Es un verdadero genocidio lo que está ocurriendo en el país producto de la política del gobierno, con casi 110 mil fallecidos atribuibles al covid y picos de 1,000 muertes por día en medio de las más terribles condiciones sanitarias; en ningún lugar del mundo el coronavirus es tan letal como en el Perú que tiene la cifra récord de 3,300 muertes por millón de habitantes. El gobierno y el empresariado crearon las condiciones para este cuadro de horror, sufrimiento y muerte, y están imponiendo la ley del sálvese quien pueda.

De: Bandera Socialista – PST Perú

La segunda ola de la pandemia no ha sido un hecho impredecible. Desde octubre 2020 los técnicos del Minsa mostraron los escenarios esperables, señalando que habría como mínimo 811,363 contagiados, 4,925 enfermos en UCI y el número de fallecimientos llegaría a 743 por día, cifra ya largamente superada.

Medidas del gobierno y las empresas causaron genocidio

Pese a esa advertencia, desde el gobierno de Vizcarra se comenzó a desmontar el precario sistema sanitario y Sagasti continuó haciéndolo desde noviembre, con la falsa e interesada idea alentada desde la Confiep de que en Perú no iba a haber segunda ola.

Es principalmente debido a ese consenso entre gobierno y empresariado que se redujo la capacidad hospitalaria, se despidió personal médico, se enfriaron los proyectos de abastecimiento de oxígeno, se des priorizó la adquisición de vacunas mientras al mismo tiempo relajaban las medidas de aislamiento social, creando la “tormenta perfecta” que comenzó a desatarse desde finales de diciembre.

Solo cuando el número de muertos por covid alcanzó los 500 por día y la demanda de oxígeno generó un déficit de más de 110 toneladas por día, el gobierno volvió a las restricciones con cuarentenas focalizadas que en realidad fueron una coladera para los contagios y con un bono más irrisorio que comenzó a repartirse recién pasadas tres semanas.

Finalmente, ya ni la farsa de cuarentena queda, pues el gobierno ha relajado más las restricciones en las provincias de riesgo extremo justo en los momentos en que la segunda ola se encuentra en plena fase de escalamiento.

La política del gobierno es de una criminal inoperancia a pesar de que la emergencia nacional justifica tomar medidas que permitan volcar todos los recursos nacionales, públicos y privados (clínicas, hoteles, plantas de oxígeno, etc.) al combate a la pandemia. Desde Vizcarra hasta Sagasti el gobierno ha hecho todo lo contrario; para las grandes empresas todo ha sido concesiones, relajamiento de protocolos, crédito barato con el aval del estado, libre especulación en el negocio de las clínicas, las medicinas, en especial en el oxígeno. Ningún impuesto especial a la riqueza ha sido creado, ningún interés privado ha sido tocado.

Por eso los altos funcionarios del gobierno y empresarios, conocedores del desastre que estaban creando, usaron en secreto su influencia para salvarse a sí mismos con las vacunas VIP, lo que ahora es otro repugnante escándalo de corrupción. Pero ojo, es la incapacidad y la corrupción de un gobierno de la clase capitalista, que pone sus intereses (el de los gobernantes y de los empresarios) por encima de la vida de la población nacional.

En ese mismo tiempo, sin miramientos, se llevó a la pobreza a millones de trabajadores informales sin derechos sociales, y también del sector formal a través de la suspensión perfecta y los ceses colectivos, y los trabajadores de sectores no prioritarios como el turismo sin ningún tipo de compensación. Estos trabajadores hoy pelean por sobrevivir desafiando y enfrentando las restricciones.

A eso se suma la crisis del oxígeno, que está empobreciendo a muchas familias que tienen que pagar por un oxígeno diez veces más caro, o llevar a sus enfermos a establecimientos privados, o atenderlos en sus casas pagando médicos con su peculio.

Desde todo punto de vista es un brutal ataque del gobierno y la patronal a la economía y a la vida de población nacional, en particular a los que menos tienen. Y esto no tiene cuándo parar.

Gobierno rumbo a otro desastre: demora de la vacunación

El gobierno no fue capaz de conseguir las vacunas con la urgencia del caso y ahora el país se encuentra en una larga lista de espera en el marco de grandes problemas de abastecimiento mundial; hasta el momento solo se cuenta con 1 millón de dosis. Pero además de eso, el gobierno no está preparando las condiciones para hacer posible que las dosis se apliquen en el tiempo más corto.

