La responsabilidad de la crisis económica y de la crisis en la salud pública causada por la pandemia de coronavirus tiene nombre: los grandes capitalistas mundiales, el imperialismo.
Por: Asdrúbal Barboza
Son ellos los responsables de los desequilibrios en la naturaleza porque priorizaron los grandes lucros de sus empresas al costo de contaminar el mundo y degradar el plantea; son ellos los que no invirtieron en la salud pública para garantizar la vida humana, porque priorizaron las inversiones en áreas más lucrativas, realizando privatizaciones que beneficiaron la comercialización de la salud y los centros de salud privados.
La situación de congestionamiento de la salud pública y su mala calidad ya venía siendo denunciada. Portavoces de la OMS (Organización Mundial de la Salud) afirmaron que desde mayo de 2018 ya anunciaban los peligros de una infección viral de estas proporciones y planteaban la necesidad de inversiones en pesquisa y en el fortalecimiento del sistema público de salud, pero fueron completamente ignorados por los gobiernos de los países imperialistas. Ahora, hay una situación de colapso y congestionamiento.
Por lo tanto, la causa de la crisis no son los “factores naturales” sino el resultado de políticas capitalistas aplicadas, que redujeron estos servicios.
Como llegamos a esta situación de catástrofe, la política, que estos mismos gobernantes proponen para combatir la pandemia y la crisis que causaron, es castigar aún más a los trabajadores a través del desempleo, del aumento del hambre y de la miseria del pueblo, y de la superexplotación de la clase obrera.
Para garantizar la implementación de estas medidas aumentan la represión y el autoritarismo del Estado, con la disminución de derechos democráticos conquistados a duras penas por la clase trabajadora.
La crisis económica capitalista mundial ya estaba haciendo que muchos gobiernos aumentasen la represión en la medida en que necesitan de más “diques” para contener y repeler el ascenso de las luchas de la clase obrera. Con la crisis del coronavirus avanzan en desarrollar mecanismos preventivos para nuevas revueltas.
Dictaduras esconden noticias y reprimen opositores
Al tomar medidas drásticas y draconianas, China aparentemente desaceleró el coronavirus, con un alto costo social y en vidas. Este resultado hizo que muchos gobiernos comenzasen a hacer propaganda y apología de la necesidad de regímenes más autoritarios para controlar las situaciones de crisis.
Lo que se esconde es que en China el gobierno no divulgó las noticias del virus por semanas, permitiendo que el virus se propagase por el país, al mismo tiempo que castigaba a médicos y periodistas que dieron la alarma. Después censuraron las informaciones, lo que no es una novedad, porque en 2003 llevaron cuatro meses para alertar sobre los SARS. La muerte del médico Li Wenliang, apuntado como uno de los primeros en identificar la existencia de la pandemia, fue emblemática de esta censura, a punto tal que provocó una onda de revueltas en la población y obligó a la dictadura a anunciar la abertura de una investigación, que, obviamente, no va a dar en nada.
Aprovecharon el combate al virus para aumentar las medidas de restricción a las libertades, bloquearon combinaciones de palabras claves en la internet, que incluían críticas al presidente Xi Jinping y políticas relacionadas con el virus; obligaron a las plataformas de internet a proveer informaciones de quienes criticaban al gobierno, para facilitar la represión a los disientes; aumentaron el control al movimiento de personas, con instalación de aplicativos en celulares, y monitoreo con tecnología de reconocimiento facial.
El gobierno de Irán aumentó la represión contra los opositores incluso con ejecuciones de presos políticos y supuestos criminales juveniles. Eso, sumado a los castigos físicos como azotes, amputaciones y la muerte por apedreamiento. La dictadura se ha aprovechado de la necesidad de aumento del control social para realizar un número récord de ejecuciones, fueron 97 personas en un mes. Además, periodistas, blogueros, activistas de los derechos humanos, y abogados fueron presos, torturados y sometidos a juicios injustos.
Dictaduras como las China, Irán, Venezuela y Nicaragua se aprovechan del combate a la pandemia para aumentar la represión contra todos sus opositores.
Libertad para los patrones, dictadura para los trabajadores
Incluso los gobiernos de los Estados que intentan presentarse como democráticos y dicen decretar medidas de combate a la pandemia, aumentan la represión a la clase trabajadora y atacan las conquistas democráticas de nuestra clase. No podemos engañarnos.
Con el decreto de aislamiento compulsivo, el derecho de ir y venir de la clase trabajadora es afectado. Son los gobiernos que causaron la crisis que deciden, de manera autoritaria, despótica y arbitraria, quién puede desplazarse y quién no, y en qué condiciones, y justifican la represión contra los sectores más vulnerables, utilizando el falso discurso de la irresponsabilidad individual. Cómo pueden hablar de irresponsabilidad cuando la burguesía mantiene al frente de algunos países gobiernos como los de Bolsonaro y Trump, para los cuales la vida humana no vale nada.
