En Ecuador se observa, entre sorpresas e indignación, la enorme corrupción y el despilfarro que caracterizaron la década correísta. El caso Odebrecht, donde se halla implicado, entre otros altos funcionarios, el Vicepresidente Glas, es solo una pequeña muestra de la putrefac­ción que se halla diseminada en todas las esferas del sector público, pero que involucra también a diferentes empresas del sector privado.

Por: MAS – Ecuador

La herencia del correísmo es nefasta en todos los aspectos. En lo económico, se ha estimado que para cubrir el déficit fiscal y el pago de la deuda en 2018 se necesi­tarán 10.000 millones de dólares, una cifra parecida a la que se registra en 2017 y representa cerca de 30 por ciento del presu­puesto general del Estado. El gobiemo anterior entregó los sectores estratégicos de la econo­mía como pétroleo, minería, puertos, telefonía celular, entre otros, a empresas transnaciona­les, especialmente chinas. Los contratos de muchas de las obras públicas de las que se jacta el régimen anterior, tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas, univer­sidades, refinerías, poliductos, empresas de aviación, farmacéuti­cas, medios de comunicación, tienen sobreprecios muy superiores­ a su valor inicial y muchos de ellos presentan fallas estructurales que demandarán cuantiosas inversiones adicionales para su conclusión o mantenimiento.

En el frente social han ocurrido retrocesos muy graves como la extracción de recursos al lESS, que lo mantienen al borde del colapso. La situación de desempleo y sobre­ todo del subesempleo, o lo que ahora se conoce con el concepto de empleo inadecuado, es muy preocu­pante porque afecta a cerca de 60 por ciento de la PEA [población económicamente activa]. Los planes educativos como el bachillerato unificado y las reformas introducidas en las universidades han provocado consecuencias muy negativas: así, el deterioro del nivel académico de los bachilleres, la disminución de los cupos para ingresar a las universida­des, la burocratización de las actividades académicas, la imposi­ción de modelos educativos externos que no corresponden a nuestra realidad.

La vida política del país se ha vista afectada por la imposición de un modelo autoritario y represivo que ha concentrado todos los poderes del Estado: el legislativo, el judicial, electoral y la llamada «función de transparencia y control social» que resulta clave porque es la encargada de designar a las autoridades como el Fiscal, el Contralor, el Procurador, y varias más. Su control ha permitido el nombramiento de autoridades afines al oficialismo, el ocultamiento de la corrupción y a la impunidad más descarada. Por otro lado, se han limitado las libertades fundamentales como la libre expresión, el derecho a la organización y se ha criminalizado la protesta social.

Bronca y división en Alianza País

Aunque Lenín Moreno llego a la Presidencia auspiciado por el partido oficialista Alianza País, durante los seis primeros meses de gobierno fue tomando distancia de su antecesor en dos temas importantes: la lucha contra la corrupción y el diálogo con diversos sectores políticos y sociales de la oposición, especialmente con sectores empresariales. Esta situación provocó la ira de Correa y sus más cercanos colaboradores, lo que ha conduci­do a una pugna abierta al interior de AP y al fraccionamiento entre los dos sectores. Moreno aprovechó su titularidad en el poder para mantenerse en la dirección de AP y desplazar al grupo correísta que se ha quedado en minoría. Esta bronca intestina obedece a luchas por el control del poder y por el acceso al botín de las instituciones que lo representan. Pero debemos tener claro que el modelo de modernización capitalista, funcional a los intere­ses de la burguesía, se mantiene incólume, lo que se refleja en la política económica del régimen. Aun no se han aplicado medidas económicas de ajuste debido a la necesidad de mantener la popularidad antes de la consulta popular, pero ya existe un acercamiento al FMI.

En este contexto se explica la consulta popular convocada por el gobierno. La misma, que se efectuará a comienzos de febrero, en la cual, de las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo, dos resultan las fundamentales: la segunda es una propuesta para eliminar la reelección indefinida y la tercera plantea la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y da por terminado el período constitucional de sus actuales miembros. El objetivo político de Moreno, a más de legitimarse en el poder, está muy clara: impedir que Rafael Correa retorne a la presidencia y tomar el control del CPCCS, que es el que designa a las principales autoridades de control.

Las demás preguntas tienen la función de enganchar al electora­do con temas a los que es difícil oponerse, como la que sanciona con la muerte civil a los condenados por la corrupción (pregunta 1), y la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes (p. 4). Respecto a las preguntas 5 y 7, referidas a los temas de la minería y la explotación petrolera en el Yasuní, aunque en apariencia recogen la necesidad de proteger el medio ambiente, no cambian la esencia del problema: la explotación minera industrial que ya existe en territorios indígenas-campesi­nos y zonas ecológicamente muy sensibles y la explotación petrolera del Yasuní, que está en pleno desarrollo y resulta irrever­sible.

La clase trabajadora y los demás sectores oprimidos de la sociedad capitalista no pueden caer en la trampa de colocarse tras una u otra fracción de la burguesía. La tarea fundamental sigue siendo luchar por sus derechos fundamentales y organizarse políticamente para transformar el sistema capitalista y reemplazarlo por un sistema auténticamente socialista, que responda a los intereses del proletariado y demás sectores explotados.

Artículo publicado en el periódico Tribuna Socialista – Nueva Época n.° 1, enero de 2018.-