En los últimos meses nos llegan, a modo de ráfagas, noticias sobre protestas por los derechos LGTBI en sitios tan lejanos y dispares como Rusia, Uganda, Brasil o Francia. Aunque en cada zona la lucha responde una situación de opresión concreta, con una reivindicación específica, sabemos que en todas ellas existe un denominador común: la opresión del sistema capitalista hacia la libertad afectivo-sexual, como un instrumento más de la clase dominante para dividir a la clase trabajadora.
Como todas las formas de opresión, ésta se trata de justificar social y culturalmente inculcando a nuestra clase una ideología que, en este caso, ataca la diversidad afectivo-sexual mediante prejuicios (antinatural, enfermedad, desviación, perversión…). Incluso en aquellas zonas donde la lucha LGTBI ha conseguido importantes avances, se “vende” al colectivo oprimido de forma estigmatizante (consumista, débil, promiscuo…).
A continuación, basándonos en el informe “Homofobia de Estado” publicado por ILGA y elaborado por Lucas Paoli Itarborathy, nos centraremos en cómo materializan legalmente los gobiernos las diferentes formas de opresión a nivel internacional, para poder contextualizar las luchas que allí se están dando.
Delito de Estado
La ilegalidad de las prácticas homosexuales vuelve extremadamente vulnerable al colectivo LGTBI, no sólo porque impide la libre expresión afectivo-sexual en sí, sino porque contribuye a fortalecer, sin impunidad alguna, la práctica de variadas formas de abuso hacia él y lo convierte en un sector de la clase trabajadora más expuesto aun a la explotación, sin derechos tan fundamentales como el de asociación o propaganda.
Las prácticas homosexuales son ilegales en 78 países (más del 40% de los miembros de la ONU), con castigos que varían según el país (desde latigazos a penas de cárcel, pasando por multas o incluso con penas de muerte). Por ejemplo, las penas de prisión aprobadas por los gobiernos de Argelia o Marruecos van desde pocos meses a varios años, añadiendo multas de considerable cuantía económica.
Pero la represión de Estado más brutal la encontramos en Mauritania, Sudán, Nigeria, Somalia, Irán, Arabia Saudí y Yemen, donde sus gobiernos respaldan la pena de muerte.
Una de las luchas que ha traspasado fronteras es la del movimiento LGTBI en Uganda, en donde la lucha contra la propuesta parlamentaria de condena a muerte hacia homosexuales se ha convertido en el centro de la movilización, pues la presidenta del gobierno, Rebecca Kadaga, está tratando de endurecer su penalización hacia la pena máxima (hasta ahora las leyes castigan con prisión los actos sexuales entre personas del mismo sexo)
Luchas LGTBI contra el odio y la violencia
En aquellos países donde el movimiento ha logrado superar la etapa de ilegalidad, la situación de discriminación y opresión varía enormemente. En 169 países (más del 75% de miembros de la ONU), la incitación al odio basada en la orientación sexual no está prohibida. Esta situación fomenta el incremento de actitudes opresivas hacia el colectivo LGTBI.
En algunos de estos países, como Ucrania o Rusia, el sentimiento homófobo crece y sus gobiernos siguen sin plantearse medidas contra esta situación.
{module Propaganda 30 anos – MORAL}Al contrario, sus parlamentos se dedican últimamente a lanzar y debatir propuestas de leyes que penalizan toda propaganda y manifestación homosexual. El movimiento LGTBI en Ucrania ha logrado, de momento, paralizar la propuesta de ley que prohíbe a homosexuales expresar públicamente su condición de gay o lesbiana. En Moscú se han prohibido manifestaciones del Orgullo durante 100 años (“marchas satánicas” según su alcalde) y en San Petersburgo y algunas regiones de Rusia se han promulgado leyes que castigan la “propaganda homosexual”. A pesar de estas medidas represivas y de la detención de 40 personas en la pasada manifestación del Orgullo en Moscú, las movilizaciones LGTBI en Rusia, lejos de desaparecer, continúan fortaleciéndose.