Para encubrir su propia incompetencia en el combate a la pandemia, decretan que los obreros pueden ser contaminados, obligándolos a ir a trabajar en las fábricas, incluso las que no son esenciales, mientras los burgueses se quedan protegidos en sus casas. Prohíben a los trabajadores del sector de transporte realizar paralizaciones y movilizarse para exigir el combate a la epidemia mientras, para los ellos juzgan que no son esenciales, imponen restricciones draconianas a la libertad de circulación, con estricto control por parte de los aparatos de represión. Muchas veces en viviendas sin saneamiento básico y sin agua.
Aprendices de dictadores aprovechan la ocasión
Un ejemplo de gobierno burgués autoritario que aprovechó la oportunidad de la pandemia para ampliar sus poderes fue Viktor Orbán, de Hungría, que el 30 de marzo consiguió hacer votar en el parlamento (donde tiene mayoría con su partido nacionalista Fidesz) el derecho de gobernar por decreto, por tiempo indeterminado.
Aprobando la “Ley de Combate al Coronavirus”, que prorroga el estado de emergencia en el país, Orbán puede suspender sesiones parlamentarias y elecciones y establecer prisión de ocho años para quien falte el respeto a las reglas de la cuarentena, y de cinco años para quien divulgue información considerada incorrecta por el gobierno. Orbán quedó conocido por presentar en 2015 una política más dura que el conjunto de la Unión Europea contra refugiados de la guerra civil siria, a quien llama “invasores musulmanes”, actualmente culpa a estudiantes iraníes por la propagación del patógeno en Hungría.
En Eslovaquia, el gobierno planea aprobar una ley que permite a las instituciones estatales acceder a datos de operadoras de telecomunicaciones para rastrear los celulares, alegando que así garantizaría que las personas permaneciesen aisladas mientras durase la cuarentena.
En Bulgaria, se discute una ley sobre medidas de emergencia que introducirá sentencias de prisión por propagar informaciones falsas sobre enfermedades infecciosas; el problema es que quien va a decidir si la noticia es verdadera o no es el propio gobierno.
En el Brasil, Bolsonaro, apreciador de Orbán, intenta crear un clima de autogolpe, en la medida en que aumenta su aislamiento político. A cada instante hace amenazas explícitas de ruptura del régimen democrático en su conflicto con los gobernadores y proyecta una situación de “caos” afirmando “lo que ocurrió en Chile va a ser nada al lado de lo que puede ocurrir en el Brasil” y el país podrá “salir de la normalidad democrática que ustedes tanto defienden”, frente a la posibilidad de que ocurran saqueos en los barrios más pobres
Los reformistas cómplices y lacayos de sus gobiernos y del imperialismo
En México, López Obrador no envidió nada a Bolsonaro llamando a los mexicanos a abrazarse, minimizando los efectos de la pandemia. En la Argentina, cerraron el Congreso y dejaron los poderes en manos de Fernández. En El Salvador, Nayib Bukele intentó presentar algunas propuestas que visan solamente postergar lo peor de la crisis, pero para intentar posar de progresista para respaldar su acción de febrero cuando utilizó a las fuerzas armadas salvadoreñas para ocupar la legislatura nacional para aplicar y aprobar sus planes económicos y políticos, como el plan de vigilancia “anti-gangues” [pandillas] que fortalece las cuadrillas, mientras criminaliza a los jóvenes pobres salvadoreños.
En la Argentina, el gobierno, que en las elecciones se presentó como progresista frente al reaccionario Macri, fue el primero en poner a la policía para reprimir y apresar a quien no cumpliese el aislamiento, en los barrios de la periferia de Buenos Aires. Hacen uso de varios actos de abuso de autoridad, agresiones y humillaciones. Mientras, el poder judicial está de “ferias judiciales”, de manera que los trabajadores y las trabajadoras no pueden denunciar los despidos arbitrarios, los femicidios, los abuso de las empresas y de las propias fuerzas de represión.
Lo mismo ocurre en el Paraguay, donde agentes del escuadrón llamado Grupo Lince persigue y agrede a jóvenes en la periferia de Asunción, e incluso a viejos ancianos que son presos y maltratados por los policías[1].
El gobierno del Estado español del PSOE-Unidas Podemos decretó el “Estado de Alarma”, pero eso solo después de 5.500 muertos. Donde ya se identificaron varios abusos a los derechos de los trabajadores, como el impedimento de protestas sindicales por la paralización de sectores no esenciales y por medidas de seguridad adecuadas para los servicios esenciales, muchos obreros están siendo obligados a trabajar en fábricas que no son esenciales y aquellos que fueron mandados para casa tendrán que “recuperar” esas horas trabajando de acuerdo a lo que sea mejor para los patrones, flexibilizando de manera total las condiciones de trabajo, eso todo con total acuerdo de las centrales sindicales CCOO y UGT. Así como agresiones y amenazas policiales a personas en las calles.
