Jue Mar 28, 2024
28 marzo, 2024

Gobierno de Dina Boluarte dos meses de represión y muerte en Perú

A poco más de 50 días de la caída de Castillo y de la ascensión del gobierno de Dina Boluarte, el Perú se depara con manifestaciones multitudinarias que exigen “Fuera Dina, Cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y Constituyente”.  Pero también con una violencia institucional que comienza a compararse con la desatada durante el periodo de la violencia política, y en algunas acciones, como la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con lo ocurrido durante la dictadura de Fujimori.

Por: Amílcar Lobo

A partir del 4 de enero, las movilizaciones se retomaron con especial fuerza en la sierra sur del país, pero con presencia nacional y creciente en Lima. Se retomaron y extendieron los bloqueos de carreteras, las movilizaciones, y algunas acciones de toma de locales de empresas mineras y de la agroindustria.

Se puso en movimiento, también, la llamada “Toma de Lima”, que en concreto implica la movilización de delegaciones provenientes de las regiones del país donde la lucha es más fuerte (Puno, Cusco, Andahuaylas, Ayacucho) hacia la capital, para enfrentar al gobierno.

La respuesta del gobierno se ha mantenido en la línea que mostró en diciembre, con una represión brutal de la movilización con perdigones y bombas lacrimógenas, extendiendo 30 días más el Estado de Emergencia en Puno, Cusco, Lima y Callao, allanando violentamente locales, viviendas y hasta la UNMSM y realizando detenciones selectivas y arbitrarias.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, estos actos constituyen grandes violaciones a los Derechos Humanos del pueblo peruano. “La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país (…) Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares”.

Al momento, se cuentan 57 personas fallecidas (dentro de estas, 1 policía) y 1.658 heridos. (cerca de 600, policías), con crecientes números todos los días.[1]

La policía y los agentes del Estado del gobierno de Dina son los que promueven esta masacre, incluso recibiendo bonificaciones (dinero) por esta actuación, como recientemente se ha hecho público por parte del primer ministro Alberto Otarola.

PRÁCTICAS REPRESIVAS DEL ESTADO

Como principales prácticas represivas las organizaciones de derechos humanos identificaron:

  1. Uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal incluso calibre 004, canicas de vidrio y balas, especial preocupación con el uso de fusiles automáticos, incluyendo AKM y GALIL, en el caso de ejército. Uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de manifestantes;
  2. Uso indiscriminado de la fuerza afectando no solo a personas que se manifiestan, sino también a transeúntes e incluso a personas que prestaban ayuda médica y periodistas;
  3. Torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de la PNP, con manifestantes siendo golpeadas durante su reclusión y traslado a las comisarías, así como las condiciones de detención en las dependencias policiales, incompatibles con la dignidad humana (los detenidos son confinados en hacinamiento, sin adecuada ventilación ni infraestructura), en algunos casos confinadas en celdas de 1.5 x 2 metros, sin acceso a un patio o a la luz solar, sin iluminación artificial, quedando a oscuras desde las 6 de la tarde;
  4. Violencia sexual, con un caso de agresión sexual múltiple al interior de una dependencia policial contra una joven detenida en las protestas; revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas. En particular durante la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
  5. Habilitación a las fuerzas armadas para intervenir en el control del orden interno y de la sociedad, siendo ya el ejército responsable de la masacre perpetrada en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022;
  6. Infiltración e instigación a través de grupos de WhatsApp y afines. Con falta de identificación visible del personal policial y militar uniformados. Algunos de estos anónimos incrementan, incluso, actos vandálicos bajo el manto de la impunidad. “Sembrado” de pruebas incriminatorias;
  7. Detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y criminalización de ciudadanos que no se encuentran cometiendo delito alguno, únicamente por su participación en las movilizaciones, varios adultos mayores, menores, e inclusive vendedores ambulantes que quedaron atrapados dentro del cerco policial. Con destaque para la intervención contra las personas alojadas en la Universidad San Marcos, con la detención de 193 personas, brutalmente intervenidas y privadas de su libertad en condiciones indignas, de manera similar a la intervención en un campamento de manifestantes en la ciudad de Abancay, en la madrugada del 14 de diciembre, destruyendo sus enseres y deteniendo a más de 50 campesinas y campesinos.
  8. Prisiones innecesarias y prolongadas de personas más vulnerables, como una mujer con su pequeña hija (intervención en la UNMSM) o embarazadas. No se garantiza la asistencia médica oportuna a los detenidos con problemas de salud o que enferman durante la detención.
  9.  Generar barreras que limitan el acceso de los y las defensores de los detenidos, mientras que estos son presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, sometidos a coacción. A lo que se suma la negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad.
  10.  Agresiones a defensores de los derechos humanos, con violación de domicilios y amenazas de muerte por parte de sujetos militares y policías. De manera recurrente los abogados que acuden a las dependencias policiales sufren maltratos y obstáculos para el ejercicio de su labor, incluso con empujones que provocaron la caída de algunos.
  11.  Ataques a periodistas. Desde el 1 de enero, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha documentado 37 agresiones contra los integrantes del gremio en el contexto de las movilizaciones.

