Cárceles, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, exilio y expulsiones de universidades es la condena de Ortega contra estudiantes de distintas casa de estudios superiores públicas.
Por María Teresa
Un mes después del 13 de julio, cuando la Policía Nacional y paramilitares atacaron la UNAN- MANAGUA para desalojar a los jóvenes atrincherados en esta universidad y posteriormente la iglesia Divina Misericordia donde los estudiantes se refugiaron para resguardar sus vidas resistiendo aproximadamente 15 horas bajo ráfagas de balas, las autoridades universitarias decidieron reanudar las clases. Esto provocó el descontento de estudiantes no solo de la UNAN–Managua, UNAN-León y demás universitarios de todo el país, quienes impulsaban marchas masivas contra el inicio de clases en distintas casas de estudios superiores públicos o aquellas que se benefician del 6 por ciento del presupuesto general de la República.
Los universitarios argumentan que no se puede recibir clases en aulas bañadas de sangre y aseguraban que la apertura de las clases se convertirá en una cacería de brujas; los jóvenes demandan respeto a la autonomía universitaria, la que hasta la fecha continua siendo violentada.
Durante los meses de octubre y noviembre, las universidades UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), UNA (Universidad Nacional Agraria) y UPOLI (Universidad Politécnica De Nicaragua) han reanudado sus clases tanto en la modalidad en línea como presenciales. Durante los primeros días de clase, algunos jóvenes han decidido arriesgarse y asistir a las universidades con la esperanza de continuar la lucha por el respeto a la autonomía universitaria, por cambios de dirigentes de la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) y en contra de las masacres que han enlutado a la comunidad universitaria.
Dentro de estos centros, la realidad es diferente y muchos universitarios que hoy se encuentran en la clandestinidad tenían razón: la apertura de las clases resultó ser la cacería de brujas que pronosticaban. Solo en la UNAN-Managua se realizaron 82 expulsiones de estudiantes; hay un mayor control en la entrada y salida de los universitarios, contratación de unas 25 personas que controlan los baños de mujeres y hombres e informan si quienes entran a los servicios sanitarios, llevan bultos o algo que, a su juicio, sea sospechoso o indicio de alguna protesta.
En estas universidades se han efectuado secuestros a vista y paciencia de la Policía Nacional, en complicidad con las autoridades universitarias y dirigentes de la UNEN, quienes son afines al gobierno de Ortega. Muchos de los y las estudiantes que secuestraron hoy enfrentan juicios ilegales que no cumplen con el debido proceso y se les acusa de terroristas.
Parte de lo absurdo de las autoridades universitarias es el despido de docentes con amplia experiencia y prestigio que son sustituidos por dirigentes políticos de la UNEN. En el caso de la UPOLI, el primer día de clases fue asediada por simpatizantes del gobierno, quienes se postraron en las afuera de la universidad con banderas rojas y negras para insultar y golpear estudiantes. Según vecinos de esta universidad, dentro de ella se encuentran policías uniformados y algunos vestidos de civiles. En esta misma universidad se han prohibido las reuniones con más de tres alumnos.
Se conoce que en las universidades donde están los dirigentes de la UNEN, los estudiantes que se arriesgan a ir a clase y que por alguna razón quieren hacer cambios de horarios o utilizar los laboratorios tienen que solicitar permiso a esos dirigentes.
Para Luis (quien llamaremos así por seguridad), estudiante de biología y quien cursaba su quinto año, las universidades se han convertido en centros o sedes partidistas: “por todos lados vas a encontrar imágenes de Daniel y la Chayo, y si un profesor o estudiante se atreve a opinar algo en contra del gobierno, lo envían al consejo por afectaciones psicológicas o cualquier otra cosa y son expulsados automáticamente“.
Todas estas acciones del gobierno, de las autoridades universitarias y miembros de la UNEN, han afectado la asistencia de estudiantes a las aulas, que en algunos casos es mínima pues muchas han pasado de 30 alumnos a solamente 5 asistentes y, en el mejor de los casos, a 15. Actualmente, no existe seguridad ni garantías a la integridad física o la vida de los universitarios nicaragüenses. Muchos de los jóvenes estudiantes que se atrevieron alzar su vos el 18 de abril y meses posteriores en Nicaragua hoy están en los cementerios, encarcelados, torturados, desaparecidos o exiliados. “Sin autonomía, calles llenas aulas vacías”, gritaban los universitarios en las distintas protestas que hoy son criminalizadas en Nicaragua.