En Portugal, el gobierno del Partido Socialista, contando con el apoyo del Bloque de Izquierda y la complicidad del Partido Comunista Portugués y sus representantes sindicales, hizo uno de los ataques más serios a la democracia burguesa, con el decreto presidencial de “Declaración del Estado de Emergencia”. El decreto limita el derecho de huelga, reuniones y manifestaciones; prohíbe la concurrencia de más de cinco personas; obliga a los trabajadores a poder ser cambiados de lugar de trabajo y a la reducción de horario; suspende “el derecho de desplazamiento y de fijación de los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional” así como “el derecho de las asociaciones sindicales (…) en la medida en que el ejercicio de tal derecho puede representar demora en la entrada en vigencia de medidas legislativas urgentes para los efectos previstos en este decreto”, e impide “cualquier acto de resistencia activa o pasiva exclusivamente dirigido contra las órdenes legítimas emanadas por las autoridades públicas competentes”, expandiendo las actuaciones sujetas a crimen de desobediencia. Cabe resaltar que el derecho a resistir está previsto en la Constitución, fruto de la Revolución de los Claveles.
Siguiendo los ejemplos históricos, el reformismo mundial nuevamente se arrodilla ante los patrones sobre el anuncio de la bandera de la unidad nacional, por encima de los intereses y los derechos de la clase. Con este objetivo trabajan juntos los reformistas parlamentarios y los dirigentes sindicales burocráticos, que actúan directamente asociados con los gobiernos que implementan estas medidas.
Para la burguesía no existen derechos humanos para los trabajadores
Lenin escribió que la democracia burguesa era el mejor tipo de régimen republicano, pero siempre resaltando que es una de las formas con que la burguesía disfraza su dictadura de clase, donde todos sus aparatos de represión, en tiempos de crisis, o fuera de ellas, tienen como su principal objetivo mantener el control social sobre el proletariado.
A través de la lucha de nuestra clase, muchas veces dentro de este régimen tenemos conquistas que ayudan en nuestra lucha y organización, como la libertad de expresión y el derecho de reunión, que los burgueses aprovechan en todas las ocasiones para recortarlas o suspenderlas definitivamente. Por eso, debemos denunciar estos ataques y defender estas conquistas.
El criterio burgués de seguridad pública es decretar la detención para que algunos no se desplacen mientras prohíbe las huelgas y manifestaciones, castigándose a los trabajadores que intentan movilizarse. De acuerdo con los propios criterios de Amnistía Internacional, las cuarentenas deberían ser impuestas de “manera segura y respetuosa”.
Defensa de la democracia para los trabajadores y su autoorganización
La pandemia se profundizará en una proporción que aún no tenemos dimensionada, y los gobiernos pretenden enfrentarla con ataques a los trabajadores. Estos decretos, lejos de garantizar el combate a la pandemia, solo limitan la capacidad de respuesta organizada de la clase trabajadora.
Por eso los trabajadores deben oponerse a cualquier recorte en cualquier derecho democrático que estos gobiernos quieran hacer, y mirar con desconfianza todas las medidas por parte de estos gobiernos. Movilizarnos contra cualquier eventual decreto de cualquier Estado: de sitio, de emergencia, de alarma, o cualquier medida similar.
Estados de emergencia abren el precedente para que se suspendan los derechos fundamentales y se refuerce el autoritarismo. Cómo vamos a confiar en estos gobiernos que nos llevaron a esta catástrofe fruto de su ganancia y su afán de ganar cada vez más dinero.
No precisamos de regímenes y medidas autoritarias para dar respuesta al combate al coronavirus, no necesitamos de dictaduras para combatir las pandemias. Estados de emergencia no sirven para garantizar la cuarentena, sino para garantizar las ganancias de las empresas y los patrones. Sirven para limitar nuestro derecho a la resistencia, establecer el abuso de poder de las autoridades como una constante en situaciones normales.
Debemos recusar cualesquiera restricciones a la libertad de organización de los trabajadores y de nuestra lucha.
Necesitamos de democracia obrera y autoorganización de nuestra clase, confiar en nuestras fuerzas y en nuestros hermanos trabajadores.
Somos los trabajadores que estamos en las calles limpiando la mugre y recogiendo la basura, luchando en los hospitales para salvar vidas, trabajando en las fábricas para garantizar el abastecimiento de productos esenciales, y los que estamos garantizando la circulación de personas y productos. Nosotros somos capaces de decir qué es necesario o no para combatir la pandemia, evitar el desabastecimiento y la especulación en los precios de los productos, y cuáles medidas deben ser adoptadas, de su contención, de cómo debe ser el aislamiento, y de qué puede circular. Y no quien produjo esta catástrofe.
En barrios y favelas de la periferia de San Pablo, los trabajadores se organizaron para distribuir canastas básicas, remedios y para cuidar de los ancianos más carentes.
Los patrones no están preocupados con las vidas de los obreros y de los más pobres, porque eso tenemos que ser nosotros los que organicemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras fábricas y en nuestros lugares de trabajo para dar una verdadera batalla contra el coronavirus. Solo con nuestra organización a través de organismos como consejos populares o comités de trabajadores podremos administrar nuestra sociedad de forma de conseguir un efectivo combate a la pandemia y evitar la crisis social que amenaza la vida de millones de personas.
Nota:
Traducción: Natalia Estrada.
