Aumento de la población carcelaria y nuevas salvaguardas a la policía que mata.
Por: Redacción PSTU Brasil
El Paquete Anticrimen (Proyecto de Ley 10372/18) fue aprobado el último 4/12 por la Cámara de Diputados, por 408 votos contra apenas 9. Contó con el voto “sí” de partidos de la oposición como el PCdoB, el PT y el PSOL.
De carácter punitivo, el proyecto sigue la lógica del endurecimiento de la legislación penal para pobres y negros, y del encarcelamiento en masa en el Brasil, un país cuya población carcelaria sobrepasa los 800.000, 41,5% de ellos sin condena, y dos tercios de ellos, negros (según el censo de 2016). Con crecimiento de más de 8% al año, el paquete dará un impulso extra al aumento exponencial de la población carcelaria.
La tramitación
En la Cámara de Diputados, el proyecto original del ministro de Justicia, Sérgio Moro, fue encaminado a un grupo de trabajo nombrado por Rodrigo Maia (DEM-Rio de Janeiro), donde se juntó a otra propuesta del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de 2018. En este GT, los diputados aprobaron una sustitución de Marcelo Freixo (PSOL-Rio de Janeiro), retirando el llamado “excluyente de ilegalidad” [o ilícito] del texto de Moro. También cayó la prisión en segunda instancia y otras medidas del proyecto inicial. El paquete que fue a la Cámara, sin embargo, mantiene su objetivo original.
El relator de este grupo de trabajo, capitán Augusto (PL-San Pablo), integrante de la “bancada de la bala”, conmemoró el resultado. “Este informe está contemplando algo alrededor de 65 a 70% del paquete original, algo a ser considerado dentro del medio político”, dijo a la prensa.
El PL aumenta el tiempo máximo de prisión de los actuales 30 años para 40. Además, dificulta la concesión de libertad condicional, aumentando la exigencia para el beneficio (el preso no puede tener falta grave en los 12 meses anteriores y el comportamiento tendrá que ser “bueno” en lugar de “satisfactorio”). Eso por sí solo ya representa un aumento del encarcelamiento en el país. Además, aumenta la pena para una serie de crímenes, incluyendo “calumnia, injuria y difamación divulgados en redes sociales”, que tendrá penas triplicadas.
El PL también pasa a considerar “crimen hediondo” una serie de crímenes como “hurto con el uso de explosivo”, “extorsión con restricción de libertad de la víctima o lesión corporal grave”, o “robo con uso de arma de fuego prohibido o restricto”. Curiosamente, deja de ser crimen hediondo la posesión o porte de arma de uso restricto. Para esos crímenes, el tiempo de prisión exigido para la progresión de la pena aumenta de 40% a 70%, y la libertad provisoria se torna más difícil.
El PL aprobado aún concede al policía el derecho de tener un abogado pago por la corporación en el caso de investigación sobre “uso de fuerza letal” en el ejercicio de la profesión. O sea, el policía que mata en servicio va a tener derecho a abogado antes incluso de, eventualmente, tornarse reo (en ese caso ya tiene derecho a un defensor). El paquete incluso alarga la definición de “legítima defensa” por parte de la policía, en los casos de agresión o riesgo de agresión a la víctima mantenida rehén.
Genocidio de la juventud negra
Diputados del PSOL como Marcelo Freixo y Fernanda Melchionna justificaron el voto en el proyecto como una medida de “reducción de daños”, y resaltan aspectos supuestamente positivos del PL, como la creación de la figura del “juez de garantías”, que sería responsable por asegurar la legalidad de proceso (propuesto por la diputada Margarete Coelho (PP-PI). No obstante, eso ni de lejos altera el sentido del proyecto.
Se trata, en su totalidad, de un paquete que aumenta las penas, dificulta progresión o libertad condicional, y todavía garantiza abogado para policía que mate en servicio y alarga la definición de legítima defensa del agente de seguridad. O sea, además de no resolver el problema de la seguridad pública, va a aumentar en mucho una población carcelaria que ya es la tercera mayor del mundo, compuesta en su mayoría por negros, además de dar más garantías para que la Policía Militar (PM) mate en las periferias. Es un proyecto que aumento un Estado penal que funciona para encarcelar, reprimir y matar jóvenes pobres y negros, y legitimar esa política de genocidio incentivada por el gobierno Bolsonaro y puesta en práctica por gobiernos como el de Witzel (en Rio de Janeiro) y Doria (en San Pablo).
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