La lucha contra la opresión al colectivo LGTBI ha permitido, por otro lado, identificar y denunciar más fácilmente los crímenes cuya motivación sea la orientación sexual o la identidad de género. Pero sólo en 19 países del mundo, los crímenes de odio basados en la orientación sexual son considerados como circunstancia agravante, y en sólo 4, los basados en identidad de género. La criminalización de la homofobia o la transfobia no acabará por si sola con las dificultades del colectivo, pero sería determinante para frenar la creciente oleada de asesinatos a gays, lesbianas o transexuales que se da en muchos países.
La lucha contra la impunidad es uno de los objetivos de las protestas del colectivo LGTBI en donde no se criminaliza la homofobia o transfobia. Tal es el caso de Brasil, país que recientemente aprobó las uniones del mismo sexo como unidad familiar, pero donde los crímenes homofóbos han crecido en un 118% (un homosexual muere cada 36 horas). La indiferencia del gobierno y la ausencia de medidas traen consigo una cultura de la impunidad ante este tipo de crímenes. La criminalización de la homofobia y transfobia constituiría un elemento que frenaría la violencia hacia gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Matrimonio
Únicamente en diez países de todo el mundo se reconoce oficialmente el derecho pleno al matrimonio homosexual: Bélgica, Suecia, Noruega, Islandia, Países Bajos, Canadá, Argentina, Sudáfrica, Portugal y Estado Español, admitiéndose también en varios estados de EEUU y en el Distrito Federal de México.
Pero este importante paso no elimina automáticamente la opresión hacia el colectivo, como lo demuestra el caso del Estado Español, donde a pesar de existir prohibición legal explícita de incitación al odio basada en la orientación sexual, los mensajes homófobos de los partidos conservadores y la Iglesia (que recientemente ha lamentado la constitucionalización del matrimonio homosexual), se entremezclan con los efectos de la crisis económica y la prioridad del pago de la deuda, ocasionando enormes retrocesos en derechos sociales (recortes del 50% en el plan nacional del SIDA, cuestionamiento del proceso transexualizador, ataques al derecho de maternidad de lesbianas…).
Cabe mencionar también en este apartado el caso de Canadá, en donde está permitido el matrimonio pero no se acepta legalmente la misma edad de consentimiento para establecer relaciones homosexuales y heterosexuales. Esta diferencia legal para la edad de consentimiento se da también en países como Chile, Reino Unido o Grecia.
La lucha por el matrimonio ocupa el centro, hoy en día, de la movilización LGTBI en multitud de países, como es el caso de Francia, donde el gobierno no permite matrimonio homosexual y sí uniones civiles de personas del mismo sexo, pero con menos derechos que el matrimonio en sí.
LGBTI de clase
En el capitalismo, las diferenciaciones sexuales se utilizan para poner en situación de desventaja, de inferioridad, al colectivo LGTBI y así justificar la explotación, desviando sus verdaderos orígenes y tratando de hacerlos recaer sobre sectores de la propia clase trabajadora.
Un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 2007 afirma que los/as trabajadores/as pueden sufrir discriminación en su puesto de trabajo si consta o se sospecha que son gays, lesbianas, bisexuales o transexuales. Esta discriminación se materializa con acciones que van desde el despido o la denegación del acceso al puesto, hasta medias salariales inferiores (la brecha salarial entre heterosexuales y el colectivo LGTBI se sitúa entre el 3% y el 30%, según el país que tratemos) y denegaciones de prestaciones a la pareja del mismo sexo (cuidado de la pareja enferma, pérdida de un familiar, prestaciones educacionales, seguros de enfermedad…). Además, este tipo de discriminación se reproduce con diferentes formas de acoso: bromas estigmatizantes, comentarios tendenciosos, abuso verbal, intimidación y hostigamiento, llegando incluso al chantaje o las amenazas. Sin embargo, sólo en alrededor del 25% de los miembros de la ONU existe protección legal contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual, quedando gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales desprotegidos en sus puestos de trabajo ante discriminaciones de este tipo.
Sabemos que dentro del colectivo LGTBI se encuentra un sector de la burguesía que también padece discriminación por su orientación sexual o identidad de género, pero también podemos afirmar que las burguesías, que priorizan el capital por encima de todo derecho utilizando la explotación y la desigualdad, jamás pondrán fin a la opresión de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales. Por tanto, las luchas por los derechos LGTBI estarán siempre unidas a las luchas del resto de nuestra clase, la clase trabajadora.
¡Por una lucha LGTBI internacionalista y obrera!
