Según cifras de la OIT del desempleo mundial antes de la pandemia era de 187.7 millones en 2019, de por sí un número escandaloso, que se agravó con el confinamiento global para enfrentar la pandemia del Covid-19, arrastrando consecuencias como la recesión económica mundial, alcanzando a 190.3 millones de desempleados en 2020.
Sin embargo, para 2021 se vislumbra que esa tasa crezca al 5,5%, con 193.7 millones de desempleados. El informe no solo alerta sobre el aumento del empleo, también de la precariedad de muchos empleos, teniendo en cuenta que junto a los 187.7 millones de parados hay 165 millones de subempleados (personas que trabajan menos horas remuneradas de lo deseado) y 119 millones que han dejado de buscar empleo, acontecimientos que nos llevan a confirmar que es un problema estructural del sistema capitalista.
Hasta tanto prevalezca este perverso sistema económico y los trabajadores no estén en capacidad de imponer y controlar la demanda laboral con la planificación de la economía, cada día se profundiza la precarización de la subsistencia de las clases medias y pobres en todo el globo terráqueo.
Por: José Yoperto Triffin
Para poner en contexto el Producto Interno Bruto (PIB) mundial sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la recuperación de 2021 es muy incierta. A pesar de que la economía de China esté creciendo con fuerza nuevamente, es posible que muchas de las naciones más ricas del mundo no se recuperen por completo de la abrupta caída en los próximos años, considerando una estimación temprana, recuperación que inexorablemente estará determinada por la vacunación masiva de la población, y en últimas, volver a encontrar tasas de ganancia atractivas para la burguesía mundial.
Menos empleo, menos salario y más horas de trabajo
Los capitalistas, así sean de los sectores productivos que más se han enriquecido con la pandemia, han aprovechado para presionar a sus respectivos gobiernos para hacer reformas laborales, o como en Colombia con decretos para legalizar el bandidaje de transgredir los derechos laborales más elementales conquistados por la clase trabajadora hace 183 años, a comienzos del siglo XIX, y que hoy están por perderse si no luchamos. Los malandrines del capital quieren descargar sobre los hombros de la clase trabajadora mundial toda la crisis. La pandemia dio la oportunidad a los empresarios de despedir a trabajadores enfermos, cerrar empresas para abrir otras con el mismo capital para robar las acreencias laborales de sus antiguos trabajadores, dar un raponazo a las prestaciones sociales y de paso deshacerse de los incómodos sindicatos.
Al terminar el contrato de trabajo indefinido, por trabajo basura por horas, teletrabajo etc., no solo envilece las condiciones laborales sino que en la práctica extermina el derecho de asociación, negociación y, por supuesto, el de huelga. Este macabro plan orquestado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y demás organismos imperialistas, lo recomiendan a los gobiernos como una fórmula salvadora para la recuperación económica, que traerá mayores penurias, hambrunas, depresión, frustración y una disminución drástica del consumo de los hogares, estrangulando por esta vía un principio fundamental del capitalismo, que dice que a mayor consumo mayor producción de mercancías, activando por esta vía la cadena productiva y el empleo.
La juventud y las mujeres, primera línea de los damnificados
El empleo es un “derecho humano esencial” consagrado desde 1948 por las Naciones Unidas, y es un deber del Estado garantizar el disfrute de este derecho, sin embargo, esto no pasa de ser propaganda, porque las burguesías nacionales no lo garantizan y mucho menos cuando la pandemia de coronavirus contagia los mercados laborales y afecta los indicadores del empleo. En ese sentido, los jóvenes y las mujeres son los primeros sacrificados para ser despedidos, pues los empleos temporales o de medio tiempo, en sectores como el comercio, el turismo, el transporte, el teletrabajo y la economía informal, con el 62,4% de trabajadores jóvenes, son los más afectados por la drástica contracción económica que produjo la pandemia.
Las cifras no mienten, en América Latina y Centroamérica hay 9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian, trabajan, ni están en capacitación, y más de 30 millones solo consiguen empleo en condiciones de informalidad, de acuerdo con el nuevo informe de la OIT.
La tasa de participación laboral de los jóvenes que fue de 48,7% en 2020, ha estado descendiendo en forma leve pero persistente desde el año 2000, cuando era del 53,7%. Esto significa que en la actualidad hay más de 52 millones de personas entre 15 y 24 años en la fuerza de trabajo regional, incluyendo los ocupados y aquellos que están desocupados, pero que buscan activamente un empleo.
La tasa de desempleo juvenil prevista para 2020 era de 18%. Esta proporción es poco más del doble de la tasa general y tres veces más que la de los adultos, una situación que se repite en casi todos los países. En América Latina y el Caribe 21,7% del total de jóvenes están dentro del grupo de los ninis, que ni trabajan ni estudian, una tasa que también ha experimentado una leve pero persistente alza desde el año 2000, cuando era de 20,1%.
