmensa mayoría de tales iniciativas, para no decir todas, se chocaría con el mecanismo punitivo judicial que promueve el encarcelamiento masivo de esas personas, y que abre excepciones solo para individuos dotados de fuerza política o poder económico suficientes para conseguir salir ilesos de la persecución penal.

Lula llegó muy cerca de escapar de la represión penal, conforme se nota por el resultado apretado en el STF cuando el juzgamiento de su hábeas corpus y por la más reciente movida procesual envolviendo al juez Rogério Favreto. Pero en caso de que lo hubiese conseguido, eso no significaría de ningún modo que el propio procedimiento sería aplicado para los trabajadores, por la simple razón de que la gran mayoría de ellos no cuenta con los mismos medios de defensa procesual y con las mismas campañas políticas de solidaridad.

No es verdad, por lo tanto, que la campaña por la libertad de Lula sea una campaña por las libertades democráticas. Una campaña seria en ese sentido debería basarse no en la situación de un agente político del capital favorecido por diversos recursos políticos y económicos, y sí en la grave condición de los trabajadores y trabajadoras, en su mayoría negros, sometidos a las arbitrariedades del sistema penal brasileño, sufriendo con las medidas represivas tomadas por los gobiernos que se suceden hasta hoy, incluyéndose ahí el propio gobierno Lula.

Lula y Rafael Braga: una comparación necesaria

El PT y sus satélites se empeñan en retratar a Lula como un perseguido político, como una víctima del sistema. Basta que hagamos una comparación con el caso de Rafael Braga para que percibamos la insensatez de esa narrativa. Como se sabe, Rafael Braga fue preso por portar una “peligrosísima” botella de Pinolux y no por asociarse orgánicamente a Marcelo Odebrecht, Joesley Batista y compañía. Fue representado procesualmente por la Defensoría Pública –y no por el ex ministro Sepúlveda Pertence ni por los mejores abogados que el dinero puede pagar–. Fue sacado en una mazmorra y contrajo tuberculosis –no le fue dado el derecho de negociar con la policía una cárcel más confortable–. Pocos activistas fueron a las calles en su defensa, y ningún parlamentario hizo ningún tipo de movimiento político en pro de su liberación.

Rafael Braga no era un activista. Pero, él nunca administró la máquina estatal a favor del capital, nunca hizo una reforma de la previsión en el sector público, nunca envió tropas para oprimir al pueblo haitiano, nunca puso sindicatos y movimientos populares al servicio de la estabilidad burguesa en el país, nunca hizo acuerdos con Renan Calheiros y Romero Jucá, nunca fue defensor de Temer, Delfim Netto, Sarney, y tantos otros ¿Por qué, entonces, la izquierda reformista da tan poca importancia a su causa y, al mismo tiempo, transforma a Lula en un mártir? La respuesta seguramente está en el perfil de clase de un reformismo cada vez más distanciado de las bases proletarias, y que solo se acuerda del encarcelamiento en masa del pueblo pobre y negro para fortalecer la retórica de defensa de uno de los principales administradores del orden burgués en el Brasil, en toda la historia.

Ninguna confianza en las instituciones del capitalismo

El reformismo de hoy, después de la condena de Lula, sintió una fuerte necesidad de denunciar el carácter burgués y reaccionario del Poder Judicial. Es una pena que no realice el mismo esfuerzo para denunciar el sistema electoral que tanto estima, y que posee la misma naturaleza social. No se puede olvidar ni por un instante que el aparto institucional del capitalismo está destinado a la reproducción de las condiciones represivas y ideológicas necesarias para el mantenimiento de la explotación diaria del proletariado. Así, es indispensable apuntar las contradicciones del Poder Judicial; pero hacerlo de modo de apostar en la vía electoral, lanzando como bandera primordial la defensa de la candidatura de Lula significa, a un solo tiempo, reavivar el proyecto conciliador del frente popular y nutrir el fetiche del poder del voto, una de las mayores ilusiones sembradas por la democracia burguesa.

Mientras, uno de los pilares de la organización estatal capitalista, el Poder Judicial, es indispensable para el orden social burgués. Las divisiones internas que presenta son propias de un escenario de crisis burguesa, pero eso no le atribuye ningún aspecto progresista, del mismo modo que la burguesía dividida es siempre reaccionaria, toda vez que no hay una fracción que sea mejor o peor. Sea como fuere la división de los arriba, sea en su representación política, sea en su organización judicial, es siempre un factor a ser celebrado por la clase trabajadora, pues abre más espacio para la lucha de los de abajo. La calma institucional solo puede auxiliar a los que están acomodados en el poder y a los que viven de las bondades de la vida parlamentaria.

La posición política de los trabajadores frente a la tormenta institucional que envuelve a Lula debe rechazar tanto el apoyo al cuadro del PT, que incluso fuera del gobierno expresa un bloque burgués de colaboración de clases, como la fe supersticiosa en las instituciones del Estado, sean ellas parlamentarias o judiciales.

La tarea fundamental de la clase trabajadora es preservar su independencia política, programática y organizativa, de modo de prepararse para combatir todos los puestos del capital, sin excepciones. Solamente una revolución obrera y socialista podrá liquidar el Poder Judicial y los parlamentos, arrestar y expropiar de forma plena a los corruptos y corruptores, y liberarnos del yugo de la explotación y la opresión.

Traducción: Natalia Estrada