REPRESIÓN LEGALIZADA

La legislación antiterrorista llevó a las graves violaciones de los derechos fundamentales, victimizando de modo especial a la población civil, en la guerra entre los años 1980 y 2000. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que empleó la categoría de «conflicto armado interno», se trató del «episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República»[2]. Cerca de 69.000 personas habrían fallecido a consecuencia de las acciones de los grupos subversivos y de su enfrentamiento con las fuerzas del Estado, la mayoría campesinos, así como minorías étnicas, religiosas y sexuales. [3]

El decreto ley 25.475 firmado por Fujimori en 1992 significó la instalación de un tipo penal de terrorismo en el que cualquier acto y cualquier persona podría ser considerada como terrorista; la restauración de la pena de prisión perpetua y de un sistema de penas violatorio del principio de proporcionalidad, además de otras medidas.

Luego de más de una década de vigencia, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias sobre los decretos-leyes antiterroristas, en las que establece una declaración de inconstitucionalidad en parte de tales normas. Pero mantiene la lógica y el mismo esquema de una legislación de excepción, cuando el rumbo exigido incluso hasta por las instancias del sistema interamericano de protección a los derechos humanos va en otro sentido. Siendo urgente reordenar este marco normativo de manera que responda a un régimen democrático.

Estos decretos fueron respaldados por la Constitución de 1993, que fue elaborada tras el golpe de Estado de Fujimori del 5 de abril de 1992. Su Artículo 2 concede a la policía la facultad de poner bajo su custodia a personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo durante un periodo de hasta 15 días antes de presentarlas ante un juez; y el artículo 140 señala que la pena de muerte puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra… y de terrorismo. Para dar dos ejemplos.

Sin embargo, incluso para los estándares de la burguesía, las circunstancias actuales son muy distintas de las que existieron durante las dos décadas finales del siglo pasado. El mantenimiento de una estrategia antiterrorista basada en la prolongación de la emergencia constitucional y la militarización de la respuesta del Estado, es injustificado. Solo justificada para combatir la protesta social, que toma las calles.

Hay personas a las que se cita como testigos en las investigaciones únicamente por tener contacto en sus redes sociales, con el único objetivo de sembrar el temor en la población y de estigmatizar a las personas investigadas. Como la investigación por terrorismo iniciada contra 28 campesinos que se alojaban en la Confederación Campesina del Perú. Por esto, queda claro que la reivindicación de los activistas que están en las calles exigiendo una nueva Constitución que saque la basura fujimorista está más que a la orden del día.

ORGANIZAR A LA CLASE PARA DEFENDERSE DE LA REPRESIÓN DEL ESTADO

Pero solo eso no basta. Acciones de la represión del Estado contra el cortejo fúnebre de dos de los jóvenes asesinados en la región de Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022; la masacre en Ayacucho el 15 de diciembre; y la masacre de Juliaca el 9 de enero, con impresionante letalidad e impactos indiscriminados sobre la población, demuestran que es necesario que, junto con las exigencias de cambios legales y de nueva constitución, la clase trabajadora, campesinos y estudiantes se organicen en sus entidades para combatir esta represión con su legítima autodefensa, en todos los aspectos, para combatir la violencia del Estado y sus arbitrariedades.


[1] Informe de la defensoría publica, https://www.infobae.com/peru/2023/01/27/protestas-en-peru-en-vivo-paro-nacional-minuto-a-minuto-lima-ica-cusco-madre-de-dios-puno-estado-de-emergencia-bloqueo-de-carreteras-fotos-videos/

[2] Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003). Informe final. 9 volúmenes. Lima: CVR

[3] La lucha antiterrorista en el Perú: agujeros negros legales, agujeros grises y el arduo camino constitucional. Lections perianal para la Guerra contra el terrorismo global The anti-terrorist fighting in Peru: legal black holes, gray holes and the arduous constitutional way. Peruvian lessons for the war on global terrorism Abraham Siles Vallejos, file:///C:/Users/Sede%201/Downloads/Dialnet-LaLuchaAntiterroristaEnElPeru-5265501.pdf

Más contenido relacionado:

Artículos más leídos: