El periódico norteamericano The New York Times, como otros tantos en el mundo, ha encontrado en el presidente uruguayo, José Mujica, una persona de "vida austera", mientras "algunos líderes mundiales viven en palacios, otros se dan gustos como poseer una flota de yates (…)
Pero está José Mujica, el ex guerrillero, hoy presidente del Uruguay, que vive en una casa venida a menos en los suburbios de Montevideo, sin un sirviente. Su equipo de seguridad: dos oficiales vestidos de civil, estacionados sobre una calle de tierra"[1].
La presentación de Mujica en varias revistas internacionales, mostrándolo como un “presidente progre”, junto con algunas leyes aprobadas, como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y ahora la regulación, producción, cultivo y venta del cannabis, abre una interrogante: ¿para quién gobierna Mujica y el Frente Amplio?
¿Quién es José Mujica?
Mujica encabezó en la década de los ’60 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). Como toda la guerrilla en el continente, alentados por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, [estos] comenzaron la búsqueda de atajos “que haría más corta la vía de llegar al socialismo”. En Uruguay, sectores en su mayoría ligados a la clase media formaron este movimiento que actuó principalmente bajo los gobiernos colorados de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry. Como casi todas las guerrillas, el MLN actuó siempre al margen de clase obrera. En la década del ’70 su accionar constó de secuestros a políticos y funcionarios corruptos y asalto a bancos. Al MLN también se lo conoció por el asesinato a Dan Mitrione, un militar estadounidense que vino a enseñar técnicas de tortura a los militares uruguayos.
La guerrilla fue derrotada en 1972, un año antes de la huelga general que duró 15 días contra el golpe de estado de 1973. El MLN no le prestó para nada atención a la clase obrera y despreciaba sus métodos. La guerrilla sirvió como catalizador (sirvió de pretexto y aceleró) en el proceso represivo contra los trabajadores, que desembocaría en el golpe de estado. La mayoría de los dirigentes Tupamaros terminaron presos y en el exilio. José "Pepe" Mujica, junto con los principales dirigentes del MLN, sufrió por más de doce años su detención en cuarteles militares, sometido a un régimen de destrucción que incluyó dos años en un pozo.
De legislador a presidente; de la “vespa” al “fusca”
Antes de asumir como presidente, José Mujica como legislador marcaba un tono diferente, iba en moto al parlamento, vestía sin traje, muchas veces de manera humilde. La legalización del aborto, el matrimonio igualitario y ahora la legalización del cultivo, venta y producción del cannabis, hace que muchos honestos compañeros lo vean como un tipo bonachón y progre, que habla sin corbata y con un idioma cercano a la gente.
Pero este perfil del “Mujica de pueblo” esconde muchas cosas que no salen en las revistas internacionales.
José Mujica, Tabaré Vázquez, y el Frente Amplio. ¿Al servicio de quienes está el gobierno?
Ya con la llegada de George Bush a Uruguay, en el año 2006, para impulsar el TLC, Mujica formó parte de la comitiva que recibió a este asesino en la Estancia presidencial Anchorena. Mientras la dirigencia del FA le hacía honores a Bush, miles de trabajadores repudiaban la presencia del siniestro representante del imperialismo. Mujica, bonachona y “humildemente” compartía un asado con el jefe del imperio, junto con Tabaré Vázquez y varios representantes del gobierno.
En julio de 2007, y siempre con su vestir humilde, Mujica se reunió a brindar con la delegación del Banco Mundial, que venía a monitorear la economía uruguaya. Allí, junto a Danilo Astori y otros dirigentes, levantaban la copa de champaña con los representantes de los usureros internacionales.
Ni bien conocido el resultado de las elecciones en 2009, en la cual Mujica fue electo presidente, invitó a la oposición patronal, repudiada en las urnas, a hacer parte del gobierno. Es así que siniestros personajes como Pedro Bordaberry –hijo del fallecido dictador Juan María Bordaberry– pasaron a ocupar comisiones de “seguridad” y “educación”, y cargos en las diferentes esferas del Estado.