Valga la comparación: mientras el país vecino Chile ha aplicado más de 3 millones de dosis de vacuna desde el primer día del año a ritmo de 55,500 por día, en el Perú la vacunación empezó el 10 de febrero y solo llega a poco más de 200 mil dosis, en promedio 15,000 por día; a ese paso pasarán siete años para vacunar a 25 millones de personas. Los expertos en este tema que son los enfermeros reclaman como decisión estratégica la contratación y formación de personal especializado pero el gobierno se niega hacerlo.

La fábula del empresario “solidario” y “generoso”

Después de un año pandemia y 110 mil muertos el empresariado quiere vender una imagen de “solidario” y “generoso”, que dona oxígeno y hasta ofrece una vacunación masiva. Si el empresariado realmente estuviera interesado en salvar a los peruanos del covid, no habría expuesto al contagio a tantos trabajadores en minas, plantaciones, fábricas causando un número elevado de enfermos graves y muertos; y no hubieran esperado un año para donar oxígenos.

Por otro lado, alentar la privatización de la vacuna es, sobre todo, aceptar que no habrá plan de vacunación pública, gratuita y acelerada para todos los peruanos, con prioridades que sigan criterios epidemiológicos. Los trabajadores y la mayoría nacional son los que pierden con esa inaceptable capitulación que es parte del “sálvense quien pueda”.

Cómo creer que los empresarios buscarán vacunar gratuitamente a todos los trabajadores, a sus familias e incluso a otros trabajadores del sector informal. ¿Lo harán con la misma “generosidad” de Telefónica que le roba al país con impuestos que no pagan, y después con la complicidad del Tribunal Constitucional consigue disolver millonarias deudas tributarias?

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del ministro de salud que se suma a las de varios candidatos en campaña electoral, a eso pareciera dirigirse el consenso entre los de arriba. Pero eso, al final de cuentas, solo consumaría otra catástrofe nacional.

Las elecciones y la crisis

La llegada de la segunda ola de la pandemia y las medidas de restricción han tenido impacto en los conflictos sociales, pero el descontento social sigue y crece ante el pésimo manejo de la pandemia, el empobrecimiento por pérdida de trabajos, la falta de apoyo del Estado y los incesantes casos de corrupción, y ese clima social comienza a manifestarse indirectamente a través del proceso electoral con tendencias muy cambiantes.

Existe una desconfianza generalizadas frente a las elecciones porque los candidatos forman parte del mismo sistema de partidos que ha llevado al país donde se encuentra actualmente. La farsa de nuevas gestas (Vizcarra, por ejemplo) terminó develándose como parte de la misma podredumbre.

Si el 14 de noviembre la gran movilización nacional contra el gobierno Merino fortaleció a los sectores burgueses de derecha y de izquierda que alientan una democratización solo de nombre, en contra de la derecha más reaccionaria, ahora el destape de la corrupción de Vizcarra y el desastroso gobierno que viene haciendo Sagasti han debilitado a los primeros, y los sectores de ultraderecha ve alguna oportunidad de fortalecerse.

El Partido Morado y el Frente Amplio, gestores de la formación del actual gobierno, aparecen como castigados muy abajo en las encuestas electorales. Juntos por el Perú, cercano a este grupo, hasta ahora no despega como sí lo ha hecho Acción Popular, el partido de Merino.

Una vez más los partidos en carrera electoral que se reclaman de izquierda, y que cuentan con el respaldo de la burocracia sindical, terminan empujando el coche de partidos patronales con la falsa lógica del mal menor, la lucha antikeyko y contra el golpismo. En el 2011 fue Humala, en el 2016 fue PPK, en el 2018 Vizcarra y en el 2020 Sagasti.

La política desmovilizadora de las luchas del 14N y de la huelga general del campo no solo priva a la clase trabajadora de una gran oportunidad de lucha nacional por demandas que incluyen el derecho a la vida, sino que termina favoreciendo el avance de posiciones más reaccionarias. La clase trabajadora solo pierde con ese destino, sus posibilidades siguen estando en el camino de la lucha con una política de independencia de clase.