El Acuerdo firmado entre el gobierno de Lenín Moreno y el FMI tendrá un grave impacto sobre la economía del país, las condiciones laborales de los trabajadores y las mayorías pobres del país.
MAS-Ecuador
Entre las medidas que se pueden esperar, de acuerdo a la Carta de Intención suscrita, están las siguientes:
- Incremento del costo del diésel que, unido al aumento de la gasolina, provocará mayores costos del transporte y las industrias. A su vez los empresarios trasladan el aumento de sus costos al precio de sus productos y los afectados serán los consumidores.
- Incremento de las tarifas de los servicios básicos, lo cual no beneficiará al Estado ya que el gobierno ha decidido “concesionar” (privatizar) las empresas estatales para entregarlas a manos privadas.
- Privatización del IESS a pretexto de “optimizar el sector público no financiero”. Los fondos de los afiliados serán depositados en el Banco Central para garantizar las “reservas”, es decir para el pago de la deuda externa. Se están preparando posibles reformas al Seguro Social como el incremento de la edad para jubilarse, el cobro de la atención médica a menores de 18 años y el cobro de aportes a los décimos
- Fin al financiamiento del presupuesto del Estado por el Banco Central, es decir que el Estado pierde capacidad de decisión sobre las políticas públicas.
- Eliminación gradual del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que resulta clave para controlar la fuga de divisas y la estabilidad de la dolarización.
- Aumento de los impuestos indirectos como el IVA que gravan a todas las personas por igual, de manera que el peso de la carga impositiva recaerá sobre los más a los pobres y la clase media.
Por otra parte, el gobierno ha emprendido un proceso de despidos de los trabajadores del sector público (más de 11.000 trabajadores desde diciembre del 2018 hasta la fecha). Esta medida se aplica especialmente a los trabajadores que laboran mediante contratos ocasionales Además, se plantea la reducción de los salarios de los trabajadores del sector público por considerarlos en promedio más altos que los del sector privado.
Un impacto muy negativo para los trabajadores, especialmente del sector privado, será la Reforma Laboral que es una de las condiciones fundamentales del acuerdo con el FMI. Aunque no están definidas y se encuentran en proceso de elaboración, dichas reformas están orientadas a la disminución de los derechos que amparan a los trabajadores e incluyen medidas para facilitar los despidos, disminuir los salarios y establecer nuevas modalidades de contratación que favorecen a los empleadores y aumentan la cuota de explotación de los trabajadores.
Entre las nuevas modalidades de contratación que se encuentran discutiendo el gobierno con sectores empresariales y de trabajadores afines están las siguientes:
- Reducción del número de días laborables a la semana (3 días y medio) para que el resto de días se trabaje por cuenta propia.
- Que se trabaje 35 horas a la semana de lunes a viernes y las 5 horas restantes el fin de semana sin recargo por horas extras.
- Eliminar las limitaciones que hoy tienen los contratos por obra o por servicio dentro del mismo negocio, para que los empleadores puedan contratar por el tiempo que necesiten.
- Ampliación del período de prueba que hoy es de tres meses para las nuevas empresas o nuevas inversiones en empresas ya existentes.
- Contratación de plazo fijo para las personas jóvenes de hasta 26 años sin experiencia laboral.
- Contratos por horas y duración de hasta dos años.
- Aplicación de la LOSEP para todos los trabajadores del sector público en lugar del Código del Trabajo.
En conclusión, la carta de intención con el FMI suscrita por el gobierno busca beneficiar a las élites económicas y empresariales y provocará el incremento en el costo de la vida de los ecuatorianos, disminuirá el valor real de los salarios y ocasionará un mayor desempleo y empobrecimiento de los trabajadores y los sectores populares.