Derechos Humanos
“Sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Creo que no tiene gollete tener gente anciana presa, salvo en casos marcadamente patológicos. Creo que no tienen ningún sentido. Eso lo digo en general, para todos los ancianos (presos)”. J. Mujica[2]
Cuando asumió el Frente Amplio, el Poder Ejecutivo dejó pasar una docena de casos de violaciones de los DDHH a la justicia. Estos civiles y militares fueron juzgados y enviados a una cárcel especial “VIP” en la zona de Domingo Arena. El FA pensaba que con esto iba a conformar los reclamos mantenidos por años por parte de familiares de detenidos desaparecidos. Esto no fue así, y con la mayoría de los torturadores, golpistas y violadores de los DDHH en libertad, las manifestaciones continúan aún hoy, luego de más de cuarenta años del golpe de estado.
Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado
La ley de caducidad impedía el juzgamiento de los militares de la dictadura; su caída, es decir, su anulación, no su derogación, hubiera significado abrir todos los juicios a los militares y civiles denunciados de la última dictadura. Ante las masivas movilizaciones por los derechos humanos, un texto de ley fue llevado al parlamento y el FA se prestaba a votarlo; Mujica se presentó en el Poder Legislativo ante la bancada del FA para presionar y dijo: "De compañero a compañero, me voy a dirigir a ustedes para decir lo que pienso sobre la anulación de la Ley de Caducidad", dijo el presidente a los legisladores. En ese contexto, aseguró que discrepa con el camino elegido por el FA para dejar sin efecto la Ley de Caducidad (…).”[3]
Mujica se reunió con Víctor Semproni, ya que con un legislador que no votara en el parlamento la ley de caducidad no caería. Así cuenta el legislador Semproni su reunión con Mujica:
Semproni: —“Y eso fue lo que hicimos con el presidente, hicimos un prolijo análisis. Él, muy preocupado por la unidad de la bancada, lo que es cierto, pero cuando llegamos al balance del análisis le digo, perdón, ¿tú seguís en la misma posición que le expresaste a la bancada diciendo que esto iba a ser absolutamente negativo en sus consecuencias para el Frente y como consecuencia también negativo para la sociedad uruguaya? Me dice, sí, plenamente convencido, bueno yo estoy exactamente tan convencido como vos, entonces no puedo levantar la mano en algo que creo que es malo para el Frente y que es malo para la sociedad (…)”[4]
Impunidad con los militares, procesamiento a quienes reclaman justicia
Hace unos meses se produjo el procesamiento de la militante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Patricia Borda; de Irma Leites, ex presa política de la dictadura, representante de la organización Plenaria Memoria y Justicia; de Jorge Zabalza, ex dirigente del MLN, también preso político bajo la dictadura y ex Edil de Montevideo; de Álvaro Jaume, productor, luchador social por el medio ambiente; y también del dirigente de ADEOM [sindicato de municipales], Aníbal Varela. Ellos formaron parte de una protesta pacífica que se opuso al traslado de una jueza que tenía decenas de casos de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Tan escandaloso fue este procesamiento del gobierno que la burocracia sindical tuvo que sacar una declaración: “Los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo”, y agrega que “no se puede criminalizar la protesta” y que este procesamiento “es un paso atrás en el derecho de protestar”.
Un gobierno al servicio de los que más tienen
Bajo el gobierno de Mujica pegaron un salto las tierras que pasaron a manos de extranjeros, muchas en manos de Sociedades Anónimas, otras adquiridas por las pasteras como UPM-BOTNIA y Montes del Plata, a lo que se suma la instalación de la minería a cielo abierto –ARATIRI–. Estas medidas del gobierno no solo hacen un país más dependiente sino que ponen en riesgo el medio ambiente y crean los más grandes latifundistas de la historia uruguaya.
“La finlandesa Stora Enzo y la chilena Arauco controlan 250 mil hectáreas (…), Forestal Oriental/UPM (200 mil hectáreas), la estadounidense Weyerhaeuser (140 mil hectáreas), el grupo argentino El Tejar (160 mil hectáreas) y Agronegocios del Plata (100 mil hectáreas)”[5]. El MLN, que en los años ’60 hablaba de la reforma agraria, ponía como ejemplo para el reparto de tierra a los latifundistas de la estancia Silva y Rosas que contaban con 5.000 hectáreas, hoy, [con] Mujica y los tupamaros en el poder, quedaron muy lejos de aquel discurso. Por eso, a pesar de su apariencia, el de Mujica es un gobierno que responde a los ricos y poderosos. Sin duda este gobierno ha sido el mejor administrador de los últimos años de los negocios burgueses.
