María Rivera, constituyente del D8 y dirigenta del MIT, es una de las constituyentes, junto a Ivanna Olivares, patrocinante de la norma por la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, Litio y demás bienes estratégicos, además de apoyar y firmar la Iniciativa Popular de Norma que alcanzó más de 24 mil firmas, planteando también la nacionalización de las grandes empresas mineras.

LVT: María, en primer lugar, ¿Qué es lo que están planteando en las propuestas de nacionalización?  ¿El cobre no está nacionalizado actualmente?

Hola, muchas gracias por la entrevista. Este tema es uno de los más importantes de la actual Convención Constitucional, si no el más importante.

Si, tienes razón, en la Constitución actual el cobre está nacionalizado. Pero estamos hablando de los yacimientos, el cobre que está bajo tierra. Lo que hizo la dictadura (y el gran responsable de eso fue José Piñera) fue permitir que el cobre fuera privatizado a través de las concesiones plenas, que dan a las grandes mineras privadas la posibilidad de llevarse todo el mineral que encuentran y lucrar con ello. Por tanto, lo que dice la Constitución del 80 es una falacia, por ejemplo, el cobre, hoy se encuentra en más de 70% en manos privadas.

Entonces lo que nosotros proponemos no es simplemente la nacionalización del mineral es la nacionalización de las grandes empresas de la minería del cobre, litio, oro y otros minerales estratégicos.

LVT: ¿Y por qué proponen nacionalizar esas empresas?

Porque el cobre y los demás bienes minerales y naturales no les pertenecen. Esos bienes pertenecen al pueblo chileno y a los demás pueblos que viven en este territorio. Las grandes empresas privadas extraen los minerales y los venden en el mercado mundial para llenarse los bolsillos de dinero. Acá en Chile solo dejan destrucción de la naturaleza, sequía de los ríos, contaminación y sobreexplotación de las y los trabajadores mineros. Además de eso, la minería privada paga bajísimos impuestos, ya que utilizan varios mecanismos para disminuir de forma ficticia sus utilidades (préstamos con otras sociedades para declarar pérdidas o aumento de costos de compra-venta con empresas relacionadas etc.)

Un estudio de economistas de la Universidad de Chile (Gino Sturla, Ramón Lopez y otros) calcula que las grandes mineras se llevaron entre 2005 y 2014 más de 12 mil millones de dólares al año en ganancias no declaradas. Si sumamos a eso las utilidades declaradas de la gran minería, llegamos a montos de 20 a 30 mil millones de dólares anuales, lo que es la mitad del presupuesto estatal de las últimas décadas. Con esa inmensa cantidad de riqueza se podrían solucionar casi todos los problemas urgentes de la población: el déficit de viviendas, la situación precaria de la Salud y educación públicas, aumentar las pensiones y un largo etc. Pero esa riqueza está siendo regalada y termina en las cuentas de Luksic y de grandes empresarios norteamericanos, canadienses, chinos, ingleses, etc.

LVT: Pero ¿cómo se haría esa nacionalización? ¿Se pagarían indemnizaciones?

Las normas que apoyamos plantean que el pago de indemnizaciones tiene que ser de acuerdo al valor de las empresas a diciembre de 2021, descontando de esos montos las rentas excesivas de esas empresas. Para que se tenga una idea, se calcula que el valor de esas empresas podría llegar a 50 mil millones de dólares.

Sin embargo, yo considero que es el pueblo que debe decidir eso. El mismo estudio que cité anteriormente dice que las grandes mineras entre 2005 y 2014 se llevaron más de 120 mil millones de dólares en ese periodo (sin contar las utilidades). ¿Es justo que ahora les tengamos que pagar nuevamente? ¿No es suficiente lo que nos han saqueado, la contaminación que dejaron en las comunidades, las enfermedades a los mineros, los relaves que siguen contaminando por décadas las napas subterráneas? En nuestra opinión es suficiente lo que han robado y no deberíamos pagarles ni un peso.

LVT: Una de las medidas que llevó al golpe de 1973 fue la nacionalización del cobre por el gobierno de Salvador Allende. ¿Esto no podría ocurrir nuevamente?