En el caso de los ninis, la tasa de mujeres de 28,9% duplica a la de los hombres de 14,6%. La mayor parte de esos 15.3 millones de mujeres jóvenes tienen dificultades para acceder al mercado laboral, a la capacitación o al estudio debido a ocupaciones no remuneradas en el hogar.
Las diferencias de género en la región también se notan en el desempleo, pues la tasa de las mujeres jóvenes de 22% está casi 7 puntos porcentuales por encima del 15.2% de los hombres en 2020.
Colombia, entre el nepotismo y la ineptitud
Cuando el partido de gobierno controla todos los poderes y entes de control, es ingenuo pensar que las cifras proporcionadas por el Dane son ciertas; además cuando uno de las principales características del gobierno es la mentira y el maquillaje de las cifras para ocultar la ineptitud y la falta de gobierno en políticas públicas esenciales como el empleo.
De ahí que tomemos como referencia los datos suministrados por la OCDE en enero de 2021, donde el informe señala que Colombia es el país con mayor desempleo dentro de los países miembros, pues la media para finales de 2020 se ubicó en el 6.9% y Colombia está por el 11.1%, proyectándose para este 2021 en el 16.3 %, según los expertos, ya que por falta de macro políticas que ataquen el desempleo estaremos frente al fenómeno económico de histéresis, como en 1999, cuando las cifras del desempleo se mantuvieron por un largo periodo sin posibilidad de recuperación.
Lo predominante en la “empleabilidad” en Colombia es la informalidad o el rebusque. Para finales de 2020 en las 13 principales ciudades del país fue de 47.7%, donde la mayor informalidad recayó sobre los hombres en un 47.8%, mientras las mujeres registran un 62.5% que se cansaron de buscar empleo y se dedican al hogar. Dentro del segmento de desempleados los jóvenes son los que llevan la peor parte en Colombia. Para finales de 2020 fue de 22.4% y en las mujeres tienen la mayor tasa con un 31.2%.
De todo lo anterior podríamos deducir que los pronósticos para Colombia son preocupantes ya que el gobierno de Iván Duque con sus acciones de gobierno encaminadas para beneficio de las multinacionales, los banqueros, los grandes empresarios y los miembros del centro democrático y demás partidos de coalición, y la respuesta como Estado son leyes como el primer empleo o trabajo por encargo que son totalmente ineficientes y vislumbran la degradación del empleo y la pauperización absoluta del trabajador.
El suicidio sindical producto de la concertación
Desde la primera gran contrarreforma laboral, la Ley 50 de 1990, bajo el gobierno de César Gaviria, nos quitaron la estabilidad laboral, la retroactividad de las cesantías, se legalizó el empleo temporal etc.; pasamos luego a la Ley 100 de 1993 bajo el mismo mandato de Gaviria, y nuevamente Álvaro Uribe Vélez, como senador ponente de esta ley, llegó la nefasta privatización de la salud, las Cooperativas de Trabajo Asociado, etc. Desde entonces, la política de la burocracia sindical de las centrales obreras ha sido la misma a través de los últimos 31 años: la concertación con los diferentes gobiernos y la desmovilización para no enfrentar sus políticas.
Álvaro Uribe en 2002 inauguró su presidencia aprobando la Ley 789 que nos acabó de quitar el recargo nocturno después de las 6 de la tarde, rebajó sustancialmente el pago por recargos de trabajo dominical y festivo al igual que el pago de la indemnización por despido injusto, etc. El año siguiente, el mismo presidente, enemigo de los trabajadores, aprobó la Ley 797 que modifica la edad de pensión para mujeres y hombres, y aumentó las semanas de cotización que ya en un primer paso lo había hecho en la Ley 100. Y las centrales obreras siguieron con su misma estrategia, aparentemente para atacar las contrarreformas: llamaron al paro nacional pero solo organizaron marchas, plantones y desfiles, negándose al enfrentamiento directo contra el gobierno, organizando un verdadero paro de la producción que echaría para atrás las contrarreformas.
En este último periodo, la política de las direcciones de las centrales obreras sigue siendo la misma que ya conocemos en los últimos 30 años, prueba de ello fue el aplazamiento del paro cívico programado para setiembre del 2019, que tras las presiones de sectores independientes y las movilizaciones directas en la calle, se concretó en la convocatoria para el paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Luego de la histórica movilización, el papel de las direcciones de las centrales obreras fue la de desmovilizar, cambiar el carácter de la convocatoria al paro cívico por movilizaciones que fueron organizadas de tal manera que no se pudieran unificar, al menos en otra gran movilización.
La tarea principal de la burocracia sindical de las centrales obreras ante la agitación y la movilización social, consistió en desarticular y apoderase del Comité Nacional de Paro, encajonar y rebajar al mínimo el pliego unificado que se había logrado concretar con todos los sectores antes del 21N, para así ser el único vocero que acepta el gobierno para negociar las pretendidas contrarreformas laboral y pensional del gobierno uribista. El resultado fue que el gobierno de Duque respondió presentando al Congreso la Ley de Financiamiento en diciembre del 2019, que este aprobó.