El golpe de 73 estaba siendo preparado hacía años, incluso durante el gobierno de Eduardo Frei. Claramente el imperialismo y la burguesía chilena no querían realizar ningún cambio profundo, ni la Reforma Agraria, ni la nacionalización del cobre, ni que se tocaran sus grandes propiedades y privilegios. No tenemos dudas que la burguesía chilena y extranjera podrían volver a reaccionar de la misma forma contra la soberanía popular. La burguesía chilena ha sido golpista a lo largo de la historia y nunca ha aceptado perder sus privilegios.

Por eso nosotros creemos que el pueblo debe organizarse para estar preparado y enfrentarse a la burguesía y al imperialismo en el caso que ellos no acepten la democracia y la soberanía popular. También debemos hacer un llamado a las tropas de las Fuerzas Armadas a que no acepten ninguna intentona golpista por parte de la oficialidad, como ocurrió en 73. Las tropas son los hijos e hijas del pueblo, los oficiales son parte de la élite de este país.

LVT: Muchos sectores de comunidades afectadas por la minería y ecologistas critican a la Gran Minería y algunos defienden incluso el cierre de las mineras. ¿Qué opinas de esto?

Creo que las comunidades y muchos/as ecologistas tienen total razón en esa crítica. Nosotros también hace años venimos denunciando la contaminación de las mineras y la consecuencia de esa contaminación para los propios mineros y sus familias. En la minera «El Teniente», junto con dirigentes sindicales de la empresa Mas Errázuriz S.A. hicimos una campaña de varios meses contra la contaminación. El Sindicato llegó a hacer exámenes a los trabajadores y salieron índices altísimos de enfermedades pulmonares. A esto se le suma el uso intensivo de agua, la destrucción de glaciares y un largo etc.

Nosotros no defendemos el actual modelo de explotación minera. Por eso planteamos que las empresas nacionalizadas deben ser controladas por los trabajadores mineros con participación de las comunidades. Las comunidades deben participar de la revisión de los proyectos e incluso de la deliberación sobre esos proyectos, que muchas veces afectan directamente sus vidas. El pueblo en general debe tener mucho más control sobre las mineras. Por ejemplo, en el caso de los glaciares, ¿queremos que la actividad minera ponga en riesgo los ecosistemas y el suministro de agua a la población humana? Obvio que no.

Nosotros no estamos a favor de poner fin a la minería porque reconocemos que es necesaria para la humanidad. El cobre es usado en un sinfín de productos, todo lo que tiene cables eléctricos hoy lleva cobre. Sin embargo, no podemos seguir con la lógica irracional de la producción capitalista, que es extraer y extraer para vender y tener ganancias. Debemos extraer el cobre y otros minerales de forma racional, tomando muchas más medidas para amortiguar los impactos en la naturaleza, la contaminación, etc. Y si es necesario debemos cerrar algunas minas y disminuir la producción. Pero todo eso solo es posible discutir si son los trabajadores y el pueblo los que controlen la gran minería. Por eso, desde el MIT, habíamos planteado en nuestra propuesta inicial (que no salió así en la Norma) que debería crearse un Consejo Obrero y Popular de la minería, con participación de los trabajadores, comunidades y también organizaciones de la clase trabajadora, como sindicatos, asambleas territoriales, etc. De esa forma se podría controlar la minería de forma mucho más democrática.

LVT: ¿Pero es posible una administración de esa forma dentro del capitalismo?

La nacionalización con control obrero y popular es una medida de transición hacia otro sistema económico. Nosotros creemos que sería una medida muy importante, pero esa medida solo tendría sentido si caminamos hacia un gobierno de la clase trabajadora y los pueblos. Es por eso que en la Convención Constitucional también hicimos 2 propuestas más: la creación de una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los pueblos; y la propuesta de Nacionalización de todas las grandes empresas estratégicas y Planificación económica. Con esas dos propuestas (una de ellas ya fue rechazada) sería posible caminar a una sociedad distinta, hacia un gobierno de las y los trabajadores y a un sistema económico socialista, que tenga como prioridad solucionar los problemas sociales y de la naturaleza.